Chismes, rumores y algunas verdades del 2 de julio
La Jornada
Sí, me dice, dicen que dijo que a él le dijeron. No, le digo, así se hacen los chismes. Lo que Carlos Tello Díaz dice que le dijeron que dijo trivializa a tal punto lo ocurrido previa y posteriormente al 2 de julio de 2006, que resulta insultante. Pero hablando del 2 de julio, nos parece conveniente recordar algunas ilegalidades cometidas y el fraude que en sí mismo representa el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La coalición Por el Bien de Todos presentó pruebas de que en más de 72 mil actas de escrutinio y cómputo de la elección para presidente se encontraron errores aritméticos evidentes, los cuales implicaban que 898 mil 862 votos falsos fueran sumados y 722 mil 326 fueran eliminados de manera ilegal del cómputo final (la diferencia oficial era de menos de 244 mil). Ante dicha denuncia y las inéditas movilizaciones posteriores al 2 de julio, en las que se solicitaba un recuento total de las casillas, el TEPJF ordenó un limitado recuento de 9 por ciento de éstas. Sustentaron esa diligencia judicial reconociendo que el Instituto Federal Electoral (IFE) había violado la ley al no haber realizado durante el cómputo distrital el recuento de las casillas que presentaban errores aritméticos evidentes. Además, éste determinó que "salvo prueba en contrario (...) se extrajeron indebidamente o se introdujeron de manera espuria" votos en las urnas. El recuento comprobó que existía fraude en 72 por ciento de casillas revisadas. Sin embargo, de manera inexplicable, en vez de anular la votación en éstas, sólo lo hizo en las que los sufragios espurios cambiaban el resultado entre el primer y el segundo lugar de la casilla; es decir, a los magistrados no les importó que hubiera sufragios extraídos indebidamente de las urnas ni que la suma de los votos espurios en el total de las casillas adulteradas superara la diferencia oficial entre el candidato del PAN y Andrés Manuel López Obrador.
De esa forma convirtió en "legales" ambos ilícitos, pues sin prueba en contrario aceptó como válidos cientos de miles de votos robados e ilegales. De haber actuado con apego a la ley y a la lógica, el tribunal debió haber anulado, al menos, la votación de las casillas que en su recuento se probó que tenían sufragios espurios y extraídos indebidamente. Si hubiese sido así, Andrés Manuel López Obrador habría ganado con más de 500 mil votos. Por si fuera poco, en el "Dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, declaración de validez de la elección y de presidente electo", el TEPJF nos informa que el jefe del Ejecutivo violó la Constitución y la ley electoral, e incluso que sus intervenciones en el proceso electoral "se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios que se califican", y que el Consejo Coordinador Empresarial "...durante el desarrollo del proceso electoral... intervino ilegalmente en favor del candidato del PAN". Además, que "dicha violación a lo dispuesto en el código electoral federal constituye una irregularidad que viola los principios constitucionales de igualdad en la contienda y de legalidad electoral establecidos en el artículo 41, párrafo segundo, fracciones dos y tres, de la Constitución federal".
Sin embargo, en las mismas páginas, cínicamente, nos informan que están imposibilitados para medir el impacto de dichas ilegalidades, ya que esa autoridad "no encuentra elementos que pongan en evidencia los efectos producidos"; es decir, afirman que se violaron los principios constituciones y la ley electoral para favorecer al ganador, pero que el triunfo de éste es "legal", pues se les perdió (no lo encuentran) el medidor del principio constitucional de legalidad. Esa es su "inapelable verdad legal". Esos son hechos verificables. Como dice el poeta León Gieco: "todo está guardado en la memoria, alma de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir". Empero, la mayoría de los mexicanos sabemos que hubo fraude, por lo que pretender legitimar la usurpación con más mentiras sólo ahonda el agravio, aunque sin duda (y eso hay que agradecerlo) también fortalece nuestra memoria. Está por demás decir que los hechos que sucintamente presentamos fueron ignorados por Tello Díaz; no obstante, nos queda una duda: ¿hará Tello una fe de erratas después de la declaración de Fox? Sí, en esa que dijo: "el 2 de julio me desquité".
