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viernes, 23 de mayo de 2008

ASTILLERO: "Emilio: ¡chingas a tu madre!" "Góber, puñal, te coge el cardenal" "Etilio: la tuya"

Astillero

Julio Hernández López
Fax: 5605-2099
• juliohdz@jornada.com.mx


■ Dinerito manda
■ Patrones norteños
■ Chequera compartida



Manlio Fabio Beltrones escucha la participación de Luis Javier Garrido, durante el debate de la reforma energética en el Senado. Le acompañan Francisco Labastida, Arturo Núñez y Fernando Baeza
Foto: Marco Peláez
Los senadores gringos no quieren entregarle dinero a la administración calderonista si no se aviene ésta a condicionamientos y revisiones varias. Atenidos al sabio dicho de que el que paga manda, una parte legisladora de los donantes de una limosna recortada exigen que el vecino pedigüeño realice reformas legales y judiciales que sean del agrado de los patrones norteños y que las corporaciones policiales y militares que combatan al narcotráfico no cometan violaciones a los derechos humanos ni caigan en la corrupción. Faltan tramos por recorrer en el Congreso estadunidense para saber a final de cuentas en qué quedarán las exigencias relacionadas con la ayuda para el llamado Plan Mérida, pero por lo pronto ya ha quedado claro lo que el calderonismo pretendía hacer como que era un mito genial: que el gobierno gringo no da dinero a cambio de nada y que junto a los dólares vienen presiones y exigencias para satisfacer el gusto del comprador.

En cuestión de dinero hasta los pleitos internos del PRD se someten al pragmatismo. Muy peleados en lo político pero muy entendidos en lo económico: apenas confirmado por el IFE, mediante toma de nota, como presidente sustituto del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo (AN) abrió caminos de entendimiento subterráneo mercantil con sus opositores que le impugnan en lo general pero le aceptan en particular que en cuestión de billetes no haya pleito. La chequera compartida es un símbolo en efectivo de las reunificaciones alcanzables. Con una dirigencia provisional de menos que medio pelo, y una convocatoria a mediano plazo para nuevas elecciones en las que se cocine un triunfo sin escándalo para alguien que no se apellide Ortega ni Encinas, ya nomás faltará que se repartan por mitad las candidaturas por venir y podría decirse que la crisis del sol azteca fue una anécdota de un portafolio de inversiones a plazo electoral fijo y tasa variable de intereses. En esa línea bursátil, el sustituto AN anunció ayer un instrumento de captación de capitales foráneos (pagables en títulos Mouriño, por ejemplo) que consistirá en la emisión de un plan de reforma energética propio del PRD Chucho, ¡sí señor!, es decir, un proyecto de canjes monetarios, simulación de operaciones opositoras y rendimiento final a favor de lo privado.

La diosa de la fortuna favoreció al predestinado Jorge Alcocer en las rondas de entrevistas que con diputados sostendrán 75 aspirantes a ser consejeros del Instituto Fe de Errar Electoral (IFEE). Desde el 26 del presente comenzarán las sesiones de calculadas auscultaciones con quienes ya podrán anotar en su historial que "pasaron" a la segunda ronda de la selección amañada de tres funcionarios electorales. Pero el desde ahora seleccionado Alcocer se presentará ante esos sinodales arreglados hasta el 2 de junio, un día antes de que cierren los tales "exámenes", así es que el ruido mediático que reactive su participación (ya que la suya es una imposición de Manlio Fabio Beltrones) estará venturosamente pegadito a la toma de decisión.

Al paso que van los tales debates senatoriales sobre el petróleo, debería ser innecesaria la nueva entrada en acción de las brigadas de resistencia civil pacífica. Hasta ahora (como volvió a suceder ayer) han sido apabullantes las razones y el discurso en general de quienes se oponen a la privatización deseada por el calderonismo. Inclusive, en función de nombres y prestigios profesionales, ha sido poco vistosa la defensa del proyecto de Los Pinos (tan demeritada ha estado la plantilla del oficialismo que ahora se anuncia la exhumación del histrionismo de Diego Fernández de Cevallos). Si el resultado de estas discusiones y exposiciones fuera tomado en cuenta por los legisladores, el plan pinolero debía ser desechado sin mayores trámites y entonces sí se podría abrir un proceso amplio y sin prisas para encontrar, mediante consenso, medidas adecuadas, no privatizadoras, para mejorar el funcionamiento de Pemex.

Astillas
Etilio González Madres regresó a su tierra natal a cosechar parte de lo que ha sembrado: en mantas, carteles y a viva voz, estudiantes de una preparatoria de la Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno le mentaron la progenitora a quien de góber piadoso pasó a autorreconocido góber corriente: "Una vez me equivoqué y me vi corriente. No se equivoquen ustedes, no se vean corrientes (…) Está en ustedes si son tan corrientes como yo, o si no llegan a ese nivel", dijo el mandatario luego que en pleno acto oficial se había escuchado una sonora voz juvenil que concretamente le había dicho: "Emilio: ¡chingas a tu madre!". Hubo, además, expresiones escritas como "Góber, puñal, te coge el cardenal" o "Etilio: la tuya". Lo sucedido en Lagos de Moreno forma parte, desde luego, del persistente enojo de buena parte de la sociedad jalisciense por la macrolimosna de 90 millones de pesos del erario estatal al patronato que construye el santuario de los mártires cristeros en Guadalajara y por la mentada de madre que a sus críticos envió en una noche de copas el susodicho acólito González en presencia del verdadero gobernador religioso, el rupestre Sandoval. Pero también está presente en estas protestas el interés del cacique de la U de G que mantiene un duelo de poder con el actual rector, Carlos Briseño, quien acompañaba a González en la preparatoria laguense de la que un hermano de Briseño es director. Raúl Padilla fue hecho a un lado por el mencionado rector actual que, en lo que fue entendido como una traición al grupo que durante décadas ha controlado esa casa de estudios, hizo alianza explícita con el góber corriente y contra los hermanos Padilla… (A quienes, a pesar de que en la columna de ayer venía el dato, han preguntado por Internet cuándo es la conferencia de Bifo y el tecleador: hoy, viernes, a las 16.30, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco)… Y, mientras en Tijuana continúan impunemente los secuestros específicos de médicos (una forma de extender el miedo en la sociedad, pegando a profesionales de mucho contacto con las comunidades), que según cifras extraoficiales son actualmente veintiséis, ¡feliz fin de semana!

Kikka Roja

Carmen Aristegui Flores : ¿Quo vadis, Felipe?

La ola de violencia y ejecuciones en México ha alcanzado ya niveles inimaginables en la historia de este país. Si no se revisa la estrategia y, aun, si se revisa -dicen los expertos- lo peor está por venir. La espiral desatada arroja, según información presentada esta semana en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente , cifras que alcanzan ya las 4 mil ejecuciones en lo que va del actual gobierno. Registro superior o equiparable al de cualquier conflicto bélico. 7.6 personas en promedio murieron diariamente. Según esta información en la última semana hubo cada 24 horas, 15 asesinatos. Muertes, desapariciones y enfrentamientos crecientes seguirán siendo parte del paisaje nacional por un tiempo indeterminado. No todo se reduce a los muertos.

Esto es lo visible y lo medianamente contabilizable. El insumo mayor, si se quiere, para el miedo, el temor y la psicosis. Pero, ¿de qué tamaño es la infiltración del crimen en las estructuras políticas y policiacas del país?, ¿en qué dimensión se encuentra el narco en las estructuras institucionales y de representación política en México?, ¿cuántos legisladores, presidentes municipales, gobernadores y altos mandos en el país están cooptados por el narcotráfico?, ¿se tiene una idea clara sobre los circuitos empresariales y financieros en los que se desenvuelve el narcotráfico?, ¿en qué medida el Estado mexicano está actuando en contra de ellos?

Explicaciones de especialistas internacionales como los doctores Samuel González y Edgardo Buscaglia remiten sus análisis sobre la corrupción, la violencia y el crimen organizado al estudio comparado de la experiencia internacional. Los patrones de conducta de la delincuencia organizada se repiten universalmente. El doctor Buscaglia (director del International Law and Economic Development Center y asesor de Naciones Unidas) explica sobre los factores que causan una defectuosa aplicación de políticas públicas para combatir la corrupción y la delincuencia organizada. Parte de una premisa básica, a partir de la cual se formularon las preguntas anteriores:

“La delincuencia organizada, a gran escala, sólo puede ser factible y sostenerse cuando el Estado no goza de niveles de gobernabilidad, y en donde existen alianzas tácitas y/o explícitas de apoyo entre actores políticos, empresas privadas y empresas criminales”.

Por lo tanto, dice el experto: “Es necesario implementar una Reforma integral del Estado, a través de un pacto político que rompa con la impunidad con la cual la delincuencia organizada infiltra al Estado”. Es a partir de la premisa, que lanza una aguda crítica a la estrategia que ha sostenido el gobierno federal en contra del narcotráfico. Buscaglia afirma que los países que alcanzaron el éxito contra el narcotráfico basaron su estrategia en cuatro vías: 1) ataque a las cúpulas del narcotráfico; 2) ataque a sus brazos armados; 3) ataque a sus redes financieras y 4) combate a la protección política y la corrupción. Cuatro líneas de acción que se aplicaron de manera simultánea. Necesariamente simultánea. Los gobiernos que las impulsaron contaban con amplios márgenes de legitimidad y aceptación social que les permitieron involucrar a poderes y sociedad en la cruzada.

