EMIR OLIVARES ALONSO
Tras cinco días recluidos en la estación migratoria de Iztapalapa, los cuatro ciudadanos españoles que fueron aprehendidos en Oaxaca el pasado 5 de agosto, obtuvieron su libertad luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) comprobó su ingreso legal a México.
"Hemos vivido en carne propia el horror de la represión"
ARMANDO G. TEJEDA
Editorial
El portal del horror
Luego de una semana de pesadilla, caracterizada por los abusos policiales y las amenazas de deportación, los catalanes Laia Serra Perelló, Ramón Sesén Marquina, Nuria Morelló Calafell y Ariadna Nieto Espiné fueron sacados anoche de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM). Ha de recordarse que el pasado 5 de agosto estos extranjeros fueron arrestados, en compañía del mexicano José Damián Reséndiz Saucedo -integrante de una organización que simpatiza con el zapatismo chiapaneco-, por elementos de la Secretaría de Protección Ciudadana de Oaxaca, en la capital de esa entidad, acusados de "escandalizar en la vía pública". Los afectados denunciaron que los agentes del orden los golpearon, encapucharon, insultaron, hostigaron sexualmente a las mujeres del grupo y les robaron a todos sus pertenencias, incluidos documentos migratorios. A continuación, las autoridades oaxaqueñas los entregaron al INM, que los mantuvo recluidos entre el 6 y el 13 de agosto en la estación migratoria de Iztapalapa, con la amenaza constante de expulsarlos del país.
Cecilia Romero, titular de esa dependencia, dijo que no le correspondía investigar el robo de documentos y reconoció que no había ningún requerimiento ni acusación de autoridades extranjeras ni tribunales nacionales contra los cuatro detenidos, es decir, que los extranjeros pasaron ocho días de detención injustificada. Los atropellos sufridos por los catalanes son vergonzosos, inadmisibles y constituyen una pequeña muestra ("el portal del horror", dijeron los afectados en una misiva dirigida a organizaciones solidarias, en la que explicaban la represión y la tortura que prevalecen en nuestro país) de la arbitrariedad e ilegalidad con que se desempeñan las autoridades estatales y federales. El asunto reviste gravedad adicional si se considera que el atropello se perpetró poco después de que las víctimas participaron en la presentación de videos zapatistas en el zócalo de Oaxaca, y que al menos una de las ellas pertenece a la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), organismo que en diciembre pasado elaboró un informe sobre las violaciones a las garantías individuales en Oaxaca. Es inevitable suponer que la detención arbitraria, el maltrato, el robo y la imputación inverosímil de "escándalo en la vía pública" -una falta administrativa menor- fueron en realidad una venganza y una advertencia del gobierno de Ulises Ruiz a los observadores extranjeros que documentan los excesos cometidos por las fuerzas represivas de la entidad.
Igualmente indignante es que el gobierno federal haya colaborado en el atropello. El hecho de que Felipe Calderón Hinojosa hablara ante la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Kanh, de supuestos "avances" en materia de derechos humanos justo cuando los catalanes eran recluidos (sin delito cometido) en la estación migratoria de Iztapalapa, muestra de manera inequívoca el doble discurso que mantienen las autoridades panistas desde el sexenio pasado en este tema. La administración actual ha construido un discurso en el que se habla de manera casi obsesiva de respeto a las leyes, aunque las primeras en violentar la legalidad son las propias autoridades. La flagrante arbitrariedad padecida por los ciudadanos catalanes es una gota en el océano de violaciones a los derechos humanos al que se refirió la semana pasada Irene Khan, durante su visita a nuestro país.
Tales violaciones son, por supuesto, delitos sancionables y, en el caso de los catalanes, hay indicios claros de abuso de autoridad, quebrantamiento de las responsabilidades de empleados públicos, usurpación de funciones y privación ilegal de la libertad, sólo por mencionar algunos. Asimismo, es por demás dudoso que algún funcionario estatal o federal sea presentado ante un tribunal para que responda por esas graves faltas. De confirmarse este pronóstico irritante, se comprobará, una vez más, que en nuestro país son los gobernantes quienes violentan en primer lugar el multimencionado estado de derecho.
Al comprar su boleto para viajar a México, cuatro ciudadanos españoles no se imaginaban lo que les esperaría durante su paseo en territorio mexicano. El domingo pasado, cuando caminaban cerca del Zócalo de la ciudad de Oaxaca, en compañía de un mexicano, todos fueron detenidos sin que se les dijera de qué se les acusaba. Los policías no les devolvieron sus pertenencias –entre ellas los pasaportes– por lo que el Ministerio Público los remitió a la estación de Iztapalapa del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Distrito Federal con la intención de deportarlos. Sin embargo, la medida no se aplicó debido a que la senadora Rosario Ibarra de Piedra tramitó un amparo en favor de los detenidos, mismo que fue concedido por el juez sexto de distrito de amparo en materia penal del Distrito Federal.
