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Kikka Roja
martes, 17 de julio de 2007
Mesa Politica w radio
Oswald! El Cheblog envia el audio de la mesa política con Carmen Aristegui, la carta del ciudadano mexicano de origen chino
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Kikka Roja
Gabriela Cuevas Barrón : Panista : el odio de la derecha
- Está acusada de abuso de autoridad, señala el abogado de la afectada
- Podrían condenar a prisión a la delegada Gabriela Cuevas por el caso Jéssica Pérez
La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas Barrón, podría ser sentenciada a una pena de entre dos y seis años de cárcel por el delito de abuso de autoridad, y aunque con el pago de una fianza evitaría ser aprehendida, tendría que ser separada de su cargo mientras concluye la investigación, señaló el abogado César Sandoval. El defensor de Jessica Pérez, a quien las autoridades delegacionales prohibían trabajar en el parque Abraham Lincoln ofreciendo a los niños un recorrido en tren por ese lugar, explicó que sólo falta que declaren los policías que lesionaron a una menor de 14 años, luego de que Cuevas Barrón les ordenó detenerla porque supuestamente había robado un documento, tal y como se puede ver en un video tomado con un teléfono celular. Dijo que será a más tardar a principios de agosto, cuando el Ministerio Público determine si procede o no el ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FSP/B2/1070/07-05 que se encuentra en la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia capitalina. A pesar de que la funcionaria ha negado los hechos, Sandoval se mostró confiado en que se consignará el expediente, debido a que las pruebas en su contra son inapelables, como los amparos concedidos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el video en el que se puede ver a Gabriela Cuevas ordenando a gritos la detención de Ishaell, hermana de Jessica, y cómo es lastimada por los elementos policiacos.De ser así, precisó, se pedirá que la funcionaria sea separada de su cargo, razón por la cual también se interpuso una denuncia ante la Contraloría del Distrito Federal. En cuanto a las lesiones que sufrió la adolescente de 14 años, quien resultó con una fractura en una mano, el fallo sería contra los autores materiales de la agresión, y aunque fue Cuevas Barrón quien ordenó la detención de la menor, no participó directamente en esos hechos. Por otra parte, el litigante señaló que es "inminente" que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emita una recomendación a la delegación Miguel Hidalgo, derivada de la queja que investiga la Tercera Visitaduría por el hostigamiento contra Jessica. Explicó que el proceso que lleva a cabo el organismo defensor de las garantías individuales se encuentra detenido en este momento, debido a que la encargada de la indagatoria, Alejandra Ramírez, se encuentra fuera de la ciudad en un curso de actualización de derechos humanos. Mientras, personal de la CDHDF se mantiene atento, luego de que Jessica regresó a laborar al parque Abraham Lincoln los fines de semana, ante la posibilidad de que vuelva a ser acosada por las autoridades delegacionales, indicó César Sandoval.
- Desoye requerimientos de CNDH y PGJDF: abogado
- Indiferencia de delegada en Miguel Hidalgo ante caso Jéssica Pérez
ALEJANDRO CRUZ FLORES
La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas Barrón, "ha hecho caso omiso" a los requerimientos de la Comisión de Derechos Humanos sobre el caso de Jéssica Pérez López, a quien se le impide trabajar en el parque Abraham Lincoln ofreciendo un servicio de paseos en tren para niños en ese lugar, aseguró el abogado defensor de la afectada, César Sandoval. Acompañada de integrantes de la organización ciudadana Urbanitas, quienes la han apoyado en este proceso, Jessica acudió al organismo para ratificar la queja interpuesta en contra de Cuevas Barrón, así como presentar el video de lo ocurrido el pasado 6 de mayo, cuando su hermana de 14 años fue agredida por policías de la delegación, luego de que la funcionaria les ordenó detenerla. En entrevista, Sandoval explicó que su cliente tiene más de 10 años trabajando en el citado parque, para lo cual se le otorgó un permiso de vendedora en vía pública, ya que la actividad que realiza no está contemplada ni en el Código Financiero del DF, ni en el reglamento de mercados. Ante el acoso de las actuales autoridades delegacionales, agregó, Jéssica promovió amparos ante el tribunal de lo contencioso contra "las órdenes verbales de la delegación", el cual ha declarado inválidas las resoluciones de revocación de permiso. El litigante señaló que de no cumplir con los requerimientos de la CDHDF, uno -que ya ha realizado en dos ocasiones- para que se entregue constancias del expediente sobre la actividad de Jéssica, es decir, los trámites que ha realizado como permisos y recibos de pago; y otro para que respete sus derechos y posesiones, "va a dar por ciertos los hechos de los que se le acusan" y emitirá una recomendación.
"La delegación tiene un plazo de ocho días para entregar la información requerida y tres más para respetar los derechos de Jéssica", refirió el litigante. En cuanto a la demanda penal interpuesta en la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), cuya averiguación previa es FSP/B2/1070/07-05, explicó que la jefa delegacional ya fue citada a comparecer, pero tampoco ha respondido al citatorio, por lo que en breve se emitirá un nuevo requerimiento. Por su parte, Ishaell, la hermana de Jéssica, explicó que debido a la fractura en la mano derecha causada por los elementos de seguridad que "me jalonearon y me torcieron el brazo durante cinco minutos", tuvo que ser enyesada durante seis semanas, además que tiene que estar en rehabilitación durante el mismo lapso de tiempo.
"La delegación tiene un plazo de ocho días para entregar la información requerida y tres más para respetar los derechos de Jéssica", refirió el litigante. En cuanto a la demanda penal interpuesta en la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), cuya averiguación previa es FSP/B2/1070/07-05, explicó que la jefa delegacional ya fue citada a comparecer, pero tampoco ha respondido al citatorio, por lo que en breve se emitirá un nuevo requerimiento. Por su parte, Ishaell, la hermana de Jéssica, explicó que debido a la fractura en la mano derecha causada por los elementos de seguridad que "me jalonearon y me torcieron el brazo durante cinco minutos", tuvo que ser enyesada durante seis semanas, además que tiene que estar en rehabilitación durante el mismo lapso de tiempo.
