Los miedosos
sergioaguayo@infosel.net.mx
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Los políticos se encogen y se hacen chiquitos frente a la ciudadanía organizada. La elogian en el discurso, pero la excluyen con mañas. Les interesan los cortesanos, no los ciudadanos.En su último libro (El espejismo democrático) Lorenzo Meyer, sostiene que en las elecciones de 2006 reapareció el miedo atávico de la derecha a la democracia cuando ésta puede servir para que la izquierda llegue al poder. El enunciado provocó un debate en la revista Proceso entre Meyer, Enrique Krauze y Jorge Castañeda sobre la democracia y sus reglas en nuestra historia. Aunque luego regresaré a esa discusión, por ahora tomo la tesis de Meyer para discutir las ideas lanzadas en la entrada de esta columna. El Gobierno del Distrito Federal está organizando el domingo 29 de julio una “Consulta Verde”. Somete a consideración de los capitalinos propuestas atractivas: sustituir todos los microbuses, mejorar el transporte público, hacer obligatorio el transporte escolar para las escuelas particulares, poner árboles en las azoteas de las nuevas construcciones, construir 500 nuevos pozos de absorción, etcétera. De concretizarse mejoraría en algo la miserable calidad de vida de los capitalinos y contribuiríamos a frenar la destrucción del planeta.
Lo que más impacta son las facilidades para participar en la consulta. Habrá 1,600 módulos instalados en plazas públicas, parques, jardines, en la ruta del ciclotón, en las cadenas de tiendas Oxxo. A los perezosos o los ausentes les bastará con levantar el teléfono y hablar a Locatel o conectarse al Internet y opinar proporcionando una sola de las siete claves numéricas incluidas en la credencial de elector. Las facilidades están incluidas en la Ley de Participación Ciudadana que en otras partes de su articulado se transforma en un déspota implacable y despiadado para la sociedad. Al gobernante le concede la libertad de que decida cuáles serán los requisitos y la metodología a emplear en sus consultas. A los ciudadanos deseosos de organizar una iniciativa popular los confronta con exigencias absurdas. Además de reunir alrededor de 35 mil firmas (o 0.5 por ciento del padrón) tienen que escribir en el formato respectivo firma, nombre, dirección y ¡las siete claves numéricas incluidas en la credencial de elector! Son tantas las dificultades que conlleva hacerlo que nunca se ha organizado una iniciativa popular. Para algunos las rigideces se explican por el pasado priista de Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno cuando se aprobó la Ley. Nadie disputa la poca simpatía de AMLO hacia la transparencia o la participación. Lo curioso es que los panistas que nacieron, crecieron y envejecieron en medio de hosannas a la ciudadanía superan al perredismo cuando de imponer dificultades a la sociedad se trata.
La Ley de Participación Ciudadana de Guanajuato de 2002 incluye el plebiscito, el referéndum simple y constitucional y la iniciativa popular. A todas estas figuras se les impone un número alto de firmas, pero con la iniciativa popular llegan a niveles inconcebibles. Además de tener que conseguir las firmas del tres por ciento de los inscritos en la lista nominal (92,387 ciudadanos) deben anexar ¡una fotocopia fotostática de la credencial de elector de cada uno de ellos! Son obstáculos que dificultan la participación. En noviembre de 2005 tres organismos —Alianza Cívica, Presencia Ciudadana y Propuesta Cívica— iniciaron una campaña para reunir un millón de firmas y solicitar la reducción en un 50 por ciento del millonario financiamiento público entregado a los partidos. Contaron con el respaldo de columnistas e intelectuales; entre otros Denise Dresser, Germán Dehesa, José Antonio Crespo y Miguel Ángel Granados Chapa. La idea fue recibida con entusiasmo, pero luego aparecieron los problemas para recolectar las firmas porque en lugar de contentarse con el nombre y la firma en algunas entidades se intentó cumplir con las leyes locales para, de esa manera, darle formalidad a la petición. El proceso se hizo lento y quedó atrapado en el huracán de enojos y desconfianzas desatado por las elecciones de 2006.
La democracia es un sistema de Gobierno muy complejo porque depende de elecciones confiables y de que una parte de la ciudadanía se involucre de manera activa en la solución de los problemas. Pensaba que la alternancia abriría las compuertas a la incorporación social a la vida pública, pero en ese terreno los Gobiernos del PAN y del PRD se han comportado de la misma manera que el PRI. Sigue siendo frecuente escuchar a los gobernantes de todos los partidos solicitar el apoyo de la sociedad, pero cuando la ciudadanía desea involucrarse de forma autónoma aparecen los candados de la legalidad, la burocracia y la falta de voluntad política. Aparecen una vez más las simulaciones tan propias de una democracia en la que aceptamos los resultados de las elecciones aunque un porcentaje considerable no confiemos plenamente en ellas; toleramos a un ombudsman nacional experto en congraciarse con los poderosos y con los que piensan como él; sufrimos a un partido Verde más ocupado en la administración de sus prebendas que en el medio ambiente; nos azoramos ante la displicencia oficial hacia unos sindicatos que oprimen al trabajador en lugar de defenderlo; nos indignamos con la glotonería e ineficacia de los partidos… y es bien poco lo que podemos hacer porque los consejos consultivos y las consultas y las iniciativas son meros floreros creados para adornar la decisión del poderoso.