El gobierno mexicano, que no cumple cabalmente con esta última condición, ha sostenido una estrategia que transita básicamente por las dos primeras vías, sin tomar como prioritario el combate dentro de las redes financieras y sin desmontar la protección política que hace posible que el narcotráfico domine zonas enteras del país. El problema mayor radica en que -siguiendo este estudio comparativo internacional- en los países en que sólo se instrumentó el combate a las cúpulas y a los brazos armados del narcotráfico sin incluir los frentes empresariales, financieros y políticos en donde se desenvuelve el narcotráfico, no sólo se desató una carnicería, como la que estamos viendo aquí, sino que se pasó de la infiltración y captura de autoridades a un control pleno del poder político conformándose lo que se dio en llamar narcodemocracias. No es muy difícil entenderlo. Si no se desarticula integralmente al monstruo, su capacidad de respuesta puede ser inaudita. Esta tesis sostiene que entre más recursos, soldados, policías y operativos destine el gobierno para combatirlos en el campo de la violencia y el descabezamiento -sin desarticularlos en lo político y financiero- trae como consecuencia más violencia, más corrupción, más infiltración y en algún momento, a la toma del poder político. Los casos analizados muestran no sólo el incremento de la violencia y las ejecuciones sino ataques tierra-aire y atentados.

En este momento todo indica que estamos ante una estrategia incompleta, por lo tanto ineficaz y, peor aún, contraproducente. Que quede constancia: nadie está diciendo aquí que el Estado claudique de sus obligaciones para dejar a “ciudadanos y periodistas en garras del narcotráfico”. Yo, como millones, deseo que el Estado se imponga al narcotráfico. Que los criminales sean vencidos y que se recupere la tranquilidad y el Estado de Derecho. Precisamente por eso destaco el valor de la crítica. Para revisar el camino. Para no equivocarnos. Para preguntarle al Presidente si realmente sabe ¿hacia dónde lleva al país?

Kikka Roja

EN MEXICO, EL HAMBRE CARESTIA ¿Y LOS POBRES? FECAL ¡HUYE MIENTRAS PUEDAS!

¡¡PINCHES POLITICOS DEL PAN, CHINGUEN A SU INCAUTA MADRE!! LADRONES
...y sálgan a pedir sus pinches votos. el PELELE usurpador vive mejor que nadie
Voraz carestía avanza en el país
En sur, centro y norte modifican dieta; revisa Calderón el tema


http://www.youtube.com/watch?v=tZQ1w_QG-eE

Kikka Roja

EL PEJE TIENE LA CULPA DE TODO HASTA DE QUE CREEL SEA UN IMBÉCIL LADRON: Acta de hija de Creel abre pleito en el GDF

EL UNIVERSAL ESTÁ CONTRATADO PARA SEGUIR CONTRA EL PEJE

Acta de hija de Creel abre pleito en el GDF
Investiga Contraloría a juez civil, ¿Y LA PRENSA VENDIDA? Tan fácil cómo investigar quién escribió la nota y quién tiene el acta.
MIENTRAS MOURIÑO Y CALDERÓN DESTROZAN EL FUTURO DE MILLONES DE MEXICANOS ENTREGANDO EL PETROLEO A EXTRANJEROS
# Fotogalería: Reconoce Creel a su hija con Edith González
Bajo reserva: Manosean el acta de la hija de Santiago Creel
El caso de paternidad de Creel huele a Pejevenganza 2008-05-22

Alberto Cuenca El Universal Viernes 23 de mayo de 2008 df@eluniversal.com.mx

El caso del acta de la hija del senador Santiago Creel y la actriz Edith González se encuentra actualmente en la Contraloría del gobierno capitalino.

La autoridad investiga a la juez 46 de lo civil, María de los Ángeles Pliego Velasco, por no notificar a tiempo que Creel Miranda había realizado el trámite de reconocimiento de paternidad de la menor Constanza Creel González. La juez tardó más de dos meses en avisar a la Dirección General del Registro Civil el procedimiento hecho por el senador. En una nota informativa del titular del Registro Civil, Hegel Cortés Miranda, se afirma que Pliego Velasco presuntamente incurrió en faltas al Código Civil para el Distrito Federal, y a un oficio de junio de 2006.

Hegel Cortés y el gobierno capitalino manifestaron que no tenían conocimiento del trámite realizado por el panista, y que se enteraron hasta que medios de comunicación lo difundieron. El martes pasado Creel aceptó que Constanza es su hija y confirmó que es auténtica el acta de nacimiento difundida por una revista. La pequeña nació en 2004, pero el acta en el Registro Civil tiene como fecha el 4 de marzo de 2008, cuando la reconoció. En el documento suscrito por Hegel Cortés, del cual ELUNIVERSAL tiene una copia, se señala que la juez remitió indebidamente el trámite al juzgado 15 del Registro Civil, en donde el 13 de septiembre de 2004 la actriz Edith González Fuentes tramitó sola el acta de nacimiento de su hija. La norma establece que los reconocimientos deben ser notificados a la Dirección General con la finalidad de que el acta primigenia de nacimiento sea dada de baja de la base de datos y no se expidan copias de la misma salvo un mandamiento judicial. Cortés explicó que al no realizarse este trámite, la primera acta de nacimiento de la menor Constanza no quedó reservada y se tuvo el riesgo de expedir copias certificadas de la misma.


Kikka Roja

Luis Javier Garrido: La consulta

Luis Javier Garrido
La consulta

La iniciativa oficial en materia de hidrocarburos, que fue finalmente sobre el petróleo, lejos de pasar tersamente en las dos cámaras y ser aprobada dócilmente por la mayoría PRI-PAN que la tenía ya negociada, está siendo cuestionada en todo el país y abriendo otros debates sobre el futuro de México

1. El reclamo creciente para que se abra una consulta popular de carácter nacional en torno de la propuesta oficial para privatizar Pemex –de aprobarse la llamada “reforma energética” (que no es “reforma” ni es en materia “energética”)–, y crear una industria petrolera paralela en manos de las trasnacionales, tiene entrampado al gobierno espurio de Felipe Calderón, que no halla cómo salir del atolladero, pues el debate nacional está tomando otro sesgo.

2. La Constitución mexicana requiere con urgencia de dos reformas fundamentales para fortalecer el consenso social y abrir la vida democrática, antes de que se siga intentando trastocar su esencia. La primera sería establecer que hay tres principios fundamentales en el marco constitucional que no pueden ser tocados por ningún órgano revisor de la misma, en los términos previstos en el 135 constitucional, y que son: a) los derechos individuales, b) los derechos colectivos y sociales, y c) los derechos de la nación sobre sus áreas estratégicas, como es el caso del petróleo.

3. La Constitución estadunidense aprobada en Filadelfia en 1787 sentó ya precedente en esta materia, pues los constituyentes que representaban a las antiguas 13 colonias establecieron que había que defender a toda costa el pacto federal que los unía y acordaron que habría un principio que jamás podría ser tocado por el órgano revisor de la Constitución: el de la paridad de representantes de los nuevos estados en el Senado. No obstante la influencia que tuvo la Constitución estadunidense en el derecho mexicano, ninguna de las constituciones que México ha tenido a lo largo de su historia dejó jamás principio alguno a salvo de los posibles reformadores.

4. En tiempos recientes, sin embargo, se han pronunciado en este sentido algunos constitucionalistas en México, quienes sostienen que principios esenciales que entrañan valores universalmente reconocidos o decisiones fundamentales de la historia de nuestro pueblo deberían estar a salvo de cualquier intento de reformas, como Emilio Krieger, en su libro En defensa de la Constitución. Violaciones presidenciales a la Carta Magna (Grijalbo, 1994), y Alejandro del Palacio Díaz, en sus Nuevas lecciones de teoría constitucional (Compañía Editorial Impresora y Distribuidora, 2006).

5. Resulta claro, desde luego, que de haber estado vigente este principio en México hoy en día, ningún gobierno del signo que fuere podría tocar la Constitución mexicana para limitar o coartar los derechos o garantías individuales, los derechos sociales y colectivos y los derechos de la nación sobre sus áreas estratégicas.

6. Y que Calderón, desde luego, no habría podido atreverse a proponer al Congreso, como lo ha hecho de manera indecorosa y en un acto de verdadera felonía, que se privatizase la industria petrolera nacional, ya sea “a retazos”, como lo dice el economista David Ibarra, o de golpe por una contrarreforma constitucional.

7. La segunda reforma ha sido demandada con insistencia en los últimos años, y es que el régimen de México debe dejar de estar sólo sustentado en una democracia representativa y tornarse en el futuro en una democracia semidirecta, estableciéndose en la Constitución el plebiscito y el referéndum como vía necesaria para todas las modificaciones a la Constitución y a las leyes fundamentales, así como la revocación del mandato y la rendición de cuentas. El modelo constituye la entrega del petróleo.

8. El México del siglo XXI reclama cada vez más su derecho a decidir, y el destino de estas iniciativas seudolegales que pretenden privatizar la empresa más importante del país y trastocar la economía nacional, e incluso la naturaleza del régimen político, no hay duda de que desde una perspectiva democrática debería ser presentado a la consideración de todos los mexicanos en una amplia consulta popular. Nadie puede tener argumentos para oponerse a ello, pero el régimen se opone porque teme que ésta lleve a su propuesta a un destino todavía más incierto.

9. El gobierno de facto calderonista se está oponiendo sin embargo a esta consulta porque teme que cada día que pase el destino de sus iniciativas privatizadoras sea cada vez más incierto, pero lo único que está logrando con ello es abrir un nuevo debate en el país.

10. El destino de la industria petrolera nacional está, sin embargo, a pesar de lo que estiman los integrantes de la llamada “clase política”, en manos del pueblo. No hay todavía principios constitucionales a salvo del órgano reformador de la Constitución, pero los que son consecuencia de una lucha histórica como lo es la expropiación del petróleo, están a salvaguarda de toda tentativa como la actual, porque hay un pueblo que, con profunda dignidad, está sabiendo defenderlos.


