Plaza Dominical
El presidente Felipe Calderón se encontrará con Oaxaca en Europa: ya un piquete de protesta ingresó el jueves en el palacio presidencial en Berlín, primera etapa de la gira europea del mandatario mexicano, para expresar su repudio a la violación de derechos humanos en nuestro país. No se excluye que manifestaciones semejantes aparezcan en Londres y Madrid, cuando Calderón llegue allí tras participar en el Foro económico mundial de Davos. Si no es en las calles, entre grupos de exaltados activistas, es probable que miembros del Parlamento europeo lo interpelen, en esas capitales, a propósito de la situación oaxaqueña. Han recibido ya los legisladores europeos - y el Congreso de los diputados de España, y el Parlamento catalán- un adelanto del reporte preparado tras una estancia de un mes por los integrantes de la Comisión civil internacional de observación de los derechos humanos.
No es halagüeña la descripción que ese informe hace de lo que pasa en Oaxaca. No estuvieron allí un día, como derogatoriamente quiere hacer creer el gobernador Ulises Ruiz, sino cuatro semanas. Y su trabajo fue intenso: se entrevistaron con más de cuatrocientos protagonistas, de uno y otro lado, del conflicto que aún prevalece en esa entidad. Cuando fue presentada la versión preliminar, hace una semana, la directora de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, María del Carmen Diez Hidalgo descalificó a la comisión investigadora y, sin conocerlo, desestimó el reporte. Reprochó al grupo, al que tildó de desconocido en el mundo y falto de credibilidad, de haber difundido el informe antes de un segundo encuentro con el subsecretario de Gobernación Abraham González. Esa cita no se realizó, efectivamente, porque los funcionarios de Bucareli la aplazaron sine die. Tampoco, en consecuencia, la comisión pudo entrevistar en el penal de alta seguridad del Altiplano a Flavio Sosa, como sí lo hizo con su hermano Erick en la cárcel Norte, en Matamoros, y con los presos que aún están recluídos en Miahuatlán, Tlacolula, Cuicatlán, Cosolapa, Zaachila, Etla e Ixcotel -de donde hace años se fugó Pedro Díaz Parada, capturado de nuevo, por casualidad y trasladado, como si fuera un activista de la Appo, al penal antiguamente llamado de La Palma.
Al gobernador Ruiz le va bien ese desdén federal. Le ha ido bien cuanto ha hecho en su favor la Federación. Antes de dos meses -que se cumplirían mañana-se ha retirado la Policía Federal Preventiva, que a mandarriazos contuvo y reprimió en diversas fechas a los manifestantes contrarios a Ruiz (y de paso perjudicó a decenas de personas ajenas a todo conflicto a las que sus agentes arrestaron, maltrataron y hicieron procesar por nada, porque sí, porque a alguien se le ocurrió hacerlo). Ha quedado de nuevo, el gobernador, a cargo del orden público, que preserva a través de la secretaría de protección ciudadana, que en las etapas más crudas del conflicto se caracterizó por la virulencia de sus acciones, las reconocidas, realizadas por uniformados, y las clandestinas, efectuadas a la sombra de la noche con impunidad garantizada.
El apretado diagnóstico realizado por la Comisión civil internacional incluye 41 conclusiones y 18 recomendaciones. Aquellas se agrupan en siete apartados: respecto a muertos y desaparecidos, vulneraciones legales, afectaciones psicosciales y sanitarias, medios de comunicación, hostigamiento y amenazas a defensores de derechos humanos, respecto a mujeres y respecto de personas y pueblos indígenas.
Cuando el informe se presentó, el sábado 20, Carlos Monsiváis se preguntó, sin duda preocupado: “¿Por qué no se ha producido una gran movilización nacional en defensa de Oaxaca y su gente agredida, golpeada, vulnerada tan vastamente como se describe en este documento? ¿Por qué se ha decidido, sin deliberar, que es mejor ver de soslayo o no enterarse de los agravios bárbaros a los derechos humanos?”. Tiene razón el polígrafo mexicano. Quizá el asedio de otras preocupaciones -en el pasado inmediato la organización de la resistencia civil pacífica, en los días que corren la protesta contra la carestía-ha impedido que se tome conciencia de lo que ha pasado en el último semestre en Oaxaca. Deseamos que eso sea, y no que hayamos esterilizado nuestra conciencia al punto de no reaccionar, como lo hizo la sociedad mexicana en otro enero, el de 1994, cuando masivamente se pidió que estallara la paz en Chiapas.
