Pruebas fabricadas, contra los detenidos del 20/11 BRYAN Y JAQUELINE marchas ciudadanas detenciones arbitrariasPruebas fabricadas, contra los detenidos del 20/11
Proceso Sara Pantoja y Mathieu Tourliere
Caso Bryan Reyes y Jaqueline Santana
Además de ser agredidos por policías federales y del Distrito Federal la noche del jueves 20, 11 personas fueron detenidas, consignadas por la PGR y remitidas a penales federales de alta seguridad por los delitos de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio fabricados en una averiguación previa sesgada. Y aunque la defensa alega inocencia y presenta testimonios y videos que desmienten la versión oficial, el procurador Jesús Murillo Karam sigue diciendo que son culpables.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, se mantuvo inflexible y el miércoles 26, en una reunión con los integrantes de la Comisión Especial para el Caso Iguala en la Cámara de Diputados, insistió en que los 11 detenidos durante el violento desalojo del Zócalo capitalino del jueves 20 eran culpables porque, dijo, “estuvieron en asociación delictuosa”.
Los 11 detenidos –cuyas edades oscilan entre 18 y 55 años y entre los cuales hay estudiantes y trabajadores– ya habían sido consignados desde el sábado 22 por los delitos de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio (AP/PGR/SEIDO/UEITA/194/2014), y trasladados a varios penales de alta seguridad.
Y mientras en el Juzgado 17 de Distrito con sede en Xalapa, Veracruz, donde está arraigado el caso, continuaba el desahogo de pruebas para determinar la situación jurídica de los 11 implicados y emitir su dictamen –el plazo vencía hasta el sábado 29–, Murillo Karam insistía en considerarlos culpables.
En la reunión a puerta cerrada con el procurador, Lilia Aguilar, vicecoordinadora del Partido del Trabajo, le preguntó a Murillo Karam: “¿Entonces usted es de la opinión de que, como dice el presidente Enrique Peña Nieto, hay un complot para desestabilizar su gobierno?”, según relata a Proceso.
“Estamos seguros que están asociados con ellos, con los violentos. Los detenidos no están en los videos, pero sí están asociados con los de los videos”, respondió Murillo Karam. En el video de los disturbios del Zócalo que la PGR presentó para fundar sus acusaciones no aparece ninguno de los consignados.
Luis Alberto Muñoz, abogado de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI) que representa a cuatro de los detenidos, asegura que el documento de la PGR, del que Proceso obtuvo una copia, tiene sesgos, pues se basa sólo en las declaraciones de cinco granaderos adscritos a la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal.
Según esos testimonios, el jueves 20 los granaderos encapsularon y detuvieron en una sola acción al grupo de los 11 que supuestamente lidera Roberto César Jasso del Ángel. Él, según los declarantes, agredió al policía Jorge Antonio Juárez Mauro, al tiempo que gritaba a sus compañeros: “¡Maten a este perro!”
Ese día por la noche, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Distrito Federal coordinaron el operativo de desalojo en el Zócalo y sus elementos detuvieron de manera violenta a los manifestantes en lugares diferentes, como observaron reporteros y fotógrafos de Proceso. El jueves 27, a través de su oficina de Comunicación Social, la PGR confirmó a este semanario que policías capitalinos sí participaron en los arrestos.
En el video de la detención de Jasso, disponible en internet, también se observa cuando un grupo de granaderos capitalinos rodean al supuesto instigador de la agresión a Juárez Mauro.
Durante el desahogo de pruebas, el miércoles 26 la defensa presentó nueve testigos y cuatro videos en el Juzgado 17 de Xalapa, los cuales, refiere Muñoz, comprueban que los detenidos “estaban en distintos lugares y fueron detenidos por distintos policías”. Eso invalida la versión de los granaderos, quienes aseguran que fue un grupo de federales el que aprehendió a los supuestos agresores.
Según interpretó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para fundamentar el delito de homicidio en grado de tentativa, al “proteger” a su colega los policías frustraron el intento de “privar de la vida a Jorge Antonio Juárez Mauro”, ya que los asaltantes “tenían el pleno conocimiento de que un golpe en la cabeza provocaría la muerte de dicho servidor público federal”.
La versión “veraz” de los
granaderos
Los policías también declararon: “Este grupo de personas, entre ellos los detenidos, gritaban las siguientes frases: (…) ‘Viva la anarquía’, ‘Viva nuestro colectivo’, entre otras, siempre comunicándose entre sí como si previamente se conocieran, ya que se decían ‘compa’ y ‘compañero’, haciendo referencia que pertenecían a un colectivo anarquista (sic)”.
La SEIDO tomó a la letra las afirmaciones de los granaderos para culpar a los detenidos de “asociación delictuosa”. Los presuntos agresores, por su parte, sostienen que no se conocían y aclaran que el jueves 20 incluso marcharon en diferentes contingentes.
No obstante, la PGR insistió en que todos se encontraban en el Zócalo a las 20:30 de la noche en el momento de la supuesta agresión al policía, aunque no estaban solos, pues a esa hora había miles de manifestantes.
Y aun cuando la dependencia presentó informes policiacos para “comprobar” la existencia de grupos anarquistas en México y la participación de algunos de ellos en la movilización del jueves 20, el abogado de la ODDI afirma que en ninguno de los documentos aparece el nombre de ninguno de los detenidos.
La versión de los federales es que “los actos violentos (realizados por los hoy detenidos) perturbaron el orden público, ocasionando que se cerraran calles y las personas corrieran en diferentes direcciones entrando en pánico”. Sin embargo, los videos exhibidos por Muñoz y los reportes de Proceso del jueves 20 indican que la gente comenzó a moverse cuando los granaderos iniciaron el desalojo.
Y así como los policías reconocieron a sus agresores “sin temor a equivocarse”, la SEIDO vio por “verdaderos los testimonios de cargo” y “sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho”, determinó enviar a las tres mujeres detenidas al penal de alta seguridad de Tepic, en Nayarit, y a los ocho hombres al de Villa Aldama, en Veracruz.
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