Plaza Pública
A la mitad del proceso de exploración que la ley orgánica de la UNAM le ordena realizar antes de elegir rector, la Junta de Gobierno ha visto colmada su agenda para recibir opiniones sobre quién debe gobernar a la Universidad nacional en los próximos cuatro años. Tan sólo en las primeras doce horas, después de publicada la convocatoria respectiva el 7 de octubre se formalizaron 240 citas. Para cumplir ésas y los cientos que siguieron, el órgano elector de la UNAM formó cinco comisiones que ha recibido a grupos y personas portadoras de propuestas y apoyos a aspirantes, y también de proyectos de universidad sin postulación de nadie.
Esta es la vigésima ocasión en que una junta de Gobierno elige a un rector. Promulgada la ley que le dio origen en enero de 1945, su autor Alfonso Caso instaló la junta ese mismo año, que al siguiente eligió al primer gobernante universitario conforme al nuevo régimen, el abogado Genaro Fernández McGregor. No permaneció en su cargo más que dos años, al cabo de los cuales lo sustituyó el doctor Salvador Zubirán, médico eminente que como su antecesor no llegó siquiera a la mitad de su mandato, interrumpido por una sucia revuelta. Tan inestable era la situación universitaria que el tercer rector elegido por la Junta fundadora, Andrés Serra Rojas, abogado también, apenas ostentó el nombramiento unos días de mayo de 1948, y luego declinó. Mientras que grupos conservadores pretendían hacer rector, por plebiscito, a Antonio Díaz Soto y Gama, la Junta eligió cuarto rector al también abogado Luis Garrido, que permaneció en su cargo hasta poco antes de concluir su cuatrienio, en 1953. Lo reemplazó el doctor Nabor Carrillo Flores, ingeniero, primero en ser elegido sin tormenta en torno, primero también en ser reelegido, por lo que permaneció ocho años en la flamante Torre de la rectoría, de que fue primer ocupante.
El doctor Ignacio Chávez, médico de la talla del depuesto Zubirán, fue elegido dos veces por la Junta, en 1961 y 1965, pero al año siguiente renunció en medio de presiones ruines. Lo reemplazó en mayo de 1966 el ingeniero Javier Barros Sierra, que cuatro años más tarde hubiera podido ser reelegido, pero declinó esa posibilidad en vista de su precaria salud. Fue elegido entonces el doctor Pablo González Casanova, historiador y sociólogo, que renunció en medio de un conflicto compuesto de ingredientes diversos, por lo que en 1972 la Junta eligió al doctor Guillermo Soberón, médico de origen, bioquímico después, reelegido en 1977. Otro médico, Octavio Rivero, lo sustituyó en 1981 y cuatro años más tarde la Junta escogió al abogado Jorge Carpizo, que optó por no presentarse a la reelección en 1989. Fue escogido entonces el doctor José Sarukhán, biólogo, botánico y ecólogo, que cumplió dos periodos, pues fue reelegido en 1993. Lo sucedió en 1997 el ingeniero químico Francisco Barnés que no pudo concluir su mandato pues renunció durante la terrible huelga de 1999. La Junta, en fin, eligió dos veces al médico Juan Ramón de la Fuente, en 1999 y en 2003.
En los ocho años del rectorado de De la Fuente, la Junta fue renovada casi en su totalidad, salvo el caso de Julio Labastida, sociólogo y Álvaro Matute, historiador, que ingresaron durante el periodo de Barnés. Luego fueron nombrados por el Consejo universitario, a propuesta del rector, Francisco Bolívar Zapata, bioquímico; Manuel Peimbert Sierra, físico y astrónomo; Rolando Cordera Campos, economista; María Elena Medina-Mora, psicóloga, Carlos Larralde, biólogo; Olga Elizabeth Hansberg Torres, filósofa, David Kershenovich, médico; Francisco Casanova, sociólogo; Alonso Gómez-Robledo, abogado; Elizabeth Guadalupe Luna Trail, filóloga; Octavio Paredes López, ingeniero bioquímico, primer miembro de la Junta no formado en la Universidad; Luis Alberto Zarco, médico veterinario: y Jorge Borja Navarrete, ingeniero. Señalo las disciplinas en que se formaron para mostrar uno de los ángulos de la diversidad presente en la Junta. Sus miembros tienen, al mismo tiempo, notas en común. La mayor parte de ellos ha dirigido facultades e institutos, lo que quiere decir que ahora electores antes fueron elegidos, algunos más de una vez. Casi todos han sido distinguidos con reconocimientos como el Premio nacional o incluso con galardones internacionales, como el Príncipe de Asturias recibido por Bolívar Zapata.
Casi sin excepción, realizan sus labores de investigación y docencia en la propia Universidad nacional. Integran, ciertamente, un cuerpo de notables, sin el dejo sarcástico con que buscan descalificarlos quienes resienten el carácter elitista del mecanismo de elección vigente durante más de seis décadas. Es quizá un modelo anacrónico, pero sin duda mejor que el de antes de 1945, que perturbaba a veces hondamente a la comunidad universitaria. Hoy esta no permanece al margen, aunque sus expresiones no sean determinantes sino que son matizadas por el criterio y los intereses de los quince electores, cuya carrera académica, en términos generales, además de haberlos prestigiado los dota de credibilidad. Y de perspicacia para distinguir el grano de la paja. Los electores disfrutan además, en esta ocasión, del privilegio de la mayor libertad posible para su decisión. Nunca fue cierto que la Junta actuara como mera correa de transmisión de instrucciones venidas de fuera. Pero el sistema presidencial autoritario era capaz de inducir el nombramiento. Hoy ya no lo es. Creo. Así lo espera, así lo necesita la Universidad.
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