- Abuso de autoridad, otro de los motivos de la querella
- Demandan a delegada de Miguel Hidalgo por lesionar a menor
ALEJANDRO CRUZ FLORES
Efectivos de seguridad pública de la delegación Miguel Hidalgo agredieron a una menor, luego de que la jefa delegacional, Gabriela Cuevas Barrón, les ordenó detenerla. En un video tomado con un teléfono celular se puede observar el momento en quje dos policías la sujetan y uno de ellos le tuerce el brazo, sin importarles que la adolescente le dice: "me están lastimando". Esto sucedió el pasado 6 de mayo, cuando la funcionaria se presentó en el Parque Lincon, ubicado en Polanco, acompañada de Teresa Roldán, quien dijo ser la secretaría particular de Cuevas Barrón -aunque en el directorio de funcionarios de la demarcación aparece como asesora-, y los policías. La razón era retirar del lugar a Jessica Pérez López, propietaria de un tren con el que da recorridos a niños a lo largo del parque, única fuente de ingreso para su familia. Pese a que en varias ocasiones trató de entrevistarse con la jefa delegacional para explicarle que tiene permiso para efectuar esa actividad, la única respuesta de Cuevas Barrón fue: "Ya no quiero saber de ti. Me tienes harta. Tantas veces que has venido y no entiendes que no te voy a dejar trabajar".
El día de la agresión, la jefa delegacional pidió el apoyo de grúas para que se llevaran el tren al corralón, por lo que Jessica debió pagar más de mil pesos de multas por concepto de falta de placas, licencia de conducir y el arrastre, entre otras, para poder recuperarlo. Como parte del procedimiento, se le pidió que firmara un documento en el cual Jessica, por consejo de su abogado, escribió que por orden de la jefa delegacional la habían levantado del parque, al darse cuenta de esto, tanto Teresa Roldán como Cuevas Barrón forcejearon con ella para tratar de quitarle el documento. Jessica logró zafarse y empezó a correr, por lo que la jefa delegacional ordenó a gritos a los efectivos policiacos: "deténgala, deténgala"; pero éstos no la pudieron alcanzar; unos minutos después regresó al lugar, en ese momento se le acerca su hermana Ishaell, de 14 años, y Gabriela Cuevas empieza a gritar "le está dando el papel a la niña, agárrenla". Los policías cumplen la orden con excesiva violencia y le tuercen el brazo para obligarla a darle el papel -el cual Jessica había guardado en su pecho-, ocasionándole una fractura en la mano.
Jessica fue llevada ante el Ministerio Público, donde la acusaron de robo a transeúnte, por lo que estuvo retenida 48 horas e incluso estuvo a punto de ser consignada al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, pero con la presentación del citado video se pudo comprobar su inocencia. Ante esto, la víctima interpuso dos demandas contra Cuevas y Roldán: una administrativa ante la Contraloría de Distrito Federal, y otra penal ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la procuraduría capitalina por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones.
El día de la agresión, la jefa delegacional pidió el apoyo de grúas para que se llevaran el tren al corralón, por lo que Jessica debió pagar más de mil pesos de multas por concepto de falta de placas, licencia de conducir y el arrastre, entre otras, para poder recuperarlo. Como parte del procedimiento, se le pidió que firmara un documento en el cual Jessica, por consejo de su abogado, escribió que por orden de la jefa delegacional la habían levantado del parque, al darse cuenta de esto, tanto Teresa Roldán como Cuevas Barrón forcejearon con ella para tratar de quitarle el documento. Jessica logró zafarse y empezó a correr, por lo que la jefa delegacional ordenó a gritos a los efectivos policiacos: "deténgala, deténgala"; pero éstos no la pudieron alcanzar; unos minutos después regresó al lugar, en ese momento se le acerca su hermana Ishaell, de 14 años, y Gabriela Cuevas empieza a gritar "le está dando el papel a la niña, agárrenla". Los policías cumplen la orden con excesiva violencia y le tuercen el brazo para obligarla a darle el papel -el cual Jessica había guardado en su pecho-, ocasionándole una fractura en la mano.
Jessica fue llevada ante el Ministerio Público, donde la acusaron de robo a transeúnte, por lo que estuvo retenida 48 horas e incluso estuvo a punto de ser consignada al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, pero con la presentación del citado video se pudo comprobar su inocencia. Ante esto, la víctima interpuso dos demandas contra Cuevas y Roldán: una administrativa ante la Contraloría de Distrito Federal, y otra penal ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la procuraduría capitalina por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones.
A esta doña ¡le Urge un marido! pero se llevan casco porque destila harto Rencor, de preferencia que sea perredista con mucho dinero. Por su ayuda a la comunidad ¡Gracias!ACTUALIZACIÓN
¡Bote bote bote!, al fin que es ricachona y no la entamban, pero ya se quemó gacho.
Ella fue la que quiso pagar la fianza de AMLO antes de tiempo, en los tiempos del desafuero...
- La acusan de violar ley y de abuso de autoridad
- Vecinos de M. Hidalgo exigen que Gabriela Cuevas dimita
- Compareció ante diputados
- El encuentro, nada terso
Gabriela Romero, Rocío González, Alejandro Cruz y Bertha Teresa Ramírez
Protesta contra la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, mientras comparecía ante diputados a la Asamblea Legislativa Foto: María Meléndrez Parada
La jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, aseveró ante diputados de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa que es "una mentira enorme" la supuesta agresión física que sufrió Ishaell Pérez, de 14 años, por parte de personal de su demarcación. Afuera del recinto legislativo de Donceles y Allende, medio centenar de vecinos de la demarcación exigían la renuncia de la funcionaria, a quien acusan de violar la Ley de Austeridad, abuso de autoridad y arrogarse atribuciones que no le corresponden. Con cartulinas advertían: "¡Cuidado! Ella sí es un peligro. Se dice el orgullo de la capital y es la vergüenza de la delegación". Al término de su comparencia ante la citada comisión, se preguntó a la delegada: "Hay una queja en la Comisión de Derechos Humanos y una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ¿cómo puede decir que es "una mentira enorme"?
