Raúl Carrancá y Rivas

Miembro de Número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales

http://www.doctorraulcarrancayrivas.com

El artículo 1º de la Constitución en su párrafo tercero prohíbe la discriminación motivada por distintas causas, entre ellas el origen étnico, el género, la edad, etcétera, concernientes al ser humano real, al individuo (se trata de garantías individuales); el artículo 4º de la Constitución, a su vez, determina que la ley "protegerá la organización y el desarrollo de la familia", obviamente compuesta por individuos (individuo es aquí un ser organizado de la especie humana) reales y no virtuales como el producto del embarazo o embrión; y el artículo 14 de la Constitución en su párrafo segundo prescribe que "nadie podrá ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales", juicio que también, y obviamente, sólo es privativo de un individuo de la especie humana. Me he remitido a tres artículos, 1º, 4º y 14, que son los únicos que "podrían", y lo entrecomillo, de manera por demás equivocada y hasta arbitraria invocarse para fundamentar y motivar una posible controversia constitucional o una posible acción de inconstitucionalidad.

Ahora bien, los artículos 105 fracciones I inciso c) y II inciso e) de la Constitución establecen ambas figuras legales que en la hipótesis "podrían", y vuelvo a entrecomillar, invocarse en el tan sonado asunto de la nueva causa de inculpabilidad de un aborto recién tipificada en el Código Penal del Distrito Federal, si lo solicita una mujer antes de cumplirse las doce semanas de su embarazo. Sin embargo yo no veo la menor posibilidad de una controversia porque el requisito es, o sería, que la hubiese entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por flagrante violación de una norma constitucional que consagrara y tutelara la vida intrauterina, antes de nacer el embrión, o sea, antes de su individualización o personificación. Otro tanto cabe señalar en lo que atañe a la fracción II citada, en su inciso c), ya que categóricamente especifica "la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución". Y la norma de carácter general, que es la ley que exculpa el aborto antes de las doce semanas, no entra en contradicción, como ya lo señalé líneas atrás, con ningún precepto fundamental de la propia Constitución. En efecto, y suponiendo sin conceder, la norma de carácter general es la ley promulgada que según sostienen algunos contradice disposiciones expresas de la Constitución. Así las cosas, tanto la posible controversia como la posible acción de inconstitucionalidad no deberían ser aceptadas en la Corte por notoriamente improcedentes. Pero si se aceptara una de ella me parece entonces que la resolución al respecto, al margen de lo "extraño" de otras resoluciones de la Corte, tendría que ser adversa conforme a cánones consagrados del Derecho. Lo contrario implicaría un desacierto jurídico de la mayor gravedad.

Por último, y en esto se ha insistido hasta el cansancio, la inculpabilidad del aborto en las condiciones ya señaladas no obliga a la mujer a abortar. Es una disposición legal optativa, potestativa, que depende de la voluntad y decisión de la mujer, absolutamente de acuerdo con la naturaleza laica del Estado Mexicano. Yo concuerdo plenamente con el rector de nuestra Universidad, Juan Ramón de la Fuente, quien ha señalado que lo del aborto obliga a repasar seriamente la historia del laicismo mexicano, que viene desde la Constitución de 1857 que consagró los principios liberales que nos rigen. Algunos conservadores y reaccionarios, por más inteligentes que sean, y que llevan su religión al extremo de la intolerancia, no han simpatizado con las palabras del rector. Lo que pasa es que no entienden que los ciclos históricos están siempre sujetos a constante revisión y actualización; e incluso por supuesto a reconsideración que jamás es rompimiento radical con el pasado, que equivaldría a negación de la historia. Tal vez no les convenga entenderlo desde una corta visión política. A ellos hay que recordarles que el laicismo y el liberalismo mexicanos hoy se hallan bajo la presión y agresión de un conservadurismo retardatario, obsoleto, en que no se asimila que la libertad es el mejor espacio para que florezcan todas las inquietudes espirituales del hombre, expresadas o no en la religión. Su obscurantismo es sinuoso, riesgoso y anticristiano. En tal virtud procede defender la libertad, la de cada quien, ateniéndonos a la voz de nuestra conciencia (que es el libre albedrío que nos ha dado el Creador) y que cuando es honesta, y por ende sincera, es sin duda la voz de Dios.