Cecilia Romero, titular de esa dependencia, dijo que no le correspondía investigar el robo de documentos y reconoció que no había ningún requerimiento ni acusación de autoridades extranjeras ni tribunales nacionales contra los cuatro detenidos, es decir, que los extranjeros pasaron ocho días de detención injustificada. Los atropellos sufridos por los catalanes son vergonzosos, inadmisibles y constituyen una pequeña muestra ("el portal del horror", dijeron los afectados en una misiva dirigida a organizaciones solidarias, en la que explicaban la represión y la tortura que prevalecen en nuestro país) de la arbitrariedad e ilegalidad con que se desempeñan las autoridades estatales y federales. El asunto reviste gravedad adicional si se considera que el atropello se perpetró poco después de que las víctimas participaron en la presentación de videos zapatistas en el zócalo de Oaxaca, y que al menos una de las ellas pertenece a la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), organismo que en diciembre pasado elaboró un informe sobre las violaciones a las garantías individuales en Oaxaca. Es inevitable suponer que la detención arbitraria, el maltrato, el robo y la imputación inverosímil de "escándalo en la vía pública" -una falta administrativa menor- fueron en realidad una venganza y una advertencia del gobierno de Ulises Ruiz a los observadores extranjeros que documentan los excesos cometidos por las fuerzas represivas de la entidad.
Igualmente indignante es que el gobierno federal haya colaborado en el atropello. El hecho de que Felipe Calderón Hinojosa hablara ante la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Kanh, de supuestos "avances" en materia de derechos humanos justo cuando los catalanes eran recluidos (sin delito cometido) en la estación migratoria de Iztapalapa, muestra de manera inequívoca el doble discurso que mantienen las autoridades panistas desde el sexenio pasado en este tema. La administración actual ha construido un discurso en el que se habla de manera casi obsesiva de respeto a las leyes, aunque las primeras en violentar la legalidad son las propias autoridades. La flagrante arbitrariedad padecida por los ciudadanos catalanes es una gota en el océano de violaciones a los derechos humanos al que se refirió la semana pasada Irene Khan, durante su visita a nuestro país.
Tales violaciones son, por supuesto, delitos sancionables y, en el caso de los catalanes, hay indicios claros de abuso de autoridad, quebrantamiento de las responsabilidades de empleados públicos, usurpación de funciones y privación ilegal de la libertad, sólo por mencionar algunos. Asimismo, es por demás dudoso que algún funcionario estatal o federal sea presentado ante un tribunal para que responda por esas graves faltas. De confirmarse este pronóstico irritante, se comprobará, una vez más, que en nuestro país son los gobernantes quienes violentan en primer lugar el multimencionado estado de derecho.
- Intervención de Rosario Ibarra evitó que los deportaran
- Sin explicaciones, detienen a turistas españoles en Oaxaca
Al comprar su boleto para viajar a México, cuatro ciudadanos españoles no se imaginaban lo que les esperaría durante su paseo en territorio mexicano. El domingo pasado, cuando caminaban cerca del Zócalo de la ciudad de Oaxaca, en compañía de un mexicano, todos fueron detenidos sin que se les dijera de qué se les acusaba. Los policías no les devolvieron sus pertenencias –entre ellas los pasaportes– por lo que el Ministerio Público los remitió a la estación de Iztapalapa del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Distrito Federal con la intención de deportarlos. Sin embargo, la medida no se aplicó debido a que la senadora Rosario Ibarra de Piedra tramitó un amparo en favor de los detenidos, mismo que fue concedido por el juez sexto de distrito de amparo en materia penal del Distrito Federal.
- La querella ante la PGR se presentó por abusos cometidos: Rosario Ibarra
- Denuncian a Ramírez Acuña y al INM por detención de españoles en Oaxaca
- Es un acto fuera de derecho, pues no se acreditó delito alguno, dice la senadora
- Los golpearon y robaron sus documentos, afirma la Limeddh, que interpuso un amparo
Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presentó ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia en contra del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, por la detención de cuatro ciudadanos españoles en la ciudad de Oaxaca.
- Denuncian que sufrieron robo de pertenencias, incomunicación y malos tratos
- "Fuimos secuestrados", dicen los cuatro catalanes detenidos ilegalmente por INM
Los cuatro españoles detenidos en Oaxaca hace unos días ofrecieron ayer una conferencia en el Club de Periodistas para denunciar los abusos que sufrieron Foto: Jesús Villaseca"Fuimos secuestrados" por las autoridades mexicanas, resumieron los cuatro catalanes que la noche del pasado lunes obtuvieron su libertad debido a que el Instituto Nacional de Migración (INM) confirmara su estancia legal en México, luego de que fueran recluidos por seis días en la estación de Iztapalapa.
Laia Serra Perelló, Ramón Sesén Marquina, Nuria Morelló Calafell y Ariadna Nieto Espiné relataron que tras haber sido detenidos en Oaxaca el pasado 5 de agosto por policías estatales, sufrieron "violaciones a nuestros derechos humanos", como el robo de sus pertenencias, golpes, incomunicación, malos tratos e inclusive una de las mujeres tocamientos sexuales.
