- Se pretendía usar tarjeta de crédito de un detenido
- Personal de la SIEDO, implicado en tentativa de fraude en Colombia
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) enfrenta una delicada acusación pública que pone en entredicho la probidad de sus funcionarios. Leonardo Omar Santana, uno de los dos presuntos autores materiales del homicidio del juez federal René Hilario Nieto Contreras, quien fue detenido por la Agencia Federal de Investigación (AFI) el pasado 17 de mayo y desde hace dos meses se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el estado de México, denunció a este diario que fue víctima de una tentativa de fraude de las autoridades ministeriales. El pasado sábado, una de las cuatro tarjetas de crédito que le incautó la SIEDO cuando fue detenido, hace cuatro meses, estuvo a punto de ser utilizada en Colombia, pero los ejecutivos de Banamex bloquearon la transacción, al descubrir que el titular de la línea de crédito no era la persona que portaba el plástico. Fue la esposa del inculpado quien el sábado pasado recibió una llamada telefónica de un ejecutivo de Banamex para confirmar si Sanyana se encontraba en el país latinoamericano, ya que un sujeto –aún no identificado– intentó pagar con dicha tarjeta bancaria, pero debido a lo elevado del cargo se tuvo que dar cuenta a la institución crediticia antes de autorizar el mismo.
A decir de los abogados de Santana, en su momento reclamaron a la SIEDO las tarjetas bancarias y 400 pesos en efectivo, que le fueron asegurados a su cliente. El resguardo y vigilancia de cualquier bien decomisado es responsabilidad directa del Ministerio Público Federal (MPF) en tanto no sea puesto a disposición de un impartidor de justicia. Según el penalista Alejandro Díaz, defensor de Santana, el Código Federal de Procedimientos Penales señala que cuando un inculpado reclama como suyos los bienes que se le hubieran decomisado y/o asegurado como parte de una indagatoria ministerial, las autoridades están obligadas a ponerlos a disposición del juez de la causa, quien será el único que definirá el futuro de los mismos. La intención de utilizar la tarjeta de crédito de un procesado será denunciada por el litigante ante otra área de la PGR para que se deslinden responsabilidades penales.
En entrevista con La Jornada, el abogado refirió que Santana enfrenta múltiples afectaciones emocionales y sicológicas derivadas de su reclusión en un penal de máxima seguridad, pese a que “está plenamente documentado que él no estuvo en Toluca cuando se asesinó al juez Nieto Contreras”. Sus preocupaciones e inestabilidad emocional “se incrementaron ahora que su esposa se enteró de la intención de defraudarlo”, motivo por el cual ya ordenaron el bloqueo precautorio de todas sus tarjetas de crédito y débito en poder de la SIEDO. El litigante exhortó al presidente Felipe Calderón a intervenir en este caso, porque “no sólo implica el procesamiento de dos personas inocentes”, sino que “funcionarios de la PGR están haciendo mal uso de los bienes asegurados que están bajo resguardo ministerial, y eso es un delito grave”. En días pasados, este diario citó fuentes judiciales que revelaron que el juicio penal contra los presuntos homicidas del juez federal René Hilario Nieto Contreras está a un paso de dar un vuelco total, ya que los inculpados recuperarían su libertad en breve. Hace tres semanas, el juez federal Mario Ariel Acevedo, encargado del proceso, vio un video grabado el día del asesinato (17 de agosto de 2006) en el aeropuerto de Toluca, estado de México, en el cual aparecen a cuadro los ejecutores de Nieto Contreras, que fueron identificados por un agente de la terminal aérea.
Ninguno de los dos sujetos que aparecen en la imagen tiene los rasgos físicos de los detenidos en el penal federal del Altiplano. Incluso una de las personas que se aprecian en el video tiene bigote, cuando ninguno de los supuestos homicidas detenidos posee ese rasgo; además, los sujetos captados en la imagen aparentan más de 40 años, mientras los procesados han demostrado tener menos de 30.
A decir de los abogados de Santana, en su momento reclamaron a la SIEDO las tarjetas bancarias y 400 pesos en efectivo, que le fueron asegurados a su cliente. El resguardo y vigilancia de cualquier bien decomisado es responsabilidad directa del Ministerio Público Federal (MPF) en tanto no sea puesto a disposición de un impartidor de justicia. Según el penalista Alejandro Díaz, defensor de Santana, el Código Federal de Procedimientos Penales señala que cuando un inculpado reclama como suyos los bienes que se le hubieran decomisado y/o asegurado como parte de una indagatoria ministerial, las autoridades están obligadas a ponerlos a disposición del juez de la causa, quien será el único que definirá el futuro de los mismos. La intención de utilizar la tarjeta de crédito de un procesado será denunciada por el litigante ante otra área de la PGR para que se deslinden responsabilidades penales.
En entrevista con La Jornada, el abogado refirió que Santana enfrenta múltiples afectaciones emocionales y sicológicas derivadas de su reclusión en un penal de máxima seguridad, pese a que “está plenamente documentado que él no estuvo en Toluca cuando se asesinó al juez Nieto Contreras”. Sus preocupaciones e inestabilidad emocional “se incrementaron ahora que su esposa se enteró de la intención de defraudarlo”, motivo por el cual ya ordenaron el bloqueo precautorio de todas sus tarjetas de crédito y débito en poder de la SIEDO. El litigante exhortó al presidente Felipe Calderón a intervenir en este caso, porque “no sólo implica el procesamiento de dos personas inocentes”, sino que “funcionarios de la PGR están haciendo mal uso de los bienes asegurados que están bajo resguardo ministerial, y eso es un delito grave”. En días pasados, este diario citó fuentes judiciales que revelaron que el juicio penal contra los presuntos homicidas del juez federal René Hilario Nieto Contreras está a un paso de dar un vuelco total, ya que los inculpados recuperarían su libertad en breve. Hace tres semanas, el juez federal Mario Ariel Acevedo, encargado del proceso, vio un video grabado el día del asesinato (17 de agosto de 2006) en el aeropuerto de Toluca, estado de México, en el cual aparecen a cuadro los ejecutores de Nieto Contreras, que fueron identificados por un agente de la terminal aérea.
Ninguno de los dos sujetos que aparecen en la imagen tiene los rasgos físicos de los detenidos en el penal federal del Altiplano. Incluso una de las personas que se aprecian en el video tiene bigote, cuando ninguno de los supuestos homicidas detenidos posee ese rasgo; además, los sujetos captados en la imagen aparentan más de 40 años, mientras los procesados han demostrado tener menos de 30.
Kikka Roja
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