- Se estima que cada año unas 400 mil mujeres interrumpen su embarazo, señala Susana Lerner
- Urgente, despenalizar el aborto en todo el país, considera experta
- El gobierno calderonista prepara cambios a la Ley General de Población
- Las reformas legales deben quedar a salvo de tentaciones de funcionarios públicos, sostiene la ganadora del Premio Nacional de Demografía 2007
- En AL ocurren 3.7 millones de casos anuales: OMS
Ampliar la imagen Activistas se manifestaron frente a la ALDF en mayo pasado en favor de la despenalización del aborto Activistas se manifestaron frente a la ALDF en mayo pasado en favor de la despenalización del aborto Foto: Guillermo Sologuren
Ante el elevado número de abortos que se practican cada año en México, es urgente avanzar hacia su despenalización en todo el país y que las reformas legales queden a salvo de tentaciones de funcionarios públicos para imponer sus conceptos personales o ideas de tintes religiosos, señaló Susana Lerner, investigadora de El Colegio de México y Premio Nacional de Demografía 2007. Actualmente el gobierno calderonista prepara cambios a la Ley General de Población y en breve enviará la iniciativa correspondiente al Congreso de la Unión. Esa normatividad y su reglamento señalan, respecto de la planificación familiar, el derecho de cada persona a decidir, en libertad, de manera responsable e informada, el número y esparcimiento de sus hijos, además de contar con información especializada y servicios idóneos. Con base en el censo de 1990, el Consejo Nacional de Población calculó que se practicaban alrededor de 250 mil abortos al año, aunque estimaciones de expertos internacionales se refieren a más de 400 mil. “Cualquiera que sea la cifra estamos ante un problema de gran magnitud”, agregó Lerner, en entrevista con La Jornada. La política de población, dijo, debe estar articulada entre las distintas políticas sectoriales y ése es uno de los puntos centrales que tienen que ser reforzados, desde las atribuciones del Consejo Nacional de Población, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG).
Acerca de esta dependencia, la ley (vigente desde los años 70) la faculta para promover y coordinar medidas adecuadas para resolver los problemas demográficos nacionales, así como aspectos de planificación familiar y migración, entre muchos otros. El mes pasado, al recibir el Premio Nacional de Demografía, Lerner advirtió, frente al titular de la SG, que la problemática del aborto es un tema que ha estado “muy silenciado”, desde las políticas de población, de salud y en la mayoría de los discursos. Sin embargo, comentó, es necesario avanzar en el análisis de este debate, pese a la presión que ejerce, por ejemplo, la Iglesia católica o la existencia de marcos jurídicos restrictivos para el aborto inducido. Entonces, “lo que uno espera es que el Estado responda, permitiendo el acceso de las mujeres a las mejores condiciones posibles y sin estigmatización para que tengan ese derecho (decidir en torno al número de hijos que desean tener o la interrupción de un embarazo)”.
No obstante, “estamos ante restricciones y un contexto moral y religioso estricto que tratan de negar la realidad. No es que esté en favor del aborto, sino de su despenalización (…) Es necesario ampliar la información, respecto de las consecuencias de un marco restrictivo, especialmente en grupos vulnerables como los adolescentes, indígenas y marginados. La Organización Mundial de la Salud estima (con base en estudios del año 2000) que cada año, en América Latina y el Caribe son practicados alrededor de 3. 7 millones de abortos en condiciones de alto riesgo, zona en la cual se observan precisamente las tasas más elevadas: 29 abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años de edad, y cerca de una interrupción del embarazo por cada tres nacidos vivos en 2000. Así, esta problemática no es exclusiva de México; en la región esta práctica en condiciones de alto riesgo es un problema de salud pública y de desigualdad social, económica, étnica y de género, y sobre todo, de clara violación al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. “Las leyes restrictivas ponen en peligro la vida de la mujer. Esas consecuencias, en términos de morbilidad y mortalidad materna, se suelen subdeclarar o negar (…) Por ello es necesario disponer de un conocimiento científicamente riguroso del tema, para definir políticas de salud, revisar y modificar las leyes y sensibilizar a los distintos actores sociales acerca de las consecuencias muy negativas del marco jurídico que penaliza el aborto”.
