Jenaro Villamil
México, D.F., 20 de noviembre (apro)
Para los conocedores de los entretelones de la negociación, Alcocer cometió tres errores fundamentales que lo colocaron en el ojo del huracán.La designación de los tres nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), incluyendo a quien sustituirá a Luis Carlos Ugalde como consejero presidente, ha vuelto a agitar las aguas en una relación nada fácil entre el Congreso, el gobierno de Felipe Calderón, las televisoras y las cúpulas empresariales, luego de la reforma constitucional que ordenó la prohibición absoluta de la compra de spots de promoción político-electoral. Este martes, la Cámara de Diputados aprobó por 370 votos a favor, ocho abstenciones y ningún voto en contra la convocatoria para elegir a los tres aspirantes a formar parte del Consejo General del IFE. A falta de un mecanismo de consulta ciudadana amplio y serio, los partidos sólo incluyeron una pasarela de entrevistas y prolongaron el proceso hasta poco después del 13 de diciembre. De acuerdo con esa convocatoria, entre el 4 y 7 de diciembre la Comisión de Gobernación deberá entrevistar a los aspirantes; enviará un informe a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el 10 de diciembre, y los grupos parlamentarios deberán acordar, “por el más amplio consenso posible”, los nombres de quienes sustituirán a tres de los nueve integrantes del Consejo General, así como a quienes relevarán a dos consejeros actuales, además de Ugalde. Este proceso será la operación política más delicada en esta fase del proceso de reforma electoral.
Se empatará con el análisis de la iniciativa de reformas a la ley electoral -el Cofipe-, que desde esta semana se discutirá en las comisiones del Senado y configurará los alcances del nuevo árbitro para los futuros comicios, ente que tendrá mayores atribuciones o “más dientes”, según caracterizó el priista Manlio Fabio Beltrones, uno de los principales artífices de la reforma. El punto más conflictivo de este proceso tiene nombre y apellido: Jorge Alcocer. El especialista en materia electoral -también ex militante del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), ex funcionario en la Secretaría de Gobernación y asesor de la comisión que realizó la ambiciosa reforma constitucional en materia electoral- ha despertado urticaria en los medios, especialmente, en las dos grandes televisoras. El agravio que sienten por la prohibición de mercantilizar las contiendas electorales se lo están cobrando a quien comenzó a perfilarse como el “tapado” para sustituir al defenestrado Luis Carlos Ugalde. Para los conocedores de los entretelones de la negociación, Alcocer cometió tres errores fundamentales que lo colocaron en el ojo del huracán: En primer lugar, comenzó a ‘auto-promoverse’ a través de un circuito de amigos mucho antes que iniciara el proceso; realizó declaraciones para explicar los alcances de la reforma, a pesar que su trabajo era estar “detrás del escritorio”; y, en tercer lugar, hizo saber a propios y extraños que contaba con el aval del poderoso presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, así como de la casa presidencial. Esta autopromoción no ayudó ni a Alcocer ni al propio Beltrones, a quienes más de un observador político ubica como un virtual “vicepresidente en funciones”.
Las suspicacias se incrementaron a raíz de una modificación en el anteproyecto de reforma electoral, que permite a quienes fueron ex líderes de algún partido aspirar a ser consejero presidente del IFE. Alcocer fue ex dirigente del partido Fuerza Ciudadana. La animadversión de las televisoras hacia Alcocer no se ha ocultado. En el trasfondo del veto mediático se deja entrever un nuevo juego de fuerzas y de presiones que, en buena medida, se parecen más a un cobro de facturas que a una posición desinteresada en favor de la autonomía del IFE. Por otro lado el Partido de la Revolución Democrática (PRD), segunda fuerza legislativa en el Congreso de la Unión , no aceptará la candidatura de Alcocer y querrá incorporar a un consejero cercano al sol azteca luego de quedarse al margen de la integración del instituto en octubre del 2003. Por su parte la Coparmex se ha sumado a este debate con una posición mucho más dura, acusando a la partidocracia de querer apropiarse del IFE de manera discrecional.