Kikka Roja

Día 4 debate nacional petrolero: inconstitucional anticonstitucional: Calderón viola la constitución

  • Polarización irreductible de posturas en el debate sobre Pemex
  • El Senado se vuelve Babel jurídica por la reforma
  • Ningún consenso en torno a la constitucionalidad o no de las iniciativas
Arturo Cano
Torpe y malvada la oposición: quiere hundir a Petróleos Mexicanos, se envuelve en la bandera para impedir su salvación en nombre de la Soberanía, de la Historia y la Patria. Pero he aquí que los debates del Senado revelan sus verdaderas intenciones: la oposición no quiere que Pemex compre lápices. Para conseguir tan avieso objetivo, la oposición se envuelve en la bandera del general Lázaro Cárdenas y se empeña en convertir el debate sobre teoría constitucional en el carnaval de las ideologías. El regreso de los lápices corre a cargo de Miguel Carbonell, investigador de la UNAM, quien para apuntalar el absurdo de que la oposición rechace todos los contratos cita de memoria al ya ahora clásico senador del PRI Pedro Joaquín Coldwell: “Serían los legisladores más estúpidos del mundo”.

Así se achican los argumentos opositores, para quedar del tamaño de un lápiz. Con otra técnica achica Sergio García Ramírez, ex abogado de la nación, las iniciativas presidenciales: “El texto vigente de la Constitución no es una escritura infranqueable. Pero no podemos revisar las decisiones constitucionales en otros peldaños del orden normativo. Los grandes cambios deben llamar a la puerta grande de la reforma constitucional y proclamar su auténtica naturaleza, su origen y su designio. Hecho esto, la nación dirá”. Pero no se hizo. Y por eso, he aquí a los legisladores, entre abogados y tratando de dilucidar, para decirlo en términos no jurídicos, si es factible que un hombre talla 42 se meta en un pantalón con cintura 30.

Berenjenal jurídico

O como dicen los juristas: si las iniciativas son inconstitucionales, anticonstitucionales o constitucionales. O si la palabra explotación significa lo que dice el diccionario o lo que “esta soberanía” determine en su momento, sobre todo para ahorrarse el paso de un juicio en el “tribunal supremo”. O también si las “áreas estratégicas”, definidas así en el 27 de la Carta Magna, pueden pasar a ser tácticas mediante el voto de un frente PRI-PAN en el Congreso. Hay quienes entran con soltura sosegada al berenjenal de los terminajos y las interpretaciones infinitas. García Ramírez, por ejemplo, pregunta: “¿Hay áreas estratégicas dentro de las áreas estratégicas, en forma que aquellas absorban todo el compromiso del Estado y éste decline en otros aspectos de la actividad del área, que perdería su condición estratégica y, por tanto, de estrictamente pública?”

Se pregunta, y se responde, un partidario de las reformas, Sergio López Ayllón, investigador del CIDE: “¿Por qué considero que es constitucional? Porque lo que está proponiendo la iniciativa es sacar del área estratégica algunas actividades, en concreto, por ejemplo, el transporte, el almacenamiento, la distribución, de los productos derivados del gas, de la refinación y de la petroquímica básica”. En el turno de los legisladores, el perredista Pablo Gómez le remite a la lectura del artículo 28 constitucional: “No, doctor, el Congreso puede agregar, no quitar. Propongo que un secretario nos haga el favor de leer a los señores expertos lo que dice la Constitución”.

Faltan 19 debates. La semana venidera acuden los gobernadores. Que alguien les recomiende memorizar el texto constitucional. Mientras, García Ramírez recurre a la historia reciente, a 1990, cuando la banca dejó de ser “área estratégica”. Cita en extenso una porción de la exposición de motivos de entonces: “Debemos ser claros: la banca no pierde su arraigo ni su compromiso con el país, al contrario, se abre a la sociedad para que comparta plenamente su destino. Necesitamos ampliar el concurso del mayor número de mexicanos en el capital de los bancos…” No lo dice el ex procurador, pero hoy la banca está mayoritariamente en manos extranjeras y obtiene aquí las ganancias más altas del mundo.

La Constitución y el reglamento de tránsito

No hay puerta grande sino rendijas. “No se plantea una reforma constitucional, pero se trasluce. Es el convidado que no confiesa su identidad. Se sienta a la mesa y aguarda”, dice García Ramírez. No hace falta, al menos para el jurista Raúl Carrancá: “El autor de la iniciativa (Felipe Calderón) viola la Constitución”. En la misma ruta va Luis Javier Garrido, sólo que con más adjetivos y dardos más duros, cuando dice que el Ejecutivo, simple y llanamente, le está pidiendo al Legislativo que viole la Constitución: “Y eso, en otras palabras, perdónenme la franqueza, señores legisladores, se llama traición a la patria. Y quien está haciendo esto podría y debería ser enjuiciado por ese gravísimo delito”.

Carbonell y otros se dan por aludidos: “Imagínese qué habría pasado con los autores de todas las leyes y decretos y reglamentos que han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte. ¿Les tendríamos que abrir proceso penal por el tipo de traición a la patria?” Al gruñido contra Garrido se suma Jesús Murillo Karam, en nombre de alguna fracción del PRI. Eso sí, para regocijo de los opositores, adelanta que en las iniciativas “hay algunos visos de inconstitucionalidad”. Y es que el debate camina a ratos por senderos que a los defensores de la reforma no les placen, sobre todo, dicen desde el primero, porque éste es un asunto de leyes que los opositores quieren convertir en una batalla ideológica y en una disputa por la historia. Este día, los debatientes que están con la reforma insisten. A nosotros nos llamaron como técnicos. Las otras discusiones son del Congreso, de los políticos.

“Los juicios globales contundentes y omnicomprensivos sobre el apego a la Carta Magna de las iniciativas son propios de ideólogos o de posturas políticas, como tales respetables. Pero a los que nos dedicamos al estudio de la Constitución se nos llamó para exponer un criterio técnico-jurídico y no nuestro posicionamiento ideológico”, frasea Carbonell, quien aceptó la invitación senatorial para evitar que las “guerrillas ideológicas se apoderen del escenario nuevamente”, si nos atenemos a un reciente artículo suyo. García Ramírez responde a un argumento similar de López Ayllón: “Me temo que cuando alguien dice incluso que es una Constitución democrática o propia de una sociedad democrática, ya está incorporando valoraciones políticas. Esto me pasa siempre con la Constitución, debe ser un achaque; no me pasa nunca con el reglamento de tránsito del Distrito Federal, en el que jamás involucro cuestiones de carácter político”.

Los que impugnan deben probar

Las intervenciones de los legisladores son botica. El panista Juan José Rodríguez Prats busca exhibir sus conocimientos históricos y jurídicos. Los del Frente Amplio Progresista insisten en la consulta popular. Alejandro González Alcocer dedica parte de su intervención a un reproche para “aquellos que se envuelven en la bandera del cardenismo” (quizá debería comenzar con el presidente de su partido, Germán Martínez, quien hasta regala citas del general). Y los del FAP insisten en la consulta. Fauzi Hamdan, ex legislador y ahora expositor, prefiere uno de los argumentos centrales del gobierno: “No podemos dejar de sacar a este país de las condiciones en las que está”. Como legislador, recuerda alguien, fue pieza clave en el Fobaproa, asunto que por supuesto nada tiene que ver con las condiciones del país.

Por argumentos así la opinión dominante en la prensa es que los defensores de la reforma tienen escasas baterías. Sin conceder, Carbonell tira la pelota: “Quienes impugnan la constitucionalidad son los que deben probarla y no al revés”. Suena como chivo en cristalería, después de los desencuentros, la frase del coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, empeñado en citar a Juan Ramón de la Fuente: “Discrepar es un privilegio de la razón, coincidir es un privilegio de la inteligencia”. De otro modo remata su primera intervención García Ramírez: “Un ilustre mexicano advirtió –en una hora infinitamente más oscura que ésta– que no se debía tomar ninguna decisión que privara a las generaciones futuras de la posibilidad de reivindicar su derecho. Si erramos al abrir una puerta –la puerta que no abrió el Constituyente en 1959–, quizás no podremos cerrarla mañana”. Pues mañana pondrán al ex procurador en el costal de los que se envuelven en presidentes muertos, porque el mexicano de su cita es Benito Juárez.
  • Se busca dar la vuelta a la Carta Magna con modificaciones a leyes secundarias, advierten
  • García Ramírez, Carrancá y Garrido: la reforma a Pemex, inconstitucional
  • Se “traslucen” cambios a la ley suprema que “no confiesan su identidad”, dice el primero de ellos
Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Los juristas Sergio García Ramírez, Raúl Carrancá y Rivas y Luis Javier Garrido advirtieron ayer que la reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) propuesta por Felipe Calderón es inconstitucional, toda vez que pretende modificar un precepto fundamental de la Carta Magna y privatizar la industria petrolera mediante simples cambios a leyes secundarias. García Ramírez advirtió sobre la intención de ir más allá: “Hoy no se plantea una reforma constitucional, pero se trasluce. Es el convidado que no confiesa su identidad. Se sienta a la mesa y aguarda”.

El jurista, ex funcionario público y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alertó también a los legisladores: “Si erramos en abrir una puerta, la puerta que no abrió el Constituyente de 1959, quizá no podamos cerrarla mañana”. Durante el cuarto foro de discusión sobre las iniciativas en torno a la apertura de Pemex al capital privado, dedicado al igual que la sesión anterior a su análisis constitucional, Carrancá y Rivas recalcó también que las iniciativas del Ejecutivo se oponen flagrantemente a la Constitución, a la que pretenden rebasar con leyes secundarias.

¿Caballo de Troya o iniciativa?

Consideró un auténtico “caballo de Troya” dentro del cuerpo normativo de la Carta Magna la propuesta de modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, toda vez que se intenta dejar en manos de empresas privadas la refinación de petróleo y su transporte, además de posibilitar que Pemex celebre contratos de obra con personas físicas y morales. Carranca y Rivas sostuvo que Calderón puede ser sujeto a juicio político por presentar este paquete de reformas. El jurista, profesor universitario y abogado, como él mismo se presentó ayer en ese foro, realizado en el patio central del Senado, añadió: “No es lógico que carezca de responsabilidad el presidente si incurre –y en mi opinión ha incurrido– en un flagrante violación constitucional”.

