Jenaro Villamil
Desde el principio despertaron sospechas las maniobras de Emilio Azcárraga Jean para hacerse del control absoluto de las acciones de Televisa tras la muerte de su padre, en 1997. Ahora, por la soberbia de no negociar con los otros legatarios, tiene que enfrentar una demanda de Paula Cusi, viuda legal del Tigre, por 800 millones de dólares, en un litigio que puede sacar a flote información que el consorcio ha mantenido oculta.
Pareja sentimental de Emilio Azcárraga Milmo durante dos décadas y su esposa legal hasta su muerte, Paula Cusi Presa Matute ha cimbrado a las estructuras del consorcio televisivo más importante del país al demandar a Emilio Azcárraga Jean por el presunto despojo de la sexta parte del legado de El Tigre y al solicitar que se anulen las consecuencias jurídicas y administrativas de las asambleas de accionistas de Televisa que le otorgaron a El Tigrillo el control del grupo mediático. La demanda ha empañado la celebración de la primera década de Azcárraga Jean y su equipo compacto al frente de Televisa. Justo antes de cumplirse 10 años del fallecimiento de El Tigre, cuando prescriben los derechos de los legatarios, el 9 de enero de 2007 Cusi interpuso la demanda ante la jueza 62 de lo civil en el Distrito Federal, Yolanda Morales Romero. Desde 1998 Cusi intentó que se le reconociera la sexta parte del reparto de los bienes de la herencia que estipuló El Tigre el 18 de enero de 1996, a fin de evitar la demanda. Se realizaron seis infructuosas reuniones con Alfonso de Angoitia, brazo derecho de Azcárraga Jean y cerebro financiero de Televisa, sin que se llegara a un arreglo. El último encuentro entre los asesores jurídicos de Cusi y De Angoitia fue en diciembre de 2006.
Paula Cusi contrató originalmente al abogado corporativo Javier Pérez Rocha para llegar a un acuerdo con Azcárraga Jean. Ante el fracaso y las amenazas nada veladas de Televisa a sus asesores jurídicos, Cusi decidió contratar el despacho de César Gerardo García Méndez e interponer una demanda de juicio civil. El documento de 160 fojas, del cual Proceso obtuvo una copia, involucra a 40 codemandados, entre ellos a los albaceas de la sucesión de Azcárraga Milmo, a las hermanas de Azcárraga Jean, a sus primos Diez Barroso, a Alejandro Burillo Azcárraga, a funcionarios y exsocios de Televisa, así como al Banco Inbursa de Carlos Slim y a las otras instituciones financieras partícipes en la reestructuración financiera del consorcio. La demanda argumenta una maquinación para despojar a Paula Cusi del 16.66% que le corresponden del legado de El Tigre, así como para autorizar pagos y compra de acciones y Certificados de Participación Ordinaria (CPO) que le permitieron a Azcárraga Jean tener el control de la empresa sin cumplir con lo establecido en el testamento de su padre en el reparto de bienes y acciones en tres empresas vinculadas a Televisa: Grupo Televicentro, Grupo Alameda y Grupo Triple C. Hasta el pasado 2 de agosto, habían respondido al emplazamiento de la juez el Banco Inbursa, Bancomer, Alejandro Burillo, Fernando Diez Barroso, los notarios involucrados, así como uno de los dos albaceas de la herencia de Azcárraga Milmo, Rubén Fuentes Colín.
En la demanda se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Secretaría de Hacienda y al Servicio de Administración Tributaria información puntual sobre el manejo de las deudas, las ampliaciones de capital y la redistribución de las acciones de Televisa, es decir, datos desconocidos sobre el manejo financiero de esta empresa en los últimos diez años. "El alegato podría parecer un pleito entre privados, pero no es así. La cuestión de fondo es la impunidad y la falta de transparencia con la que se manejan las compañías de gran capital en este país. En la demanda se acusa de apoderamiento ilegal a Emilio Azcárraga Jean de todas las empresas de Televisa", sintetiza César Gerardo García Méndez, abogado de Paula Cusi. Y subraya que el monto del despojo a su cliente equivale al 4% de las acciones de Televisa o su equivalente al valor actual: 800 millones de dólares. El abogado precisó que, hasta el momento, ni Azcárraga Jean ni los funcionarios de Televisa han respondido al emplazamiento que le hizo la juez Morales Romero vía edictos publicados el 14, 19 y 22 de junio pasados en el periódico Reforma. Azcárraga Jean y los codemandados tienen 40 días hábiles para responder y proporcionar la información en su descargo.