Kikka Roja

¿A CAMBIO DE QUÉ? : PRI sin principios Iglesia corrupta

Pide el PRI a la Iglesia detener excomuniones

Gabriela Romero y Raúl Llanos

La fracción priísta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hizo un llamado "muy especial" al cardenal Norberto Rivera Carrera para que, como un acto de buena voluntad, "como Dios manda", elimine la amenaza de excomunión que la Iglesia lanzó en contra de los que votaron a favor de la despenalización del aborto en la ciudad de México. En el marco de la comparecencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, el coordinador de la fracción priísta, Jorge Schiaffino Isunza, puntualizó que sería "un buen llamado a la unidad nacional y a la reconciliación que el cardenal atendiera esta petición". El coordinador de la bancada priísta se refirió al proceso legislativo que se llevó a cabo desde el 23 de noviembre de 2006 al 24 de abril de 2007, con motivo de la dictaminación de la despenalización de la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación. "Tenemos una comunidad polarizada y confrontada, aún más de lo que ya está por los problemas que la agobian". Por lo que desde la tribuna de la Asamblea Legislativa pidió a quienes "participamos en el debate, a quienes nos confrontamos, a que olvidemos el debate del día 24 (de abril) y que podamos hacer esfuerzos, ya con la despenalización del aborto, para seguir trabajando por la ciudad; hacer un llamado a los gobiernos federal y local para que continúen con su obligación para que esto pueda seguir adelante".

CUANDO EL HAMBRE SE JUNTA CON LA MISERIA
la Iglesia se roba el dinero de los mexicanos y el PRI se convierte en su más ferviente servidor, la iglesia católica apesta y el dinosaurio morirá...

http://www.youtube.com/watch?v=llVAKhl8HSc

Kikka Roja

El Llorón de Icamole : Monero El Fisgón

• Presentó su libro El país de ''El llorón de Icamole'', publicado por el FCE
• El viejo aparato ideológico del régimen permanece intacto, deplora El Fisgón
• Tenemos un gobierno que censura y un clero que excomulga, dice el monero de La Jornada

ARTURO GARCIA HERNANDEZ

¡Cuánto nos parecemos a lo que éramos en el siglo XIX!, dijo Rafael Barajas, El Fisgón, ayer, al disertar sobre la historia de la caricatura en México, tema de su libro Foto: María Meléndrez Parada

Rafael Barajas, El Fisgón, hizo de la presentación de su libro El país de ''El llorón de Icamole", una lección de historia de la caricatura en México, desde la Colonia hasta el siglo XIX.

Barajas -quien desde hace más de 20 años se dedica a investigar el tema- condujo al público asistente al auditorio de la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica (FCE), a un viaje que se remontó a los tiempos de la Colonia, cuando la sátira política era prácticamente inexistente hasta la primera presidencia de Porfirio Díaz y la de Manuel González, su sucesor (sumados, ambos periodos comprenden de 1877 a 1884).

Cuando se empezó a adentrar en el tema, El Fisgón se dio cuenta que él y sus colegas contemporáneos, se consideran caricaturistas ''muy gruesos, muy radicales y agresivos". Pero al avanzar en sus investigaciones, descubrió que los periodistas y caricaturistas del siglo XIX lo eran en una proporción infinitamente mayor y en circunstancias bastante más difíciles: ''Ellos sí eran radicales, sí tenían libertad de expresión y sí la utilizaban.

''Por ejemplo, en el peor momento de la dictadura de Porfirio Díaz, estos señores se atrevían a llamarle El llorón de Icamole, porque así le llamaba la gente". De ahí el título del libro de Barajas publicado por el FCE.

El autor ya dedicó con anterioridad un libro a otro aspecto histórico de la caricatura, El país de 'El Ahuizote', publicado también por el FCE (2005). Ahora, de acuerdo con los editores, en El país de ''El llorón de Icamole" Rafael Barajas ''rescata una imagen de Porfirio Díaz que resulta poco familiar para nosotros, una imagen que la solemnidad del mito porfirista paternal y la crítica revolucionaria han opacada: la del presidente inexperto que es abrumado por acontecimientos difíciles y escarnecido por una crítica feroz".

En su conferencia, El Fisgón recordó que durante la Colonia no había periódicos, papel, tinta e imprentas: ''Las pocas expresiones de sátira se daban en las calles: pintas que hacía la gente en la noche en las paredes o papeles con cuartetas satíricas que pegaban en la puerta de algún funcionario o de alguna iglesia. A veces hasta pintaban alguna caricatura".