En ese mismo tenor, el jurista, profesor universitario y politólogo Luis Javier Garrido pidió a los legisladores “mandar al basurero de la historia” las iniciativas de Calderón –al que se refirió siempre como “espurio” y “presidente de facto”– porque en su afán de privatizar el petróleo violan “el principio inalienable e imprescriptible de la nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo, en particular los hidrocarburos”. Se transgrede, detalló, el principio de la supremacía constitucional, se viola el principio de exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, la prohibición expresa de otorgar concesiones y contratos a particulares, y el principio que considera a los hidrocarburos y a la petroquímica básica como áreas estratégicas.

Los tres juristas coincidieron en el riesgo que representa cambiar preceptos constitucionales con modificaciones a leyes secundarias. García Ramírez advirtió que si la legislación reglamentaria corrige a la ley suprema quedaría en riesgo todo el orden constitucional. Bastaría con tener el control de la oportunidad, dijo, para que “una simple mayoría” de legisladores pudiera “dispersar la obra acumulada por sucesivos cuerpos constituyentes”. García Ramírez explicó que el Constituyente de 1916-17, en el dictamen sobre el artículo 27, reservó para la nación la explotación “del petróleo o cualquier otro carburo de hidrógeno sólido, líquido y gaseso”, y una vez hecha la expropiación petrolera el presidente Lazaro Cárdenas sugirió al Congreso una reforma que precaviera frente a “problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, con el propósito de que sea el Estado el que tenga control absoluto de la explotación petrolífera”.

Resaltó que bajo el concepto de industria petrolera, el artículo tercero de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo señala una suma de actividades estatales exclusivas y excluyentes: “Su texto traduce la voluntad constitucional y mantiene el rumbo dispuesto por ella. Reafirma el carácter público no sólo de Pemex, sino de la industria en la amplia acepción que le asigna el propio artículo tres. Todo ello conforma –dice el artículo cuarto del mismo ordenamiento– las áreas estratégicas a las que se refiere el artículo 28 constitucional”. Por su parte, Carrancá y Rivas advirtió que las leyes reglamentarias son para reglamentar y no pueden estar por encima del texto supremo. A su vez, Luis Javier Garrido calificó de “tentativa de fraude a la Constitución” que se violen principios centrales de la misma por medio de una legislación secundaria y con el fin de “desmantelar a la nación en beneficio de los grandes consorcios”.

LOS PANISTAS VENDE PATRIAS TUERCEN LAS PALABRAS
  • Defensores de la reforma calderonista a Pemex buscan sin lograrlo dar solidez a la propuesta
  • Palabras como “explotación”, “uso” y “aprovechamiento” enrarecen el debate
  • Retorcida discusión sobre si la apertura a la iniciativa privada implica violar la Constitución
Andrea Becerril y Víctor Ballinas

La discusión que ayer libraron ocho juristas sobre la inconstitucionalidad o no del paquete de iniciativas de Felipe Calderón en torno a Petróleos Mexicanos (Pemex) evidenció, según expuso crudamente Luis Javier Garrido, cómo se pretende “retorcer” conceptos para hacer prevalecer una interpretación de la Carta Magna que permita la inversión privada, nacional y extranjera, en la paraestatal.Cinco juristas, entre ellos el ex senador del PAN Fauzi Hamdan, llegaron ayer al debate a tratar de borrar la idea que está grabada ya en la opinión pública de que son “endebles” los argumentos de quienes respaldan la propuesta de Calderón.Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Miguel Carbonell advirtió que quienes sostienen la inconstitucionalidad de la reforma son los que “tienen la carga de la prueba, y no al revés”.Y eso fue justo lo que sucedió, ya que tanto Sergio García Ramírez como Raúl Carrancá y Rivas y Luis Javier Garrido, expertos constitucionalistas, rebatieron cada uno de los planteamientos del bloque de juristas defensores de la reforma presidencial.Estos últimos llevaron una argumentación común, centrada en aconsejar a los legisladores que interpreten la Constitución y, con base en ello, hagan los cambios necesarios en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional para dar cabida a la propuesta de que Pemex firme contratos de exploración y explotación de crudo y ceda a empresas privadas la refinación, transporte y almacenamiento de los hidrocarburos.

Visiones divergentes

Carbonell incluso citó una frase que pronunció en el foro anterior el senador priísta Pedro Joaquín Coldwell de que serían “los legisladores más estúpidos del mundo” en caso de que no interpreten la Carta Magna.“No tengan duda de que les corresponde a ustedes interpretar la Constitución. Nosotros les hemos dado elementos razonables, más o menos objetivos, para que ustedes interpreten que explotación no es refinación, no lo puede ser, no lo dice la Constitución.”Y agregó: “No pongamos fantasmas, no pongamos palabras grandilocuentes, pero finalmente retóricas, como privatización o neoliberalismo. Tomemos en serio las palabras de la Constitución; son palabras a las que tenemos que darles contenido”.El doctor Carrancá y Rivas, respondió de inmediato: “Señores senadores, no tengan ustedes la menor duda de que no pueden interpretar la Constitución”.Explicó que los legisladores pueden interpretar leyes y decretos, pero no la Constitución, ya que ello le corresponde a la Suprema Corte.Sobre la afirmación de que el artículo 27 constitucional se refiere sólo a la explotación del petróleo y no a la refinación y otros procesos industriales, inquirió: “¿Cómo explotar el petróleo, me pregunto, sin refinerías sin oleoductos y sin medio de transporte?”Antes, García Ramírez expuso que la frase “explotación del petróleo”, de acuerdo con el diccionario y la historia constitucional, significa “aprovechamiento integral de la industria”.El ex subprocurador de Justicia José Elías Romero Apis, urgió a los legisladores a que interpreten la Constitución para que en la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional se defina “lo que es explotación y lo que no lo es”. Les sugirió, “para dar mayor seguridad, instalar una relación o listado de lo que no está incluido en la explotación del petróleo” y, para no dejar “ni las rendijas”, colocar “por alusión directa una declaración normativa muy concreta y específica”. Dijo no tener temor alguno en el éxito de esa “recomendación”.Garrido llamó a eso “retorcer los conceptos para hacer prevalecer una argumentación que, a fin de cuentas, no va a convencer a nadie”. Se intenta “superponer a nuestro régimen jurídico otro régimen supuestamente de derecho que cambia por completo la naturaleza de la ley suprema”.García Ramírez replicó que la palabra explotación puede ser, efectivamente, extracción, renta petrolera, industria petrolera, pero serán los legisladores los que decidan el significado exacto, “mirando el desarrollo constitucional y la conveniencia de la República”.Al cuestionamiento de Carbonell, por haber hablado de privatización de Pemex, García Ramírez aclaró que usó la palabra en el sentido más llano y simple: hacer privado lo público, como se plantea en las iniciativas debatidas.Antes había expresado que si bien no se venden los activos de Pemex, “se privatiza una porción del área estratégica mencionada en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional”.Para sorpresa y enojo de los juristas que no querían que se hablara de privatización, dos legisladores del PRI lo hicieron: uno de ellos fue el senador Jesús Murillo Karam, secretario general de ese partido, quien intervino en el debate para expresar que, a su juicio, las iniciativas “sí presentan visos de inconstitucionalidad” por lo menos en tres partes.“Creo que no sólo es la palabra explotación, sino también el uso y aprovechamiento”, donde no puede haber contratos. Sostuvo que el PRI, partido que impulsó esos planteamientos históricos, tiene que defenderlos.La intervención de Luis Javier Garrido, en la que se refirió infinidad de ocasiones “al gobierno de facto” de Calderón, al que llamó también espurio, indignó a los panistas, quienes en voz de Fauzi Hamdan y del senador Alejandro González Alcocer le reclamaron.Garrido reviró a este último: “No escuchó mis argumentos, como tampoco escuchó los del doctor Carrancá y Rivas, porque estaba usted platicando. Hasta acá oía el ruido de su conversación”, y le repitió algunas de las ideas que ya había expuesto y de paso le respondió también a Carbonell.En un intercambio con Carrancá, Garrido expresó que se puede acusar a Calderón de traición a la patria y algunos legisladores se sintieron aludidos.Al final García Ramírez, quien mencionó los efectos de la privatización de la banca 20 años después, preguntó: “Qué ha sido del patrimonio de la nación”, y advirtió que en dos décadas alguien se hará la misma pregunta, pero ahora en relación con el petróleo.






HASTA LOS PANISTAS VENDEPATRIAS DICEN:
Como está, la Corte podría echarla para atrás, advierten juristas
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limpiar la iniciativa
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  • En los hechos, el gobierno “deja morir” al IMP, señala el líder del sindicato del organismo
  • El plan energético de Calderón agravará dependencia de trasnacionales, vaticinan
  • Trabajadores demandan al Senado que les permita participar en los debates sobre el sector
Patricia Muñoz Ríos

La reforma energética que propone el gobierno de Felipe Calderón condenará a México a dependender en materia tecnológica de lo que las trasnacionales petroleras quieran venderle, advirtió ayer el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, Felipe Navarrete, y denunció que aun cuando oficialmente ese organismo no será privatizado, en los hechos “lo están dejando morir”. Resulta extraño, abundó, que en vez de fortalecer al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el desarrollo científico y tecnológico nacional, “los privatizadores pretendan, mediante esa reforma, fomentar aún más los indebidos, inmorales y onerosos contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) sucribe con trasnacionales en materia de investigación”.

Aseveró que de 2001 a 2006 la empresa paraestatal contrató servicios tecnológicos por 13 mil 360 millones de pesos, de los cuales 11 mil 621 se pagaron a firmas privadas. Es decir, 82 por ciento de los contratos de servicios tecnológicos que pagó Pemex en cinco años fueron en su mayoría para las trasnacionales, y sólo 18 por ciento correspondieron al IMP. Incluso, añadió Felipe Navarrete en conferencia de prensa, “los recursos destinados por Pemex al instituto decrecieron a una tasa anual de 25.3 por ciento en promedio, al pasar de 997 millones de pesos a 232 millones en dicho periodo”. Sostuvo: “queda claro que la verdadera intención de los pontífices de la privatización es entregar nuestro petróleo basándose en la imposición de una perpetua dependencia de nuestro país respecto a otras naciones en materia de conocimiento científico y tecnológico”.