Se recurrió al mecanismo de los edictos, que se utiliza para personas o empresas cuyo domicilio no se identifica, ante la negativa constante de Televisa para ser notificada. El abogado García Méndez relató que varias veces se acudió a los edificios plenamente identificados con el logotipo del consorcio, y las respuestas fueron: "Aquí no es Televisa… háganle como quieran". Azcárraga Jean tampoco ha expresado ninguna posición pública frente a la demanda. Proceso buscó un contacto con De Angoitia, sin obtener respuesta. La oficina de comunicación social de Televisa precisó que la demanda "no es un asunto institucional", sino un litigio privado. Sólo a través de algunas columnas de negocios, el corporativo ha desestimado que prospere el juicio y ha rechazado que tenga repercusiones en la vida financiera de esa empresa pública que cotiza el 60% de sus acciones en el mercado bursátil. El abogado García Méndez opina lo contrario: el juicio "puede tener un impacto en la reestructuración financiera y los órganos administrativos derivados de los hechos que se relatan. Sí hay una situación de riesgo para los accionistas, que deben ser informados por la CNBV".
Enriquecimiento ilícito
Los hechos expuestos en la demanda relatan mecanismos que presuponen un fraude fiscal, así como operaciones de compraventa de CPO –agrupamiento de acciones de Televisa que llegaron a tener un valor de 11.67 dólares cada uno– entre Azcárraga Jean y Laura Diez Barroso, Gina Diez Barroso y Mónica Diez Barroso, que se encuentran "viciados de inexistencia y nulidad absoluta", indica el abogado de Paula Cusi. García Méndez también cuestiona la "desproporcionada indemnización" de 90 millones de dólares que Azcárraga Jean le pagó a Laura Azcárraga Washman y a Fernando Diez Barroso para que le permitieran tener el control accionario del consorcio. Así mismo se le solicita a la juez "la nulidad e inexistencia del voto otorgado por los albaceas de la sucesión (Julio Barba Hurtado y Rubén Fuentes Colín) en la Asamblea General de Accionistas de Grupo Televicentro celebrada el 30 de mayo de 1997, y por ende la nulidad e ineficacia del acuerdo que aprobó el aumento de capital social ahí establecido. "Igualmente habrán de ser declarados nulos todos y cada uno de los actos y/o acuerdos adoptados en la Asamblea o fuera de ella, con posterioridad a la fecha de celebración de la Asamblea de Accionistas que se analiza, ordenando se restituyan las cosas al estado que guardaban hasta antes del voto y acuerdo que se impugna de nulo".
Esta asamblea fue la que le permitió a Emilio Azcárraga Jean tener la mayoría accionaria del Grupo Televicentro (en un 50.34%), de Grupo Alameda, poseedora de acciones de Televisa (en un 92.10%) y, por ende, el control de Grupo Televisa. En su calidad de legataria de la sexta parte de las acciones de estas empresas y del Grupo Tripe C, Cusi alega en su demanda que nunca se le informó ni se le rindió cuentas sobre el destino que se le dio al contrato de compraventa de acciones. Explícitamente se acusa a Azcárraga Jean de "contratar consigo mismo" para obtener el control de las acciones y de presunto "enriquecimiento ilícito", ya que "utilizó recursos económicos que le eran ajenos, a saber, aproximadamente, la cantidad de 4 mil 530 millones de pesos" que utilizó para aumentar el capital social de Grupo Televicentro no con recursos propios sino con aquellos que pertenecían al consorcio controlador de la compañía. Esta operación, alega Cusi, repercutió en su patrimonio y generó "ilegal enriquecimiento del demandado". En la demanda se acusa a los albaceas de la herencia de El Tigre, Julio Barba Hurtado y Rubén Fuentes Colín, de actuar con notoria parcialidad a favor del Tigrillo, "por ser éstos directivos o funcionarios, y por lo tanto, dependientes económicos del Grupo Televisa, controlada ya, como se dijo, por el señor Emilio Azcárraga Jean". Otro de los ejes del alegato de Cusi es que deliberadamente se argumentó que Azcárraga Milmo dejó más pasivos y deudas que bienes que repartir y, por tanto, fue necesario contratar préstamos y aumentos de capital para salvar a la empresa. La consecuencia de esta operación fue disminuir el valor real de las acciones para que Azcárraga Jean pudiera "comprarse a sí mismo", más barato, y asumir el control de la compañía.