"A mí no me han citado ni me han informado sobre esto. Es falso", reiteró.
Con base en la denuncia presentada, Ishaell Pérez fue agredida por órdenes de la jefa delegacional el 6 de mayo pasado, cuando personal a su cargo retiraba el trenecito que realizaba recorridos a niños a lo largo del Parque Lincon, en Polanco. En otro tema. Cuevas reiteró que mientras no se cumpla con la normatividad no permitirá la construcción de la Torre Bicentenario, pero al ser cuestionada sobre los reclamos de vecinos de la colonia Molino del Rey y Popotla por la edificación de inmuebles que rebasan el número de niveles permitidos, solamente se limitó a decir: "yo no oí que lo dijeran ahorita" y de manera abrupta dio por terminada la entrevista con los reporteros. Ayer por la mañana, la funcionaria se reunió con vecinos de las colonias Molino del Rey, Lomas de Chapultepec y Polanco que se oponen a la construcción del que sería el edificio más grande de Latinoamérica, quienes la exhortaron a no politizar este asunto ni identificarlo con ningún partido político, el suyo incluido.
El encuentro no fue del todo terso para la jefa delegacional, pues hubo personas que le reclamaron su falta de apoyo hacia las quejas de los vecinos, como fue el caso de Eduardo Sánchez Rosales, quien le espetó: "yo estoy cansado de ir a los miércoles ciudadanos y no he tenido el gusto de encontrarte y nadie resuelve nuestros problemas, nada más nos pasan con el doctor, que parece que es el picudo allí". Durante la reunión, los habitantes de las colonias referidas también reiteraron su "no rotundo" a la construcción de la torre, por lo que, indicó Trinidad Belaunzarán, a partir de hoy colocarán grandes mantas en varias calles para dejar bien clara su posición.
Cuestionan consulta sobre parquímetros
Por otra parte, vecinos de Polanco denunciaron que la consulta ciudadana a la que convocó Gabriela Cuevas contiene preguntas inducidas para "abortar" el acuerdo que los vecinos establecieron con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, de instalar parquímetros en la vía pública y acabar con la privatización de las calles en esa colonia por parte de oficinas de empresas, restaurantes y otros negocios establecidos en la colonia. Eduardo Farah, vecino de Polanco, señaló que además dicha consulta se ha hecho sin respetar a la comunidad; los valet parking y los cuidacoches están interviniendo en ella. Indicó que lo que acordaron los vecinos con el gobierno capitalino y la Secretaría de Seguridad Pública podría quedar al margen a pesar de que es el resultado de un amplio consenso y varias reuniones en las que hubo una amplia participación de vecinos. Farah anticipó que "la mayor parte de los vecinos desconocerá la consulta y la próxima semana la comunidad tendrá otra reunión en la que decidirán qué hacer ante esta irregularidad o acudir directamente a las autoridades del gobierno central, a fin de encontrar una solución al problema". En tanto, la asociación civil Vivo Polanco reportó que "es decepcionante ver la lista de 15 preguntas, todas capciosas, además de que se puede observar como las personas que atienden la urna son predispuestas y se les induce a votar contra los parquímetros, pareciera que fueron adoctrinadas con el objeto de que la gente vote en contra del proyecto".
"A mí no me han citado ni me han informado sobre esto. Es falso", reiteró.
Con base en la denuncia presentada, Ishaell Pérez fue agredida por órdenes de la jefa delegacional el 6 de mayo pasado, cuando personal a su cargo retiraba el trenecito que realizaba recorridos a niños a lo largo del Parque Lincon, en Polanco. En otro tema. Cuevas reiteró que mientras no se cumpla con la normatividad no permitirá la construcción de la Torre Bicentenario, pero al ser cuestionada sobre los reclamos de vecinos de la colonia Molino del Rey y Popotla por la edificación de inmuebles que rebasan el número de niveles permitidos, solamente se limitó a decir: "yo no oí que lo dijeran ahorita" y de manera abrupta dio por terminada la entrevista con los reporteros. Ayer por la mañana, la funcionaria se reunió con vecinos de las colonias Molino del Rey, Lomas de Chapultepec y Polanco que se oponen a la construcción del que sería el edificio más grande de Latinoamérica, quienes la exhortaron a no politizar este asunto ni identificarlo con ningún partido político, el suyo incluido.
El encuentro no fue del todo terso para la jefa delegacional, pues hubo personas que le reclamaron su falta de apoyo hacia las quejas de los vecinos, como fue el caso de Eduardo Sánchez Rosales, quien le espetó: "yo estoy cansado de ir a los miércoles ciudadanos y no he tenido el gusto de encontrarte y nadie resuelve nuestros problemas, nada más nos pasan con el doctor, que parece que es el picudo allí". Durante la reunión, los habitantes de las colonias referidas también reiteraron su "no rotundo" a la construcción de la torre, por lo que, indicó Trinidad Belaunzarán, a partir de hoy colocarán grandes mantas en varias calles para dejar bien clara su posición.
Cuestionan consulta sobre parquímetros
Por otra parte, vecinos de Polanco denunciaron que la consulta ciudadana a la que convocó Gabriela Cuevas contiene preguntas inducidas para "abortar" el acuerdo que los vecinos establecieron con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, de instalar parquímetros en la vía pública y acabar con la privatización de las calles en esa colonia por parte de oficinas de empresas, restaurantes y otros negocios establecidos en la colonia. Eduardo Farah, vecino de Polanco, señaló que además dicha consulta se ha hecho sin respetar a la comunidad; los valet parking y los cuidacoches están interviniendo en ella. Indicó que lo que acordaron los vecinos con el gobierno capitalino y la Secretaría de Seguridad Pública podría quedar al margen a pesar de que es el resultado de un amplio consenso y varias reuniones en las que hubo una amplia participación de vecinos. Farah anticipó que "la mayor parte de los vecinos desconocerá la consulta y la próxima semana la comunidad tendrá otra reunión en la que decidirán qué hacer ante esta irregularidad o acudir directamente a las autoridades del gobierno central, a fin de encontrar una solución al problema". En tanto, la asociación civil Vivo Polanco reportó que "es decepcionante ver la lista de 15 preguntas, todas capciosas, además de que se puede observar como las personas que atienden la urna son predispuestas y se les induce a votar contra los parquímetros, pareciera que fueron adoctrinadas con el objeto de que la gente vote en contra del proyecto".