Explicó además que el IMP identificó desde 2003 y 2004 las áreas que requieren el desarrollo de tecnología de aguas profundas y elaboró al respecto diversas propuestas, faltando sólo la aprobación de Pemex. En cambio, a la trasnacional Schlumberger “sí se le dio la oportunidad de experimentar sus innovaciones tecnológicas en el pozo Coapechaca 439 de Chicontepec, y se le entregaron 7 millones de dólares para hacerlo; sin embargo, el proyecto fue fallido, a tal grado que la inversión no se ha recuperado a pesar de los altos precios del petróleo”. Navarrete Plascencia resaltó que se imponen al IMP exigencias que no corresponden a su naturaleza de empresa pública creadora de conocimiento.

Añadió que también se priva al instituto de los recursos necesarios para la investigación científica, se le reduce el nivel de contratación de servicios, se le impide que genere sus propios fondos y se le condena a seguir sujeto a un marco institucional que favorece la nula transparencia. Por si fuera poco, “se le obliga a responder a la inmediatez y la voluntad de un Pemex fragmentado en feudos y exprimido en sus finanzas”. En resumen, acusó, se impide al IMP que cumpla con el objetivo que da razón a su existencia: lograr la independencia científica y tecnológica de Pemex. Por ello, aseguró, los trabajadores exigen al Senado que se les tome en cuenta en los foros de debate sobre reforma energética y demandan al gobierno impulsar cambios legales para terminar con “la perversa e indebida sujeción” del instituto a Pemex. Proponen participar firmemente en el impulso de una política científica y tecnológica “que en materia de energía nos permita avanzar hacia la independencia y situarnos incluso en condiciones de exportar talento y conocimiento, en lugar de barriles de crudo”.


Nadie ha probado que sólo quede petróleo en aguas profundas, apunta; “sólo inventan”
“Miente” el gobierno sobre Pemex ante la falta de argumentos sólidos, acusa AMLO

Ciro Pérez Silva (Enviado)
Monclova, Coah., 22 de mayo. Con “mentiras”, por falta de argumentos sólidos, el gobierno federal pretende hacer creer a los mexicanos que la empresa más rentable del país, que genera excedentes por 20 mil millones de dólares al año y contribuye con 40 por ciento del presupuesto nacional, no cuenta con recursos propios para su fortalecimiento y debe entregarse irremediablemente al capital extranjero para su rescate, pero “en realidad realidad se trata a todas luces de un atraco, y de montar en el negocio del petróleo a un pequeño grupo de inversionistas extranjeros”, enfatizó aquí Andrés Manuel López Obrador. Al reunirse con comités en defensa del petróleo de este municipio, el tabasqueño retomó la pregunta que en el debate de ayer en el Senado hizo Sergio García Ramírez: “¿qué beneficios le han traído al pueblo de México las privatizaciones?” Y si en aquel espacio no hubo una respuesta a esta interrogante, en Monclova y en Saltillo la respuesta fue una: “¡ninguno, ninguno! ”En la plaza central de Monclova, con un calor cercano a los 40 grados, López Obrador explicó que además de ser un recurso estratégico para el desarrollo mundial, el petróleo mexicano, cuyo precio por barril deja hoy una utilidad de unos 108 dólares, casi 60 más de lo presupuestado por el Congreso para este año, es fundamental para asegurar el desarrollo del país y el futuro de las generaciones venideras.

Los excedentes petroleros, destacó, alcanzan para construir las refinerías, impulsar la industria petroquímica e instalar los ductos que el “gobierno espurio” pretende entregar al capital extranjero.“En una política orientada a sacar provecho para unos cuantos a costa del sufrimiento de nuestro pueblo y en contra de la nación, lo hacen hoy de manera descarada, con mucho cinismo y con el apoyo de los grandes capitales, y plantean la disyuntiva de mantener a México como un país o convertirlo en una colonia.”En Saltillo, donde la participación ciudadana en el movimiento rebasó la organización partidista, López Obrador insistió en señalar “las mentiras del gobierno espurio, apoyado con medios de comunicación como Televisa, para convencer a la sociedad de la urgencia de privatizar y dejar a México como abastecedor de materia prima”.Condenó también el argumento de que sólo hay petróleo en aguas profundas: “eso nadie lo ha probado, sólo inventan eso (...) para que las empresas extranjeras vengan a apropiarse del mejor negocio del mundo, a extraer un barril de petróleo por 4 dólares y venderlo a 112, cuando a pesar de lo mal administrado que está Pemex y de la gran corrupción que hay en la paraestatal es posible y necesario convertirla en palanca del desarrollo nacional, con recursos propios”. El tabasqueño reconoció el papel que asumió el gobernador de la entidad, Humberto Moreira, al oponerse, junto con el Congreso local, “a esta reforma privatizadora y entreguista”, y convocó a otros gobernadores del tricolor a “decidirse por el respeto a la Constitución y la preservación de los bienes nacionales y no caer en la tentación de la privatización”.

Hizo un recuento de los cuatro debates que han tenido lugar en el Senado, gracias a la “decisión de los legisladores del Frente Amplio Progresista de tomar las tribunas, para evitar el albazo que pretendía el ‘gobierno espurio’ y aprobar a espaldas del pueblo una reforma anticonstitucional”. Hizo entonces un comparativo de la confrontación de ideas en torno del petróleo entre los analistas, investigadores y especialistas enviados por el gobierno federal y los que aún habiendo pertenecido a administraciones priístas se oponen a la privatización. “Vamos cuatro cero. Les hemos ganado los cuatro debates; ellos (quienes apoyan las reformas de Felipe Calderón) están como el equipo de beisbol de los Yankees de Nueva York, con una nómina de peloteros muy cara, pero en el último lugar de la tabla. Les ganamos los primeros cuatro debates y les vamos a ganar todos los que faltan, porque nos asiste la razón”, sostuvo. López Obrador arribó por la noche a Monterrey, Nuevo León, donde fue entrevistado por una cadena de televisión local. Hoy continuará en esa ciudad las reuniones con los grupos de brigadistas en defensa del petróleo.

Varios ciudadanos que observaron la discusión sobre la reforma petrolera en una pantalla gigante de televisión colocada en la Plaza de la Constitución abuchearon a defensores de la iniciativa del presidente Felipe Calderón, entre ellos el panista Fauzi Hamdan Foto José Carlo González

Kikka Roja

226 millones gasta Calderon en imagen y seguridad

  • Incluyen la compra de dos helicópteros, vehículos, materiales y equipo diverso
  • Costó $226 millones reforzar la seguridad e imagen de Calderón
  • En este rubro la Presidencia excedió en 12.5% sus erogaciones autorizadas para el año pasado
Enrique Méndez

El reforzamiento de la seguridad personal del presidente Felipe Calderón –que incluyó la compra de vehículos y equipo para el Estado Mayor Presidencial (EMP)–, así como la contratación de servicios de imagen y encuestas, entre otros servicios, le costó a la Presidencia poco más de 226 millones de pesos, que por esas presiones y un aumento en el gasto corriente incrementó sus erogaciones 12.5 por ciento a lo aprobado por la Cámara de Diputados. Además, se tiene considerado para finales de 2008 concluir la compra de dos helicópteros con valor de 572 millones de pesos cada uno, que se asignarán al EMP para sustituir dos de los Superpuma con que cuenta, que le permitan cumplir con el transporte presidencial “con alto grado de seguridad”.

Así, a pesar de la política de austeridad proclamada por Calderón, los rubros de materiales y suministros, servicios generales y de capital se incrementaron 43.9, 28.6 y 61.4 por ciento, respectivamente, de acuerdo con información de la Cuenta Pública 2007. El informe señala que Hacienda debió autorizar diversas transferencias para garantizar la seguridad de Calderón, la compra de materiales y útiles, vestuario militar, combustible, alimentación del personal castrense, actividades de logística y capacitación.

Se explica que en el rubro de materiales y suministros el gasto pasó de 141 millones 638 mil 275 a 203 millones 767 mil 529 pesos, es decir, 62 millones 129 mil 254 pesos más. Hacienda autorizó “recursos complementarios”, a través del ramo 23, provisiones salariales y económicas para “garantizar la seguridad del Presidente y su entorno, básicamente en la adquisición de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, productos farmacéuticos, vestuario para el centro hospitalario del EMP, refacciones para el óptimo funcionamiento del parque vehicular, accesorios para el mantenimiento de maquinaria, equipo médico y de seguridad”.

También, compra de combustible para la flota aérea presidencial, “derivado del incremento de operación de los vuelos, a fin de atender con oportunidad el programa de giras”. Además, para “alimentación del personal militar, derivado del ritmo de operación de las actividades del Presidente”. Hacienda realizó otras transferencias, no especificadas, del capítulo 5000, Bienes muebles e inmuebles, compra de “material de seguridad pública, necesaria en el cumplimiento oportuno de las actividades sustantivas” de la Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial, con objeto de reforzar la seguridad en instalaciones. En servicios generales, el gasto pasó de 528 millones 9676 mil 358 a 680 millones 282 mil 919 pesos, 151 millones 315 mil 561 pesos más para “la mayor demanda” de servicios y operaciones de vuelos, seguridad y logística, ya que “las actividades y giras, nacionales e internacionales, presentaron un incremento sustancial”.

También se destinaron recursos al programa anual de mantenimiento de la flota aérea presidencial, por “el uso constante” de las naves. Asimismo, al pago de viáticos “del personal militar para supervisar dichos mantenimientos”. Dentro de esas partidas se incluyó el pago por estudios de opinión, encuestas en vivienda, estudios de benchmark (comparativos) y cualitativos de opinión pública sobre Calderón, así como la contratación del servicio de síntesis informativa, e inclusive la acreditación para las reuniones de jefes de Estado, “publicación de mensajes” del mandatario, así como de servicios profesionales de monitoreo y agenda mediática presidencial. En el rubro de gasto de capital, éste pasó de 20 millones 675 mil 600 pesos, aprobado por los legisladores, a 33 millones 361 mil 410, es decir, 12 millones 685 mil 810 pesos más, incremento que “se debe principalmente a la adquisición de equipo de seguridad nacional” para el EMP, así como para la compra de “vehículos para traslado de personas, materiales y equipo requerido en eventos oficiales para brindar la debida seguridad y logística al Presidente”.

