Arnaldo Córdova
Los gobernantes panistas tienen en mente, muy claramente, destruir todos los sindicatos que todavía hay en México, y más aún a aquellos que representan núcleos fuertes de interés y tienen con qué defenderse. Para ellos, el ideal de las relaciones de trabajo consiste en un sistema de contratación puramente individual del que se harían cargo hookers especializados, contratistas de mano de obra en condiciones totalmente eventuales. Ven que eso es lo que hay en Estados Unidos, su modelo por antonomasia, y creen que es lo que debe imponerse en México. En aquel país, es bien sabido, menos de 14 por ciento de la fuerza laboral está afiliada a los sindicatos. El resto se contrata con el sistema de intermediarios del empleo o directamente con los empleadores que necesitan mano de obra.
Desde que empezó el gobierno de Fox, algunos de sus funcionarios pensaron en dar un quinazo espectacular, puramente sindical, y se les vino a la mente el SNTE. Creo que la Gordillo se dio cuenta de ello y aprovechó su disidencia en el PRI para forjar una alianza a la que Fox no pudo resistirse. El año pasado se volvió a reditar la idea y se pensó en el corrupto sindicato de mineros. El domingo anterior Néstor de Buen publicó un excelente artículo sobre el conflicto minero que se complicó extremadamente desde hace unos seis meses por la arbitraria, autoritaria y radicalmente antisindicalista intervención de las autoridades federales del Trabajo. Néstor lo hace de manera sucinta y clara. Él no tiene empacho en llamar a esa intervención fascista y estoy de acuerdo con él. Valdría la pena que los interesados volvieran a leer ese importantísimo artículo.
Al día siguiente, un energúmeno que funge como director general de Comunicación Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal y que responde al nombre de Héctor Alcudia Goya publicó en El Correo Ilustrado de este periódico una carta en la que acusa a Néstor de faltar a la verdad en sus dichos y de ser un corrupto abogado oficioso del sindicato minero, atreviéndose a llamarlo “presunto experto en derecho laboral”. La “corrupción” consistiría en que mi amigo cobra por sus servicios una iguala al sindicato y quién sabe cuánto por ser su vocero en nuestro diario.
Yo sé de los títulos y los merecimientos intelectuales y académicos de De Buen, he leído sus numerosas obras sobre la materia (y sobre otras), en especial su tratado de derecho del trabajo. Aparte su diatriba en La Jornada, no sé que el señor Alcudia haya publicado nada más (al igual que Javier Lozano, su jefe) ni nada que demuestre que él es un “presunto experto” iuslaboralista. A algunos, incluso en estas mismas páginas, les pareció incomprensible que mi amigo defendiera a Napoleón Gómez Urrutia y representara jurídicamente a su sindicato. Debo decirles que Néstor no anda defendiendo a Napito, sino al sindicato mismo que es objeto de una embestida que no busca otra cosa que su desaparición. Algo debería decirles el apoyo a su causa que los trabajadores han mostrado, pagando aun con su vida.
Todos los sindicatos que hoy en día se atreven a defender sus contratos colectivos de trabajo están bajo el fuego a discreción del gobierno panista y de los gobiernos priístas locales coludidos con los grandes intereses patronales (en el caso de Bours, con la misma empresa minera que, según noticia que nos da nuestro diario, ha ganado en el año pasado cerca de mil 500 millones de pesos, a pesar de los conflictos laborales). Del secretario del Trabajo poco hay que señalar, excepto su rabia antisindicalista que muestra a cada momento y que pone en acción todo el tiempo, y también contra todo lo que huela a izquierda, incluso en asuntos que no le corresponden, como atacar al Gobierno del DF o a López Obrador. El ataque a De Buen, con toda evidencia, lo instrumentó él (y es el verdadero ignorante) y, detrás de él, Calderón, su jefe.
El artículo 123 admite sólo dos formas de contratación: la individual y la colectiva. Cada trabajador se contrata, usualmente, con su empleador; pero cuando el titular de un contrato es un sindicato nadie más puede contratar a nombre de los trabajadores. Aquí no hay hookers, constitucional y legalmente. La nueva reforma laboral que se está cocinando lleva a destruir ese principio constitucional e introducir el sistema de contratismo laboral predominante en Estados Unidos. Todo lo que ha pasado con los mineros tiene aquí su raíz. El objetivo claro es destruir totalmente lo que queda del sindicalismo en nuestro país y los sindicatos parece que se han dado cuenta o empiezan a hacerlo. Todos ellos están en zona de muerte, desahuciados por el gobierno.
