Sergio Aguayo Quezada

Rosario y el PRD

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El Partido de la Revolución Democrática (PRD) invitó a personas ajenas al partido para escuchar críticas y tal vez enderezar el rumbo. En ese terreno habría que incluir su errático desempeño frente a los organismos públicos de derechos humanos... y el caso de la senadora Rosario Ibarra es paradigmático. Durante el tránsito hacia la democracia ningún partido pagó un costo humano tan elevado como el PRD y sus militantes o votantes, engrosan las listas de quienes vieron sus derechos violados por razones políticas. Por ello cuesta tanto entender el menosprecio perredista hacia las dependencias gubernamentales encargadas de combatir las violaciones a las garantías individuales. Un porcentaje amplio de esos organismos rinden poco en relación con los recursos que reciben; se han burocratizado y convertido en refugio de personajes cuyo compromiso con la causa es inversamente proporcional a su ignorancia sobre el tema o su ambición por escalar puestos. Y esto es un resultado directo de la ineficacia del control legislativo. El caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es ejemplar. Depende del Senado que nunca la ha sometido a una evaluación integral y la fracción perredista se ha distinguido por sus desaciertos o por la poca prioridad que le conceden.

Tanto así que según una fuente conocedora del tema, en el otoño del 2004 Andrés Manuel López Obrador ordenó a los senadores de su partido que votaran a favor de la reelección de José Luis Soberanes a cambio de lo cual la CNDH se pronunciaría públicamente contra el desafuero (el día de la votación la senadora Leticia Burgos fue de las pocas que votó en contra). La consecuencia está a la vista: la CNDH utiliza su autonomía para politizar algunas de sus recomendaciones y transformarse en búnker de la opacidad. El Consejo Consultivo de la CNDH se integra con 10 personajes que también destacan por su insuficiente pluralidad. Ni la izquierda, ni los defensores de organismos de derechos humanos de trinchera están representados en ese órgano que podría servir para supervisar lo que pasa ahí dentro. El principal requisito para ser consejero pareciera ser tener el favor del actual presidente, el doctor José Luis Soberanes. Y el PRD perdió otra oportunidad de fomentar la diversidad. Rosario Ibarra es una doña en la defensa de las garantías individuales. Levantó y metió en la agenda nacional el drama humanitario de los desaparecidos que fue uno de los detonantes del movimiento de derechos humanos. Cuando el PRD la colocó en el primer lugar de su lista plurinominal al Senado y cuando fue elegida presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en septiembre del 2006, parecía iniciarse una etapa de mayor atención, transparencia y preocupación por lo que pasa en la CNDH (organismo que a lo largo de los años ha sido acremente criticado por doña Rosario). En noviembre del 2006 debían renovarse dos consejeros de la CNDH y los organismos civiles se entusiasmaron pensando que finalmente ingresarían consejeros representativos de otras formas de pensar; sobre todo porque el 16 de noviembre la Comisión de doña Rosario publicó en algunos diarios una convocatoria para la nominación de candidatos.

Entre los nombres propuestos que hubieran enriquecido la pluralidad estuvieron Ernesto Isunza, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; José Luis Pérez Canchola, primer ombudsman de Baja California, y Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. La esperanza de una mayor transparencia se esfumó bien pronto. Nunca volvió a saberse nada sobre quiénes habían sido postulados, cuáles organismos los habían nominado o cuál sería el procedimiento para seleccionarlos. Hermetismo parecido al que los gobiernos priistas guardaron sobre los desaparecidos. Un mes después (22 de diciembre) el Senado orquestó el clásico madruguete e informó que los dos nombramientos habían recaído en Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (institución de origen de Soberanes y de la cual han salido tres de los cuatro presidentes que ha tenido la CNDH), y en Miriam Cárdenas Cantú, ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila y conocida aliada política de Soberanes en la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Ahora que el PRD pide conocer sus errores: ¿cómo fue que una Comisión presidida por alguien que llegó al Senado con sus colores continúe guardando silencio sobre un proceso que importó a una parte de sus electores?, ¿cómo es que se gestó un retroceso en la transparencia? Cuando la Comisión de Derechos Humanos del Senado era presidida por un priista de la Oaxaca profunda (Sadot Sánchez), entregaba más información sobre la CNDH que cuando es dirigida por una campeona de los derechos humanos.

El desenfado y el descuido se reproducen por todo el país en donde son mayoría los organismos de derechos humanos dispuestos a consecuentar al poderoso que viola derechos. Desde esta perspectiva y con esta evidencia podría argumentarse que si Fox es un traidor a la democracia, el PRD está traicionando su historia y causando daños irreparables a México al incumplir con su tarea de impulsar y defender desde el gobierno una causa trascendental. Su menosprecio por el tema, es justo añadirlo, también se debe a que un buen número de organismos civiles se paralizan a la hora de criticar y exigirle cuentas al PRD. Rosario Ibarra sigue siendo la activista que recorre el país para brindar solidaridad a los de abajo mientras que como presidenta de un poderoso comité senatorial se desentiende de vigilar a un organismo que aliviaría el dolor de ésas y otras víctimas. En esa biografía individual se condensa el drama de un partido listo para la denuncia pero incapaz de asumir sus responsabilidades como gobernante.

La Miscelánea
El contraste lo brinda la senadora Rosario Green del PRI. Como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores dio un ejemplo de seriedad al advertirle al nuevo gobierno que antes de someter a la aprobación los nombramientos de embajadores, la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, tendría que ir al Senado a explicar su programa de trabajo y las metas que se propone alcanzar en el cargo. La semana pasada Green presidió una pulcra y republicana comparecencia en la cual el Senado cumplió con su responsabilidad de llamar a cuentas al Ejecutivo.

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