Así fue hasta que en España entró en crisis el régimen borbónico. En la todavía Nueva España empezaron a circular imágenes con intención política, lamentando el golpe de Napoleón y glorificando a Fernando VII. A partir de ese momento y durante la guerra de Independencia, ''se dio la lucha por abrir la libertad de prensa y de expresión".

Movimiento pendular

El caricaturista de La Jornada se refirió a las publicaciones hechas por Miguel Hidalgo y Francisco Javier Mina. Pero es hasta 1816 que empiezan a circular periódicos con intención satírica: ''Los primeros escritores que hacen piezas con intención satírica son Carlos María de Bustamante y, en especial, Joaquín Fernández de Lizardi, a quien Luis Villoro señala como el primer escritor liberal mexicano; lo es en los últimos años de la Colonia y en los primeros del México Independiente, con Iturbide".

Ya por entonces la libertad de imprenta y expresión se enfrentaba a dos enemigos persistentes: ''Un gobierno que censura y un clero que excomulga. Como vemos, el viejo aparato ideológico del régimen está perfectamente intacto".

La prensa mexicana ''nace efectivamente en un pleito constante contra la Iglesia y contra el viejo orden conservador. A lo largo del todo el siglo XIX, en cuanto se forman los bandos liberal y conservador, vamos a ver un movimiento pendular en el que cada que suben al poder los liberales se abren las libertades de prensa y de imprenta, y cada que suben los conservadores, éstas se cierran".

Actualmente ''hay una corriente de historiadores que plantea que liberales y conservadores del siglo XIX no eran tan diferentes. Quizá no lo eran en muchos sentidos, pero sí tenían diferencias profundas en temas sustanciales: unos buscaban construir un Estado laico, los otros no; unos buscaban la libertad de prensa, la libertad de expresión, otros no. Estas son diferencias fundamentales".

Rafael Barajas contó que en la medida en que se empezó a adentrar en el tema, su asombro fue aumentando: ''Resulta increíble todo el periplo que ha tenido México: ¡cuánto nos parecemos a lo que éramos en el siglo XIX; resulta increíble lo poco que hemos cambiado; resulta increíble establecer los pocos cambios que hemos tenido".

Kikka Roja

Reformas a 12 leyes : Código penal

• Sobre las rodillas, reforman en el Senado 12 leyes; inútil oposición del sol azteca
• Aprueban paquete antiterrorista que criminaliza la protesta social

VICTOR BALLINAS , ANDREA BECERRIL

Con una cámara fotográfica, el senador panista Gustavo Madero. Lo acompañan Graco Ramírez, Jesús Murillo Karam y José Eduardo Calzada, durante la sesión de ayer en el recinto legislativo de Xicoténcatl Foto: Micphotopress

El Senado de la República aprobó ayer reformas a 12 leyes, con el propósito de sancionar el terrorismo y a quienes lo financian, a pesar de que -como advirtieron PRD, PT y Convergencia, se "criminaliza la protesta social" y se posibilita que luchadores sociales sean acusados de terroristas. El perredista Pablo Gómez señaló que con la redacción propuesta al artículo 139 del Código Penal Federal "se sigue la consigna de los gringos, que han pedido a todo el mundo que colabore contra el terrorismo, pero aquí, en México, se fue más allá, al incluir como actividades terroristas todo lo que atente contra la seguridad nacional o presione a las autoridades para que tomen una determinación". El PRI coincidió en que la redacción del artículo 139 del Código Penal Federal que se propone "efectivamente puede ser utilizada para generar, en medio de una lucha social, un enfrentamiento que termina en tribunales y culmin con una condena de quien hace uso de sus derechos políticos", señaló el senador Fernando Castro Trenti. Reconoció que ese párrafo tendrá que ser modificado, y no sólo eso, sino que se necesita una reforma de fondo sobre el tema. Sin embargo, se desecharon los argumentos del Frente Amplio Progresista, por lo cual las reformas a los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, así como a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y diversos ordenamientos financieros se aprobaron con 85 votos en favor.

Durante el debate, el senador del PRD Tomás Torres dijo que es preocupante la definición genérica de terrorismo que se señala en el artículo 139 del Código Penal Federal, en la que impone sanción de seis a 40 años de prisión, y hasta mil 200 días de multa, "sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares (...) explosivos, armas de fuego, incendio o inundaciones, o por cualquier otro medio violento, para producir alarma, terror o temor en la población, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación".