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Sí, me dice, dicen que dijo que a él le dijeron. No, le digo, así se hacen los chismes. Lo que Carlos Tello Díaz dice que le dijeron que dijo trivializa a tal punto lo ocurrido previa y posteriormente al 2 de julio de 2006, que resulta insultante. Pero hablando del 2 de julio, nos parece conveniente recordar algunas ilegalidades cometidas y el fraude que en sí mismo representa el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La coalición Por el Bien de Todos presentó pruebas de que en más de 72 mil actas de escrutinio y cómputo de la elección para presidente se encontraron errores aritméticos evidentes, los cuales implicaban que 898 mil 862 votos falsos fueran sumados y 722 mil 326 fueran eliminados de manera ilegal del cómputo final (la diferencia oficial era de menos de 244 mil). Ante dicha denuncia y las inéditas movilizaciones posteriores al 2 de julio, en las que se solicitaba un recuento total de las casillas, el TEPJF ordenó un limitado recuento de 9 por ciento de éstas. Sustentaron esa diligencia judicial reconociendo que el Instituto Federal Electoral (IFE) había violado la ley al no haber realizado durante el cómputo distrital el recuento de las casillas que presentaban errores aritméticos evidentes. Además, éste determinó que "salvo prueba en contrario (...) se extrajeron indebidamente o se introdujeron de manera espuria" votos en las urnas. El recuento comprobó que existía fraude en 72 por ciento de casillas revisadas. Sin embargo, de manera inexplicable, en vez de anular la votación en éstas, sólo lo hizo en las que los sufragios espurios cambiaban el resultado entre el primer y el segundo lugar de la casilla; es decir, a los magistrados no les importó que hubiera sufragios extraídos indebidamente de las urnas ni que la suma de los votos espurios en el total de las casillas adulteradas superara la diferencia oficial entre el candidato del PAN y Andrés Manuel López Obrador.
De esa forma convirtió en "legales" ambos ilícitos, pues sin prueba en contrario aceptó como válidos cientos de miles de votos robados e ilegales. De haber actuado con apego a la ley y a la lógica, el tribunal debió haber anulado, al menos, la votación de las casillas que en su recuento se probó que tenían sufragios espurios y extraídos indebidamente. Si hubiese sido así, Andrés Manuel López Obrador habría ganado con más de 500 mil votos. Por si fuera poco, en el "Dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, declaración de validez de la elección y de presidente electo", el TEPJF nos informa que el jefe del Ejecutivo violó la Constitución y la ley electoral, e incluso que sus intervenciones en el proceso electoral "se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios que se califican", y que el Consejo Coordinador Empresarial "...durante el desarrollo del proceso electoral... intervino ilegalmente en favor del candidato del PAN". Además, que "dicha violación a lo dispuesto en el código electoral federal constituye una irregularidad que viola los principios constitucionales de igualdad en la contienda y de legalidad electoral establecidos en el artículo 41, párrafo segundo, fracciones dos y tres, de la Constitución federal".
Sin embargo, en las mismas páginas, cínicamente, nos informan que están imposibilitados para medir el impacto de dichas ilegalidades, ya que esa autoridad "no encuentra elementos que pongan en evidencia los efectos producidos"; es decir, afirman que se violaron los principios constituciones y la ley electoral para favorecer al ganador, pero que el triunfo de éste es "legal", pues se les perdió (no lo encuentran) el medidor del principio constitucional de legalidad. Esa es su "inapelable verdad legal". Esos son hechos verificables. Como dice el poeta León Gieco: "todo está guardado en la memoria, alma de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir". Empero, la mayoría de los mexicanos sabemos que hubo fraude, por lo que pretender legitimar la usurpación con más mentiras sólo ahonda el agravio, aunque sin duda (y eso hay que agradecerlo) también fortalece nuestra memoria. Está por demás decir que los hechos que sucintamente presentamos fueron ignorados por Tello Díaz; no obstante, nos queda una duda: ¿hará Tello una fe de erratas después de la declaración de Fox? Sí, en esa que dijo: "el 2 de julio me desquité".
Kikka Roja
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