- No respondió requerimiento de información sobre la deportación de un vasco a España
- Multa juez al presidente Calderón por desacato
ALFREDO MENDEZ
En lo que representa el primer caso documentado de presunto desacato judicial en que incurrió Felipe Calderón Hinojosa a siete meses de haber asumido el cargo de Presidente de la República, un juez federal en materia de amparo multó al titular del Ejecutivo por infringir varios artículos de la Ley General de Población, al no responder a un requerimiento de información relativo al caso de la deportación a España de Antonio Azpiazu Alcelay, señalado por la Audiencia Nacional española como presunto integrante del grupo separatista Patria Vasca y Libertad (ETA, en eusquera). El juez Ricardo Guzmán Wolffer, titular del juzgado tercero de distrito de amparo de la ciudad de México, sancionó al michoacano con una multa de mil once pesos debido a que la semana pasada le ordenó que entregara un informe que aclare si dio cumplimiento a una suspensión "de plano" que el mismo juzgador concedió a Aspiazu horas después de que éste ya volaba hacia territorio español.
El Presidente de la República, por medio de su consejero jurídico, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, debió informar al juez que cuando recibieron la notificación respecto de la suspensión que garantizaba a Aspiazu Alcelay permanecer en territorio mexicano, el presunto miembro de ETA ya había sido deportado. Bárbara Zamora, representante legal en México del ciudadano de origen vasco, informó que la multa la deberá pagar la Presidencia de la República, ya que Calderón se negó a enviar a tiempo dicho informe, pese a que fue requerido en dos ocasiones previas por el juez de amparo.
"Es inaceptable que un Presidente que se dice garante de la legalidad y el estado de derecho en el país no cumpla con un requerimiento judicial y desdeñe la autoridad de un juez", indicó la litigante.
La semana pasada, la abogada Zamora denunció a La Jornada que la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal mintieron al juez Guzmán Wolffer, ya que rechazaron que Antonio Azpiazu Alcelay hubiera sido detenido en Cuernavaca y deportado a España en un proceso fast-track. Hasta el momento, sólo el INM ha reconocido ante el juzgador que la deportación del ciudadano vasco sí ocurrió, pero se han abstenido de hacerlo el presidente Calderón y las otras instituciones federales. En entrevista telefónica, la abogada añadió que presentó una petición al juez de amparo, "en el sentido de que mande notificar por medio de un exhorto internacional al quejoso, en virtud de que eso lo contempla el Código Federal de Procedimientos Civiles, para que él pueda ratificar la demanda de amparo. "Esto lo debe ordenar el juez mexicano a Relaciones Exteriores para que a través del juzgado quinto de la Audiencia Nacional española se le notifique al ciudadano vasco con la finalidad de que manifieste si ratifica la demanda de amparo que presentamos en su nombre desde el pasado 12 de junio."
El Presidente de la República, por medio de su consejero jurídico, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, debió informar al juez que cuando recibieron la notificación respecto de la suspensión que garantizaba a Aspiazu Alcelay permanecer en territorio mexicano, el presunto miembro de ETA ya había sido deportado. Bárbara Zamora, representante legal en México del ciudadano de origen vasco, informó que la multa la deberá pagar la Presidencia de la República, ya que Calderón se negó a enviar a tiempo dicho informe, pese a que fue requerido en dos ocasiones previas por el juez de amparo.
"Es inaceptable que un Presidente que se dice garante de la legalidad y el estado de derecho en el país no cumpla con un requerimiento judicial y desdeñe la autoridad de un juez", indicó la litigante.
La semana pasada, la abogada Zamora denunció a La Jornada que la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal mintieron al juez Guzmán Wolffer, ya que rechazaron que Antonio Azpiazu Alcelay hubiera sido detenido en Cuernavaca y deportado a España en un proceso fast-track. Hasta el momento, sólo el INM ha reconocido ante el juzgador que la deportación del ciudadano vasco sí ocurrió, pero se han abstenido de hacerlo el presidente Calderón y las otras instituciones federales. En entrevista telefónica, la abogada añadió que presentó una petición al juez de amparo, "en el sentido de que mande notificar por medio de un exhorto internacional al quejoso, en virtud de que eso lo contempla el Código Federal de Procedimientos Civiles, para que él pueda ratificar la demanda de amparo. "Esto lo debe ordenar el juez mexicano a Relaciones Exteriores para que a través del juzgado quinto de la Audiencia Nacional española se le notifique al ciudadano vasco con la finalidad de que manifieste si ratifica la demanda de amparo que presentamos en su nombre desde el pasado 12 de junio."
Kikka Roja
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