El paso atrás
Luis Javier GarridoEl primer año del gobierno impuesto a México por los grupos oligárquicos tras el fraude electoral de 2006 se termina en medio de un desastre institucional, con una incapacidad manifiesta de los personeros de la extrema derecha que se apoderaron del gobierno para enfrentar los graves problemas nacionales y sin que la clase política en su conjunto pueda enfrentar el desafío, como evidencia el fracaso de la llamada “reforma electoral”.
1. México se encuentra varado tras el primer año del gobierno ilegítimo, sin tener políticas nacionales ante la embestida del capital trasnacional y sin la posibilidad de salir por la vía legal del desastre institucional en el que se halla, pues se ha instaurado un régimen de simulación en el que la mayor parte de los integrantes de la “clase política” están dispuestos a seguir desmantelando al Estado nacional e ir entregando los recursos estratégicos de la nación al capital trasnacional: desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia dela Nación hasta los legisladores de todos los partidos.
2. Los Pinos ya no es el centro del poder político nacional, pues mientras Felipe Calderón sigue obsesionado por su carácter de ilegítimo, atendiendo cuestiones de partido y actuando como aspirante a jefe de facción, los miembros de la burocracia política en su conjunto despachan los asuntos oficiales, sin que se sepa bien quién tiene autoridad sobre quién, y sobre todo sin poder hacer valer, como algunos pretenden, la autoridad del Estado, pues salvo algunas raras excepciones todos se hallan doblegados ante los poderes fácticos nacionales y trasnacionales.
3. México sigue siendo un país de reglas “no escritas”, de componendas y concertacesiones, en el que la Constitución y las leyes no se respetan, y en el que las mafias, que gobiernan por un acuerdo de intereses, no asumen tener más mandato que el de quienes detentan el poder económico, sin darse cuenta de que el descontento popular sigue creciendo.
4. El ejemplo más claro del fracaso institucional lo constituye la llamada “reforma electoral de 2007”, que se planteó como un gran cambio tras el macrofraude de 2006, y que está concluyendo luego de las modificaciones constitucionales publicadas en el Diario Oficial el 13 de noviembre, con la aprobación de ridículos cambios reglamentarios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que ante las promesas de los legisladores y las expectativas despertadas por sus declaraciones se termina como un paso atrás muy claro ante los poderes fácticos y las mafias de interés que se han apoderado del Estado: con un “más de lo mismo”. Fue un verdadero “parto de los montes” o, como dirían los franceses, los legisladores “dieron a luz un ratón”.
5. La fracasada reforma dejó intactas las instancias que permitieron el fraude de 2006, por lo que nada impide que éste pueda volver a repetirse. Las perversiones del sistema podrán continuar, pues el Ejecutivo sigue situado por encima de la legalidad y podrá usar una y otra vez todo su poder para determinar los resultados. Nada se hizo para impedir la utilización de los recursos del gobierno a favor de su candidato, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continuará en manos de Los Pinos y podrá seguir fallando discrecionalmente los conflictos, pues los delitos electorales continuarán sin ser tipificados, y no se establecieron causales explícitas de nulidad. Los derechos ciudadanos seguirán sin estar tutelados ni garantizados, sobre todo porque que no se crearon formas de participación semidirecta como el referendo. No se terminó con el dominio del dinero en el proceso, pues no se reguló el financiamiento privado, y terminó, en fin, cediéndose en la composición del Instituto Federal Electoral (IFE) y, fundamentalemente, en lo relativo al papel de los medios.
6. El IFE seguirá además bajo el control de los partidos políticos –y en particular del o de los partidos en el gobierno–, pues ése fue el escenario que pactaron Salinas y el PAN en 1988 –y que funcionó desde entonces en todas las elecciones–, lo que muchos no acaban de entender. De manera que la defenestración de Luis Carlos Ugalde como un pequeño delincuente electoral más en la historia mexicana no tiene trascendencia alguna, pues no sólo no se le procesó ni encarceló por los gravísimos delitos cometidos contra la nación, tanto por él como por Fox y Calderón, sino que se le protegió buscándole chamba en Estados Unidos.
7. Los concesionarios de los medios, que en 2006 fueron uno de los instrumentos del fraude, pues violando la ley recibieron dinero sucio e hicieron campañas ilegales para imponer a Calderón, y que los legisladores de los tres partidos –PRI, PAN y PRD– indicaron iban a someter a la legalidad prohibiéndoles en la reforma constitucional contratar publicidad electoral, reaccionaron entonces en violenta andanada que ahora han repetido al redactarse el Cofipe, la cual culminó con el violento discurso contra los partidos de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Tv Azteca ante Calderón el jueves 22, y que ha terminado por doblegar a los legisladores, que pretendían legislar en lo relativo, ya no a los espacios publicitarios, sino al resto de la programación que los medios quieren seguir utilizando para fines políticos.
8. Los dueños de Televisa, de Tv Azteca y de las radiodifusoras están haciendo valer su prerrogativa de imponerle gobernantes al país y para ello vociferan una y otra vez que se está tratando de coartar la libertad de expresión. Los noticiarios de la televisora del Ajusco –escribió el comentarista de Televisa Ciro Gómez Leyva– “son espacios de interés para facilitar buenos negocios económicos y políticos” y se encuentran por lo tanto, “bien lejos de los compromisos esenciales de la tarea periodística” (Milenio Diario, 28/11/07), sin darse cuenta de que eso mismo podría decirse de los de Televisa.