La Comisión documentó la muerte violenta, en aquel lapso, de 23 personas, tres más que la mencionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y más del doble de las reconocidas por la Procuraduría estatal de justicia. Otras personas han desaparecido, sin que pueda precisarse cuántas, porque hay temor entre los deudos a presentar denuncias. Muertes y desapariciones no son casuales: “se producen en momentos en que se detecta una subida del nivel de violencia y enfrentamientos, que corresponde a la puesta en marcha de operativos diseñados con este fin. En dichos operativos se constata la participación y coordinación de diferentes autores materiales e intelectuales. Sirvan de ejemplo los numerosos testimonios que constatan que el día 27 de octubre de 2006 tuvo lugar un operativo coordinado que produjo hechos de gravedad en el municipio de Santa María Coyotepec y en otros lugares de manera correlativa en el tiempo”.
La Comisión señala específicamente los asesinatos de los periodistas Bradley Will y Raúl Marcial Pérez, En las pesquisas respectivas “no se han registrado avances. Las circunstancias del homicidio siguen sin clarificarse y adolecen de todas las irregularidades periciales y procesales referidas en el... apartado de vulneraciones legales”. Este apartado es pródigo en anotaciones. Comprende 19 conclusiones, más de la mitad del total. Algunas son de orden general, como marco en que todas las demás han ocurrido: “Los poderes públicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación. Se ha impedido mediante el uso de la fuerza física y la coacción el ejercicio de estos derechos fundamentales, desalojando violentamente plantones y marchas pacíficas, impidiendo el pleno ejercicio de la función de los representantes comunales legalmente elegidos, agrediendo a periodistas y hostigando a medios de comunicación”.
Otras conclusiones son más específicas, como las dedicadas a describir la represión: “Las acciones represivas se han ejercido de forma indiscriminada contra la población civil: hombres, mujeres, niños y ancianos, utilizando gases lacrimógenos, gas pimienta, agua con químicos, armas de medio y alto calibre, vehículos y helicópteros militares. En ellos han participado cuerpos policiacos federales, estatales, municipales y grupos de elite, incluso con intervención de efectivos militares en tareas logísticas y de coordinación. Grupos de personas no uniformadas con armas de alto calibre han practicado secuestros, detenciones ilegales, cateos y disparos, en algunas ocasiones utilizando vehículos policiales y con la participación de funcionarios públicos”.
También: “Las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales, de forma recurrente y en ocasiones masivas, contra la población civil. Algunas detenciones también han sido practicadas por civiles que utilizando la fuerza, pusieron a disposición de los cuerpos policiales, con beneplácito de éstos, a las personas detenidas. Las detenciones se efectuaron con violencia física y psíquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres”. Respecto a mujeres, la Comisión “ha documentado diversas y numerosas agresiones verbales, físicas y sexuales (violaciones, cortes de pelo, golpes, obligación de desnudarse, sentadillas, etc.)...Las consecuencias han sido especialmente graves porque han implicado, en casos documentados, daños físicos, psicológicos y sociales como, por ejemplo, abortos traumáticos”.
Y respecto de personas y pueblos indígenas, “no se ha garantizado la asistencia de intérpretes en las diligencias policiales y judiciales”, etcétera. Es fácil que la sociedad y sobre todo las autoridades pasen de largo ante ese documento. Tenemos que blandirlo para hacerlo valer.