Tufo echeverrista de los cambios

Pablo Gómez resaltó que "ese artículo es viejo: fue introducido en la época de Luis Echeverría, cuando existían la guerra sucia y la persecución de guerrilleros, y tiene como contenido fundamental que el objeto de la conducta ilícita es atacar al Estado". Ahora, explicó, se está cambiando ese concepto por "actuar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Toda la parte que tiene que ver con el terrorismo internacional, con el lavado de dinero o de instituciones financieras, yo creo que está bien, está bien que México acepte esta petición del gobierno de Estados Unidos, pero al aceptar ese planteamiento se le puso aquí, en México, en el delito de terrorismo, atentar contra la seguridad o presionar a la autoridad para que tome una determinación". El perredista pidió que no fuera aprobado en esos términos el artículo 139, "porque en realidad no está dirigido contra los terroristas, sino contra las personas que por cualquier otro medio violento puedan tratar de obligar a alguien, a una autoridad, a resolver en determinado momento. Aquí, en México, cuando se bloquea una carretera, los mandan diez años a la cárcel de máxima seguridad, a Almoloya; eso es lo que ha hecho el gobierno del PAN: por ataques a las vías de comunicación vas a la cárcel 20 años". El senador priísta Castro Trenti se sumó a la argumentación perredista: "la redacción deja un mal sabor y una preocupación a todos, en especial a los luchadores sociales, por aquello de que 'pueda causarse un daño por cualquier otro medio violento'. Eso es lo que se inscribe en el marco de la preocupación".

Sin embargo pidió que se votara en favor, porque en la Cámara de Diputados se apoyó por consenso, y se comprometió a "hacer una reforma de inmediato" -una vez aprobada esta--, que deje satisfechos a todos e impida un uso discrecional de la ley en perjuicio de los luchadores sociales. El senador panista Alejandro Zapata Perogordo sostuvo que la reforma busca tutelar la seguridad nacional y sancionar a quien pretenda, efectivamente, causar temor y alarma entre la sociedad. Eso, subrayó, es muy diferente a la libre manifestación, y también "es diferente a situaciones de carácter local que están previstas en la ley y que no tienen el propósito ni de crear terror ni de cometer actos violentos". Insistió en que no deben confundirse las manifestaciones sociales y políticas con los actos de terrorismo. Con las reformas aprobadas se aplicará pena de nueve años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien encubra a un terrorista teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad. Asimismo, se aplicará pena de cinco a 15 años de prisión y de 200 a 600 días de multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo. También se fijaron castigos de seis a 40 años de cárcel y hasta mil 200 días de multa al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para apoyar a personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional.

Otras reformas aprobadas

Durante la última sesión del periodo, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal para imponer sanciones de seis meses a seis años de prisión y de 50 a 250 días de multa a la persona que gestione, instale o permita que se instale en un lugar público o en propiedad privada algún dispositivo tecnológico con el propósito de promover, publicar, distribuir o transmitir, en tiempo real o diferido, imágenes o fotografías con contenido sexual, de exhibición corporal o que resulten lesivas a la integridad moral, al honor o a la intimidad, sin el consentimiento expreso de quien o quienes ahí aparezcan. Se sancionará con pena de dos a ocho años de prisión, y de cien a 500 días de multa la promoción, publicación, distribución, en tiempo real o diferido, de las imágenes o fotografías sin el consentimiento expreso de quien o quienes en ellas aparezcan. Asimismo, se aprobaron las reformas al artículo 301 del Código Penal Federal mediante las cuales se sancionará a quien azuce o suelte a un animal bravío para provocar lesiones o causar la muerte de un individuo.

Kikka Roja

Luis Javier Garrido

El bajo mundo

¿Está México gobernado por el crimen organizado?

1. La incompetencia mostrada por el gobierno de facto de Felipe Calderón durante cinco meses ha puesto de relieve un hecho: que la administración espuria que él encabeza se halla vinculada y sometida a muchos intereses del crimen organizado y en especial a las mafias del narcotráfico.

