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jueves, 17 de agosto de 2006

Jose Reveles Manos sucias del pan

Prólogo Lorenzo Meyer
El periodismo de investigación, si está bien hecho, permite alcanzar uno de los promontorios más altos, quizá el más alto, de ese oficio. Todas las cuerdas que se manejan en ese arte de la comunicación se tensan al máximo en un trabajo de investigación. De mero testigo o recolector y trasmisor de información, el periodista que investiga lo que no se muestra naturalmente a la luz del día, se transforma en generador de datos y en analista y juzgador del significado de los mismos. La tarea, obviamente, no es fácil, pero justamente por ello es mayor el servicio que el informador-investigador puede hacer a sus lectores y a la comunidad en su conjunto. En México, el ejercicio del periodismo de investigación no es frecuente y las razones de su escasez son varias. En primer lugar, que se requiere de mucho más preparación, tiempo y recursos materiales de los que se invierten en el periodismo de información o en el de opinión. La prensa mexicana raras veces alienta a los suyos a invertir semanas o meses en la búsqueda de datos e informantes que, además, pueden requerir gastos de viajes y auxiliares, para desembocar en uno o dos reportajes que sólo son plenamente apreciados por una minoría. En general, esa prensa prefiere llenar sus espacios con noticias cuyo costo equivale a una fracción del requerido por un reportaje de investigación. Pero no es sólo la escasez de recursos materiales y humanos lo que explica la relativamente pobre historia del reportaje de investigación en nuestro país, sino también otro factor quizá más importante: la naturaleza del régimen político dentro del cual se hubiera tenido que hacer ese tipo de trabajo. Hasta el año 2000, nuestro régimen político no tenía una naturaleza democrática y sí, en cambio, poseía una serie muy efectiva de instrumentos para controlar y fomentar el tipo de información que se le daba al público. Desde que apareció la prensa de información en México a fines del siglo XIX, la dictadura porfirista primero, y el régimen que surgió de la Revolución mexicana después, tuvieron la voluntad y los instrumentos de persuasión y disuasión para controlar políticamente la actividad de los medios masivos de información. Resulta que el mejor periodismo de investigación, por su propia naturaleza, es el que tiende a explorar y exponer justamente el tipo de problemas que muestran y demuestran las fallas sustantivas en el arreglo político de cada época. Así pues, se colocaron todos los obstáculos posibles a un periodismo con curiosidad sobre las áreas oscuras del sistema, que eran muchas. La obra de José Reveles que hoy tiene el lector en sus manos, Las manos sucias del PAN Historia de un atraco multimillonario a los más pobres, es justamente un ejemplo de periodismo de investigación. De ése que explora e ilumina áreas opacas del ejercicio del poder político, del que con esfuerzo e inteligencia hace del conocimiento público, conductas que contradicen los principios legales y, sobre todo, éticos, del ejercicio del poder. Al hacerlo, el periodista le da a la sociedad información -instrumentos- para que pueda exigir efectivamente cuentas a la autoridad en temas muy concretos. Esta exigencia es uno de los principales medios con los que cuentan las sociedades democráticas para poner límite a la inevitable tendencia, de toda autoridad en todo tiempo y lugar, a abusar del poder que se la confiado. En este trabajo, Reveles -Premio Nacional de Periodismo en 2001 en la categoría de reportaje- toma como punto de partida las denuncias de Arnulfo Montes Cuen, líder de la Federación de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros A.C. en tomo a un posible desvío de 55 millones de pesos de recursos públicos que estaban destinados a una ayuda para vivienda rural y que estaban manejados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Esos recursos, según se sostiene en este trabajo, se desviaron mediante la intervención de una organización fantasma para servir a fines proselitistas del Partido Acción Nacional (PAN). y la investigación no sólo expone los mecanismos del desvío sino los nombres y apellidos de los posibles responsables de ese mal uso de fondos públicos: miembros del grupo parlamentario del PAN. Evidentemente el valor de esta historia no está en la denuncia del hecho