Las consideraciones anteriores están incluidas en el estudio El aborto en América Latina y el Caribe: una revisión de la literatura de los años 1990 a 2005, resultado de una colaboración entre investigadores de América Latina y Francia, en el contexto de las actividades del Centro de Población y Desarrollo (Francia) y del Programa de Salud Reproductiva y Sociedad del Colmex. Las autoras (Lerner y Agnes Guillaume) incluyen en la obra –de edición trilingüe– una base bibliográfica con alrededor de 2 mil 800 referencias, con base en las cuales revelan que en 2003 el aborto era autorizado, sin restricción, en sólo ocho países de la región (Barbados, Cuba, tres países de las Antillas francesas, Guayana Francesa, Guyana y Puerto Rico). En caso de violación, se acepta esta interrupción en nueve países y, en caso de malformación del feto, en siete; por razones económicas y sociales en dos naciones y para proteger la salud física o mental de la mujer en 17. En ese mismo año, el aborto era totalmente prohibido en seis países (Chile, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Sin Marteen y Colombia). En 2006, Colombia “suavizó” su posición al autorizarlo por causas más amplias, mientras Nicaragua lo prohibía totalmente. Y, al contrario, en el Distrito Federal en México se legalizó en 2007. Sin embargo, advierten las autoras, este derecho sigue siendo más teórico que real, por la existencia de barreras en el acceso a los servicios de salud y también por la presencia de barreras culturales, morales y legales.
En el compendio se detallan las opiniones y argumentos de aquellos que luchan por la legalización y despenalización (principalmente para mejorar la salud y disminuir la morbilidad y mortalidad materna) y quienes se oponen por razones de conflictos de ética profesional y por normas morales y religiosas. Y, mientras el debate continúa, se mantiene las ausencia de datos disponibles y confiables en ciertos países o regiones porque la estadística está sustentada en registros hospitalarios que frecuentemente corresponden a mujeres víctimas de complicaciones después de un aborto. La tasa de casos en la región en referencia es variable: 34 por cada mil mujeres en América del Sur; 21 en Centroamérica y 12 en la región de El Caribe. En Cuba, por ejemplo, donde el aborto a petición de la mujer es legal, en 1990 se reportaron 54.5 casos por cada mil mujeres en edad reproductiva; tres años después, la tasas se estimaba en 26.6 por mil mujeres y en 2004 era de 20.9. Del lado opuesto, Chile, donde el aborto es considerado ilegal en todas las circunstancias, tiene uno de los niveles más altos, con tases entre 45 y 50 por cada mil mujeres. La situación de legalidad, se expone en la obra mencionada, favorece la existencia de un “mercado clandestino” muy oneroso que contribuye a la pauperización de las mujeres y sus familias, generando prácticas discriminatorias y de injusticia social hacia las mujeres. Además, los abortos de alto riesgo representan una carga importante para los sistemas de salud.
Ante el elevado número de abortos que se practican cada año en México, es urgente avanzar hacia su despenalización en todo el país y que las reformas legales queden a salvo de tentaciones de funcionarios públicos para imponer sus conceptos personales o ideas de tintes religiosos, señaló Susana Lerner, investigadora de El Colegio de México y Premio Nacional de Demografía 2007. Actualmente el gobierno calderonista prepara cambios a la Ley General de Población y en breve enviará la iniciativa correspondiente al Congreso de la Unión. Esa normatividad y su reglamento señalan, respecto de la planificación familiar, el derecho de cada persona a decidir, en libertad, de manera responsable e informada, el número y esparcimiento de sus hijos, además de contar con información especializada y servicios idóneos. Con base en el censo de 1990, el Consejo Nacional de Población calculó que se practicaban alrededor de 250 mil abortos al año, aunque estimaciones de expertos internacionales se refieren a más de 400 mil. “Cualquiera que sea la cifra estamos ante un problema de gran magnitud”, agregó Lerner, en entrevista con La Jornada. La política de población, dijo, debe estar articulada entre las distintas políticas sectoriales y ése es uno de los puntos centrales que tienen que ser reforzados, desde las atribuciones del Consejo Nacional de Población, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG).
Acerca de esta dependencia, la ley (vigente desde los años 70) la faculta para promover y coordinar medidas adecuadas para resolver los problemas demográficos nacionales, así como aspectos de planificación familiar y migración, entre muchos otros. El mes pasado, al recibir el Premio Nacional de Demografía, Lerner advirtió, frente al titular de la SG, que la problemática del aborto es un tema que ha estado “muy silenciado”, desde las políticas de población, de salud y en la mayoría de los discursos. Sin embargo, comentó, es necesario avanzar en el análisis de este debate, pese a la presión que ejerce, por ejemplo, la Iglesia católica o la existencia de marcos jurídicos restrictivos para el aborto inducido. Entonces, “lo que uno espera es que el Estado responda, permitiendo el acceso de las mujeres a las mejores condiciones posibles y sin estigmatización para que tengan ese derecho (decidir en torno al número de hijos que desean tener o la interrupción de un embarazo)”.
