La red aduanera: Quiénes, Cómo, Cuándo…

Javier Lozano Alarcón

La comisión legislativa que investiga la relación de funcionarios públicos con los hermanos Bribiesca Sahagún cuenta con informes que detallan la forma en que la supuesta modernización del sistema de Aduanas facilitó el contrabando y fomentó redes de complicidad entre autoridades y empresarios como Zhenli Ye Gon. En ese circuito de corrupción aparecen mencionados una y otra vez los mismos nombres: Francisco Gil, José Guzmán Montalvo, Javier Lozano...



Jesusa Cervantes

José Guzmán Montalvo

El escándalo detonado por el descubrimiento de las importaciones ilegales de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, cuyo beneficiario fue el empresario chino Zhenli Ye Gon, puso al descubierto la frágil "modernización" del sistema nacional de aduanas. Implantada desde 1992 por Francisco Gil Díaz con el propósito de detener el contrabando, esta modernización abrió aún más la puerta para la introducción de mercancías ilícitas y fomentó toda una red de corrupción y complicidades en la que participaron autoridades aduaneras y hacendarías. Documentos obtenidos por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que indaga a los hermanos Bribiesca Sahagún, beneficiarios de algunos contratos firmados con dependencias públicas, subrayan que durante el sexenio pasado el titular de la Administración General de Aduanas (AGA), José Guzmán Montalvo, contribuyó a elaborar un plan "transexenal" para beneficiar a los hijos de Marta Sahagún. Y como remate, uno de esos documentos da cuenta de que en 1994 Javier Lozano Alarcón –actual secretario del Trabajo y Previsión Social a quien Ye Gon señala como la persona que lo obligó a custodiar parte de la fortuna encontrada en su residencia de Las Lomas– sabía del tema aduanero. Luego de amenazar con demandar a Ye Gon por involucrarlo en actividades ilícitas, Javier Lozano prácticamente reculó al declarar, en conferencia de prensa, que "la forma en la que voy a actuar, tanto en los términos, en la modalidad, la oportunidad, la jurisdicción, porque esto puede ser en Estados Unidos y en México, y como no tengo un plazo para hacerlo y como no pienso interferir en el proceso de extradición, sabré cómo y cuándo hacerlo".

Los inicios

Apenas establecido el gobierno foxista, la Auditoría Superior de la Federación comenzó a investigar a la empresa Integradora de Servicios Operativos, S.A. de C.V. (ISOSA) y a los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, creados en 1993 para manejar el derecho de trámite aduanero. Ya al final del sexenio foxista, el auditor superior, Arturo González de Aragón, advirtió que hasta 2005 dejaron de entrar 10 mil millones de pesos por ese concepto al erario federal, y la Cámara de Diputados inició los reclamos para saber cómo funcionaba ISOSA, si era una empresa privada o una entidad pública y cómo obtenía sus recursos. Un documento en poder de Proceso revela que, en 1994, Lozano Alarcón, entonces director de Normatividad y Desarrollo Administrativo de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, conocía el manejo de estos recursos y dio su aval para que no fueran auditados. En el oficio D.G.308-A, fechado el 5 de agosto de 1994 y dirigido a la subprocuradora fiscal de la Federación de Legislación y Consulta, María del Carmen Compañ, Lozano Alarcón comenta a la funcionaria que "el contrato de fideicomiso en comento tiene el carácter de PRIVADO, por virtud de la naturaleza de las aportaciones que como contraprestación pagarán las personas que realicen las operaciones aduaneras a quienes presenten los servicios a que se refiere el artículo 8-B de la Ley Aduanera". La modernización aduanal la inició Gil Díaz cuando era subsecretario de Ingresos de Hacienda con la creación, el 28 de mayo de 1992, de la empresa ISOSA, una de cuyas funciones fue instalar el semáforo en las 48 aduanas del país, así como cobrar el derecho de trámite aduanero. Al año siguiente, Hacienda autorizó que empresas privadas pudieran realizar "operaciones de apoyo, control y dictamen para el segundo reconocimiento de mercancías en las aduanas". Esta información la dio a conocer la dependencia en un comunicado de prensa el 24 de octubre de 2005, cuando Gil Díaz era su titular.