concreto -después de todo 55 millones de pesos no es más que una fracción insignificante del presupuesto total de Sedesol-, sino en que pone al descubierto y demuestra con datos, un modus operandi que puede haberse repetido en muchos otros casos. El lector y ciudadano no puede menos que sospechar que lo sucedido con esa ayuda administrada por la organización Huehuetépetl, se ha podido repetir en otras instancias y que la exigencia actual de "blindar" en contra del uso partidista el gasto social, tiene una base muy sólida. La investigación de José Reveles es una buena muestra de la manera en que el periodismo de investigación puede combinar el uso de la información oficial disponible -desde estadísticas hasta expedientes judiciales- con la información ya publicada en la prensa, la información de organizaciones de la sociedad civil, las entrevistas, la consulta con especialistas y la observación directa. Todos estos instrumentos sirven para tejer una historia cuyo fin es mostrar un tipo de corrupción política que se suponía propia del régimen anterior pero que, en realidad, se mantiene muy viva en el nuevo: el uso del presupuesto con fines de proselitismo y movilización partidista. Esta historia no sólo intenta probar la continuidad hasta el día de hoy de eso que Samuel I. del Villar llamó "la preeminencia del imperio de la corrupción" en el manejo de la l hacienda pública (Agravios nacionales a la hacienda pública, Océano, México, 2006), sino algo mucho más grave: que una institución política como el PAN, que desde hace más de medio siglo se supone que tiene como razón de ser el compromiso con la democracia y el respeto a la ley, una vez en el poder tiende a mantener los esquemas antidemocráticos que tanto criticó cuando fue oposición. La historia de Montes Cuen narrada por Reveles es simplemente una tragedia política individual que simplemente es el reflejo de una tragedia mucho mayor y que afecta negativamente la gran tarea de México: la de consolidar su democracia tardía. Montes Cuen es presentado aquí como un antiguo miembro del viejo partido autoritario, el PRI, que es desterrado de Sonora por el gobernador Eduardo Tours, que más tarde es contratado como asesor por los panistas para que, usando su experiencia como priísta, les ayude a crear una "CNC Azul" que fue instrumento de operaciones de acarreo en la votación que desembocó en la elección de Felipe Calderón como candidato presidencial del PAN. Una vez cumplido su papel, según lo narrado en esta historia, Montes Cuen fue desechado por sus jefes panistas e incluso encarcelado cuando se negó a desviar recursos de su organización para la campaña presidencial del PAN y que, finalmente, terminó siendo protegido por legisladores del PRD. La prisión del personaje central de esta historia, es otro ejemplo de un rasgo del viejo régimen que pervive en el nuevo: el uso de la ley para fines partidistas. Desde luego que el ejemplo más conocido de este fenómeno fue el intento de desafuero del jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2005 para impedir que fuera el candidato presidencial de la oposición de izquierda en 2006. Finalmente, otro punto de extraordinaria importancia que ilustra lo aquí expuesto por Reveles, es la recomposición y no desaparición del sistema corporativo y clientelar, obra magna del régimen autoritario priísta. Según Montes Cuen : Ni la más remota idea tenían los panistas, cuando llegaron al poder, de cómo operaban las organizaciones campesinas y de cómo ellas lograban tener acceso a recursos del gobierno. De hecho se les prendió el foco cuando discutían el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004. Les llamó mucho la atención que hubiera tanta rebatinga y tan marcado interés de las organizaciones y partidos -sobre todo PRI y PRD- por incrementar en el presupuesto original enviado por el Ejecutivo las cantidades del erario que deberían ser destinadas a los habitantes del campo. Fue cuando los diputados federales de Acción Nacional tuvieron conciencia plena de que no contaban con vasos comunicantes ni con estructuras receptáculo para esas millonarias entregas de dinero que este gobierno, tan crítico del populismo, ha derrochado con singular entusiasmo para suplir con dádivas populistas la falta de soluciones de fondo a problemas ancestrales. A partir de entonces, los diputados del GPPAN ya no soltaron la presa: se dedicaron en cuerpo y alma a