Kikka Roja
La Verdad sea Dicha : 28
Programa episodio 28
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Andrés Manuel López Obrador www.amlo.org.mxNueva cuenta en Banorte 05 44 55 50 80 Honestidad Valiente A C
E MAIL : laverdadseadicha@gobiernolegitimo.org.mx
laverdadseadicha.org.mx, laverdadseadicha.org
gobiernolegitimo.org.mx
AMLO Tv, Martes 1 de la madrugada 1 a.m. por tv azteca canal 13
- HUBO FRAUDE ELECTORAL
- el megaplantón movimiento pacífico con saldo blanco
SONRIE LA LUCHA SIGUE
Kikka Roja
Iglesia : sacerdotes violadores : Norberto Rivera Carrera
Ladrones vendepatrias asesinos y violadores, iglesia podrida.
ALMA E. MUÑOZ
Lee Bashforth, portavoz de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes de Los Angeles, muestra una fotografía que le fue tomada al término de su primera comunión Foto: Ap
SANJUANA MARTINEZ ESPECIAL PARA LA JORNADA
El juicio contra el cardenal Norberto Rivera Carrera se aproxima al momento de la verdad. El purpurado mexicano se verá delante de un representante de la Corte Superior de California y frente a los abogados de las víctimas de abuso sexual del sacerdote pederasta Nicolás Aguilar, acusado de abusar de más de 90 niños de México y Estados Unidos.
La cita fue programada para el 8 de agosto, informó a La Jornada el abogado de Norberto Rivera, Steven R. Selsberg. "Se trata de obtener la declaración del cardenal. Los litigantes de los demandantes le harán preguntas, y contestará algunas. Todo se transcribirá para entregarlo al juez de la Corte Superior de California el 11 de septiembre, día estipulado para la próxima audiencia", manifestó.
La Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer a La Jornada que el millonario acuerdo con la arquidiócesis de Los Angeles, California, para indemnizar a las víctimas considera los ilícitos cometidos por 19 curas pederastas que tienen vínculos con México, ya sea porque son ciudadanos de este país y viajaron a Estados Unidos, donde vejaron a personas, o porque son estadunidenses que escaparon de la justicia y trabajaron en territorio mexicano. Destacan los casos de Nicolás Aguilar, quien abusó de 28 personas -incluidos Joaquín Aguilar y Jon Doe 100, que demandaron al cardenal Norberto Rivera Carrera y a la diócesis de Tehuacán ante la Corte Superior de Los Angeles por "conspiración a la pederastia"- entre los años 80 y 90-, y de Fidencio Silva Flores, con 28 víctimas.
En la lista también está Willebardo Castro, con cuatro casos, quien en 1976 fue acusado de abusar sexualmente de un adolescente de 16 años en California, cuando era miembro de la iglesia de Santa María de la Asunción, y al ser denunciado regresó a México, donde también fue demandado por el mismo ilícito. Erick Barragán, vocero de la SNAP, insistió en que es necesario, después del arreglo extrajudicial que alcanzaron las víctimas con el arzobispo de Los Angeles, Roger Mahony, para recibir una reparación por el daño, que la Iglesia católica ayude a encontrar a dichos sacerdotes para castigarlos por sus delitos. México, aseguró por su parte Joaquín Aguilar, debe dejar de ser "un paraíso para los pederastas". Según el documento entregado a este diario, Nicolás Aguilar Rivera, a quien se imputan cerca de 100 ataques sexuales tanto en México como en Estados Unidos, encabeza la lista con 28 víctimas.
Le sigue Samuel Cabbot, con dos, quien cometió los abusos entre 1980 y 1985; Willebardo Castro, cuatro, entre 1973-1978; Jesús Jesse Domínguez, seis, entre 1973-1988; Vicente Guzmán, uno, quien abusó de su víctima durante 10 años, de 1931 a 1941. De igual forma, Luis Jaramillo, dos víctimas, quien abusó de esas personas entre 1986 y 1988; Ricardo Loomis, dos, de 1969 a 1974; José Luis López, uno, de 1963 a 1966; Rubén Martínez, siete, de 1970 a 1981; Francisco Mateos y José Méndez, uno cada uno. El primero atacó de 1976 a 1979, y el segundo de 1985 a 1987. Joseph D. Pina también es mencionado por dos ataques sexuales, perpetrados entre 1979 y 1990; Eleuterio Ramos, nueve, entre 1972 y 1989; Juan Salazar, seis, entre 1980 y 1986; Juan Santillán, dos, entre 1977 y 1985; Avdon Serratos, uno, de 2000 a 2003; Fidencio Silva Flores, 28, de 1978 a 1973; Henry Xavier Vetter, siete, de 1953 a 1973, y Guillermo Villa Gómez, uno, de 1964 a 1965.
Kikka Roja
El arzobispo primado "está contra la pared"
ALMA E. MUÑOZ
Joaquín Aguilar Méndez, víctima de abuso sexual por el sacerdote mexicano Nicolás Aguilar Rivera, confirmó que forma parte del grupo de 508 personas que serán indemnizadas por la arquidiócesis de Los Angeles, Estados Unidos, como parte de la reparación del daño. Junto con él recibirá compensación Jon Doe 100, otro demandante del cardenal Norberto Rivera Carrera por encubrir al sacerdote de origen poblano. Con ello, sostuvo Aguilar Méndez en entrevista, se refuerzan las denuncias civiles que fueron interpuestas contra el prelado mexicano y la diócesis de Tehuacán en septiembre y noviembre del año pasado, porque ya se admitió, subrayó, "la culpabilidad de Nicolás en los hechos cometidos contra nosotros y los 26 estadunidenses que en los años 80 y 90 fueron vejados por el clérigo".