En el numeral 40 de la demanda se relata, por ejemplo: Entre los motivos determinantes de la voluntad de los accionistas de Azcárraga Jean, Burillo Azcárraga y Banco Inbursa S.A. de C.V. para resolver fuera de asambleas la reducción y aumento del capital social de Grupo Televicentro S.A. de C.V., seguramente se encuentra el de provocar, primero, la devaluación de los Certificados de Participación Ordinaria de Grupo Televisa S.A., emitidos con base en las acciones de Grupo Televicentro S.A. de C.V., con la finalidad de que Emilio Azcárraga Jean y/o Banco Inbursa S.A. los adquirieran a bajo precio, para posteriormente revaluarlos mediante aumento de capital social de Grupo Televicentro S.A. de C.V., para así obtener mayores utilidades y ventajas patrimoniales, en perjuicio de los demás herederos y legatarios, particularmente mi representada la señora Paula Cusi Presa Matute. Este tipo de mecanismos permitieron que Azcárraga Jean, quien originalmente tenía el 10% de las acciones de Grupo Televicentro, controladora del 24% accionario de Televisa, obtuviera el control de más del 50% del consorcio, proporción que ni su padre llegó a tener.
Azcárraga Milmo tenía al momento de su muerte el 41.4% de acciones, derivado del control de Televicentro, Grupo Alameda y Grupo Triple C.; Alejandro Burillo Azcárraga el 14%; Miguel Alemán Velasco el 8.3%; Miguel Alemán Magnani, el 6.1%; José Antonio Cañedo White, el 5.1%; y Guillermo Cañedo White el 5.1%. Paula Cusi le vendió a Azcárraga Jean el 10% de sus acciones en Televicentro, el equivalente entonces a 3.3%, por un monto de 45 millones de dólares. Sus asesores jurídicos alegan que en el caso de Cusi hubo buena voluntad para esta compraventa de acciones, pero no se le ha pagado el 16.666% que le corresponde como parte del legado y que sus abogados calculan como 4% del valor de las acciones totales de Televisa.
La herencia de El Tigre
En el origen de este conflicto se encuentra el testamento y el complicado litigio por el control de Televisa, en el cual se involucró el propio expresidente Ernesto Zedillo, con una máxima que pronunció ante los demás accionistas y familiares: "Existe un pacto histórico entre el Estado mexicano y la familia Azcárraga". El testamento de El Tigre, firmado el 18 de enero de 1996 ante el notario Juan Manuel García de Quevedo y Cortina, divide en seis partes iguales de 16.6666% su fortuna, correspondiente a las acciones que poseía en Grupo Televicentro, Grupo Triple C y Grupo Televisa. Ese porcentaje se establece para Paula Cusi, la primera mencionada en el testamento. Igual porcentaje se reparte entre cada una de sus hijas: Alejandra Patricia Azcárraga de Surmont, Ariana Cristina Azcárraga de Surmont y Carla Laura Magdalena Azcárraga Jean, así como para su última pareja sentimental, Adriana Abascal López, y para su hijo Emilio Pablo Fernando Azcárraga Jean. A Cusi le lega además los automóviles Rolls Royce, Bentley Turbo y BMW 750, así como "los derechos de acceso y uso de un palco en el Estadio Azteca, que la legataria elija en primer término". A su hijo Emilio Azcárraga Jean le tocó, además del porcentaje accionario, el 30% del producto de la venta de los activos de la empresa Azteca 90 Limited; el 70% restante fue para Adriana Abascal.