El pasado presente. El 26 de enero de 1995 -se cumplieron doce años el viernes pasado-la Cámara de senadores eligió a los once miembros del pleno de la Suprema Corte de justicia de la nación. Una docena de años después, siete de los ministros designados entonces (más los cuatro que han sustituido a los faltantes por muerte o por término de la función) designaron una nueva comisión que cumpla un deber excepcional, confíado por la Constitución a ese máximo tribunal: la averiguación de violaciones a las garantías individuales, en este caso las de Lydia Cacho.
Apenas tomó posesión de la Presidencia, y antes de que comprobara que su antecesor había dejado debajo de la silla presidencial una bomba de tiempo, y antes también de que una movilización de las fuerzas zapatistas amenazara reencender el fuego de enero anterior, apenas pudo, digo, Ernesto Zedillo presentó a un Congreso felizmente (para él) todavía dominado por el Pri, una iniciativa de reforma constitucional para modificar la integración y las funciones de la Suprema corte de justicia de la nación. Aprobada a toda prisa la enmienda, se modificó también la ley orgánica del poder judicial federal y comenzó el proceso para designar a los nuevos ministros.
La reforma legal implicaba medidas políticas, una operación de caballo. Por efecto de la enmienda, los 25 miembros de la Corte entonces, con Ulises Schmill a la cabeza, fueron echados a la calle. Claro que se cuidaron las formas y a todos se les jubiló con pensiones que amenizaran el mal rato que la defenestración provocó en ese grupo en que había de todo, desde pundonorosos servidores judiciales que habían coronado su carrera con un sitial en la corte hasta políticos gastados a los que se concedía allí un refugio placentero y bien remunerado. Para establecer la continuidad con los nuevos tiempos, sólo dos ministros permanecieron en sus cargos: Juan Díaz Romero y Mariano Azuela. Fueron los elementos de la transición, en su carácter de decanos, y por esa doble circunstancia se les incluyó en las ternas que el Presidente presentó al Senado para la designación del nuevo pleno.
Zedillo había comenzado su sexenio dispuesto a granjearse la buena la voluntad del Pan, quizá como una retribución convenida a la retracción en la campaña de Diego Fernández de Cevallos que, dijeron desde entonces los mal pensados, había ocurrido para que el Pri mantuviera la Presidencia de la república. Zedillo designó procurador de justicia de la federación al abogado panista Antonio Lozano Gracia (casualmente miembro del despacho de Fernández de Cevallos). Y con miras a procesar las reformas relativas a la Corte con el aval panista, propició que la Comisión de justicia del Senado fuera presidida por Juan de Dios Castro, a quien desde entonces las vueltas de la política han llevado dos veces al Congreso, otras tantas a la consejería jurídica de la presidencia y ahora a una subprocuraduría en la PGR.
Gabriel Jiménez Remus era el líder de la bancada panista, lo que le dio oportunidad de negociar el nombramiento, entre los nuevos ministros, de su amigo Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que carecía de antecedentes judiciales. Tampoco los tenía, en sentido estricto, aunque sí en el ministerio público federal, Juventino Castro y Castro. Los tenía muy en breve, en la justicia del fuero común capitalino, la sola mujer elegida en ese trance, Olga María Sánchez Cordero. Y había sido juez federal como único antecedente en ese fuero, Vicente Aguinaco Alemán. Los restantes: José de Jesús Gudiño Pelayo, Genaro David Góngora Pimentel, Juan N. Silva Meza, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios (así como los decanos conservados durante la transición, Díaz Romero y Azuela Güitrón) procedían del propio poder judicial. Habían hecho una carrera, larga en algunos casos, en juzgados y tribunales de circuito, y aun en la secretaría de estudio y cuenta de la propia Corte.
Esos nuevos ministros estrenaron funciones. Entre los asuntos que estaban facultados para conocer existía ya la controversia constitucional, pero al modelo establecido se le agregarían nuevas posibilidades que al paso del tiempo ha hecho que se presenten cientos de esa clase de litigios. Fue creada entonces la acción de inconstitucionalidad, que en la mayor parte de sus modalidades se ha convertido en una suerte de segunda instancia legislativa, pues las minorías parlamentarias pueden defenderse de un eventual avasallamiento de la mayoría. El presidente del alto tribunal recibió una nueva y simultánea encomienda, la de encabezar el Consejo de la judicatura, encargado de la administración judicial.