Junto con Erick Barragán, vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), adelantó que el arzobispo de Los Angeles, cardenal Roger Mahony, podría ser llamado a testificar contra Rivera Carrera, porque los afectados acordaron retirar los cargos contra el prelado de Estados Unidos, pues éste aceptó reparar el daño. También informaron que con los recursos que les entregue la arquidiócesis de Los Angeles, abrirán en México una oficina de apoyo a personas que hayan sido abusadas sexualmente por sacerdotes. En el encuentro, en un hotel de la ciudad de México, Aguilar y Barragán manifestaron lo que a su juicio significa que Mahony pidiera perdón y aceptara otorgar una indemnización a las personas que fueron atacadas sexualmente por Aguilar. Por primera vez, sostuvo el representante de la SNAP, "veremos a un cardenal contrapuesto a otro, porque los abogados de Joaquín y Doe están listos para interrogar y llamar como testigo a Mahony, como parte del juicio contra Norberto Rivera y la diócesis de Tehuacán", a la que está adscrito el sacerdote pederasta.
Consideró que, con el giro que ha dado el caso, "Rivera Carrera se encuentra contra la pared, pues con su actuación la arquidiócesis de Los Angeles aceptó la conspiración internacional a la pederastia, que nosotros acusamos, sin importar que los hechos denunciados hayan ocurrido en México", señaló Aguilar.
-¿Por qué decidieron aceptar la indemnización?
-Porque Mahony puso como condición que todas las víctimas debían aceptar la reparación del daño, y concluí que esa acción ayudaba al juicio contra Norberto Rivera. Aclaró que su abogado, Jeff Anderson, le pidió solicitar que se le indemnizara con la menor cantidad posible, porque "mi intención no es buscar dinero, sino que se haga justicia y se encarcele a los responsables". Erick Barragán manifestó al respecto que las víctimas que padecieron menos abusos -como acoso y haber sido tocados una sola vez por religiosos- recibirán en promedio 50 mil dólares, y las que fueron violadas reiteradamente, durante muchos años, hasta 4 millones.
Ambos establecieron que Nicolás Aguilar no es el único sacerdote que aparece en la lista de pederastas. Hay 12 mexicanos más, entre ellos Wilebardo Castro y Fidencio Silva.
Junto con Erick Barragán, vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), adelantó que el arzobispo de Los Angeles, cardenal Roger Mahony, podría ser llamado a testificar contra Rivera Carrera, porque los afectados acordaron retirar los cargos contra el prelado de Estados Unidos, pues éste aceptó reparar el daño. También informaron que con los recursos que les entregue la arquidiócesis de Los Angeles, abrirán en México una oficina de apoyo a personas que hayan sido abusadas sexualmente por sacerdotes. En el encuentro, en un hotel de la ciudad de México, Aguilar y Barragán manifestaron lo que a su juicio significa que Mahony pidiera perdón y aceptara otorgar una indemnización a las personas que fueron atacadas sexualmente por Aguilar. Por primera vez, sostuvo el representante de la SNAP, "veremos a un cardenal contrapuesto a otro, porque los abogados de Joaquín y Doe están listos para interrogar y llamar como testigo a Mahony, como parte del juicio contra Norberto Rivera y la diócesis de Tehuacán", a la que está adscrito el sacerdote pederasta.
Consideró que, con el giro que ha dado el caso, "Rivera Carrera se encuentra contra la pared, pues con su actuación la arquidiócesis de Los Angeles aceptó la conspiración internacional a la pederastia, que nosotros acusamos, sin importar que los hechos denunciados hayan ocurrido en México", señaló Aguilar.
-¿Por qué decidieron aceptar la indemnización?
-Porque Mahony puso como condición que todas las víctimas debían aceptar la reparación del daño, y concluí que esa acción ayudaba al juicio contra Norberto Rivera. Aclaró que su abogado, Jeff Anderson, le pidió solicitar que se le indemnizara con la menor cantidad posible, porque "mi intención no es buscar dinero, sino que se haga justicia y se encarcele a los responsables". Erick Barragán manifestó al respecto que las víctimas que padecieron menos abusos -como acoso y haber sido tocados una sola vez por religiosos- recibirán en promedio 50 mil dólares, y las que fueron violadas reiteradamente, durante muchos años, hasta 4 millones.
Ambos establecieron que Nicolás Aguilar no es el único sacerdote que aparece en la lista de pederastas. Hay 12 mexicanos más, entre ellos Wilebardo Castro y Fidencio Silva.
- El pacto cierra caso contra el cardenal Mahony, pero sigue el juicio contra Rivera
- Acuerdo para indemnizar a víctimas de curas pederastas incluye a 2 mexicanos
Lee Bashforth, portavoz de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes de Los Angeles, muestra una fotografía que le fue tomada al término de su primera comunión Foto: ApEl acuerdo por 660 millones de dólares aprobado ayer por el juez de la Corte Superior de California, Haley Fromholz, incluye a los dos mexicanos que interpusieron denuncias el año pasado ante dicha instancia.
El pacto representa la mayor cantidad pagada por la Iglesia católica por abusos sexuales de sacerdotes y beneficia a Joaquín Aguilar y Jon Doe (nombre utilizado para preservar su identidad), quienes interpusieron denuncias el año pasado, ante la Corte Superior de California, contra el sacerdote pederasta mexicano Nicolás Aguilar Rivera y sus presuntos encubridores, los cardenales Roger Mahony y Norberto Rivera, afirmó, en entrevista con La Jornada, Lee Bashforth, portavoz de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) en Los Angeles.