El 3 de marzo de 1997, mes y medio antes de su fallecimiento, El Tigre operó la otra parte complicada de su herencia: el traspaso del mando en Televisa. Notablemente disminuido físicamente, Azcárraga Milmo apareció en un video transmitido en el noticiario 24 Horas y anunció que dejaba el cargo como presidente de la empresa y dejaba a su hijo Emilio Azcárraga Jean en su lugar, y a Guillermo Cañedo White como presidente del consejo de administración. Durante los primeros meses al frente de Televisa, Azcárraga Jean se enfrentó a las deudas de su padre con sus hermanas y sobrinos, así como al reparto del legado y a una crisis financiera en el emporio. Sorpresivamente, y con la ayuda explícita de las autoridades financieras y hacendarias, igual que de nuevos inversionistas como Carlos Slim, en 1998Azcárraga Jean reestructuró la deuda de Televisa, que pasó de mil 266 millones de dólares a 533 millones de dólares. Las operaciones de Azcárraga Jean para hacerse del control accionario generaron dudas en la prensa y en los circuitos financieros desde mayo de 1998. Adriana Abascal, la exreina de belleza que fue la última pareja sentimental de El Tigre, presentó una demanda ante el juzgado 33 de lo civil familiar en términos similares a los que actualmente demanda Paula Cusi: despojo del legado de 16.6666% estipulado en la herencia de Azcárraga Milmo.
Abascal argumentó también un presunto fraude que consistió en convenios ilícitos y manipulación de las acciones tipo CPO (Certificados de Participación Ordinaria) que constituían el control mayoritario del capital de Televisa. En aquella ocasión, Alfonso de Angoitia calificó de "invento" el alegato de Abascal y declaró al periódico Reforma (2 de julio de 1999): "Ella se presenta como la viuda de Azcárraga; y es más, se está estudiando una acción porque hay un delito de usurpación del estado civil, porque ella nunca fue esposa de don Emilio". El litigio con Abascal se negoció finalmente, pero se mantuvo latente la otra demanda que ahora se ha presentado: la de Cusi. Por si fuera poco, tanto en aquel alegato de Abascal como en la actual demanda de Paula Cusi aparece una operación que se presume ilícita ante la falta de transparencia e información suficiente por parte de Televisa y de las autoridades financieras: la compra, en 1999, de la totalidad de las acciones del capital social de Grupo Alameda.
En el marco de la reducción de la deuda del consorcio de mil 266 millones a 533 millones de dólares, Azcárraga Jean anunció el 1 de febrero de 1999 que Grupo Televicentro vendería a su subsidiaria Televisa el Grupo Alameda en 230 millones de dólares. Las autoridades de la CNBV reestructuraron de tal manera los pasivos de Grupo Alameda que cuando lo adquirió Televisa no tenía ni una sola deuda y sus activos constituían 4.19% de las acciones de la televisora. Para lograr esta operación, que significó una recompra de acciones de la compañía, Televisa obtuvo la autorización de Salvi Folch Viadero, entonces vicepresidente de Supervisión Bursátil de la CNBV. Después de sus buenos servicios, Folch renunció en marzo de 2000. Un mes después, en contra de lo estipulado por la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, Folch fue contratado por Azcárraga Jean, primero como presidente de su portal esmas.com y luego como vicepresidente corporativo de Administración y Finanzas de Televisa. Ante la solicitud de información que un particular presentó al IFAI el 10 de octubre de 2006 para conocer todas las autorizaciones que se emitieron y que suscribió Salvi Folch en la autocompra de la deuda de Grupo Alameda, la CNBV se negó a otorgarlas y las clasificó como reservadas.
Grupo Televisa fue la primera empresa que ganó un juicio para impedir la entrega de información sobre sus operaciones accionarias. A menos que la demanda de Paula Cusi y la orden de la juez Morales Romero obliguen al consorcio a responder la acusación contra Emilio Azcárraga Jean por "enriquecimiento ilícito".