El jueves pasado, como si festejaran de ese modo su duodécimo cumpleaños, los ministros recompusieron la comisión que averigüe la conducta del gober precioso Mario Marín en relación con Lydia Cacho. A diferencia de la anterior, formada por dos magistrados, la nueva incluye tres y a un ministro.
No es halagüeña la descripción que ese informe hace de lo que pasa en Oaxaca. No estuvieron allí un día, como derogatoriamente quiere hacer creer el gobernador Ulises Ruiz, sino cuatro semanas. Y su trabajo fue intenso: se entrevistaron con más de cuatrocientos protagonistas, de uno y otro lado, del conflicto que aún prevalece en esa entidad. Cuando fue presentada la versión preliminar, hace una semana, la directora de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, María del Carmen Diez Hidalgo descalificó a la comisión investigadora y, sin conocerlo, desestimó el reporte. Reprochó al grupo, al que tildó de desconocido en el mundo y falto de credibilidad, de haber difundido el informe antes de un segundo encuentro con el subsecretario de Gobernación Abraham González. Esa cita no se realizó, efectivamente, porque los funcionarios de Bucareli la aplazaron sine die. Tampoco, en consecuencia, la comisión pudo entrevistar en el penal de alta seguridad del Altiplano a Flavio Sosa, como sí lo hizo con su hermano Erick en la cárcel Norte, en Matamoros, y con los presos que aún están recluídos en Miahuatlán, Tlacolula, Cuicatlán, Cosolapa, Zaachila, Etla e Ixcotel -de donde hace años se fugó Pedro Díaz Parada, capturado de nuevo, por casualidad y trasladado, como si fuera un activista de la Appo, al penal antiguamente llamado de La Palma.
Al gobernador Ruiz le va bien ese desdén federal. Le ha ido bien cuanto ha hecho en su favor la Federación. Antes de dos meses -que se cumplirían mañana-se ha retirado la Policía Federal Preventiva, que a mandarriazos contuvo y reprimió en diversas fechas a los manifestantes contrarios a Ruiz (y de paso perjudicó a decenas de personas ajenas a todo conflicto a las que sus agentes arrestaron, maltrataron y hicieron procesar por nada, porque sí, porque a alguien se le ocurrió hacerlo). Ha quedado de nuevo, el gobernador, a cargo del orden público, que preserva a través de la secretaría de protección ciudadana, que en las etapas más crudas del conflicto se caracterizó por la virulencia de sus acciones, las reconocidas, realizadas por uniformados, y las clandestinas, efectuadas a la sombra de la noche con impunidad garantizada.
El apretado diagnóstico realizado por la Comisión civil internacional incluye 41 conclusiones y 18 recomendaciones. Aquellas se agrupan en siete apartados: respecto a muertos y desaparecidos, vulneraciones legales, afectaciones psicosciales y sanitarias, medios de comunicación, hostigamiento y amenazas a defensores de derechos humanos, respecto a mujeres y respecto de personas y pueblos indígenas.
Cuando el informe se presentó, el sábado 20, Carlos Monsiváis se preguntó, sin duda preocupado: “¿Por qué no se ha producido una gran movilización nacional en defensa de Oaxaca y su gente agredida, golpeada, vulnerada tan vastamente como se describe en este documento? ¿Por qué se ha decidido, sin deliberar, que es mejor ver de soslayo o no enterarse de los agravios bárbaros a los derechos humanos?”. Tiene razón el polígrafo mexicano. Quizá el asedio de otras preocupaciones -en el pasado inmediato la organización de la resistencia civil pacífica, en los días que corren la protesta contra la carestía-ha impedido que se tome conciencia de lo que ha pasado en el último semestre en Oaxaca. Deseamos que eso sea, y no que hayamos esterilizado nuestra conciencia al punto de no reaccionar, como lo hizo la sociedad mexicana en otro enero, el de 1994, cuando masivamente se pidió que estallara la paz en Chiapas.