Kikka Roja

jueves, 22 de mayo de 2008

Luis Javier Garrido: Desechar la iniciativa de Calderón

Por "notoriamente improcedente", debe desecharse la iniciativa de Calderón: Garrido

El Senado debe “enviarla a donde debe estar: en el basurero de la historia”, dijo Luis Javier Garrido, catedrático de la UNAM.

La Jornada On Line Publicado: 22/05/2008 12:45

México, DF. El investigador de la máxima casa de estudios Luis Javier Garrido sostuvo que el Senado debe desechar por "notoriamente improcedente" la iniciativa de reforma presentada por el presidente Felipe Calderón “y enviarla a donde debe estar: en el basurero de la historia”, además de que se pronunció a favor de una consulta al pueblo de México. Al participar en el segundo tema del debate sobre la reforma en materia petrolera, “Análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética”, Garrido sostuvo que el paquete de siete iniciativas del Ejecutivo son “a todas luces anticonstitucionales y contrarias a los intereses de México”.

Dijo que las iniciativas deben desecharse porque el Congreso no tiene atribuciones “para establecer normas que transgredan el orden constitucional”, por lo que al Senado no le queda más que desecharlas “por notoriamente improcedentes”.

Advirtió que México se encuentra ante una situación “de excepcional gravedad”, pues se está abriendo un escenario en el que los poderes Ejecutivo y Legislativo “pueden concertarse para violar con una serie de leyes la Constitución” y llevar al país “a un acuerdo de ilegalidad, y todo para servir a los grandes consorcios petroleros”. El profesor de la Facultad de Derecho y de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseveró que “el principio fundamental de todo estado de Derecho es el de la supremacía constitucional”. Calderón exige al Congreso que viole este principio “al aprobar una serie de leyes secundarias que entrañan decenas de normas abiertamente anticonstitucionales, pues contradicen mandatos fundamentales de la Constitución de 1917”, remató.

Se busca también, dijo, “hacer de México un posible objetivo militar de Washington”, y acusó que éste tiene ya “una importante injerencia en el control del aparato estatal mexicano y en especial de la frontera, de las aduanas, de los litorales y del espacio aéreo, así como de la seguridad interna de México”.

Dijo que la iniciativa calderonista “no se apega ni a la letra ni al espíritu de la Constitución” y que viola el principio del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la Nación sobre los recursos naturales del subsuelo y en particular de los hidrocarburos, la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, la prohibición expresa a las autoridades de otorgar concesiones ni contratos a los particulares, el principio que considera los hidrocarburos y a la petroquímica básica como un área estratégica para el país. Además, violan los principios de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas sometidas a un régimen jurídico de excepción, y “como consecuencia de todo ello, violan el principio de que el Estado debe garantizar el desarrollo nacional fortaleciendo la soberanía de la nación”.

Kikka Roja

MONEROS | Si votaste por el PAN ya te traicionaron: Rechazan panistas una consulta popular


El debate en el Senado es suficiente, afirma la diputada Carbajal
Rechazan panistas una consulta popular sobre la reforma de Pemex

Fabiola Martínez

El debate que se realiza en la Cámara de Senadores es suficiente para discutir la propuesta de reforma energética, aseveró la diputada panista Liliana Carbajal Méndez, vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. “Con el debate que se está realizando es suficiente; los legisladores, como representantes de la ciudadanía, nos convertimos en portavoces de las inquietudes, de las propuestas, de ese reclamo de actualizar el marco jurídico de Petróleos Mexicanos (Pemex)”, señaló al referirse a quienes opinan que debe realizarse una consulta para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la pretendida enmienda. Los legisladores panistas que participan en la Comisión Permanente acudieron ayer a la Secretaría de Gobernación para comer con el titular de la dependencia, Juan Camilo Mouriño, quien les habló de los principales problemas que enfrenta el país, fundamentalmente en materia de seguridad pública y combate al narcotráfico, así como de las prioridades del gobierno federal en materia de agenda legislativa. Asimismo, Humberto Aguilar Coronado, vicecoordinador de los senadores del PAN, manifestó que los legisladores tienen “un tiempo perfectamente claro” para sacar adelante las reformas antes del inicio del proceso electoral de 2009, el cual arranca en octubre próximo. El método legislativo, agregó, está perfectamente definido, (figuras como el referendo) no están en la Constitución. La vicepresidenta de la Comisión Permanente, también integrante de las comisiones de Justicia y Presupuesto, señaló que ya no puede prolongarse más la reforma de Pemex. “Son suficientes estos foros (de debate sobre la reforma petrolera); es más, creo que le estamos robando tiempo a esta espera, ya de décadas, para que Pemex tenga más resultados”, dijo. Después del encuentro “de cortesía” con Mouriño, la diputada panista indicó que no hay mejor fuerza que la de los legisladores, quienes cuentan con propuestas técnicas, de pleno conocimiento, para tomar todos estos elementos y materializarlos. “Esta reforma ya ha esperado demasiado tiempo, creo que es la mejor forma. La máxima tribuna de la nación representa a todos los mexicanos y es la vía realizable para materializar ya esta reforma”, sostuvo Carbajal Méndez.

  • ‘Acusan’ a Calderón de traición a la patria
exonline
Raúl Carrancá y Rivas señala que el Presidente viola la Constitución con su proyecto de reforma energética
El jurista Raúl Carrancá y Rivas señaló que el presidente Felipe Calderón Hinojosa sólo puede ser acusado de traición a la patria y de violar la Constitución al enviar a la cámara alta un proyecto de reforma energética que infrinje la Carta Magna.En cuarto foro “Análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética II” al que convocó el Senado, el doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que el artículo sexto de la iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional viola fragantemente la Constitución por proponer la celebración de contratos de obras y prestaciones de servicios en Pemex.En su intervención, Carrancá y Rivas dijo que Calderón violó la Constitución porque las iniciativas del Ejecutivo federal son un acto de autoridad, independiente de su aprobación en el Congreso.En el debate también participan los constitucionalistas Diego Valadés, Javier Aguinaga, José Elías Romero, José Roldán, Álvaro Arceo, Javier Garrido y Germán Fernández.


Kikka Roja

El espejismo de la inversión extranjera: con CALDERÓN: se desplomó el 36%

Cayó la inversión extranjera directa 36% en enero-marzo
Susana González
Durante el primer trimestre de 2008 la inversión extranjera directa (IED) cayó 36 por ciento, respecto al mismo periodo del año pasado, ya que pasó de 6.5 a 4.1 mil millones de dólares, informó Carlos Arce Macías, subsecretario de Normatividad e Inversión Extranjera de la Secretaría de
  • El espejismo de la inversión extranjera
editorial
De acuerdo con información proporcionada ayer por la Secretaría de Economía (SE), la inversión extranjera directa (IED) en nuestro país se desplomó 36 por ciento en los primeros tres meses de 2008. El fenómeno, que es atribuido por las autoridades económicas nacionales al proceso de desaceleración que vive la economía de Estados Unidos, principal fuente de IED, con 69 por ciento del total, no deja de resultar preocupante, tanto por el monto del desplome –equivalente a más de un tercio con relación al mismo periodo de 2007–, como porque constituye un indicador claro del fracaso de la política económica que ha seguido nuestro país en las últimas dos décadas.

En efecto, la caída de la IED en México contradice una de las premisas fundamentales del argumento que, en materia económica, han esgrimido las sucesivas administraciones a partir de la de Carlos Salinas: la necesidad de convertir a México en un país atractivo para los capitales extranjeros. Para lograr ese fin, los gobiernos federales han realizado concesiones prácticamente ilimitadas a los grandes capitales extranjeros: han desmantelado el sector público mediante la privatización voraz de sus empresas y limitado severamente la capacidad reguladora del Estado; han incentivado la apertura indiscriminada de los mercados nacionales y permitido a los dueños de las grandes fortunas diferir e incluso exentar el pago de impuestos, y han adoptado medidas que perjudican a la clase trabajadora y contribuyen a la destrucción del tejido social, como la contención salarial injusta, la destrucción de los sindicatos, la derogación de conquistas laborales, sociales y agrarias, y la clausura de organismos de bienestar social.

Con el desplome de la IED en el primer trimestre de este año, sin embargo, se confirma una tendencia observada desde el sexenio pasado, cuando una porción de las inversiones foráneas, particularmente la integrada por la industria maquiladora, emigró a países como China o India con la expectativa de obtener más amplios márgenes de ganancia, dado el bajo costo de la mano de obra en esos lugares. Estos elementos dan cuenta de un modelo económico que ha fallado en sus premisas fundamentales y ponen de manifiesto la necesidad de abandonarlo.

Por lo demás, el dato referido cobra relevancia a la luz de la discusión que se sigue actualmente en torno a la industria petrolera nacional, que es, junto con las remesas enviadas por los connacionales que trabajan en Estados Unidos, uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. Al día de hoy, y a pesar de los diagnósticos gubernamentales alarmistas y sesgados, Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue siendo una de las compañías más rentables del mundo, como confirma el ingreso excedente de 3 mil 833.5 millones de dólares que la paraestatal obtuvo por la venta de crudo tan sólo en los primeros tres meses del año. Así, la iniciativa de reforma enviada por Felipe Calderón al Senado a principios de abril –que plantea la privatización de segmentos de la industria petrolera nacional–, lejos de buscar el “fortalecimiento de Pemex” –para lo cual tal vez bastaría con frenar el saqueo fiscal de la empresa y erradicar la corrupción en la paraestatal y en la administración pública–, parece más un nuevo intento por avanzar en el “adelgazamiento” del Estado, vía la privatización, y por alentar la participación de inversionistas extranjeros, ahora en la industria nacional de los hidrocarburos, aunque ello contravenga los principios constitucionales y la soberanía nacional.