Debido a que sus pertenencias les fueron confiscadas, no pudieron acreditarse con documentos oficiales ante el juez oaxaqueño, por lo que fueron remitidos a la estación migratoria del estado, para posteriormente ser trasladados a la de la ciudad de México, donde -denunciaron- no se les permitió ratificar una demanda de amparo en su favor contra la deportación y la privación "ilegal" de la libertad, ya que funcionarios del INM los "amedrentaron". Aunque desde el momento de su detención exigieron que se revisara su situación migratoria en la base de datos del INM, el trámite "se prolongó de manera ilegal durante ocho días", aseguró Hugo Rosas, abogado de los extranjeros, quien informó que ya se interpuso una demanda contra autoridades federales y estatales por la violación a los derechos humanos de sus defendidos. "Cómo puede ser que necesiten de varios días para consultar un registro informativo", acusó Serra. Y agregó que lo que les sucedió "es de suma gravedad", pues entre otras cosas hasta el momento no se les ha informado sobre el caso. "¿Cómo puede ser que al día de hoy no se nos haya notificado nada? Ni sanción administrativa ni resolución migratoria. En la legislación internacional todo el mundo tiene derecho a saber en todo momento de qué se le acusa", agregó. Los extranjeros, quienes ingresaron como turistas entre junio y agosto de este año, fueron apoyados por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, quien la semana pasada interpuso una denuncia en contra del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y de la titular del INM, Cecilia Romero. Ramón Sesén acusó que luego de esta experiencia les mandaron el mensaje de que "aquí no ha pasado nada y todo está bien"; sin embargo, aseguró que se siente indignado debido que les "arruinaron" sus planes vacacionales.
Por su parte, Ariadna Nieto indicó que "sí nos sentimos agredidos" tras la experiencia en territorio mexicano. Por ello, agregó Nuria Morelló, es probable que abandonen el país antes de que se cumplan los 180 días que marca la ley como máximo para la estancia turística en México. Pese a la "indignación" que se llevan luego de esta experiencia, Nieto refirió que también les dejó una lección, pues en el centro de retención migratoria pudieron convivir con personas centroamericanas, "lo que nos dio una lección de fuerza y valentía de quienes se juegan día a día la existencia por tener mejores condiciones de vida".
Laia Serra Perelló, Ramón Sesén Marquina, Nuria Morelló Calafell y Ariadna Nieto Espiné relataron que tras haber sido detenidos en Oaxaca el pasado 5 de agosto por policías estatales, sufrieron "violaciones a nuestros derechos humanos", como el robo de sus pertenencias, golpes, incomunicación, malos tratos e inclusive una de las mujeres tocamientos sexuales.
Debido a que sus pertenencias les fueron confiscadas, no pudieron acreditarse con documentos oficiales ante el juez oaxaqueño, por lo que fueron remitidos a la estación migratoria del estado, para posteriormente ser trasladados a la de la ciudad de México, donde -denunciaron- no se les permitió ratificar una demanda de amparo en su favor contra la deportación y la privación "ilegal" de la libertad, ya que funcionarios del INM los "amedrentaron". Aunque desde el momento de su detención exigieron que se revisara su situación migratoria en la base de datos del INM, el trámite "se prolongó de manera ilegal durante ocho días", aseguró Hugo Rosas, abogado de los extranjeros, quien informó que ya se interpuso una demanda contra autoridades federales y estatales por la violación a los derechos humanos de sus defendidos. "Cómo puede ser que necesiten de varios días para consultar un registro informativo", acusó Serra. Y agregó que lo que les sucedió "es de suma gravedad", pues entre otras cosas hasta el momento no se les ha informado sobre el caso. "¿Cómo puede ser que al día de hoy no se nos haya notificado nada? Ni sanción administrativa ni resolución migratoria. En la legislación internacional todo el mundo tiene derecho a saber en todo momento de qué se le acusa", agregó. Los extranjeros, quienes ingresaron como turistas entre junio y agosto de este año, fueron apoyados por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, quien la semana pasada interpuso una denuncia en contra del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y de la titular del INM, Cecilia Romero. Ramón Sesén acusó que luego de esta experiencia les mandaron el mensaje de que "aquí no ha pasado nada y todo está bien"; sin embargo, aseguró que se siente indignado debido que les "arruinaron" sus planes vacacionales.
Por su parte, Ariadna Nieto indicó que "sí nos sentimos agredidos" tras la experiencia en territorio mexicano. Por ello, agregó Nuria Morelló, es probable que abandonen el país antes de que se cumplan los 180 días que marca la ley como máximo para la estancia turística en México. Pese a la "indignación" que se llevan luego de esta experiencia, Nieto refirió que también les dejó una lección, pues en el centro de retención migratoria pudieron convivir con personas centroamericanas, "lo que nos dio una lección de fuerza y valentía de quienes se juegan día a día la existencia por tener mejores condiciones de vida".
Kikka Roja
ResponderBorrarHello!
Very good posting.
Thank you - Have a good day!!!
:O)