Alejandro Encinas Rodríguez
12 de febrero de 2008
La transformación más importante que logró la Revolución Mexicana fue establecer en la Constitución de 1917 la propiedad de la nación sobre la tierra, el espacio aéreo, el subsuelo y las riquezas naturales.
Con esta medida se hizo prevalecer el interés público por encima del privado, lo que creó un severo conflicto con Estados Unidos y otros países que consideraron esta disposición como un atentado a sus intereses, lo que derivó en una controversia legal que demandaba la no retroactividad de la ley, lo que resultaba improcedente ya que la Constitución establecía un nuevo pacto social. Los intereses extranjeros ejercieron enormes presiones para modificar el artículo 27 constitucional; sin embargo, el gobierno de Venustiano Carranza mantuvo la vigencia del nuevo pacto.
Años después, Álvaro Obregón firmó en secreto los deshonrosos Pactos de Bucareli, con los que, a cambio del reconocimiento de Estados Unidos a su gobierno —el que había sido negado a Carranza—, restableció los intereses extranjeros en la explotación del petróleo. Con Lázaro Cárdenas se dio un paso definitivo para hacer valer el mandato constitucional y se expropian los bienes de las empresas extranjeras, las que impusieron un embargo económico y tecnológico que buscaba revertir la expropiación. De ahí surgen Petróleos Mexicanos y el Instituto Politécnico Nacional. Hoy se pretende revertir esta situación. Bajo el argumento de que no se cuenta con la capacidad tecnológica y financiera para el aprovechamiento de los hidrocarburos, se busca promover, al igual que en los Pactos de Bucareli, una reforma legal que disfraza la apropiación privada de los hidrocarburos.
El intento de abrir Pemex al capital privado se enmarca en el deliberado debilitamiento de la empresa, su abandono presupuestal y la falta de inversión en sus subsidiarias, lo que ha provocado que nuestro país sea deficitario en gas natural y gasolinas a pesar de su riqueza petrolera. Pemex ha sido manejada bajo una lógica financiera que distrae los recursos económicos que genera y que le permitirían contar con inversión suficiente para su sano desarrollo. La estrategia de priorizar las extracciones masivas de crudo para exportación, en vez de generar bienes con valor agregado, ha reducido las reservas probadas y beneficiado a nuestros compradores, a quienes se compra gasolinas a costos crecientes.
La ineficiencia de la onerosa burocracia de la empresa se ha encubierto en una alianza cómplice con uno de los sindicatos más corrupto del país. Pese a ello y a los intentos por debilitar a la empresa, Pemex es la segunda empresa más rentable del mundo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y de la misma paraestatal, en 2006 los ingresos de Pemex superaron los 100 mil millones de dólares y sus utilidades, sin impuestos (72 mil 100 mdd), sólo fueron superadas en el ámbito mundial por la transnacional Exxon. Pemex es la segunda surtidora de crudo a Estados Unidos y está considerada como la décima empresa integrada del mundo; la tercera en producción y la onceava en reservas de crudo; así como la treceava en producción de gas natural y capacidad de refinación.
Recientemente Pemex ha informado que sólo se ha explorado 25% del territorio geológicamente susceptible de almacenar hidrocarburos y que cuenta con más de 20 mil millones de barriles de crudo de reservas probables. Nada justifica su privatización. Se necesita, sí, eficientar su operación y reducir el gasto corriente del gobierno para contar con recursos adicionales para inversión en el sector. Se requiere una administración austera y eficiente, erradicar la corrupción y democratizar la vida sindical. Se debe reinvertir la renta petrolera en la empresa; sanear sus finanzas; impulsar su desarrollo tecnológico; ampliar su infraestructura de gasoductos y oleoductos; construir nuevas refinerías; y reactivar la petroquímica básica y secundaria.
Es inexplicable el intento de privatizar Pemex, a no ser que lo que prevalezca sea, además de renunciar a una visión estratégica de Estado, el pago de favores para obtener del extranjero y los poderes fácticos el reconocimiento que no se obtuvo en las urnas y entregar a particulares las enormes utilidades de Pemex tan necesarias para el desarrollo del país.