La Comisión documentó la muerte violenta, en aquel lapso, de 23 personas, tres más que la mencionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y más del doble de las reconocidas por la Procuraduría estatal de justicia. Otras personas han desaparecido, sin que pueda precisarse cuántas, porque hay temor entre los deudos a presentar denuncias. Muertes y desapariciones no son casuales: “se producen en momentos en que se detecta una subida del nivel de violencia y enfrentamientos, que corresponde a la puesta en marcha de operativos diseñados con este fin. En dichos operativos se constata la participación y coordinación de diferentes autores materiales e intelectuales. Sirvan de ejemplo los numerosos testimonios que constatan que el día 27 de octubre de 2006 tuvo lugar un operativo coordinado que produjo hechos de gravedad en el municipio de Santa María Coyotepec y en otros lugares de manera correlativa en el tiempo”.
La Comisión señala específicamente los asesinatos de los periodistas Bradley Will y Raúl Marcial Pérez, En las pesquisas respectivas “no se han registrado avances. Las circunstancias del homicidio siguen sin clarificarse y adolecen de todas las irregularidades periciales y procesales referidas en el... apartado de vulneraciones legales”. Este apartado es pródigo en anotaciones. Comprende 19 conclusiones, más de la mitad del total. Algunas son de orden general, como marco en que todas las demás han ocurrido: “Los poderes públicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación. Se ha impedido mediante el uso de la fuerza física y la coacción el ejercicio de estos derechos fundamentales, desalojando violentamente plantones y marchas pacíficas, impidiendo el pleno ejercicio de la función de los representantes comunales legalmente elegidos, agrediendo a periodistas y hostigando a medios de comunicación”.
Otras conclusiones son más específicas, como las dedicadas a describir la represión: “Las acciones represivas se han ejercido de forma indiscriminada contra la población civil: hombres, mujeres, niños y ancianos, utilizando gases lacrimógenos, gas pimienta, agua con químicos, armas de medio y alto calibre, vehículos y helicópteros militares. En ellos han participado cuerpos policiacos federales, estatales, municipales y grupos de elite, incluso con intervención de efectivos militares en tareas logísticas y de coordinación. Grupos de personas no uniformadas con armas de alto calibre han practicado secuestros, detenciones ilegales, cateos y disparos, en algunas ocasiones utilizando vehículos policiales y con la participación de funcionarios públicos”.
También: “Las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales, de forma recurrente y en ocasiones masivas, contra la población civil. Algunas detenciones también han sido practicadas por civiles que utilizando la fuerza, pusieron a disposición de los cuerpos policiales, con beneplácito de éstos, a las personas detenidas. Las detenciones se efectuaron con violencia física y psíquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres”. Respecto a mujeres, la Comisión “ha documentado diversas y numerosas agresiones verbales, físicas y sexuales (violaciones, cortes de pelo, golpes, obligación de desnudarse, sentadillas, etc.)...Las consecuencias han sido especialmente graves porque han implicado, en casos documentados, daños físicos, psicológicos y sociales como, por ejemplo, abortos traumáticos”.
Y respecto de personas y pueblos indígenas, “no se ha garantizado la asistencia de intérpretes en las diligencias policiales y judiciales”, etcétera. Es fácil que la sociedad y sobre todo las autoridades pasen de largo ante ese documento. Tenemos que blandirlo para hacerlo valer.
El pasado presente. El 26 de enero de 1995 -se cumplieron doce años el viernes pasado-la Cámara de senadores eligió a los once miembros del pleno de la Suprema Corte de justicia de la nación. Una docena de años después, siete de los ministros designados entonces (más los cuatro que han sustituido a los faltantes por muerte o por término de la función) designaron una nueva comisión que cumpla un deber excepcional, confíado por la Constitución a ese máximo tribunal: la averiguación de violaciones a las garantías individuales, en este caso las de Lydia Cacho.