El derecho del trabajo, decía en cierta ocasión el inolvidable maestro Mario de la Cueva, es la rama del derecho que se asocia por excelencia con el principio de la justicia conmutativa (tratar desigualmente a los desiguales). Es un derecho protector de los trabajadores, pero, decía asimismo De la Cueva, protege también a los patronos contra los vendavales de la revolución social. En el caso de los trabajadores, éstos son considerados desiguales e inferiores en recursos e inclusive en derechos a su contraparte, sus empleadores. La ley y la justicia deben colmar el vacío de desigualdad que hay entre ambos factores de la producción. Eso no es una invención de un desequilibrado mental. Es un principio constitucional. Por eso, también, se admitió en el orden constitucional a los sindicatos como representantes legítimos de los trabajadores.
Larrea, Bours y Lozano no entienden eso. Para ellos, Napito y su sindicato son unos delincuentes que no le permiten a Minera México hartarse de dinero y eso es un delito. En consecuencia, hay que deshacerse de ambos, sin andar alegando patrañas legales fuera de época. Violar los contratos colectivos de trabajo ha sido siempre el método para liquidar a los sindicatos y eso fue lo que se empezó a hacer, confiando en que el sindicato tenía una dirección corrupta. De Buen no pensó en eso, sino en el atropello que se estaba dando contra los trabajadores y su sindicato. Los sindicatos, con todo y su malísima fama y la corrupción irremediable en que los hundieron los gobiernos priístas, son el último refugio que los trabajadores pueden tener contra una derecha voraz y fascista que ahora, dueña del poder, los tiene a todos en la mira. Son, prácticamente, el último obstáculo que se le presenta para apoderarse de todo y saquearlo todo en el país.
El inaudito salvajismo y la desvergonzada violación de nuestra Constitución y de las leyes con los que se ha agredido a los trabajadores huelguistas de Cananea nos muestran lo que es y será en adelante la política laboral del gobierno panista. Yo nunca supe nada de Javier Lozano, me era totalmente desconocido. Ahora sé quién es y me lo ha demostrado. Si Calderón lo puso en el puesto, es porque obviamente el mismo Calderón nos está diciendo lo que se propone hacer con un sindicalismo molesto que no deja que sus socios patronales hagan los negocios que desean hacer. ¡Que se jodan los trabajadores!, sólo ellos tienen la culpa de estar jodidos. Esa es la divisa, y que Larrea y los de su especie se enriquezcan a manos llenas, ése es el objetivo de su gobierno. Esta es una lucha de clases, por si alguien no lo sabía.
Desde que empezó el gobierno de Fox, algunos de sus funcionarios pensaron en dar un quinazo espectacular, puramente sindical, y se les vino a la mente el SNTE. Creo que la Gordillo se dio cuenta de ello y aprovechó su disidencia en el PRI para forjar una alianza a la que Fox no pudo resistirse. El año pasado se volvió a reditar la idea y se pensó en el corrupto sindicato de mineros. El domingo anterior Néstor de Buen publicó un excelente artículo sobre el conflicto minero que se complicó extremadamente desde hace unos seis meses por la arbitraria, autoritaria y radicalmente antisindicalista intervención de las autoridades federales del Trabajo. Néstor lo hace de manera sucinta y clara. Él no tiene empacho en llamar a esa intervención fascista y estoy de acuerdo con él. Valdría la pena que los interesados volvieran a leer ese importantísimo artículo.
Al día siguiente, un energúmeno que funge como director general de Comunicación Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal y que responde al nombre de Héctor Alcudia Goya publicó en El Correo Ilustrado de este periódico una carta en la que acusa a Néstor de faltar a la verdad en sus dichos y de ser un corrupto abogado oficioso del sindicato minero, atreviéndose a llamarlo “presunto experto en derecho laboral”. La “corrupción” consistiría en que mi amigo cobra por sus servicios una iguala al sindicato y quién sabe cuánto por ser su vocero en nuestro diario.
Yo sé de los títulos y los merecimientos intelectuales y académicos de De Buen, he leído sus numerosas obras sobre la materia (y sobre otras), en especial su tratado de derecho del trabajo. Aparte su diatriba en La Jornada, no sé que el señor Alcudia haya publicado nada más (al igual que Javier Lozano, su jefe) ni nada que demuestre que él es un “presunto experto” iuslaboralista. A algunos, incluso en estas mismas páginas, les pareció incomprensible que mi amigo defendiera a Napoleón Gómez Urrutia y representara jurídicamente a su sindicato. Debo decirles que Néstor no anda defendiendo a Napito, sino al sindicato mismo que es objeto de una embestida que no busca otra cosa que su desaparición. Algo debería decirles el apoyo a su causa que los trabajadores han mostrado, pagando aun con su vida.