En 1993 participaban en el segundo reconocimiento la empresa Operadora de Gestión Aduanal, S.A. (OGASA), conformada a su vez por 11 consorcios de comercio exterior que tenían presencia en 45 de las 48 aduanas del país. La doceava empresa era SGS Servicios Logísticos Aduaneros, S.A. de C.V, filial de la trasnacional suiza Société Générale de Surveillance. Todas juntas conformaron el llamado fideicomiso Aduanas 2, legalmente conocido como Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II. Un documento interno de la AGA señala que la filial de la empresa suiza "fue beneficiada a principios de los noventa por el entonces director general de Aduanas, Luis Manuel Gutiérrez Levi, para operar empresas del segundo reconocimiento en algunas aduanas, negocio multimillonario que se paga con recursos públicos provenientes del DTA (Derecho de Trámite Aduanero)". La filial de la empresa Suiza comenzó a cobrar relevancia. Una auditoría realizada en 2002 por el Órgano Interno de Control de Nacional Financiera (Nafin) detectó irregularidades en el fideicomiso Aduanas II, entre ellas la asignación directa de nueve contratos por 1 millón de dólares y 13.9 millones de pesos por el Comité Técnico del fideicomiso. Una de las empresas beneficiadas fue, precisamente, la Société Générale de Survillance, que recibió 2 millones de pesos. Nafin aseveró que nunca hubo concurso de licitación ni se realizó ninguna evaluación de propuestas técnicas y económicas, y sin embargo el procedimiento fue ratificado por el "representante del SAT", según se indica en la página 35 del documento. El funcionario del SAT que debió verificar la licitación y no lo hizo era José María Zubiría Maqueo, a quien nunca se sancionó; por el contrario, Felipe Calderón Hinojosa lo ratificó en su cargo.El fideicomiso Aduanas II fue creado por Gil Díaz en 1993 y cancelado en 2006.

Montalvo y su red

Ya como titular de Hacienda, en el año 2000 Gil Díaz llevó a la dirección de la AGA a José Guzmán Montalvo. Según la investigación sobre el sistema aduanal, que duró más de dos años y se realizó de 2004 a 2005, la misión del funcionario era localizar las vulnerabilidades del sistema aduanal. Pronto conformó una red con funcionarios que le ayudaron en "la operación sistemática de corrupción y contrabando". Una parte de esta investigación fue a parar a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. Uno de los "documentos confidenciales" recibido por los legisladores recientemente describe el modus operandi de Guzmán Montalvo y menciona la forma en que se benefició a Marta Sahagún y a su hijo Manuel Bribiesca, a quienes el funcionario "donó" parte de la mercancía decomisada.

Guzmán Montalvo es egresado de la Escuela Libre de Derecho, al igual que Lozano Alarcón, y mientras que éste fue compañero de pupitre de Felipe Calderón, el primero perteneció a la generación de Margarita Zavala, esposa de Calderón. Al salir de la escuela en 1991, el tamaulipeco Guzmán Montalvo fue nombrado administrador de la Aduana Marítima de su estado. Para 1993 ya era administrador de la Aduana Fronteriza de Tijuana, que registra la mayor cantidad de cruces de personas en el mundo. Al año siguiente se convirtió en administrador de la aduana de Nuevo Laredo, considerada la más grande de Latinoamérica, pues ahí se realizan diariamente 6 mil pedimentos de importación para todo tipo de carga. De 1995 al 2000 Guzmán ocupó cargos en la operación central de la AGA y, finalmente, Vicente Fox lo nombró administrador general de Aduanas.Según el "informe confidencial", al concluir sus gestiones en las aduanas de Tijuana y Nuevo Laredo, Guzmán Montalvo "dio instrucciones para quemar los locales que almacenaban los archivos con los pedimentos y documentación aduanera de su gestión". Según la investigación, Guzmán Montalvo contaba con personas que le ayudaban en el tráfico de mercancías. Una era su secretaria privada, Luz Irene Garza, así como su secretario Jesús Sánchez Rivas, cuya hija Marisol Sánchez González fue subadministradora de la aduana de Pantaco en la Ciudad de México. Ella fue la "clave para el tráfico de mercancías decomisadas para la fundación Vamos México y para Manuel Bribiesca", dice uno de los documentos de la investigación en poder de este semanario.

Otro de los integrantes de la red era el secretario particular de Guzmán Montalvo, Jesús Mao Cervantes, "a quien le creó la Administración Central de Enlace Operativo y Seguridad. También estaba Fanny Auran Graham, administradora central de Operación Aduanera y luego administradora central de Regulación de Despacho, donde llegó a controlar el estratégico semáforo fiscal". Así mismo, participaba Gabriela Deffis Ramos, "a quien (Guzmán Montalvo) le creó la Administración Central de Imagen y Difusión" y fungía como contacto con los administradores de las aduanas para situaciones confidenciales. Estos colaboradores de Guzmán, según el documento, se encargaban de la designación, rotación y reacomodo de los funcionarios aduanales cuando su desempeño era riesgoso, como fue el caso del administrador de la Aduana de Reynosa, Eugenio Muñoz Yarrington, "dado de baja por su complicidad en el caso de la mercancía robada en las bodegas de la aduana de Vallejo". Lo mismo pasó con Mario Córdova, antiguo compañero de Guzmán Montalvo en la Escuela Libre de Derecho, quien fue nombrado administrador central de Fiscalización y al término del sexenio foxista se desempeñaba como encargado de Reconocimiento Aduanero. Según el documento, el grupo de Guzmán Montalvo es responsable de por lo menos el 30% del llamado contrabando documentado. "Las cifras de este contrabando son difíciles de calcular. Las cámaras y asociaciones de empresarios lo estiman en un 5% del PIB y recientemente se señaló que durante los últimos cinco años el contrabando había sido aproximadamente de 175 mil millones de dólares, con un promedio anual de 35 mil millones de dólares", precisa.

