Sergio Aguayo : Tiendas de raya

Tiendas de raya

sergioaguayo@infosel.net.mx www.sergioaguayo.org La violencia tiene muchas caras y una de las menos atendidas es el maltrato cotidiano a los consumidores. Con esa tesis rescató la poco conocida historia de unas reformas que aprobó el Congreso y vetó Felipe Calderón ante la incomprensible indiferencia de la izquierda. A las “tiendas de raya” se les asocia con las haciendas de la dictadura porfirista. En ellas cobraban y gastaban los campesinos su salario y en ellas se endeudaban y terminaban esclavizados a los privilegiados. Pero “la tienda de raya no (era) un simple abuso de los hacendados” escribe Friedrich Katz citando a Luis Cabrera; era “una necesidad económica del sistema”. En el siglo 21 las tasas de ganancia del sistema dependen de la explotación que un buen número de empresas públicas y privadas hacen de los consumidores; una especie de peones acapillados posmodernos. La telefonía, la banca, las televisoras privadas, la electricidad, las inmobiliarias, entre otros, han diseñado métodos altamente sofisticados para capturarnos en sus redes y extraernos recursos con mecanismos que van de lo burdo a lo sofisticado. El sistema funciona porque los partidos políticos también están atrapados en las redes de interés y por lo general toleran leyes y prácticas en beneficio de los poderes fácticos. Por ello resulta tan excepcional y sorprendente que los partidos estén a punto de aprobar una reforma electoral que rompe su vasallaje frente a los medios electrónicos. En el 2005 dos diputados del PRI, Francisco Arroyo Vieyra y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, presentaron una iniciativa para cambiar la Ley Federal de Protección al Consumidor. Justificaban las modificaciones en que “el sector de la vivienda se había visto seriamente afectado” lo cual era falso porque en el sexenio del dicharachero presidente Fox la construcción fue una de las áreas más dinámicas. Los diputados priístas querían darle cuello a la ley vigente porque protegía a los consumidores y eso “representaba un riesgo evidente” para el “sector de la vivienda”. Los cambios defendían los intereses de las inmobiliarias endureciendo, por ejemplo, las condiciones impuestas al comprador de una casa para quejarse por defectos en la construcción. También le quitaban a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la facultad de “ordenar al proveedor” quitar la publicidad o información mentirosa. Esa facultad, por cierto, fue la utilizada por la Profeco para frenar hace unos meses a los magos y adivinos que engañan televidentes. En suma, una ley hecha a la medida de las empresas y en detrimento de los millones que pasan privaciones para cumplirse el sueño de la casa propia. La iniciativa se convirtió en Ley el miércoles 14 de diciembre del 2005. Era el último día de sesiones y sin discutirla fue aprobada con los votos en contra de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN). Estuvieron a favor el Revolucionario Institucional, el Verde y los tres partidos que en el 2006 crearían el Frente Amplio Progresista: Partido del Trabajo, Convergencia y el Partido de la Revolución Democrática. Se reconfirma que diciembre del 2005 fue el “mes de la izquierda descuidada”. En aquellas semanas la fracción del PRD, dirigida por Pablo Gómez, votó todo lo que le pusieron por enfrente: La Ley Televisa y unas reformas que lesionan a millones de consumidores. En el Senado pasó lo mismo: El 26 de abril de este año fue aprobada sin discusión. El atraco se hubiera consumado de no haber sido porque uno de los diputados panistas que votó en contra, Antonio Morales de la Peña, fue nombrado Procurador de defensa de los consumidores. La Profeco trabajó varios meses con la Consejería Jurídica de la Presidencia para generar el primer veto de Felipe Calderón a una ley que lesionaba el interés general. Una decisión positiva que compensa en algo las medidas que generalmente toman los gobiernos panistas a favor del sector privado. El voto y el veto me llevan a discutir un misterio. ¿Por qué si el PRD quiere ser el abanderado de las mayorías no le dedicó atención a una ley que desde la exposición de motivos favorecía a unos cuantos en perjuicio de toda la población? En este caso puede tratarse de un descuido, pero en términos generales la izquierda mexicana en el Congreso no pareciera saber como manejarse frente a la economía de mercado a la cual rechaza de manera impulsiva porque la ven como sinónimo de desigualdad. Como en su programa tampoco está sustituirla se refugia en una evasión que termina facilitando los atracos a los consumidores. Un filósofo español, Daniel Innerarity escribió una columna en la cual propone que la izquierda debe utilizar las reglas de la economía de mercado para combatir la desigualdad. Así, reivindica que la competencia es un “auténtico valor de izquierda” porque se la puede utilizar para enfrentar a los monopolios públicos o privados; sobre todo cuanto éstos han dejado de proveer bienes en “condiciones económicamente eficaces y socialmente ventajosas”. (“Salir del pesimismo”, el país, 7 de septiembre de 2007). Un razonamiento idéntico podría hacerse sobre los consumidores. En la medida en la que se les defienda frente a los productores se incrementan sus ingresos y se contienen los excesos de un liberalismo que favorece a los productores. En la riqueza de las naciones (1776) Adam Smith ya sostenía que “el consumo es el sólo propósito y fin de la producción” pero que “el interés del consumidor es constantemente sacrificado en pos del interés del productor”. Nuestra Constitución está plagada de buenos deseos y en el artículo 28 se dice que “la ley protegerá a los consumidores”. Precepto ignorado porque ningún partido incorpora la idea en sus programas y sólo se involucran en casos aislados. En la historia aquí contada un gobierno de derecha defendió el bien común mientras que la izquierda no entiende que los obreros, los campesinos y los ciudadanos también somos consumidores. La miscelánea Las leyes sirven de muy poco cuando las instituciones carecen de la voluntad para hacerlas funcionar. Aunque el artículo 35 de la Ley de Protección al Consumidor faculta a la Profeco para que suspenda la publicidad mentirosa, ésta sigue permitiendo a Sky anunciar que transmitirá el 100 por ciento de los partidos de la Liga de Futbol de España lo cual es falso. A la Profeco, como a otros organismos públicos que defienden derechos, les falta consistencia en su compromiso.

Kikka Roja