2. Los mecanismos de infiltración del narcotráfico en el gobierno mexicano no han sido muy distintos de los existentes en otros países, pero sí llama la atención el grado de control que los cárteles que operan aquí tienen ya de las instancias estatales. En Estados Unidos, desde la administración de George Bush padre (1989-1993), se señaló que los cárteles estaban ya coludidos con el gobierno republicano, y en Colombia esta semana acaba de estallar un escándalo por las evidencias de la colusión del presidente Alvaro Uribe con narcos y paramilitares, pero nada que se compare al caso mexicano, donde los dirigentes de dos de los principales partidos, el PRI y el PAN, guardan relaciones estrechas con el bajo mundo.

3. La campaña de Calderón, utilizando al Ejército para simular que está luchando contra el narcopoder cuando en realidad está coludido con él, no ha logrado los fines que pretendía de legitimar su imagen y de militarizar el territorio nacional para someter la inconformidad social, pero sí está obteniendo un objetivo por el baño de sangre que se está produciendo en distintas entidades, que es el de distraer a la atención nacional de sus políticas entreguistas.

4. En las 20 semanas del gobierno espurio, se han producido cerca de 700 muertos y en las últimas hay ya un promedio de seis a ocho ajusticiados por día, lo que en cualquier parte del mundo sería escandaloso, pero que aquí no ha servido más que como cortina de humo para permitir a quienes buscan gobernar seguir desmantelando a la nación para beneficio de intereses trasnacionales. Algunas iniciativas descabelladas han sido detenidas, como la que proponía abrogar la Ley de Neutralidad, pero otras más han pasado, desde el alza de la tortilla y otros básicos hasta las reformas legales que desmantelan al ISSSTE, y las amenazas de lo que se pretende hacer son de mucha gravedad. Ya un grupo, por ejemplo, anuncia sus intenciones de producir bioenergéticos en el estado de Chiapas (La Jornada, 26 de abril).

5. En una organización política como la de México, en la que el poder de los cárteles controla espacios claves del poder financiero y de la burocracia política y la Judicatura, así como de los aparatos de seguridad estatal, incluyendo al Ejército, la Marina, la PFP y las policías judiciales, una lucha contra el narco debería empezar por una depuración de las instancias del poder, y no por una operación mediática de propaganda de un gobernante espurio, caracterizada por el establecimiento de algunos cuantos retenes y el arresto selectivo de uno que otro traficante menor.

6. El caso más escandaloso es el de Carlos Salinas de Gortari, impunemente vinculado con los principales cárteles, quien fue uno de los artífices del fraude electoral de 2006, y quien a través de sus prestanombres ha reconstituido su inmensa fortuna y controla hoy de manera directa varias instancias estatales, como la SCT, que supone carreteras y aeropuertos, gracias a su complicidad estrecha con quien actúa como un pelele suyo.

7. El gobierno de facto de Calderón nada ha hecho tampoco por proceder penalmente contra los panistas señalados por su vinculación con el narcotráfico en las administraciones locales de Ernesto Ruffo en Baja California, Francisco Barrio en Chihuahua, o Sergio Estrada en Morelos, ni mucho menos contra panistas notorios, como el ex senador Diego Fernández de Cevallos, señalado como hombre de confianza del cártel de El señor de los cielos, o contra los hijos de Marta Sahagún, también señalados en negocios de estupefacientes.

8. No puede sorprender, por lo mismo, que los voceros de Los Pinos guarden absoluto silencio sobre el reportaje publicado en Proceso 1590, del 22 de abril, en el que el prominente panista Emilio Goicoechea (ex secretario particular de Fox), designado por Calderón como su embajador en Canadá, y quien -según se señaló en esos días- fuera un activo orquestador del fraude de 2006, aparece en una secuencia fotográfica en abierta camaradería con el narcotraficante Genaro Caro Quintero.

9. La llamada "reforma del Estado" de 2007, que impulsan el senador salinista Manlio Fabio Beltrones y el diputado, también salinista, Emilio Gamboa en nombre de Calderón, y que una vez más anunciaron en el Palacio de Minería delante de miembros corruptos de la "clase política" como Fernández de Cevallos y Luis Carlos Ugalde, al instalar una Comisión para "la Negociación y la Construcción de Acuerdos" (sic), no es, por consiguiente, más que una tentativa más de estas mafias del crimen organizado para subordinar a fuerzas de oposición y seguir desmantelando la Constitución de 1917.

10. El futuro de México exige, por lo mismo, una mayor convergencia de las fuerzas populares para ponerle un alto a quienes, usufructuando de manera ilegítima el poder, siguen destruyendo a la nación.

Kikka Roja