En un rudo desplegado, publicado el lunes 19 de noviembre en la gran mayoría de los medios impresos, la Coparmex argumenta que ve con preocupación los siguientes hechos: “La modificación apresurada de la Ley Orgánica del Congreso General. Es evidente que la súbita modificación, realizada con las inopinadas dispensas procedimentales, tiene el propósito de facultar a la Junta de Coordinación Política para intervenir en la renovación del Consejo General del IFE, decidiendo criterios, tiempos y hasta nombres de posibles consejeros”. La organización patronal acusa que se abre “un espacio a la discrecionalidad y a la componenda, al tiempo que se retrocedería a una composición por cuotas partidistas”. Para evitarlo, el organismo empresarial propone que la Cámara de Diputados celebre un convenio con Transparencia Internacional para que este organismo certifique la inminente renovación del Consejo General del IFE. Sin embargo, los argumentos del sindicato patronal caen en la misma actitud que critica: orienta sus baterías para vetar a posibles candidatos. Al final, la Coparmex señala que deben declinar públicamente del proceso de selección todos aquellos que “hayan participado en cualquiera de las fases de la reforma constitucional y legal en materia electoral”. Esta sugerencia impediría no sólo que Jorge Alcocer aspirara a integrarse al Consejo General, sino también a otros personajes, como María Amparo Casar o a algunos de los otros asesores del Senado en el proceso de reforma del Estado. Además de estos dos personajes, se menciona al ex consejero Mauricio Merino como otro posible candidato a integrarse al IFE. Frente a ese panorama, corresponderá a los legisladores que una transformación tan amplia y profunda, como la iniciada en septiembre de este año en materia electoral, no naufrague en las miserias y mezquindades políticas.
Por el contrario, se trata de inyectarle credibilidad y fortaleza institucional a un Consejo General del IFE que acabó damnificado por la incapacidad de varios de sus integrantes, pero también por los juegos de poder que derivaron de la crisis postelectoral del 2006.
jenarovi@yahoo.com.mxMéxico, D.F., 20 de noviembre (apro)
Para los conocedores de los entretelones de la negociación, Alcocer cometió tres errores fundamentales que lo colocaron en el ojo del huracán.La designación de los tres nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), incluyendo a quien sustituirá a Luis Carlos Ugalde como consejero presidente, ha vuelto a agitar las aguas en una relación nada fácil entre el Congreso, el gobierno de Felipe Calderón, las televisoras y las cúpulas empresariales, luego de la reforma constitucional que ordenó la prohibición absoluta de la compra de spots de promoción político-electoral. Este martes, la Cámara de Diputados aprobó por 370 votos a favor, ocho abstenciones y ningún voto en contra la convocatoria para elegir a los tres aspirantes a formar parte del Consejo General del IFE. A falta de un mecanismo de consulta ciudadana amplio y serio, los partidos sólo incluyeron una pasarela de entrevistas y prolongaron el proceso hasta poco después del 13 de diciembre. De acuerdo con esa convocatoria, entre el 4 y 7 de diciembre la Comisión de Gobernación deberá entrevistar a los aspirantes; enviará un informe a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el 10 de diciembre, y los grupos parlamentarios deberán acordar, “por el más amplio consenso posible”, los nombres de quienes sustituirán a tres de los nueve integrantes del Consejo General, así como a quienes relevarán a dos consejeros actuales, además de Ugalde. Este proceso será la operación política más delicada en esta fase del proceso de reforma electoral.