Aseveró que con ese arreglo extrajudicial se cerrará únicamente el caso contra el cardenal Roger Mahony, pero continuarán los otros dos juicios civiles. "De esta manera, esperamos que las víctimas mexicanas obtengan justicia contra aquel que abusó sexualmente de ellos y contra quien protegió al perpetrador. El cardenal Rivera, en México, y el cardenal Mahony, en Los Angeles, conspiraron para mantener secretos, con el fin de proteger al depredador. El proceso contra Mahony se cierra, pero continúa el juicio contra Rivera". La compensación económica y el monto han sido confirmados por el abogado Jeff Anderson a las víctimas mexicanas. Sin embargo, los litigantes informaron que los pagos individuales variarán, de acuerdo con la gravedad y la duración del abuso, y que los defensores recibirán hasta 40 por ciento de lo que se obtenga. El acuerdo beneficia a más de 500 víctimas y cierra un total de 570 demandas interpuestas contra la arquidiócesis. Bashforth dijo que cada abogado, en los distintos casos, se hará cargo de entregar las correspondientes compensaciones a sus clientes. "No he hablado con ellos, pero estoy seguro de que lo han hecho sus abogados para mantenerlos al tanto del acuerdo. Espero que se encuentren felices", declaró.
"Este es el resultado apropiado", dijo el juez Fromholz, informó la agencia Associated Press. "Llegar a un arreglo fue lo correcto, y lo hicieron personas sumamente talentosas y abnegadas en un trabajo que duró muchísimo tiempo", agregó. Ray Bouchet, uno de los principales abogados de las víctimas, pidió a éstas que acudieron ayer a la Corte Superior de California y se pusieran de pie. Les agradeció su valor: "sé que es muy difícil para la mayoría de las víctimas, cuyas cicatrices son muy profundas, y sé que muchos no van a perdonar jamás al cardenal". Desde el domingo, en conferencia de prensa antes de la misa, Mahony externó su mea culpa y pidió perdón a las víctimas: "ofrezco disculpas a cualquiera que haya sido ofendido, que haya sufrido abusos. No debió haber pasado y no volverá a pasar". El pacto incluye también la obligación de la arquidiócesis de Los Angeles de abrir los expedientes de los curas pederastas para determinar el camino de traslados que vivieron, protegidos por sus superiores eclesiásticos durante años. "Ese es el siguiente paso. Será el juez quien determinará cuáles expedientes serán abiertos. Todavía no sabemos nada, pero esperamos que con esa apertura podamos llegar a la verdad de todos los asuntos", expresó Bashforth.
Añadió: "es una mezcla agridulce de emociones. Por una parte, hay un poco de alivio al ver que el proceso termina. Por otra, asumimos que no será posible saber toda la verdad, porque es algo que sólo se consigue a través de los juicios", afirma Bashforth, de 37 años, quien fue víctima de un sacerdote a los siete años de edad. "El perdón que ha pedido Mahony a las víctimas no significa nada", dice con la voz entrecortada. "El no está apenado por lo que ha pasado, sino por salvarse a sí mismo. El cardenal es un criminal, y tendrá que vivir durante mucho tiempo con la vergüenza de sus delitos de haber protegido a los sacerdotes que abusaron de los niños. El es parte del problema. Por tanto, sus manos están manchadas de sangre." La arquidiócesis tendrá que hacer frente a dicho pago multimillonario vendiendo propiedades y pidiendo préstamos, aunque una investigación del periódico Los Angeles Times reveló que las inversiones que actualmente posee la Iglesia de esa ciudad son del orden de los 4 mil millones de dólares. Carlos Pérez Carrillo, víctima del sacerdote mexicano-estunidense Juan Salazar, afirmó en entrevista que se siente sumamente confundido por el resultado del acuerdo. "Me siento muy melancólico por la cantidad económica que nos van a dar, porque no hay ninguna cifra que pueda regresarme mi infancia o mi familia desintegrada, porque mis padres se divorciaron, o todos los traumas que he tenido que pasar durante el transcurso de mi vida", apuntó. Consideró que el pacto da legitimidad a las víctimas de sacerdotes frente a la sociedad: "tuve la suerte de declarar contra mi perpetrador en Dallas, Texas, donde lo encontramos. Le dieron cadena perpetua, y por lo menos él nunca jamás podrá dañar a otros niños".
El acuerdo cierra 570 demandas que estaban pendientes contra la arquidiócesis y cubre los crímenes de 220 sacerdotes y empleados que cometieron abusos sexuales en los pasados 70 años: "me siento contento por las víctimas mexicanas. Aquí están incluidos todos: mexicanos, latinoamericanos, estadunidenses, mujeres, hombres. Es algo muy grande, pero para el hispano es muy importante porque los que somos hombres, que podemos salir a la luz pública, podemos ayudar a otras víctimas". Para Pérez Carrillo, las disculpas ofrecidas por Mahony llegan tarde: "no creo que sus disculpas sean sinceras. Más bien, no le quedó otra. Estoy muy al tanto de los abusos cometidos por sacerdotes en México, donde la gente aún tiene miedo de salir a la luz pública para denunciar a esos perpetradores, porque en ese país la Iglesia aún tiene mucho poder. Lo del cardenal Rivera sigue pendiente, y es una esperanza conocer toda la verdad". Ayer un grupo de víctimas se congregó a las afueras de la Corte Superior de California. "Es muy duro estar aquí", dice, en entrevista, Steven Sánchez, víctima y director de SNAP en Glendale, California. "Hay gente que está feliz, pero otras no. Es una mezcla de emociones. El dinero será repartido, pero será diferente en cada caso". El caso de Manuel Vega, víctima en Los Angeles, ha servido para que el Senado de Estados Unidos aceptara la modificación de las leyes sobre la prescripción de los delitos. Explica que el acuerdo se dio precisamente por las circunstancias particulares de algunas de las 500 víctimas: "me siento contento porque ya se acabó, pero también triste. Si no hacíamos el acuerdo algunos iban a perder los casos. También hay algunos de víctimas que eran muy débiles y no iban a poder seguir con los procesos. Por tanto, por el bien de todos, aceptamos el acuerdo, sobre todo quienes sí queríamos ir a la Corte, pero decidimos que era lo mejor para la mayoría". Vega fue abusado durante años por el sacerdote mexicano Fidencio Silva, quien al ser denunciado por decenas de víctimas fue transferido a México, donde lo encontraron hace algunos años oficiando en una parroquia de San Luis Potosí. "Lo más triste de todo es que él sigue libre, haciendo daño a los niños. Si ustedes lo encuentran por favor avísenme, porque yo quiero ir hasta allí para tomarme un café con él y preguntarle ¿por qué hizo daño a tantos? ¿Por qué tanta maldad? ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Por qué tanta perversidad?"
