juan arturo salinas Tijuana, B.C., 5 de enero (apro).-
Como un “golpe propagandístico” del presidente Felipe Calderón, calificaron diversos sectores de la sociedad la Operación Tijuana que, entre otras acciones, incluyó ayer el desarme, por parte del Ejército mexicano, de más de 2,200 agentes de la policía municipal, para verificar si las armas fueron utilizadas para cometer delitos. La medida se tomó luego de insistentes rumores en el sentido de que las policías estatal y municipal están al servicio del narcotráfico, lo que fue negado ayer por el alcalde Jorge Hank Rhon, quien rechazó que la policía a su cargo proteja al crimen organizado.
Elementos del Ejército recogieron ayer armas cortas y largas, que fueron concentradas en la zona militar de esta ciudad, para establecer una base de datos y determinar si fueron usadas en hechos ilícitos. Por lo pronto, a tres días del megaoperativo implementado en esta ciudad, el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, advirtió que el despliegue policial-militar lo único que provocará es el llamado “efecto cucaracha”; es decir, que la delincuencia se vaya a entidades vecinas. Según el parte informativo que rindió ayer el general Héctor Sánchez, quien participó también en Operativo Conjunto Michoacán, fueron detenidos tres vendedores de droga y se aseguraron tres autos presuntamente robados. Uno de los principales blancos del operativo es José de Jesús Briceño “El Cholo”, presunto integrante del cartel de Tijuana. La Policía Federal Preventiva (PFP) estableció una serie de filtros de revisión en los accesos a Playas de Tijuana, donde al parecer el sicario tiene su guarida. Cuñado de Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, detenido en una prisión de San Diego, California, en espera del juicio en su contra, “El Cholo” trabajaba a las órdenes del grupo de Arturo Villarreal, “El Nalgón”, quien encabezó una de las células más poderosas del cártel de los hermanos Arellano Félix.
Villarreal fue detenido el año pasado en aguas internacionales, junto con “el Tigrillo”.
Briceño y Villarreal están acusados de haber participado en tres asesinatos: el del editor del semanario Zeta, Francisco Ortiz Franco, en abril de 2004; el del exsubprocurador de Justicia, Rodolfo Delgado Neri, y el de la joven hija de un conocido médico de la ciudad, Angélica Aguilar Navarro, cuyo crimen sacudió a esta ciudad y puso al descubierto los vínculos de familias adineradas con el narcotráfico. Angélica Aguilar, quien al momento de morir tenía 28 años de edad y era gerente de mercadotecnia de TV Azteca Tijuana, fue concubina de Everardo “El Kitty” Páez, uno de los narcosjuniors. Su hermano, Jorge, también se relacionó sentimentalmente con una exnovia de Briceño, quien era amiga de Angélica. Se dice que, por esa razón, “El Cholo” mandó asesinar a los hermanos Aguilar. Jorge fue ejecutado en julio de 2003, mientras que su hermana Angélica fue ultimada el 5 de marzo de 2004. Un hombre encapuchado le disparó por la espalda a través del cristal de su automóvil Sentra, mientras ella estacionaba el vehículo. Para las autoridades estatales, el detonante de la violencia en esta frontera fue la detención de Francisco Javier Arellano Félix, en agosto de 2006, La disputa por la plaza generó una ola de crímenes y secuestros, al grado de que empresarios, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos, exigieron la presencia de las fuerzas federales.
En un principio, la petición fue desestimada por el gobernador Eugenio Elorduy.
Sin embargo, la ola de ejecuciones y “levantotes” llegó a su máximo en los meses de septiembre y octubre de 2006. Incluso, empresarios cambiaron su residencia a San Diego, en busca de mayor tranquilidad. A partir de entonces, cobró forma el rumor de que las policías estatal y municipal estaban al servicio del narcotráfico. “Elementos de las policías municipal y ministerial trabajan al servicio de los narcotraficantes, a los que protegen e informan de todos los movimientos”, dijo el director del Centro Binacional de Derechos Humanos, Victor Clark. La propia Procuraduría General de la República (PGR) admitió, en el “Programa Regional de Procuración de Justicia Zona Noroeste", que el narcotráfico se infiltró en las estructuras del gobierno estatal y en las corporaciones policíacas. De acuerdo con denuncias, mediante operaciones comerciales, los hombres de negocios de Tijuana “lavaron” dinero. “Muchos de los empresarios que se quejaban del narco, dejaron de hacerlo porque alguno de sus familiares se casó con algún capo o porque les compraron automóviles en sus agencias o les financiaron algún proyecto”, señaló un asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, que omitió su nombre. Por su parte, el presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Bahena, aseguró que el operativo no es más que “la militarización disfrazada” de esta ciudad, aunque admitió que la acción responde a un reclamo del sector empresarial, el cual fue retomado por el Congreso local, que el pasado 16 de noviembre aprobó un punto de acuerdo para establecer un mando militar único.
Además, Ramírez Bahena cuestionó el hecho de que las autoridades federales hayan puesto en alerta a la delincuencia organizada. “El operativo federal demuestra la incompetencia y la desconfianza en los cuerpos policíacos estatales y municipales y en la delegación de la PGR. ¿No hubiera sido más efectivo y económico haber realizado, primero, una fina y secreta labor de inteligencia, acordando discrecionalidad absoluta con el Poder Judicial para girar las órdenes de cateo y aprehensión en contra de las narcotienditas, los negocios del lavado de dinero, los principales capos y las autoridades y policías cómplices? Para ello no se necesita a las Fuerzas Armadas”, afirmó. “Ahora, los habitantes de esta ciudad deben soportar revisiones, interrogatorios y abusos, todo ello con el argumento del combate al crimen y el narcotráfico. La cuerda se rompe por lo más débil”, señaló.
Y se preguntó: “¿Todo esto significa que tenemos que vivir en la militarización? ¿Quién sigue?”.
En tanto, se informó hoy que fue detenida una banda de presuntos secuestradores, al parecer involucrados en el atentado contra el exsecretario de Seguridad Pública y cinco plagios y homicidios cometidos en Mexicali y Tijuana.
En esa acción, fueron liberadas tres personas secuestradas.
Los detenidos declararon su participación en el atentado contra el
exsecretario de Seguridad del estado, Manuel Díaz Lerma, el 24 de abril de 2006.
Los detenidos son: César David Chávez Sánchez, "El Cabezón", de 34 años; Pilco Contreras Pérez, "El Fajado", de 23; José Reyes López Herrera, "El Tonka", de 34; Francisco Efraín Miranda Peñuelas, "James", de 35; Francisco Javier Aldapa Cázarez, "El Viejón" o "El Café", de 32; Angelina Lucero Domínguez, "Mamirringa", de 35, y Vicente Garnica García, "El Azotado", de 23.
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