No obstante, “estamos ante restricciones y un contexto moral y religioso estricto que tratan de negar la realidad. No es que esté en favor del aborto, sino de su despenalización (…) Es necesario ampliar la información, respecto de las consecuencias de un marco restrictivo, especialmente en grupos vulnerables como los adolescentes, indígenas y marginados. La Organización Mundial de la Salud estima (con base en estudios del año 2000) que cada año, en América Latina y el Caribe son practicados alrededor de 3. 7 millones de abortos en condiciones de alto riesgo, zona en la cual se observan precisamente las tasas más elevadas: 29 abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años de edad, y cerca de una interrupción del embarazo por cada tres nacidos vivos en 2000. Así, esta problemática no es exclusiva de México; en la región esta práctica en condiciones de alto riesgo es un problema de salud pública y de desigualdad social, económica, étnica y de género, y sobre todo, de clara violación al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. “Las leyes restrictivas ponen en peligro la vida de la mujer. Esas consecuencias, en términos de morbilidad y mortalidad materna, se suelen subdeclarar o negar (…) Por ello es necesario disponer de un conocimiento científicamente riguroso del tema, para definir políticas de salud, revisar y modificar las leyes y sensibilizar a los distintos actores sociales acerca de las consecuencias muy negativas del marco jurídico que penaliza el aborto”.
Las consideraciones anteriores están incluidas en el estudio El aborto en América Latina y el Caribe: una revisión de la literatura de los años 1990 a 2005, resultado de una colaboración entre investigadores de América Latina y Francia, en el contexto de las actividades del Centro de Población y Desarrollo (Francia) y del Programa de Salud Reproductiva y Sociedad del Colmex. Las autoras (Lerner y Agnes Guillaume) incluyen en la obra –de edición trilingüe– una base bibliográfica con alrededor de 2 mil 800 referencias, con base en las cuales revelan que en 2003 el aborto era autorizado, sin restricción, en sólo ocho países de la región (Barbados, Cuba, tres países de las Antillas francesas, Guayana Francesa, Guyana y Puerto Rico). En caso de violación, se acepta esta interrupción en nueve países y, en caso de malformación del feto, en siete; por razones económicas y sociales en dos naciones y para proteger la salud física o mental de la mujer en 17. En ese mismo año, el aborto era totalmente prohibido en seis países (Chile, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Sin Marteen y Colombia). En 2006, Colombia “suavizó” su posición al autorizarlo por causas más amplias, mientras Nicaragua lo prohibía totalmente. Y, al contrario, en el Distrito Federal en México se legalizó en 2007. Sin embargo, advierten las autoras, este derecho sigue siendo más teórico que real, por la existencia de barreras en el acceso a los servicios de salud y también por la presencia de barreras culturales, morales y legales.
En el compendio se detallan las opiniones y argumentos de aquellos que luchan por la legalización y despenalización (principalmente para mejorar la salud y disminuir la morbilidad y mortalidad materna) y quienes se oponen por razones de conflictos de ética profesional y por normas morales y religiosas. Y, mientras el debate continúa, se mantiene las ausencia de datos disponibles y confiables en ciertos países o regiones porque la estadística está sustentada en registros hospitalarios que frecuentemente corresponden a mujeres víctimas de complicaciones después de un aborto. La tasa de casos en la región en referencia es variable: 34 por cada mil mujeres en América del Sur; 21 en Centroamérica y 12 en la región de El Caribe. En Cuba, por ejemplo, donde el aborto a petición de la mujer es legal, en 1990 se reportaron 54.5 casos por cada mil mujeres en edad reproductiva; tres años después, la tasas se estimaba en 26.6 por mil mujeres y en 2004 era de 20.9. Del lado opuesto, Chile, donde el aborto es considerado ilegal en todas las circunstancias, tiene uno de los niveles más altos, con tases entre 45 y 50 por cada mil mujeres. La situación de legalidad, se expone en la obra mencionada, favorece la existencia de un “mercado clandestino” muy oneroso que contribuye a la pauperización de las mujeres y sus familias, generando prácticas discriminatorias y de injusticia social hacia las mujeres. Además, los abortos de alto riesgo representan una carga importante para los sistemas de salud.
Kikka Roja
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