El pacto representa la mayor cantidad pagada por la Iglesia católica por abusos sexuales de sacerdotes y beneficia a Joaquín Aguilar y Jon Doe (nombre utilizado para preservar su identidad), quienes interpusieron denuncias el año pasado, ante la Corte Superior de California, contra el sacerdote pederasta mexicano Nicolás Aguilar Rivera y sus presuntos encubridores, los cardenales Roger Mahony y Norberto Rivera, afirmó, en entrevista con La Jornada, Lee Bashforth, portavoz de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) en Los Angeles.
Aseveró que con ese arreglo extrajudicial se cerrará únicamente el caso contra el cardenal Roger Mahony, pero continuarán los otros dos juicios civiles. "De esta manera, esperamos que las víctimas mexicanas obtengan justicia contra aquel que abusó sexualmente de ellos y contra quien protegió al perpetrador. El cardenal Rivera, en México, y el cardenal Mahony, en Los Angeles, conspiraron para mantener secretos, con el fin de proteger al depredador. El proceso contra Mahony se cierra, pero continúa el juicio contra Rivera". La compensación económica y el monto han sido confirmados por el abogado Jeff Anderson a las víctimas mexicanas. Sin embargo, los litigantes informaron que los pagos individuales variarán, de acuerdo con la gravedad y la duración del abuso, y que los defensores recibirán hasta 40 por ciento de lo que se obtenga. El acuerdo beneficia a más de 500 víctimas y cierra un total de 570 demandas interpuestas contra la arquidiócesis. Bashforth dijo que cada abogado, en los distintos casos, se hará cargo de entregar las correspondientes compensaciones a sus clientes. "No he hablado con ellos, pero estoy seguro de que lo han hecho sus abogados para mantenerlos al tanto del acuerdo. Espero que se encuentren felices", declaró.
"Este es el resultado apropiado", dijo el juez Fromholz, informó la agencia Associated Press. "Llegar a un arreglo fue lo correcto, y lo hicieron personas sumamente talentosas y abnegadas en un trabajo que duró muchísimo tiempo", agregó. Ray Bouchet, uno de los principales abogados de las víctimas, pidió a éstas que acudieron ayer a la Corte Superior de California y se pusieran de pie. Les agradeció su valor: "sé que es muy difícil para la mayoría de las víctimas, cuyas cicatrices son muy profundas, y sé que muchos no van a perdonar jamás al cardenal". Desde el domingo, en conferencia de prensa antes de la misa, Mahony externó su mea culpa y pidió perdón a las víctimas: "ofrezco disculpas a cualquiera que haya sido ofendido, que haya sufrido abusos. No debió haber pasado y no volverá a pasar". El pacto incluye también la obligación de la arquidiócesis de Los Angeles de abrir los expedientes de los curas pederastas para determinar el camino de traslados que vivieron, protegidos por sus superiores eclesiásticos durante años. "Ese es el siguiente paso. Será el juez quien determinará cuáles expedientes serán abiertos. Todavía no sabemos nada, pero esperamos que con esa apertura podamos llegar a la verdad de todos los asuntos", expresó Bashforth.
Añadió: "es una mezcla agridulce de emociones. Por una parte, hay un poco de alivio al ver que el proceso termina. Por otra, asumimos que no será posible saber toda la verdad, porque es algo que sólo se consigue a través de los juicios", afirma Bashforth, de 37 años, quien fue víctima de un sacerdote a los siete años de edad. "El perdón que ha pedido Mahony a las víctimas no significa nada", dice con la voz entrecortada. "El no está apenado por lo que ha pasado, sino por salvarse a sí mismo. El cardenal es un criminal, y tendrá que vivir durante mucho tiempo con la vergüenza de sus delitos de haber protegido a los sacerdotes que abusaron de los niños. El es parte del problema. Por tanto, sus manos están manchadas de sangre." La arquidiócesis tendrá que hacer frente a dicho pago multimillonario vendiendo propiedades y pidiendo préstamos, aunque una investigación del periódico Los Angeles Times reveló que las inversiones que actualmente posee la Iglesia de esa ciudad son del orden de los 4 mil millones de dólares. Carlos Pérez Carrillo, víctima del sacerdote mexicano-estunidense Juan Salazar, afirmó en entrevista que se siente sumamente confundido por el resultado del acuerdo. "Me siento muy melancólico por la cantidad económica que nos van a dar, porque no hay ninguna cifra que pueda regresarme mi infancia o mi familia desintegrada, porque mis padres se divorciaron, o todos los traumas que he tenido que pasar durante el transcurso de mi vida", apuntó. Consideró que el pacto da legitimidad a las víctimas de sacerdotes frente a la sociedad: "tuve la suerte de declarar contra mi perpetrador en Dallas, Texas, donde lo encontramos. Le dieron cadena perpetua, y por lo menos él nunca jamás podrá dañar a otros niños".