Es tiempo de que los gobernantes caigan en la cuenta de que muchas de las premisas de su estrategia económica son, hoy en día, meros espejismos, y que emprendan un viraje para reorientar las finanzas nacionales para ponerlas al servicio ya no de los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, sino del bienestar de los mexicanos.
CALDERON SOLO GOBIERNA PARA LOS OLIGARCAS, MEGA MILLONARIOS (extranjeros) Y LLEVA AL PAIS AL DESASTRE
  • Sólo crea jóvenes sin universidad y campesinos pobres, afirma
  • El neoliberalismo, responsable de la descomposición social: López Obrador
Saúl Maldonado (Corresponsal)

Durango, Dgo., 21 de mayo. La violencia que se ha desatado en el país y la descomposición social son provocados por la política económica que no han modificado los gobiernos neoliberales, afirmó Andrés Manuel López Obrador. Agregó que mientras no exista un cambio de fondo habrá más inseguridad y crecerá la violencia. A su llegada a la capital de Durango para reunirse con brigadistas y autoridades del comité estatal en defensa del petróleo, el "presidente legítimo" habló sobre la inseguridad pública, un día después de que ocurrió una balacera en la entidad que dejó como saldo ocho muertos. Señaló que "sólo se está atendiendo el problema por encima y no se va al fondo del mismo". Explicó que la raíz del problema es el modelo económico del país, el cual no genera más empleo para los jóvenes ni otorga bienestar a sus familias; pero también se requiere, agregó, abrir más la educación profesional, las universidades –deben recibir a todos los estudiantes y no rechazarlos–; además de ampliar el sistema de becas, "todo es resultado de excluir a los jóvenes en el modelo económico".

Reunido con perredistas y petistas, López Obrador manifestó que cada vez hay más estudiantes rechazados por las universidades y no encuentran empleo; "creo que deben de ir pensándolo, porque si siguen con el mismo modelo habrá mas inseguridad y más violencia". En la región de Los Llanos, municipio de Guadalupe Victoria, que era el granero de la zona, se reunió con varios miles de campesinos empobrecidos y sin recursos para cultivar la tierra. Ahí manifestó que esto es "resultado de una política neoliberal y entreguista que ha descuidado al campo, que no genera empleos y bloquea las aspiraciones de los jóvenes de tener educación en preparatorias y universidades", por lo cual no debe extrañar que esa política neoliberal se traduzca ahora en más violencia que parece no tener freno y que ha dejado como secuela centenares de muertos.


Caída de Calderón

Jaque Mate
Sergio Sarmiento
"La única forma de hacer digno de confianza a un hombre es tenerle confianza".
Henry Stimson

La confianza en el primer mandatario ha registrado en las últimas semanas una caída estrepitosa. Apenas el 11 de marzo pasado la encuesta telefónica que lleva a cabo de manera semanal la empresa BGC Ulises Beltrán y Asociados señalaba que el 35 por ciento de la gente tenía "mucha" confianza en el presidente Felipe Calderón. Dos meses después, el 11 de mayo, sólo el 6 por ciento de los entrevistados manifiestan este nivel de confianza. Quienes dicen que le tienen "regular" confianza bajaron de 32 a 22 por ciento. Quienes afirman no tenerle ninguna confianza pasaron del 10 al 35 por ciento. Se trata de una caída verdaderamente dramática. No recuerdo un desplome tan importante en la confianza en un presidente en funciones desde 1995, el primer año de gobierno de Ernesto Zedillo, cuando el desplome del peso dio lugar a una crisis económica mayúscula.

Puede haber distintas interpretaciones sobre los factores que han provocado este desplome de la confianza en el presidente de la república. Muchas cosas han ocurrido en los últimos dos meses en nuestro país. No hay hoy, como en 1995, una crisis económica que domine todos los demás temas. La iniciativa de reforma energética ha dividido las opiniones por lo que no parece ser responsable de la caída. Por otra parte, se ha registrado un descenso en la confianza en todas las instituciones del Estado, lo cual revela un mayor pesimismo de los mexicanos en general, pero ninguna ha bajado tanto como la Presidencia de la República.

Una indicación de lo que ha ocurrido puede encontrarse en los descensos de confianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia. El número de entrevistados que expresan mucha confianza en la Procuraduría General de la República (PGR) pasó de 18 a 10 por ciento entre el 11 de marzo y el 11 de mayo. La Policía Judicial registra un nivel mínimo de 7 por ciento. Parecería así que el tema que ha generado el deterioro es la inseguridad. Solamente los sindicatos, los diputados y los senadores, con 5 por ciento de confianza, y los partidos políticos, con 3 por ciento, tienen cifras menores a la Policía Judicial, y esto a pesar de las insistentes campañas de publicidad de los legisladores en los medios de comunicación en que nos dicen que gracias a la Cámara de Diputados y al Senado al país le está yendo mejor.

Lo interesante es que el Ejército, que se ha convertido en uno de los protagonistas más importantes en la lucha contra la delincuencia organizada, no ha sufrido un deterioro en la confianza de los mexicanos. El 48 por ciento de los entrevistados sigue diciendo que le tienen mucha confianza. Poco daño le han hecho al Ejército las acusaciones de violaciones a los derechos humanos o los cuestionamientos a la constitucionalidad de su cada vez más relevante papel como policía antinarco.

A lo largo de este 2008 se han registrado entre dos mil y tres mil ejecuciones en distintos lugares de la república. Son realmente contados los casos resueltos en que se ha consignado a presuntos responsables. Tan sólo este domingo pasado hubo 34 ejecuciones. Dos cuerpos más fueron encontrados en Ecatepec y en el Distrito Federal la mañana de este lunes, mientras yo redactaba esta columna. Hay guerras que no tienen tantos muertos. Esta violencia parece estar influyendo sobre el ánimo nacional.

El presidente Calderón tomó desde el principio la decisión de hacer de la lucha contra el narco el tema fundamental de su gobierno. Quizá no tenía más opción: la oleada de violencia que ha cubierto a nuestro país ya había empezado. Sin embargo, a pesar de que las autoridades han logrado triunfos muy importantes, como la confiscación del dinero de Zhenli Ye Gon, o el decomiso de 23 toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo, la violencia relacionada con el narco ha aumentado.

Hasta hace poco tiempo la confianza en el presidente no se veía afectada por esta situación. Desde hace varios años, el número de personas que afirmaba que le tenía mucha confianza al presidente –tanto Vicente Fox como Calderón-- ha fluctuado entre 27 y 38 por ciento en la encuesta de Ulises Beltrán. La caída a 6 por ciento del 11 de mayo es, pues, un rompimiento brutal de esta tendencia.

Quizá yo me equivoque en mi interpretación de que ha sido la violencia criminal la que ha provocado el desplome en la confianza en el presidente. Pero ciertamente esta encuesta debería hacer que se enciendan los focos rojos en Los Pinos. La confianza, después de todo, es algo que cuesta mucho construir y que se pierde con facilidad.

Gustavo Castillo García
De acuerdo con registros oficiales, en lo que va de la administración de Felipe Calderón ya suman más de 4 mil ejecutados, es decir, en promedio han muerto diariamente a manos del crimen organizado 7.6 personas a lo largo de 527 días. Sin embargo, la semana pasada la violencia se incrementó hasta superar los 15 asesinatos cada 24 horas, principalmente en estados como Chihuahua, Sinaloa y Durango.
Kikka Roja

John Saxe-Fernández: Entreguismo y anticonstitucionalidad

http://jsaxef.blogspot.com
Entreguismo y anticonstitucionalidad

El diputado panista Jorge Nordhausen increpó a Claudia Sheinbaum en el segundo debate sobre la “reforma energética”, no por su defensa conceptual y técnica de la propuesta alternativa del “gobierno legítimo” encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que fue impecable, sino por llamar a Calderón “presidente usurpador” en el Senado.

El término “espurio” atiende al fraude de 2006. Pero la percepción de ilegitimidad ante un tercio del electorado no es estática: crece ante la inseguridad ciudadana con todo y la militarización de la campaña contra el narcotráfico, que descompone el equilibrio cívico-militar, mientras poner en marcha simultáneamente una reforma petrolera y abrir el país al intervencionismo policial-militar de EU, por medio de la “Iniciativa Mérida”, es agredir a la nación y encender la mecha del “polvorín social” gestado por 26 años de acumulada agresión a la economía popular, al aparato productivo y al empleo.

Las encuestas muestran que de marzo a mayo de 2008, el capital político de Calderón se colapsó. Un deterioro alentado además por la sensación de que se mal usa la oficina presidencial al dar rienda suelta al entreguismo jurisdiccional y a codicias internas y externas por el petróleo y el gas natural y que, con la complicidad de la cúpula priísta, se vulneran las bases materiales de la soberanía a favor de grandes negocios con empresas como Repsol, Halliburton, Schlumberg, etcétera. Calderón colabora en los esfuerzos de EU por establecer una sombrilla policial-militar-penal sobre México, para otorgar “seguridad” a sus inversionistas, incluyendo la vía del sometimiento jurisdiccional y la utilización de instrumentos de claro corte agresivo y unilateral, agudizando la “descomposición” del sistema político. Así opera el Plan Colombia y también la Iniciativa Mérida. Calderón y Uribe son piezas centrales en la puesta en marcha de una plataforma para un mayor despliegue de programas de adiestramiento, transferencia de tecnología, bases y personal militar en América Latina. Esos son los ejes para apuntalar el dominio sobre los vastos recursos naturales –los combustibles fósiles en primer lugar, pero también los minerales, agua y biodiversidad– de lo que considera “su” hemisferio y “sus” negocios, incluyendo el narcotráfico.

