de la redacción
México, D.F., 18 de enero (apro).-
Un nuevo giro dieron las investigaciones en torno al asesinato de José Jorge Bajos Valverde, después que el diario Novedades de Acapulco pusiera hoy al descubierto que el exdiputado panista traficaba con armas y se habría quedado con dinero del coordinador de delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Angel Pasta Muñúzuri. En un amplio reportaje de Jesús López Ochoa, se revela que el móvil detrás de la ejecución de Bajos Valverde se encuentra en un malogrado negocio de compra-venta de armas, en que el exlegislador se adjudicó dinero del aún funcionario de Profeco, según se desprende de la averiguación previa
TAB/I/2/0005/2007.
Pese a que las primeras versiones atribuyeron el homicidio a grupos vinculados al narco, la misma noche del 11 de enero el secretario general del gobierno estatal, Armando Chavarría Barrera, informaba sobre la detención de los hermanos Aldy Manuel y Eder Andy González Rodríguez, así como del presunto ejecutor, Nicolás Cardoso Macedonio, y del propio Pasta Muñúzuri. Más aún, sostuvo que el móvil del homicidio era que “la esposa del primero de los nombrados saldría beneficiada al asumir la diputación, ya que es suplente del finado”. De acuerdo con el diario acapulqueño, en la declaración ministerial de Aldy Manuel Rodríguez –que se le arrancó bajo tortura, según alegó éste después-- se lee textualmente: "El motivo o móvil que se tuvo para privar de la vida a Jorge Bajos Valverde fue que éste salió mal de manera personal con Angel Pasta Muñúzuri, toda vez que éstos eran socios en la compra-venta de armas de fuego, tanto de manera legal como ilegal, y que habían salido mal por cuestiones económicas, ya que el occiso se había quedado con dinero de Angel Pasta Muñúzuri”. La declaración detalla que “éste me había prometido de que al privar de la vida al agraviado, se buscaría la oportunidad de que yo ocupara un cargo en una institución federal, y como última opción sería el de que mi esposa, Jaqueline Orta Rodríguez, quien es suplente del agraviado, al morir éste ella ocuparía su curul como diputada local”.
Acota que el exdiputado federal le pidió lo contactara con alguien que “golpeara” a Jorge Bajos, pues había salido mal con él, y que posteriormente le dijo que era para matarlo. Más aún, que el secretario general del PAN, Ramiro Arteaga Sarabia, “únicamente nos ayudó por la amistad que me une a él”. La declaración del presunto autor material del homicidio, Nicolás Cardoso Macedonio, refiere que Aldy Manuel “me daría 50 mil pesos, pero que si lo hacía rápido, me daría 70 mil por matar a la persona que él me señalara; ante tal situación yo dije que sí, que me pusiera al bato y que yo lo mataba”. Una vez consumado el crimen, y después que el policía asignado a vigilar las instalaciones de la televisora estatal --en cuyas cercanías se perpetró el homicidio-- disparara contra el supuesto asesino, éste refiere que dijo a Aldy Manuel González: “‘Viste, me dispararon, tú me habías dicho que era un tiro fácil, que no había ningún policía; me mentiste’, e inmediatamente me puse a llorar”.
La ayuda del líder
Y ayer, después de ocho días de permanecer oculto, el secretario general del PAN estatal, Ramiro Arteaga Sarabia, se presentó ante las autoridades ministeriales y entregó su declaración por escrito. Arteaga Sarabia arribó a las 12:30 con un amparo bajo el brazo. Primero trato de entrevistarse con el titular del MP, David García Muñoz, quien no lo recibió, y en su lugar salió el agente de turno Miguel Angel López Nava. Este canalizó al líder panista con la oficialía de partes, en que le recibieron decenas de copias que fueron selladas y firmadas; ahí mismo, los abogados defensores Juan Urbano Carreño, Victorio Robles Catalán, Alejandro Ortega Sánchez y Ramiro Ortega solicitaron, a las 13:30, le recibieran a Ramiro Arteaga su ratificación y, sin argumento en contra, se negaron. Una hora después el grupo se dirigió a la fiscalía para hablar con Enrique Gil, pero tampoco los recibió, y por ello decidieron retirarse y levantar una queja. Arteaga Sarabia dijo que desde el miércoles que empezaron las detenciones, por consejo de varios amigos se mantuvo escondido en el puerto, en espera de que “se despolitizara” el asunto, y ver cómo iban las investigaciones para posteriormente presentarse a declarar. Al ser cuestionado sobre las dos vertientes en la investigación --la primera en torno a que Jacqueline Orta Rodríguez ocuparía la curul del fallecido, y la segunda sobre un malogrado negocio de venta de armas entre Pasta Muñúzuri y el exdiputado local--, Ramiro Arteaga negó tener conocimiento de los motivos del homicidio, y dijo confiar en la investigación para que el crimen sea aclarado.