Ante este panorama y después de que se realice la Consulta Verde el Gobierno de la ciudad podría lanzarse a desmontar los candados que hacen casi imposible la participación ciudadana organizada. Sería una forma de diferenciarse con hechos de los Gobiernos de la derecha y de demostrar que al menos ellos no tienen miedo a los ciudadanos. ¿Se atreverán?
La miscelánea
Pese a los obstáculos impuestos por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal continúa el esfuerzo por reunir las 25 mil firmas que faltan para presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la iniciativa solicitando la reducción en un 50 por ciento del financiamiento público a los partidos. Los capitalinos interesados en firmar o colaborar pueden consultar la página de Propuesta Cívica –de la cual formo parte— www.propuestacivica.org.mx o comunicarse al 56 04 05 51.
Lo que más impacta son las facilidades para participar en la consulta. Habrá 1,600 módulos instalados en plazas públicas, parques, jardines, en la ruta del ciclotón, en las cadenas de tiendas Oxxo. A los perezosos o los ausentes les bastará con levantar el teléfono y hablar a Locatel o conectarse al Internet y opinar proporcionando una sola de las siete claves numéricas incluidas en la credencial de elector. Las facilidades están incluidas en la Ley de Participación Ciudadana que en otras partes de su articulado se transforma en un déspota implacable y despiadado para la sociedad. Al gobernante le concede la libertad de que decida cuáles serán los requisitos y la metodología a emplear en sus consultas. A los ciudadanos deseosos de organizar una iniciativa popular los confronta con exigencias absurdas. Además de reunir alrededor de 35 mil firmas (o 0.5 por ciento del padrón) tienen que escribir en el formato respectivo firma, nombre, dirección y ¡las siete claves numéricas incluidas en la credencial de elector! Son tantas las dificultades que conlleva hacerlo que nunca se ha organizado una iniciativa popular. Para algunos las rigideces se explican por el pasado priista de Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno cuando se aprobó la Ley. Nadie disputa la poca simpatía de AMLO hacia la transparencia o la participación. Lo curioso es que los panistas que nacieron, crecieron y envejecieron en medio de hosannas a la ciudadanía superan al perredismo cuando de imponer dificultades a la sociedad se trata.
La Ley de Participación Ciudadana de Guanajuato de 2002 incluye el plebiscito, el referéndum simple y constitucional y la iniciativa popular. A todas estas figuras se les impone un número alto de firmas, pero con la iniciativa popular llegan a niveles inconcebibles. Además de tener que conseguir las firmas del tres por ciento de los inscritos en la lista nominal (92,387 ciudadanos) deben anexar ¡una fotocopia fotostática de la credencial de elector de cada uno de ellos! Son obstáculos que dificultan la participación. En noviembre de 2005 tres organismos —Alianza Cívica, Presencia Ciudadana y Propuesta Cívica— iniciaron una campaña para reunir un millón de firmas y solicitar la reducción en un 50 por ciento del millonario financiamiento público entregado a los partidos. Contaron con el respaldo de columnistas e intelectuales; entre otros Denise Dresser, Germán Dehesa, José Antonio Crespo y Miguel Ángel Granados Chapa. La idea fue recibida con entusiasmo, pero luego aparecieron los problemas para recolectar las firmas porque en lugar de contentarse con el nombre y la firma en algunas entidades se intentó cumplir con las leyes locales para, de esa manera, darle formalidad a la petición. El proceso se hizo lento y quedó atrapado en el huracán de enojos y desconfianzas desatado por las elecciones de 2006.
La democracia es un sistema de Gobierno muy complejo porque depende de elecciones confiables y de que una parte de la ciudadanía se involucre de manera activa en la solución de los problemas. Pensaba que la alternancia abriría las compuertas a la incorporación social a la vida pública, pero en ese terreno los Gobiernos del PAN y del PRD se han comportado de la misma manera que el PRI. Sigue siendo frecuente escuchar a los gobernantes de todos los partidos solicitar el apoyo de la sociedad, pero cuando la ciudadanía desea involucrarse de forma autónoma aparecen los candados de la legalidad, la burocracia y la falta de voluntad política. Aparecen una vez más las simulaciones tan propias de una democracia en la que aceptamos los resultados de las elecciones aunque un porcentaje considerable no confiemos plenamente en ellas; toleramos a un ombudsman nacional experto en congraciarse con los poderosos y con los que piensan como él; sufrimos a un partido Verde más ocupado en la administración de sus prebendas que en el medio ambiente; nos azoramos ante la displicencia oficial hacia unos sindicatos que oprimen al trabajador en lugar de defenderlo; nos indignamos con la glotonería e ineficacia de los partidos… y es bien poco lo que podemos hacer porque los consejos consultivos y las consultas y las iniciativas son meros floreros creados para adornar la decisión del poderoso.
Ante este panorama y después de que se realice la Consulta Verde el Gobierno de la ciudad podría lanzarse a desmontar los candados que hacen casi imposible la participación ciudadana organizada. Sería una forma de diferenciarse con hechos de los Gobiernos de la derecha y de demostrar que al menos ellos no tienen miedo a los ciudadanos. ¿Se atreverán?
La miscelánea
Pese a los obstáculos impuestos por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal continúa el esfuerzo por reunir las 25 mil firmas que faltan para presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la iniciativa solicitando la reducción en un 50 por ciento del financiamiento público a los partidos. Los capitalinos interesados en firmar o colaborar pueden consultar la página de Propuesta Cívica –de la cual formo parte— www.propuestacivica.org.mx o comunicarse al 56 04 05 51.
Kikka Roja
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