México, D.F., 19 de septiembre (apro).- Hace cuatro meses Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fueron capturados en Oaxaca y, hasta la fecha, no se sabe de ellos. Son los primeros desaparecidos políticos del gobierno de Felipe Calderón, el que al parecer está dispuesto a reeditar los instrumentos de la guerra sucia de los años setenta. En un sistema presidencialista como el de México, es muy difícil creer que el jefe del Ejecutivo desconozca el paradero de los dos activistas del EPR, sobre todo después que dicho grupo ha concretado dos series de sabotajes a ductos de Pemex, con costos millonarios. Por eso suenan a burla las declaraciones del gobierno federal, del Ejército, aunadas a la comparsa del ombudsman nacional, en el sentido de que no tienen idea de dónde estarán los dos milicianos del EPR desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca, y de que no están ni han estado en cárceles militares, como si en éstas se llevara un registro público de los detenidos.
También suenan a burla las declaraciones del secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Sáynez, así como las del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, de que todo se reduce a un ajuste de cuentas entre la guerrilla. Es verdad que entre los grupos insurgentes ha habido estos ajustes internos, y que en algunos casos éstos han derivado en asesinatos. Pero siempre han sido en sigilo, para no llamar la atención, y en esta situación en particular, todo indica que se trata de una operación del gobierno federal. Hay muchas versiones de cómo se dio la captura. La primera fue que policías de Oaxaca los detuvieron fortuitamente en un hotel de la capital llamado “El Arbol” y, cuando descubrieron quiénes eran los activistas, los entregaron a los militares, los que los torturaron varios días, a tal grado que los sacaron en camilla para transportarlos a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Ciudad de México. Felipe Edgardo Canseco, exguerrillero, abogado e integrante de la organización política Izquierda Democrática Popular, reveló a Proceso esta semana (edición 1611) que el 9 de agosto, poco después del mediodía, un militar de uniforme, que se identificó con credencial del Ejército, acudió a sus oficinas para decirles que había visto a los dos miembros del EPR ingresar a las instalaciones del Campo Militar Número 1, un hecho que el gobierno de Calderón y la propia Sedena han negado en varias ocasiones. Esta misma información coincide con la que el EPR ha repetido en al menos la mitad de un total de 32 comunicados emitidos desde el 2 de junio pasado, cuando denunció por primera vez que sus dos militantes habían sido detenidos en Oaxaca el 25 de mayo, “entre las 20:00 y 22:00 horas en una acción fortuita de la policía”.
La desaparición de los dos eperristas ha sido desdeñada por el gobierno de Calderón Hinojosa, el cual se ha concentrado en denostar los ataques del grupo rebelde. Pero tendría que responder primero a la clara violación de los derechos humanos que se está perpetrando contra Reyes Amaya y Cruz Sánchez, quienes se encuentran desparecidos por pertenecer a un grupo social armado, cuyos objetivos esenciales pugnan por abatir la pobreza, marginación y olvido para más de 50 millones de mexicanos sumidos en la miseria. Calderón se equivoca, como lo hicieron por 40 años los gobiernos priistas, en utilizar la fuerza militar y policiaca para enfrentar a los grupos insurgentes. Es poco inteligente repetir tácticas que han demostrado su ineficacia: la represión y la violencia institucional sólo radicaliza más a la sociedad y alienta la proliferación de grupos armados. La lección de los setenta es la prueba más fehaciente de que el camino es otro. Se trata de buscar vías para el diálogo con el EPR, presentar con vida a sus dos activistas para que sean juzgados si son encontrados responsables de algunos delitos y, sobre todo, desplegar programas agresivos contra la pobreza en las regiones marginadas del país. Es en estos lugares donde se encuentran las bases de apoyo de la guerrilla y también los cultivos del narcotráfico, el que de paso también saca provecho de esta deplorable situación.
También suenan a burla las declaraciones del secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Sáynez, así como las del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, de que todo se reduce a un ajuste de cuentas entre la guerrilla. Es verdad que entre los grupos insurgentes ha habido estos ajustes internos, y que en algunos casos éstos han derivado en asesinatos. Pero siempre han sido en sigilo, para no llamar la atención, y en esta situación en particular, todo indica que se trata de una operación del gobierno federal. Hay muchas versiones de cómo se dio la captura. La primera fue que policías de Oaxaca los detuvieron fortuitamente en un hotel de la capital llamado “El Arbol” y, cuando descubrieron quiénes eran los activistas, los entregaron a los militares, los que los torturaron varios días, a tal grado que los sacaron en camilla para transportarlos a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Ciudad de México. Felipe Edgardo Canseco, exguerrillero, abogado e integrante de la organización política Izquierda Democrática Popular, reveló a Proceso esta semana (edición 1611) que el 9 de agosto, poco después del mediodía, un militar de uniforme, que se identificó con credencial del Ejército, acudió a sus oficinas para decirles que había visto a los dos miembros del EPR ingresar a las instalaciones del Campo Militar Número 1, un hecho que el gobierno de Calderón y la propia Sedena han negado en varias ocasiones. Esta misma información coincide con la que el EPR ha repetido en al menos la mitad de un total de 32 comunicados emitidos desde el 2 de junio pasado, cuando denunció por primera vez que sus dos militantes habían sido detenidos en Oaxaca el 25 de mayo, “entre las 20:00 y 22:00 horas en una acción fortuita de la policía”.
La desaparición de los dos eperristas ha sido desdeñada por el gobierno de Calderón Hinojosa, el cual se ha concentrado en denostar los ataques del grupo rebelde. Pero tendría que responder primero a la clara violación de los derechos humanos que se está perpetrando contra Reyes Amaya y Cruz Sánchez, quienes se encuentran desparecidos por pertenecer a un grupo social armado, cuyos objetivos esenciales pugnan por abatir la pobreza, marginación y olvido para más de 50 millones de mexicanos sumidos en la miseria. Calderón se equivoca, como lo hicieron por 40 años los gobiernos priistas, en utilizar la fuerza militar y policiaca para enfrentar a los grupos insurgentes. Es poco inteligente repetir tácticas que han demostrado su ineficacia: la represión y la violencia institucional sólo radicaliza más a la sociedad y alienta la proliferación de grupos armados. La lección de los setenta es la prueba más fehaciente de que el camino es otro. Se trata de buscar vías para el diálogo con el EPR, presentar con vida a sus dos activistas para que sean juzgados si son encontrados responsables de algunos delitos y, sobre todo, desplegar programas agresivos contra la pobreza en las regiones marginadas del país. Es en estos lugares donde se encuentran las bases de apoyo de la guerrilla y también los cultivos del narcotráfico, el que de paso también saca provecho de esta deplorable situación.
Kikka Roja
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