poner en marcha -más en escritorio que en tierra firme, más de utilería que con participación real de gente de carne y hueso, más como subterfugio que como servicio-- cientos de organizaciones. Con este trabajo Reveles hace un servicio múltiple a la vida cívica mexicana. Por un lado, muestra las enormes posibilidades de ese periodismo casi marginal en México, el de investigación, para exponer los problemas políticos de fondo. Es ahí, en la multiplicación de trabajos como éste, donde los medios pueden mostrar, en la práctica, su compromiso con la democracia. Por otro, queda claro, con este botón de muestra de 55 millones de pesos, lo mucho que México tiene que cambiar antes de poder proclamar que la democracia se ha consolidado en nuestro país. Lorenzo Meyer

Nota Introductoria de José Reveles
El ingeniero Heberto Castillo, ese gran luchador social ya desaparecido, me contó en una ocasión el tono en que le había reclamado a su ex alumno en laUNAM Raúl Salinas de Gortari: -Los presidentes de la República, los políticos y sus familiares siempre roban. Lo que es imperdonable es que se enriquezcan medrando con los alimentos y con las necesidades de la gente más pobre. Aludía a los negocios que, era fama pública, hizo Salinas con maíz y frijol importados de pésima calidad, reses en canal y leche en polvo contaminada. Viene a colación la anécdota a propósito de las "manos limpias" de las que hoy presumen el Partido Acción Nacional y su aspirante presidencial Felipe Calderón Hinojosa. Hay demasiadas pistas para demostrar que están sucias. Y mucho. Se puede aplicar aquí el adagio popular: dime de qué presumes y te diré de lo que careces. En estas páginas aportaremos documentación y datos de cómo el gobierno de Vicente Fox y sus funcionarios, diputados federales panistas y políticos locales, con recursos públicos y con la fuerza del Estado, emplearon toda posible vía -incluyendo ilegalidades- para allegarle recursos a su candidato presidencial y a los aspirantes blanquiazules a puestos de elección popular para este 2006 y quitar de en medio a quien estorbaba en este propósito. Las conductas corruptas, propias de la doble moral de muchos panistas, han sido documentadas y denunciadas formalmente ante la Procuraduría General de la República, la Procuraduría del Distrito Federal, la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría interna de Sedesol, la Cámara de Diputados y el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa. Aquí se exhiben expedientes y no se alimentan rumores. Aunque entre 2004 y 2005 más de 60 diputados del PAN en toda la república fueron los destinatarios privilegiados, consentidos y nunca vigilados de los programas sociales del gobierno de Vicente Fox, indigna lo hecho en este 2006 porque pocas cosas pueden ser tan cuestionables como desviar fondos públicos fingiendo que van a utilizarse en auxilio de los mexicanos más pobres. Esta es la crónica documentada de un atraco multimillonario con recursos de Sedesol para el Programa de Vivienda Rural. Frente a los 1383.8 millones que el gabinetazo otorgó en dos años a proyectos diseñados, promovidos, gestionados y operados por los legisladores blanquiazules (se detallan en este libro, una por una, las asignaciones millonarias a través de organizaciones que se crearon al vapor), el desvío de 55 millones de pesos que a continuación se sustenta con pruebas documentales, grabaciones y entrevistas podría parecer "de poca monta". Sólo que en el ejemplo que se desmenuza existen todos los elementos para configurar delitos graves cometidos por funcionarios de altísimo nivel, entre ellos dos titulares de Sedesol -Josefina Vázquez Mota y Ana Teresa Aranda-, varios funcionarios superiores y medios en esa dependencia, además de diputados federales. Se les imputa desvío de recursos públicos, tráfico de influencia, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, cohecho, y delitos electorales. En muchos programas sociales el gasto ha sido desaseado. La manipulación, coacción, compra y condicionamiento del voto gravitan sobre millones de mexicanos paupérrimos, ha dicho Naciones Unidas. Y hablamos de más de 67 mil millones de pesos solamente en tres de entre 51 programas de ayuda oficial: Oportunidades, Procampo y Seguro Popular. Si se suma todo el gasto social programado para este año electoral, se llega a los 121888 millones.

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