El acuerdo cierra 570 demandas que estaban pendientes contra la arquidiócesis y cubre los crímenes de 220 sacerdotes y empleados que cometieron abusos sexuales en los pasados 70 años: "me siento contento por las víctimas mexicanas. Aquí están incluidos todos: mexicanos, latinoamericanos, estadunidenses, mujeres, hombres. Es algo muy grande, pero para el hispano es muy importante porque los que somos hombres, que podemos salir a la luz pública, podemos ayudar a otras víctimas". Para Pérez Carrillo, las disculpas ofrecidas por Mahony llegan tarde: "no creo que sus disculpas sean sinceras. Más bien, no le quedó otra. Estoy muy al tanto de los abusos cometidos por sacerdotes en México, donde la gente aún tiene miedo de salir a la luz pública para denunciar a esos perpetradores, porque en ese país la Iglesia aún tiene mucho poder. Lo del cardenal Rivera sigue pendiente, y es una esperanza conocer toda la verdad". Ayer un grupo de víctimas se congregó a las afueras de la Corte Superior de California. "Es muy duro estar aquí", dice, en entrevista, Steven Sánchez, víctima y director de SNAP en Glendale, California. "Hay gente que está feliz, pero otras no. Es una mezcla de emociones. El dinero será repartido, pero será diferente en cada caso". El caso de Manuel Vega, víctima en Los Angeles, ha servido para que el Senado de Estados Unidos aceptara la modificación de las leyes sobre la prescripción de los delitos. Explica que el acuerdo se dio precisamente por las circunstancias particulares de algunas de las 500 víctimas: "me siento contento porque ya se acabó, pero también triste. Si no hacíamos el acuerdo algunos iban a perder los casos. También hay algunos de víctimas que eran muy débiles y no iban a poder seguir con los procesos. Por tanto, por el bien de todos, aceptamos el acuerdo, sobre todo quienes sí queríamos ir a la Corte, pero decidimos que era lo mejor para la mayoría". Vega fue abusado durante años por el sacerdote mexicano Fidencio Silva, quien al ser denunciado por decenas de víctimas fue transferido a México, donde lo encontraron hace algunos años oficiando en una parroquia de San Luis Potosí. "Lo más triste de todo es que él sigue libre, haciendo daño a los niños. Si ustedes lo encuentran por favor avísenme, porque yo quiero ir hasta allí para tomarme un café con él y preguntarle ¿por qué hizo daño a tantos? ¿Por qué tanta maldad? ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Por qué tanta perversidad?"
- Será interrogado el 8 de agosto, y el 11 de septiembre deberá presentarse ante la Corte
- El juicio contra Rivera Carrera en EU se acerca al momento de la verdad
- Lo que buscamos es que "resplandezca la verdad", afirma el abogado Finnegan
SANJUANA MARTINEZ ESPECIAL PARA LA JORNADA
El juicio contra el cardenal Norberto Rivera Carrera se aproxima al momento de la verdad. El purpurado mexicano se verá delante de un representante de la Corte Superior de California y frente a los abogados de las víctimas de abuso sexual del sacerdote pederasta Nicolás Aguilar, acusado de abusar de más de 90 niños de México y Estados Unidos.
La cita fue programada para el 8 de agosto, informó a La Jornada el abogado de Norberto Rivera, Steven R. Selsberg. "Se trata de obtener la declaración del cardenal. Los litigantes de los demandantes le harán preguntas, y contestará algunas. Todo se transcribirá para entregarlo al juez de la Corte Superior de California el 11 de septiembre, día estipulado para la próxima audiencia", manifestó.
- Sus casos, incluidos en arreglo con arquidiócesis
- Dan a conocer lista de curas que abusaron sexualmente de niños
La Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer a La Jornada que el millonario acuerdo con la arquidiócesis de Los Angeles, California, para indemnizar a las víctimas considera los ilícitos cometidos por 19 curas pederastas que tienen vínculos con México, ya sea porque son ciudadanos de este país y viajaron a Estados Unidos, donde vejaron a personas, o porque son estadunidenses que escaparon de la justicia y trabajaron en territorio mexicano. Destacan los casos de Nicolás Aguilar, quien abusó de 28 personas -incluidos Joaquín Aguilar y Jon Doe 100, que demandaron al cardenal Norberto Rivera Carrera y a la diócesis de Tehuacán ante la Corte Superior de Los Angeles por "conspiración a la pederastia"- entre los años 80 y 90-, y de Fidencio Silva Flores, con 28 víctimas.
En la lista también está Willebardo Castro, con cuatro casos, quien en 1976 fue acusado de abusar sexualmente de un adolescente de 16 años en California, cuando era miembro de la iglesia de Santa María de la Asunción, y al ser denunciado regresó a México, donde también fue demandado por el mismo ilícito. Erick Barragán, vocero de la SNAP, insistió en que es necesario, después del arreglo extrajudicial que alcanzaron las víctimas con el arzobispo de Los Angeles, Roger Mahony, para recibir una reparación por el daño, que la Iglesia católica ayude a encontrar a dichos sacerdotes para castigarlos por sus delitos. México, aseguró por su parte Joaquín Aguilar, debe dejar de ser "un paraíso para los pederastas". Según el documento entregado a este diario, Nicolás Aguilar Rivera, a quien se imputan cerca de 100 ataques sexuales tanto en México como en Estados Unidos, encabeza la lista con 28 víctimas.
Le sigue Samuel Cabbot, con dos, quien cometió los abusos entre 1980 y 1985; Willebardo Castro, cuatro, entre 1973-1978; Jesús Jesse Domínguez, seis, entre 1973-1988; Vicente Guzmán, uno, quien abusó de su víctima durante 10 años, de 1931 a 1941. De igual forma, Luis Jaramillo, dos víctimas, quien abusó de esas personas entre 1986 y 1988; Ricardo Loomis, dos, de 1969 a 1974; José Luis López, uno, de 1963 a 1966; Rubén Martínez, siete, de 1970 a 1981; Francisco Mateos y José Méndez, uno cada uno. El primero atacó de 1976 a 1979, y el segundo de 1985 a 1987. Joseph D. Pina también es mencionado por dos ataques sexuales, perpetrados entre 1979 y 1990; Eleuterio Ramos, nueve, entre 1972 y 1989; Juan Salazar, seis, entre 1980 y 1986; Juan Santillán, dos, entre 1977 y 1985; Avdon Serratos, uno, de 2000 a 2003; Fidencio Silva Flores, 28, de 1978 a 1973; Henry Xavier Vetter, siete, de 1953 a 1973, y Guillermo Villa Gómez, uno, de 1964 a 1965.
Kikka Roja