Todos los sindicatos que hoy en día se atreven a defender sus contratos colectivos de trabajo están bajo el fuego a discreción del gobierno panista y de los gobiernos priístas locales coludidos con los grandes intereses patronales (en el caso de Bours, con la misma empresa minera que, según noticia que nos da nuestro diario, ha ganado en el año pasado cerca de mil 500 millones de pesos, a pesar de los conflictos laborales). Del secretario del Trabajo poco hay que señalar, excepto su rabia antisindicalista que muestra a cada momento y que pone en acción todo el tiempo, y también contra todo lo que huela a izquierda, incluso en asuntos que no le corresponden, como atacar al Gobierno del DF o a López Obrador. El ataque a De Buen, con toda evidencia, lo instrumentó él (y es el verdadero ignorante) y, detrás de él, Calderón, su jefe.
El artículo 123 admite sólo dos formas de contratación: la individual y la colectiva. Cada trabajador se contrata, usualmente, con su empleador; pero cuando el titular de un contrato es un sindicato nadie más puede contratar a nombre de los trabajadores. Aquí no hay hookers, constitucional y legalmente. La nueva reforma laboral que se está cocinando lleva a destruir ese principio constitucional e introducir el sistema de contratismo laboral predominante en Estados Unidos. Todo lo que ha pasado con los mineros tiene aquí su raíz. El objetivo claro es destruir totalmente lo que queda del sindicalismo en nuestro país y los sindicatos parece que se han dado cuenta o empiezan a hacerlo. Todos ellos están en zona de muerte, desahuciados por el gobierno.
El derecho del trabajo, decía en cierta ocasión el inolvidable maestro Mario de la Cueva, es la rama del derecho que se asocia por excelencia con el principio de la justicia conmutativa (tratar desigualmente a los desiguales). Es un derecho protector de los trabajadores, pero, decía asimismo De la Cueva, protege también a los patronos contra los vendavales de la revolución social. En el caso de los trabajadores, éstos son considerados desiguales e inferiores en recursos e inclusive en derechos a su contraparte, sus empleadores. La ley y la justicia deben colmar el vacío de desigualdad que hay entre ambos factores de la producción. Eso no es una invención de un desequilibrado mental. Es un principio constitucional. Por eso, también, se admitió en el orden constitucional a los sindicatos como representantes legítimos de los trabajadores.
Larrea, Bours y Lozano no entienden eso. Para ellos, Napito y su sindicato son unos delincuentes que no le permiten a Minera México hartarse de dinero y eso es un delito. En consecuencia, hay que deshacerse de ambos, sin andar alegando patrañas legales fuera de época. Violar los contratos colectivos de trabajo ha sido siempre el método para liquidar a los sindicatos y eso fue lo que se empezó a hacer, confiando en que el sindicato tenía una dirección corrupta. De Buen no pensó en eso, sino en el atropello que se estaba dando contra los trabajadores y su sindicato. Los sindicatos, con todo y su malísima fama y la corrupción irremediable en que los hundieron los gobiernos priístas, son el último refugio que los trabajadores pueden tener contra una derecha voraz y fascista que ahora, dueña del poder, los tiene a todos en la mira. Son, prácticamente, el último obstáculo que se le presenta para apoderarse de todo y saquearlo todo en el país.
El inaudito salvajismo y la desvergonzada violación de nuestra Constitución y de las leyes con los que se ha agredido a los trabajadores huelguistas de Cananea nos muestran lo que es y será en adelante la política laboral del gobierno panista. Yo nunca supe nada de Javier Lozano, me era totalmente desconocido. Ahora sé quién es y me lo ha demostrado. Si Calderón lo puso en el puesto, es porque obviamente el mismo Calderón nos está diciendo lo que se propone hacer con un sindicalismo molesto que no deja que sus socios patronales hagan los negocios que desean hacer. ¡Que se jodan los trabajadores!, sólo ellos tienen la culpa de estar jodidos. Esa es la divisa, y que Larrea y los de su especie se enriquezcan a manos llenas, ése es el objetivo de su gobierno. Esta es una lucha de clases, por si alguien no lo sabía.
Kikka Roja
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