México, D.F., 18 de enero (apro).-
Un nuevo giro dieron las investigaciones en torno al asesinato de José Jorge Bajos Valverde, después que el diario Novedades de Acapulco pusiera hoy al descubierto que el exdiputado panista traficaba con armas y se habría quedado con dinero del coordinador de delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Angel Pasta Muñúzuri. En un amplio reportaje de Jesús López Ochoa, se revela que el móvil detrás de la ejecución de Bajos Valverde se encuentra en un malogrado negocio de compra-venta de armas, en que el exlegislador se adjudicó dinero del aún funcionario de Profeco, según se desprende de la averiguación previa
TAB/I/2/0005/2007.
Pese a que las primeras versiones atribuyeron el homicidio a grupos vinculados al narco, la misma noche del 11 de enero el secretario general del gobierno estatal, Armando Chavarría Barrera, informaba sobre la detención de los hermanos Aldy Manuel y Eder Andy González Rodríguez, así como del presunto ejecutor, Nicolás Cardoso Macedonio, y del propio Pasta Muñúzuri. Más aún, sostuvo que el móvil del homicidio era que “la esposa del primero de los nombrados saldría beneficiada al asumir la diputación, ya que es suplente del finado”. De acuerdo con el diario acapulqueño, en la declaración ministerial de Aldy Manuel Rodríguez –que se le arrancó bajo tortura, según alegó éste después-- se lee textualmente: "El motivo o móvil que se tuvo para privar de la vida a Jorge Bajos Valverde fue que éste salió mal de manera personal con Angel Pasta Muñúzuri, toda vez que éstos eran socios en la compra-venta de armas de fuego, tanto de manera legal como ilegal, y que habían salido mal por cuestiones económicas, ya que el occiso se había quedado con dinero de Angel Pasta Muñúzuri”. La declaración detalla que “éste me había prometido de que al privar de la vida al agraviado, se buscaría la oportunidad de que yo ocupara un cargo en una institución federal, y como última opción sería el de que mi esposa, Jaqueline Orta Rodríguez, quien es suplente del agraviado, al morir éste ella ocuparía su curul como diputada local”.
Acota que el exdiputado federal le pidió lo contactara con alguien que “golpeara” a Jorge Bajos, pues había salido mal con él, y que posteriormente le dijo que era para matarlo. Más aún, que el secretario general del PAN, Ramiro Arteaga Sarabia, “únicamente nos ayudó por la amistad que me une a él”. La declaración del presunto autor material del homicidio, Nicolás Cardoso Macedonio, refiere que Aldy Manuel “me daría 50 mil pesos, pero que si lo hacía rápido, me daría 70 mil por matar a la persona que él me señalara; ante tal situación yo dije que sí, que me pusiera al bato y que yo lo mataba”. Una vez consumado el crimen, y después que el policía asignado a vigilar las instalaciones de la televisora estatal --en cuyas cercanías se perpetró el homicidio-- disparara contra el supuesto asesino, éste refiere que dijo a Aldy Manuel González: “‘Viste, me dispararon, tú me habías dicho que era un tiro fácil, que no había ningún policía; me mentiste’, e inmediatamente me puse a llorar”.
La ayuda del líder
Y ayer, después de ocho días de permanecer oculto, el secretario general del PAN estatal, Ramiro Arteaga Sarabia, se presentó ante las autoridades ministeriales y entregó su declaración por escrito. Arteaga Sarabia arribó a las 12:30 con un amparo bajo el brazo. Primero trato de entrevistarse con el titular del MP, David García Muñoz, quien no lo recibió, y en su lugar salió el agente de turno Miguel Angel López Nava. Este canalizó al líder panista con la oficialía de partes, en que le recibieron decenas de copias que fueron selladas y firmadas; ahí mismo, los abogados defensores Juan Urbano Carreño, Victorio Robles Catalán, Alejandro Ortega Sánchez y Ramiro Ortega solicitaron, a las 13:30, le recibieran a Ramiro Arteaga su ratificación y, sin argumento en contra, se negaron. Una hora después el grupo se dirigió a la fiscalía para hablar con Enrique Gil, pero tampoco los recibió, y por ello decidieron retirarse y levantar una queja. Arteaga Sarabia dijo que desde el miércoles que empezaron las detenciones, por consejo de varios amigos se mantuvo escondido en el puerto, en espera de que “se despolitizara” el asunto, y ver cómo iban las investigaciones para posteriormente presentarse a declarar. Al ser cuestionado sobre las dos vertientes en la investigación --la primera en torno a que Jacqueline Orta Rodríguez ocuparía la curul del fallecido, y la segunda sobre un malogrado negocio de venta de armas entre Pasta Muñúzuri y el exdiputado local--, Ramiro Arteaga negó tener conocimiento de los motivos del homicidio, y dijo confiar en la investigación para que el crimen sea aclarado.
Kikka Roja
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