Con la reforma energética se “legalizan” contratos que son una copia de los inconstitucionales Contratos de Servicios Múltiples utilizados en la Cuenca de Burgos, como lo señaló Jaime Cárdenas en el tercer debate y lo documentó Jorge García, exabogado de Pemex, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Órgano Interno de Control, quien además recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para salvaguardar su integridad. (“Contratos a Trasnacionales”, Contralínea, Mayo 2008). La “reforma” de Calderón intenta dar cobertura legal a esas “transas” (pp 22-39) y, más importante, a las que están por venir: los expedientes clasificados como confidenciales en Pemex y de la SFP dejan en claro que la “reforma” abre las compuertas a lo que sólo puede calificarse de una vasta maniobra de saqueo y latrocinio contra la nación. Por medio de cambios a la ley que regula el artículo 27 se procede contra el espíritu y letra de la Constitución para generalizar el tipo de “estratagemas” que, como apunta Ana Lilia Pérez, “…habrían realizado César Nava y José Néstor García Reza” –ahora abogado general de Pemex– “…para entregar la operación de la cuenca de Burgos –la región productora de gas no asociado más importante del país–, en beneficio de seis trasnacionales que desde 2004 controlan la exploración y explotación del energético en la zona” (p24). Esa transgresión se ampliaría al país y a toda la industria petrolera.

Los tratos de Santana con Polk –por medio de Alejandro Atocha– palidecen. Como dice Tony Garza, embajador de EU: “El presidente Calderón (es) el mandatario más dispuesto a colaborar con Washington, mucho más que todos los anteriores”.


Kikka Roja

Lorenzo Meyer: Agenda equivocada

Agenda equivocada

“Ironía histórica: la izquierda, no la derecha, sería la mejor equipada para reformar Pemex”

E-mail Lorenzo Meyer AGENDA CIUDADANA
opinion@elnorte.com
lmeyer@colmex.mx

Articulos recientes del Dr. Lorenzo Meyer Cossio

Ironías de la Historia. Es sólo una hipótesis. El tema de la reforma al marco jurídico que rige a la industria petrolera apareció en la agenda del actor político equivocado. Si alguien hubiera podido proponer al país un cambio, cubierto con legitimidad y que implicara alguna forma de relación de Pemex con otras empresas para mejorar su eficiencia, esa fuerza es la izquierda, no la derecha. A esta última le hubiera correspondido llevar adelante un cambio muy diferente: una reforma fiscal de fondo, tema pospuesto por medio siglo en la agenda nacional.

Las iniciativas de Felipe Calderón para modificar la Ley reglamentaria del Artículo 27 en materia de petróleo y ampliar el espacio a la empresa privada nacional y extranjera son unas que, de entrada, se prestan a sospecha y rechazo por venir de quien vienen. Si alguien hubiera podido proponer que nuestra empresa petrolera estatal se asociara con alguna foránea en algunos de sus campos, sin despertar sospecha sobre sus intenciones –hacer negocios privados a la sombra del interés público-, era la izquierda. Y no cualquier izquierda, sino una con sus credenciales nacionalistas en orden.

El Agente Idóneo y el Inadecuado. Es posible argumentar que en el urgente tema de modernizar y hacer eficiente a la industria petrolera mexicana, una posibilidad sería una asociación de Pemex con otra empresa petrolera estatal con buena experiencia y reputación, como sería StatoilHydro de Noruega. Sin embargo, ese argumento pierde su fuerza cuando lo expone el Gobierno actual, uno que no supo siquiera separar los intereses públicos de los privados de algunos de sus cuadros prominentes.

Por un momento, el Gobierno de Felipe Calderón pretendió hacer de un miembro de su círculo íntimo un “zar del petróleo” (Proceso, (20 de enero, 2008). En efecto, Juan Camilo Mouriño -un joven cuya familia, española de origen, está dedicada al negocio del transporte de productos petroleros, de las gasolineras y otros similares- ascendió sorprendentemente rápido en los círculos del poder del Gobierno Federal. En un acto de insensibilidad política, por llamarlo de alguna manera, Calderón no sólo nombró a Mouriño secretario de Gobernación –una de las antesalas históricas a la candidatura presidencial- sino que pretendió que, desde ahí, el empresario se encargara de negociar la aprobación de su reforma petrolera en el Congreso. La movilización política y social que encabezó Andrés Manuel López Obrador en contra, desdibujó el papel de Mouriño y obligó, entre otras cosas, a organizar un debate formal sobre las iniciativas de reforma a la Ley reglamentaria del petróleo, que originalmente se pretendían aprobar sólo como resultado de una negociación en la cúpula.

Un Buen Ejemplo. Y justamente en ese debate el presidente del PAN, Germán Martínez, buscó cerrar una larga tirada de adjetivos contra quienes se oponen a la privatización parcial de la industria petrolera, sacando de su manga lo que consideró un as histórico: el proyecto de Ley reglamentaria del petróleo de diciembre de 1939. En ese documento, firmado por el mismísimo presidente Lázaro Cárdenas, se asegura que el mantener la explotación petrolera como actividad propia del Estado “no implica que la nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la Iniciativa Privada”. De esta manera se pretendió colocar a Cárdenas en la misma trinchera que su enemigo histórico: el PAN.

Sin negarle imaginación a Germán Martínez al intentar probar que el propio artífice de la nacionalización petrolera no pensó en cerrar las puertas a la empresa privada en esa industria, hay que hacer un par de observaciones fundamentales al argumento.

En primer lugar, las circunstancias. El boicot de los intereses extranjeros contra el petróleo mexicano en 1939 era brutal pero hoy Pemex tiene ganancias espectaculares y quienes buscan debilitarlo están dentro, no fuera. En l939 Cárdenas simplemente buscó echar mano de cualquier ayuda posible que salvara lo esencial. Fue por ello que su Gobierno incluso negoció vender petróleo a sus peores enemigos ideológicos: a los gobiernos de Hitler y Mussolini. En esas condiciones, buscar la colaboración de la empresa privada era un mal menor.

Sin embargo, la observación más importante, y que avala la tesis que aquí se presenta, es que sólo Cárdenas y nadie más podía proponer con legitimidad abrir un lugar al capital privado en la industria petrolera estatal. Y es que el entonces presidente era el mexicano más libre de sospecha de pretender minar el carácter público de la actividad petrolera.

En contraste con la propuesta de Ley reglamentaria enviada por Cárdenas hace casi 70 años al Congreso federal, quienes hoy proponen la privatización parcial de la actividad petrolera con otra Ley reglamentaria, son la antítesis de Cárdenas y su proyecto. El PAN nació justamente en 1939 como un opositor declarado de todo el programa que impulsó Lázaro Cárdenas, incluida la expropiación del petróleo y de los latifundios.

Otro Ejemplo. En la biografía política del general Cárdenas puede volver a encontrarse otro ejemplo que sirve para ilustrar cómo en circunstancias que obligan al Gobierno a tomar decisiones políticas muy delicadas y que tienden a despertar sospechas sobre sus verdaderos motivos, lo mejor es encomendar esas tareas a actores cuya ideología y conducta hayan demostrado que no serán ellos los que saquen provecho personal o de partido de la situación.

Cuando en 1942 México entró a la Segunda Guerra Mundial como aliado de los norteamericanos, el recuerdo de los graves conflictos con Estados Unidos estaba aún muy vivo en la conciencia colectiva de los mexicanos. La opinión pública sospechaba de los motivos para entrar a una guerra que veía como ajena y a colaborar con Estados Unidos, al punto que se rumoreaba que los buques mexicanos cuyo hundimiento se atribuía a submarinos alemanes, y razón por la cual México se había declarado en “Estado de Guerra” con El Eje, en realidad habían sido torpedeados por los norteamericanos. Sin embargo, para el Gobierno de Ávila Camacho las circunstancias hacían inevitable la cooperación no sólo política y económica sino militar con la potencia vecina del Norte.

En esas condiciones el presidente consideró, y con razón, que la mejor manera de hacer aceptable una alianza formal entre México y Estados Unidos era poner al frente de la colaboración militar a un general del que nadie pudiera poner en duda su antifascismo, pero tampoco su voluntad de resistir cualquier demanda norteamericana contraria al interés nacional. Ese general era Lázaro Cárdenas. Sólo él, que se había enfrentado a los intereses norteamericanos sin titubear, podía ser garantía de una relación con la potencia del Norte que no fuera sospechosa de subordinación.

En 1942 la tarea y el responsable embonaron a la perfección. Cárdenas primero quedó al mando de toda la zona del Pacífico –se temía el ataque de Japón- y poco después se hizo cargo de la propia Secretaría de Defensa. Cárdenas negociaría la instalación de radares norteamericanos en México –siempre a cargo de un equipo binacional- y la modernización del Ejército, pero sus condiciones hicieron inaceptable para los norteamericanos la construcción de bases navales o aéreas en México. En suma, sólo un nacionalista probado podía encabezar la colaboración militar con el país cuyas acciones habían alimentado ese nacionalismo defensivo de México.

Misiones. Todos concuerdan en que la estructura administrativa y financiera de Pemex es inadecuada. La empresa necesita rediseñar su estructura administrativa –es absurdo que de 7 subdirecciones que tenía en 1992 se haya pasado a 58 en la actualidad- y política –hay que enfrentar los abusos del sindicato. También debe detenerse el crecimiento galopante de la importación de refinados, debe lograrse un aprovechamiento óptimo de todas las áreas que ha sido impedido por el énfasis desmedido en la producción, las reservas han disminuido de manera alarmante y los ductos han envejecido de igual manera, el financiamiento vía Pidiregas es costoso y, sobre todo, la carga fiscal de Pemex es excesiva. En suma, es mucho lo debe de cambiarse en Pemex, pero no es la derecha la fuerza idónea para la misión.

La raíz principal, que no la única, de los males de la actividad petrolera y de muchas otras cosas, es de origen fiscal. Desde hace al menos cuarenta años que se viene posponiendo una verdadera reforma en ese campo. Es ahí, en la negociación a fondo de las cargas impositivas, donde un Gobierno identificado con los empresarios y el capital, como es el actual, debería estar al frente. Esa sería la honrosa misión histórica de la derecha, no el desmantelamiento de Pemex.

Kikka Roja

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