Al aplicarse la "modernización" aduanal se instalaron los semáforos fiscales y fue retirado el personal de "vistas fiscales", que según los informantes que participaron en la investigación conformaron dos empresas importadoras, con registro en Estados Unidos para no pagar impuestos. Una de ellas era la Compañía Mexicargo, S.A. de C.V. y la otra la Consolidadora de Carga, S.A. Ambas se encargaban de que las mercancías en tránsito se introducían de contrabando por la aduana de Nuevo Laredo, indica el texto.

Jugada de alto nivel

Al cambio de sexenio, Guzmán Montalvo salió de aduanas pero dejó a parte de su equipo, que fue avalado por Felipe Calderón. Por ejemplo, Fanny Euran Graham, quien fue ratificada como administradora central de Operación Aduanera; Rodolfo Torres Herrera, administrador de la Aduana de Nogales con Guzmán, y hoy administrador central de Contabilidad y Glosa; así como Jesús Mao Cervantes, quien se mantuvo como administrador central de Enlace Operativo y Seguridad. Proceso ha documentado que por lo menos 40 de los 48 encargados de las aduanas de la época de Montalvo permanecen en su trabajo. Según el "documento confidencial", varios de los contendores decomisados y que iban a parar a la aduana de Pantaco eran donados a Vamos México; "para ello fueron asignados como responsables el administrador de la aduana, Héctor Castro Herrera, Marisol Sánchez González y el jefe de la bodega, Rosendo Espíritu. Por Vamos México, el contacto era Gina Morris". "Ante lo fácil y atractivo, el siguiente paso fue la incorporación de Manuel Bribiesca…

Con la liberación de contenedores decomisados a un costo promedio de 750 mil pesos cada uno y 20 de ellos a la semana el negocio era muy atractivo: de 10 a 15 millones semanales menos comisiones (25%) a los funcionarios de Pantaco". Así mismo, los documentos de la investigación señalan que dicha cantidad es "una bicoca" comparada con las comisiones por facilitar el contrabando documentado que se señaló anteriormente y donde participaba el círculo cercano a Guzmán Montalvo. Aquí es donde aparece el actual encargado del AGA, José Bravo Moisés, nombrado por Felipe Calderón para sustituir a Guzmán Montalvo. En un informe enviado por Guzmán a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, el extitular de la AGA sostiene que la Presidencia de la República recibía un 9.9% de la mercancía decomisada en forma de donación. El 21 de febrero pasado, a un cuestionamiento de la propia comisión legislativa sobre el paradero de 13 pick-up en la aduana de Puerto Palomas, el administrador informó que se desconocía el destino final, pues la transferencia de los bienes la determina la Administración General de Innovación y Calidad del SAT, cargo en el que en ese tiempo estuvo José Bravo Moisés. Pero los Bribiesca Sahagún no sólo participaban de las donaciones, también tenían vínculos con una de las cinco empresas internacionales que a partir de enero de 2006 tienen a su cargo el segundo reconocimiento aduanal: la Société Générale de Sourveillance. Según los documentos, desde los noventa una de sus filiales mexicanas participaba en ese mismo trámite.

La empresa Suiza tiene a su cargo el Primer Recinto Fiscalizado Estratégico, ubicado en San Luis Potosí, a través de su filial Free Trade Logistik Zone, "empresa dirigida por Juan Carlos López Rodríguez", según el informe. A este hombre se le vincula con Manuel Bribiesca Sahagún, y uno de sus hermanos, Humberto López Rodríguez, es uno de los agentes aduanales que trabajó para Zhenli Ye Gon.La historia de la relación es la siguiente: Manuel Bribiesca es amigo de la infancia de Sergio Amaury Flores Pérez, director de Tránsito de Reynosa, Tamaulipas, municipio gobernado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca.Flores Pérez fue, en la década de los noventa, jefe de Operación Aduanera de Reynosa y Nuevo Laredo, y después subadministrador de la aduana de Guadalajara. Fue él el que presentó a Manuel Bribiesca con Juan Carlos López Rodríguez, quien fue inhabilitado por 11 años debido a actos de corrupción.

Kikka Roja