9. El retroceso que vive el país es descomunal, pues los integrantes de la “clase política” no sólo no afectaron, como lo habían ofrecido, las prerrogativas anticonstitucionales que tienen de hecho los dueños del duopolio. sino porque están dejando la impresión de que quisieron y no pudieron: de que una vez más se doblegaron ante los poderes fácticos.
10. Y la lección, una vez más, es la misma: los cambios no podrán venir sin una inmensa movilización popular.
2. Los Pinos ya no es el centro del poder político nacional, pues mientras Felipe Calderón sigue obsesionado por su carácter de ilegítimo, atendiendo cuestiones de partido y actuando como aspirante a jefe de facción, los miembros de la burocracia política en su conjunto despachan los asuntos oficiales, sin que se sepa bien quién tiene autoridad sobre quién, y sobre todo sin poder hacer valer, como algunos pretenden, la autoridad del Estado, pues salvo algunas raras excepciones todos se hallan doblegados ante los poderes fácticos nacionales y trasnacionales.
3. México sigue siendo un país de reglas “no escritas”, de componendas y concertacesiones, en el que la Constitución y las leyes no se respetan, y en el que las mafias, que gobiernan por un acuerdo de intereses, no asumen tener más mandato que el de quienes detentan el poder económico, sin darse cuenta de que el descontento popular sigue creciendo.
4. El ejemplo más claro del fracaso institucional lo constituye la llamada “reforma electoral de 2007”, que se planteó como un gran cambio tras el macrofraude de 2006, y que está concluyendo luego de las modificaciones constitucionales publicadas en el Diario Oficial el 13 de noviembre, con la aprobación de ridículos cambios reglamentarios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que ante las promesas de los legisladores y las expectativas despertadas por sus declaraciones se termina como un paso atrás muy claro ante los poderes fácticos y las mafias de interés que se han apoderado del Estado: con un “más de lo mismo”. Fue un verdadero “parto de los montes” o, como dirían los franceses, los legisladores “dieron a luz un ratón”.
5. La fracasada reforma dejó intactas las instancias que permitieron el fraude de 2006, por lo que nada impide que éste pueda volver a repetirse. Las perversiones del sistema podrán continuar, pues el Ejecutivo sigue situado por encima de la legalidad y podrá usar una y otra vez todo su poder para determinar los resultados. Nada se hizo para impedir la utilización de los recursos del gobierno a favor de su candidato, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continuará en manos de Los Pinos y podrá seguir fallando discrecionalmente los conflictos, pues los delitos electorales continuarán sin ser tipificados, y no se establecieron causales explícitas de nulidad. Los derechos ciudadanos seguirán sin estar tutelados ni garantizados, sobre todo porque que no se crearon formas de participación semidirecta como el referendo. No se terminó con el dominio del dinero en el proceso, pues no se reguló el financiamiento privado, y terminó, en fin, cediéndose en la composición del Instituto Federal Electoral (IFE) y, fundamentalemente, en lo relativo al papel de los medios.
6. El IFE seguirá además bajo el control de los partidos políticos –y en particular del o de los partidos en el gobierno–, pues ése fue el escenario que pactaron Salinas y el PAN en 1988 –y que funcionó desde entonces en todas las elecciones–, lo que muchos no acaban de entender. De manera que la defenestración de Luis Carlos Ugalde como un pequeño delincuente electoral más en la historia mexicana no tiene trascendencia alguna, pues no sólo no se le procesó ni encarceló por los gravísimos delitos cometidos contra la nación, tanto por él como por Fox y Calderón, sino que se le protegió buscándole chamba en Estados Unidos.
7. Los concesionarios de los medios, que en 2006 fueron uno de los instrumentos del fraude, pues violando la ley recibieron dinero sucio e hicieron campañas ilegales para imponer a Calderón, y que los legisladores de los tres partidos –PRI, PAN y PRD– indicaron iban a someter a la legalidad prohibiéndoles en la reforma constitucional contratar publicidad electoral, reaccionaron entonces en violenta andanada que ahora han repetido al redactarse el Cofipe, la cual culminó con el violento discurso contra los partidos de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Tv Azteca ante Calderón el jueves 22, y que ha terminado por doblegar a los legisladores, que pretendían legislar en lo relativo, ya no a los espacios publicitarios, sino al resto de la programación que los medios quieren seguir utilizando para fines políticos.
8. Los dueños de Televisa, de Tv Azteca y de las radiodifusoras están haciendo valer su prerrogativa de imponerle gobernantes al país y para ello vociferan una y otra vez que se está tratando de coartar la libertad de expresión. Los noticiarios de la televisora del Ajusco –escribió el comentarista de Televisa Ciro Gómez Leyva– “son espacios de interés para facilitar buenos negocios económicos y políticos” y se encuentran por lo tanto, “bien lejos de los compromisos esenciales de la tarea periodística” (Milenio Diario, 28/11/07), sin darse cuenta de que eso mismo podría decirse de los de Televisa.
9. El retroceso que vive el país es descomunal, pues los integrantes de la “clase política” no sólo no afectaron, como lo habían ofrecido, las prerrogativas anticonstitucionales que tienen de hecho los dueños del duopolio. sino porque están dejando la impresión de que quisieron y no pudieron: de que una vez más se doblegaron ante los poderes fácticos.
10. Y la lección, una vez más, es la misma: los cambios no podrán venir sin una inmensa movilización popular.
Kikka Roja
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