- Sólo a medidas precautorias destinan $120 mil millones al año, afirma el CEESP
- Las familias gastan el triple que el gobierno para protegerse de delitos
- Las empresas invierten 64 mil 300 millones, que representan 0.86 por ciento del PIB
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseveró que las familias mexicanas gastan en medidas para protegerse de la delincuencia unos 120 mil millones de pesos, cifra que triplica el presupuesto que el gobierno federal destina a la seguridad pública El organismo empresarial aseveró que se han subestimado los costos asociados a la inseguridad pública, ya que la mayoría de los estudios sólo consideran las pérdidas económicas en el momento en que se comete un delito, pero excluyen todos los gastos que la sociedad hace, tanto antes como después de ser víctima de un crimen. Calculó que sólo en medidas de protección –desde la colocación de alarmas, cerraduras, bardas y rejas, hasta la contratación de vigilancia privada o seguros especiales–, las familias del país erogan 120 mil millones de pesos, que equivalen a 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB). En tanto, las empresas gastan 64.3 millones de pesos, que representan 0.86 por ciento del PIB. Ambos montos superan los recursos destinados por el gobierno federal a la seguridad pública, sin contar al Poder Judicial, que el CEESP calculó que ascendieron en 2004 a más de 40 mil millones de pesos, es decir 0.5 por ciento del PIB. De esta forma, el gasto preventivo de las familias triplica al presupuesto federal para seguridad pública, mientras el de las empresas casi lo duplica. El CEESP hizo tales estimaciones al considerar que cada familia mexicana gasta en promedio 5 mil pesos al año en medidas preventivas para protegerse contra actos delictivos, y lo multiplicó con 24 millones de viviendas que existían en el país hasta 2005, de acuerdo con el último conteo de población y vivienda del INEGI. En cuanto a las empresas, señaló que cada una de las 4.2 millones que existen en el país gasta en promedio 15 mil pesos en dichas medidas.
Si bien el CEESP reconoció que “podría resultar exagerado que todas las familias destinan recursos para protegerse contra el crimen, de todos modos, suponiendo que sólo 70 por ciento de los hogares los realiza, los recursos ascenderían a uno por ciento del PIB”. No es la primera vez que el CEESP dedica su análisis del domingo a evaluar los costos de la inseguridad en México, ya que además de afectar el patrimonio de las personas y poner en riesgo su vida, libertad y salud, obstaculiza el desarrollo y el crecimiento económico nacional. La situación resulta preocupante, indicó, toda vez que 25 por ciento de los entrevistados en la cuarta encuesta nacional sobre inseguridad urbana declararon haber sido víctimas de la delincuencia, y 30 por ciento del total aseguraron haber sido agredidas más de una vez, aunque 73 por ciento de los delitos no fueron denunciados, “básicamente por la pérdida de tiempo que implica este procedimiento”. El CEESP hizo otras estimaciones sobre pérdidas económicas derivadas de la inseguridad pública, como las vinculadas a los homicidios, pues a partir de un cálculo sobre la esperanza de vida promedio de 75 años y el ingreso de cuatro salarios mínimos por persona ocupada, aseguró que si en 2005 fueron asesinados 9.6 mil mexicanos, se perdieron 0.28 puntos porcentuales del PIB. Detalló que la contratación de seguros se ha convertido en una de las formas más utilizadas por personas y empresas para proteger su patrimonio, al grado de que el año pasado las primas que pagaron las empresas del sector ascendieron a 1.8 puntos porcentuales del PIB.
También mencionó los gastos que deben afrontar quienes han sido víctimas de algún delito, entre los cuales destacó el daño emocional, el cual se expresa en un deterioro del nivel de vida del individuo, aunque también afecta a diversos sectores de la economía nacional. “un reconociendo que el precio de los tratamientos terapéuticos presenta una fuerte variación, podríamos establecer un costo promedio de mil pesos a la semana y un periodo de recuperación de ocho semanas. Bajo esos supuestos, y considerando que en 2005 hubo 3 millones víctimas por delitos violentos, los recursos destinados a corregir estos daños serían de más de 24 mil millones de pesos, cifra que representa 0.30 por ciento del PIB”, puntualizó el organismo del sector privado.
Si bien el CEESP reconoció que “podría resultar exagerado que todas las familias destinan recursos para protegerse contra el crimen, de todos modos, suponiendo que sólo 70 por ciento de los hogares los realiza, los recursos ascenderían a uno por ciento del PIB”. No es la primera vez que el CEESP dedica su análisis del domingo a evaluar los costos de la inseguridad en México, ya que además de afectar el patrimonio de las personas y poner en riesgo su vida, libertad y salud, obstaculiza el desarrollo y el crecimiento económico nacional. La situación resulta preocupante, indicó, toda vez que 25 por ciento de los entrevistados en la cuarta encuesta nacional sobre inseguridad urbana declararon haber sido víctimas de la delincuencia, y 30 por ciento del total aseguraron haber sido agredidas más de una vez, aunque 73 por ciento de los delitos no fueron denunciados, “básicamente por la pérdida de tiempo que implica este procedimiento”. El CEESP hizo otras estimaciones sobre pérdidas económicas derivadas de la inseguridad pública, como las vinculadas a los homicidios, pues a partir de un cálculo sobre la esperanza de vida promedio de 75 años y el ingreso de cuatro salarios mínimos por persona ocupada, aseguró que si en 2005 fueron asesinados 9.6 mil mexicanos, se perdieron 0.28 puntos porcentuales del PIB. Detalló que la contratación de seguros se ha convertido en una de las formas más utilizadas por personas y empresas para proteger su patrimonio, al grado de que el año pasado las primas que pagaron las empresas del sector ascendieron a 1.8 puntos porcentuales del PIB.
También mencionó los gastos que deben afrontar quienes han sido víctimas de algún delito, entre los cuales destacó el daño emocional, el cual se expresa en un deterioro del nivel de vida del individuo, aunque también afecta a diversos sectores de la economía nacional. “un reconociendo que el precio de los tratamientos terapéuticos presenta una fuerte variación, podríamos establecer un costo promedio de mil pesos a la semana y un periodo de recuperación de ocho semanas. Bajo esos supuestos, y considerando que en 2005 hubo 3 millones víctimas por delitos violentos, los recursos destinados a corregir estos daños serían de más de 24 mil millones de pesos, cifra que representa 0.30 por ciento del PIB”, puntualizó el organismo del sector privado.
Kikka Roja
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