Proceso no. 1605, pág 26
Kikka Roja
El escándalo detonado por el descubrimiento de las importaciones ilegales de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, cuyo beneficiario fue el empresario chino Zhenli Ye Gon, puso al descubierto la frágil "modernización" del sistema nacional de aduanas. Implantada desde 1992 por Francisco Gil Díaz con el propósito de detener el contrabando, esta modernización abrió aún más la puerta para la introducción de mercancías ilícitas y fomentó toda una red de corrupción y complicidades en la que participaron autoridades aduaneras y hacendarías. Documentos obtenidos por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que indaga a los hermanos Bribiesca Sahagún, beneficiarios de algunos contratos firmados con dependencias públicas, subrayan que durante el sexenio pasado el titular de la Administración General de Aduanas (AGA), José Guzmán Montalvo, contribuyó a elaborar un plan "transexenal" para beneficiar a los hijos de Marta Sahagún. Y como remate, uno de esos documentos da cuenta de que en 1994 Javier Lozano Alarcón –actual secretario del Trabajo y Previsión Social a quien Ye Gon señala como la persona que lo obligó a custodiar parte de la fortuna encontrada en su residencia de Las Lomas– sabía del tema aduanero. Luego de amenazar con demandar a Ye Gon por involucrarlo en actividades ilícitas, Javier Lozano prácticamente reculó al declarar, en conferencia de prensa, que "la forma en la que voy a actuar, tanto en los términos, en la modalidad, la oportunidad, la jurisdicción, porque esto puede ser en Estados Unidos y en México, y como no tengo un plazo para hacerlo y como no pienso interferir en el proceso de extradición, sabré cómo y cuándo hacerlo".
Apenas establecido el gobierno foxista, la Auditoría Superior de la Federación comenzó a investigar a la empresa Integradora de Servicios Operativos, S.A. de C.V. (ISOSA) y a los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, creados en 1993 para manejar el derecho de trámite aduanero. Ya al final del sexenio foxista, el auditor superior, Arturo González de Aragón, advirtió que hasta 2005 dejaron de entrar 10 mil millones de pesos por ese concepto al erario federal, y la Cámara de Diputados inició los reclamos para saber cómo funcionaba ISOSA, si era una empresa privada o una entidad pública y cómo obtenía sus recursos. Un documento en poder de Proceso revela que, en 1994, Lozano Alarcón, entonces director de Normatividad y Desarrollo Administrativo de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, conocía el manejo de estos recursos y dio su aval para que no fueran auditados. En el oficio D.G.308-A, fechado el 5 de agosto de 1994 y dirigido a la subprocuradora fiscal de la Federación de Legislación y Consulta, María del Carmen Compañ, Lozano Alarcón comenta a la funcionaria que "el contrato de fideicomiso en comento tiene el carácter de PRIVADO, por virtud de la naturaleza de las aportaciones que como contraprestación pagarán las personas que realicen las operaciones aduaneras a quienes presenten los servicios a que se refiere el artículo 8-B de la Ley Aduanera". La modernización aduanal la inició Gil Díaz cuando era subsecretario de Ingresos de Hacienda con la creación, el 28 de mayo de 1992, de la empresa ISOSA, una de cuyas funciones fue instalar el semáforo en las 48 aduanas del país, así como cobrar el derecho de trámite aduanero. Al año siguiente, Hacienda autorizó que empresas privadas pudieran realizar "operaciones de apoyo, control y dictamen para el segundo reconocimiento de mercancías en las aduanas". Esta información la dio a conocer la dependencia en un comunicado de prensa el 24 de octubre de 2005, cuando Gil Díaz era su titular.
Desde el principio despertaron sospechas las maniobras de Emilio Azcárraga Jean para hacerse del control absoluto de las acciones de Televisa tras la muerte de su padre, en 1997. Ahora, por la soberbia de no negociar con los otros legatarios, tiene que enfrentar una demanda de Paula Cusi, viuda legal del Tigre, por 800 millones de dólares, en un litigio que puede sacar a flote información que el consorcio ha mantenido oculta.
Apoyo determinante de Felipe Calderón en 2006, Elba Esther Gordillo pretendió influir a favor del PAN en la elección de gobernador en Baja California. De su éxito o fracaso dependerá que alcance o no su objetivo: el control de la Secretaría de Educación Pública. Aun si lo logra le vendrán nuevos retos: enfrentar a la base sindical afectada por la reforma de la Ley del ISSSTE y a los cacicazgos regionales del sindicato que no se beneficiaron con su "presidencia vitalicia". 
Actores y activistas, durante la siembra de granos de maíz Foto: Marco Peláez