Apenas tomó posesión de la Presidencia, y antes de que comprobara que su antecesor había dejado debajo de la silla presidencial una bomba de tiempo, y antes también de que una movilización de las fuerzas zapatistas amenazara reencender el fuego de enero anterior, apenas pudo, digo, Ernesto Zedillo presentó a un Congreso felizmente (para él) todavía dominado por el Pri, una iniciativa de reforma constitucional para modificar la integración y las funciones de la Suprema corte de justicia de la nación. Aprobada a toda prisa la enmienda, se modificó también la ley orgánica del poder judicial federal y comenzó el proceso para designar a los nuevos ministros.
La reforma legal implicaba medidas políticas, una operación de caballo. Por efecto de la enmienda, los 25 miembros de la Corte entonces, con Ulises Schmill a la cabeza, fueron echados a la calle. Claro que se cuidaron las formas y a todos se les jubiló con pensiones que amenizaran el mal rato que la defenestración provocó en ese grupo en que había de todo, desde pundonorosos servidores judiciales que habían coronado su carrera con un sitial en la corte hasta políticos gastados a los que se concedía allí un refugio placentero y bien remunerado. Para establecer la continuidad con los nuevos tiempos, sólo dos ministros permanecieron en sus cargos: Juan Díaz Romero y Mariano Azuela. Fueron los elementos de la transición, en su carácter de decanos, y por esa doble circunstancia se les incluyó en las ternas que el Presidente presentó al Senado para la designación del nuevo pleno.
Zedillo había comenzado su sexenio dispuesto a granjearse la buena la voluntad del Pan, quizá como una retribución convenida a la retracción en la campaña de Diego Fernández de Cevallos que, dijeron desde entonces los mal pensados, había ocurrido para que el Pri mantuviera la Presidencia de la república. Zedillo designó procurador de justicia de la federación al abogado panista Antonio Lozano Gracia (casualmente miembro del despacho de Fernández de Cevallos). Y con miras a procesar las reformas relativas a la Corte con el aval panista, propició que la Comisión de justicia del Senado fuera presidida por Juan de Dios Castro, a quien desde entonces las vueltas de la política han llevado dos veces al Congreso, otras tantas a la consejería jurídica de la presidencia y ahora a una subprocuraduría en la PGR.
Gabriel Jiménez Remus era el líder de la bancada panista, lo que le dio oportunidad de negociar el nombramiento, entre los nuevos ministros, de su amigo Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que carecía de antecedentes judiciales. Tampoco los tenía, en sentido estricto, aunque sí en el ministerio público federal, Juventino Castro y Castro. Los tenía muy en breve, en la justicia del fuero común capitalino, la sola mujer elegida en ese trance, Olga María Sánchez Cordero. Y había sido juez federal como único antecedente en ese fuero, Vicente Aguinaco Alemán. Los restantes: José de Jesús Gudiño Pelayo, Genaro David Góngora Pimentel, Juan N. Silva Meza, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios (así como los decanos conservados durante la transición, Díaz Romero y Azuela Güitrón) procedían del propio poder judicial. Habían hecho una carrera, larga en algunos casos, en juzgados y tribunales de circuito, y aun en la secretaría de estudio y cuenta de la propia Corte.
Esos nuevos ministros estrenaron funciones. Entre los asuntos que estaban facultados para conocer existía ya la controversia constitucional, pero al modelo establecido se le agregarían nuevas posibilidades que al paso del tiempo ha hecho que se presenten cientos de esa clase de litigios. Fue creada entonces la acción de inconstitucionalidad, que en la mayor parte de sus modalidades se ha convertido en una suerte de segunda instancia legislativa, pues las minorías parlamentarias pueden defenderse de un eventual avasallamiento de la mayoría. El presidente del alto tribunal recibió una nueva y simultánea encomienda, la de encabezar el Consejo de la judicatura, encargado de la administración judicial.
El jueves pasado, como si festejaran de ese modo su duodécimo cumpleaños, los ministros recompusieron la comisión que averigüe la conducta del gober precioso Mario Marín en relación con Lydia Cacho. A diferencia de la anterior, formada por dos magistrados, la nueva incluye tres y a un ministro.
Kikka Roja
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