Se empatará con el análisis de la iniciativa de reformas a la ley electoral -el Cofipe-, que desde esta semana se discutirá en las comisiones del Senado y configurará los alcances del nuevo árbitro para los futuros comicios, ente que tendrá mayores atribuciones o “más dientes”, según caracterizó el priista Manlio Fabio Beltrones, uno de los principales artífices de la reforma. El punto más conflictivo de este proceso tiene nombre y apellido: Jorge Alcocer. El especialista en materia electoral -también ex militante del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), ex funcionario en la Secretaría de Gobernación y asesor de la comisión que realizó la ambiciosa reforma constitucional en materia electoral- ha despertado urticaria en los medios, especialmente, en las dos grandes televisoras. El agravio que sienten por la prohibición de mercantilizar las contiendas electorales se lo están cobrando a quien comenzó a perfilarse como el “tapado” para sustituir al defenestrado Luis Carlos Ugalde. Para los conocedores de los entretelones de la negociación, Alcocer cometió tres errores fundamentales que lo colocaron en el ojo del huracán: En primer lugar, comenzó a ‘auto-promoverse’ a través de un circuito de amigos mucho antes que iniciara el proceso; realizó declaraciones para explicar los alcances de la reforma, a pesar que su trabajo era estar “detrás del escritorio”; y, en tercer lugar, hizo saber a propios y extraños que contaba con el aval del poderoso presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, así como de la casa presidencial. Esta autopromoción no ayudó ni a Alcocer ni al propio Beltrones, a quienes más de un observador político ubica como un virtual “vicepresidente en funciones”.
Las suspicacias se incrementaron a raíz de una modificación en el anteproyecto de reforma electoral, que permite a quienes fueron ex líderes de algún partido aspirar a ser consejero presidente del IFE. Alcocer fue ex dirigente del partido Fuerza Ciudadana. La animadversión de las televisoras hacia Alcocer no se ha ocultado. En el trasfondo del veto mediático se deja entrever un nuevo juego de fuerzas y de presiones que, en buena medida, se parecen más a un cobro de facturas que a una posición desinteresada en favor de la autonomía del IFE. Por otro lado el Partido de la Revolución Democrática (PRD), segunda fuerza legislativa en el Congreso de la Unión , no aceptará la candidatura de Alcocer y querrá incorporar a un consejero cercano al sol azteca luego de quedarse al margen de la integración del instituto en octubre del 2003. Por su parte la Coparmex se ha sumado a este debate con una posición mucho más dura, acusando a la partidocracia de querer apropiarse del IFE de manera discrecional.
En un rudo desplegado, publicado el lunes 19 de noviembre en la gran mayoría de los medios impresos, la Coparmex argumenta que ve con preocupación los siguientes hechos: “La modificación apresurada de la Ley Orgánica del Congreso General. Es evidente que la súbita modificación, realizada con las inopinadas dispensas procedimentales, tiene el propósito de facultar a la Junta de Coordinación Política para intervenir en la renovación del Consejo General del IFE, decidiendo criterios, tiempos y hasta nombres de posibles consejeros”. La organización patronal acusa que se abre “un espacio a la discrecionalidad y a la componenda, al tiempo que se retrocedería a una composición por cuotas partidistas”. Para evitarlo, el organismo empresarial propone que la Cámara de Diputados celebre un convenio con Transparencia Internacional para que este organismo certifique la inminente renovación del Consejo General del IFE. Sin embargo, los argumentos del sindicato patronal caen en la misma actitud que critica: orienta sus baterías para vetar a posibles candidatos. Al final, la Coparmex señala que deben declinar públicamente del proceso de selección todos aquellos que “hayan participado en cualquiera de las fases de la reforma constitucional y legal en materia electoral”. Esta sugerencia impediría no sólo que Jorge Alcocer aspirara a integrarse al Consejo General, sino también a otros personajes, como María Amparo Casar o a algunos de los otros asesores del Senado en el proceso de reforma del Estado. Además de estos dos personajes, se menciona al ex consejero Mauricio Merino como otro posible candidato a integrarse al IFE. Frente a ese panorama, corresponderá a los legisladores que una transformación tan amplia y profunda, como la iniciada en septiembre de este año en materia electoral, no naufrague en las miserias y mezquindades políticas.
Por el contrario, se trata de inyectarle credibilidad y fortaleza institucional a un Consejo General del IFE que acabó damnificado por la incapacidad de varios de sus integrantes, pero también por los juegos de poder que derivaron de la crisis postelectoral del 2006.
Kikka Roja
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