Con esta medida se hizo prevalecer el interés público por encima del privado, lo que creó un severo conflicto con Estados Unidos y otros países que consideraron esta disposición como un atentado a sus intereses, lo que derivó en una controversia legal que demandaba la no retroactividad de la ley, lo que resultaba improcedente ya que la Constitución establecía un nuevo pacto social. Los intereses extranjeros ejercieron enormes presiones para modificar el artículo 27 constitucional; sin embargo, el gobierno de Venustiano Carranza mantuvo la vigencia del nuevo pacto.
Años después, Álvaro Obregón firmó en secreto los deshonrosos Pactos de Bucareli, con los que, a cambio del reconocimiento de Estados Unidos a su gobierno —el que había sido negado a Carranza—, restableció los intereses extranjeros en la explotación del petróleo. Con Lázaro Cárdenas se dio un paso definitivo para hacer valer el mandato constitucional y se expropian los bienes de las empresas extranjeras, las que impusieron un embargo económico y tecnológico que buscaba revertir la expropiación. De ahí surgen Petróleos Mexicanos y el Instituto Politécnico Nacional. Hoy se pretende revertir esta situación. Bajo el argumento de que no se cuenta con la capacidad tecnológica y financiera para el aprovechamiento de los hidrocarburos, se busca promover, al igual que en los Pactos de Bucareli, una reforma legal que disfraza la apropiación privada de los hidrocarburos.
El intento de abrir Pemex al capital privado se enmarca en el deliberado debilitamiento de la empresa, su abandono presupuestal y la falta de inversión en sus subsidiarias, lo que ha provocado que nuestro país sea deficitario en gas natural y gasolinas a pesar de su riqueza petrolera. Pemex ha sido manejada bajo una lógica financiera que distrae los recursos económicos que genera y que le permitirían contar con inversión suficiente para su sano desarrollo. La estrategia de priorizar las extracciones masivas de crudo para exportación, en vez de generar bienes con valor agregado, ha reducido las reservas probadas y beneficiado a nuestros compradores, a quienes se compra gasolinas a costos crecientes.
La ineficiencia de la onerosa burocracia de la empresa se ha encubierto en una alianza cómplice con uno de los sindicatos más corrupto del país. Pese a ello y a los intentos por debilitar a la empresa, Pemex es la segunda empresa más rentable del mundo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y de la misma paraestatal, en 2006 los ingresos de Pemex superaron los 100 mil millones de dólares y sus utilidades, sin impuestos (72 mil 100 mdd), sólo fueron superadas en el ámbito mundial por la transnacional Exxon. Pemex es la segunda surtidora de crudo a Estados Unidos y está considerada como la décima empresa integrada del mundo; la tercera en producción y la onceava en reservas de crudo; así como la treceava en producción de gas natural y capacidad de refinación.
Recientemente Pemex ha informado que sólo se ha explorado 25% del territorio geológicamente susceptible de almacenar hidrocarburos y que cuenta con más de 20 mil millones de barriles de crudo de reservas probables. Nada justifica su privatización. Se necesita, sí, eficientar su operación y reducir el gasto corriente del gobierno para contar con recursos adicionales para inversión en el sector. Se requiere una administración austera y eficiente, erradicar la corrupción y democratizar la vida sindical. Se debe reinvertir la renta petrolera en la empresa; sanear sus finanzas; impulsar su desarrollo tecnológico; ampliar su infraestructura de gasoductos y oleoductos; construir nuevas refinerías; y reactivar la petroquímica básica y secundaria.
Es inexplicable el intento de privatizar Pemex, a no ser que lo que prevalezca sea, además de renunciar a una visión estratégica de Estado, el pago de favores para obtener del extranjero y los poderes fácticos el reconocimiento que no se obtuvo en las urnas y entregar a particulares las enormes utilidades de Pemex tan necesarias para el desarrollo del país.
aencinas@economia.unam.mx
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
Kikka Roja
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