Jaime Avilés
jamastu@gmail.com
- Ugalde ha vuelto
- Es la hora de los grandes movimientos sociales
- Obvia, la traición de Zavaleta y González Garza
- Quedó desvirtuada la elección interna del PRD
Antes de los comicios de 2006, el Instituto Federal Electoral, que entonces presidía Luis Carlos Ugalde, estaba en manos de Elba Esther Gordillo. Tras la designación de Leonardo Valdés Zurita ha quedado bajo el control de Manlio Fabio Beltrones. ¿Cuál es la diferencia de fondo? Ninguna. El país sigue careciendo de una instancia capaz de organizar elecciones confiables, y ante las agresiones internas y externas, que recibe por todos los flancos, las soluciones pacíficas se desdibujan.
En realidad, nuestros representantes políticos no son nuestros: no sólo no son capaces de resolver los problemas que ellos mismos crean sino que, al manosearlos, los complican más y más. Todo se agrava, es cierto, pero en el fondo nada cambia: clausurada la vía electoral indefinidamente, los partidos pierden toda razón de ser. Esta es, más que ninguna otra, la hora de los grandes movimientos sociales.
No en vano, en estos momentos lo que está en el centro del escenario son precisamente varios movimientos sociales de considerable envergadura: el de los trabajadores que se oponen a la nueva Ley del ISSSTE es uno de ellos y alcanza ya una dimensión formidable. Otro es el de los campesinos y los sindicatos que exigen la renegociación del Tratado de Libre Comercio para frenar el ingreso de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo procedentes de Estados Unidos.
El que sigue creciendo, por su parte, es el que respalda al gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador y que cuenta ya con más de dos millones de personas “credencializadas”. Está también el que se prepara a rechazar las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Y no es menos importante, aunque sí el más reciente, el que se organiza para impedir la entrega de yacimientos petrolíferos del país a empresas particulares.
Ninguna de esas luchas, hasta donde se alcanza a ver, está vinculada con las plataformas electorales de los partidos políticos ni cifra sus esperanzas en los comicios de julio del año entrante, para diputados y senadores, ni mucho menos en los presidenciales de 2012. La dinámica política del país es otra y las corrientes del Partido de la Revolución Democrática, que se medirán en una elección interna dentro de algunas semanas, juegan a que ni nos oyen, pero tampoco nos ven.
La descarada alianza de los seguidores de Jesús Ortega (coordinados por Ruth Zavaleta) y de Cuauhtémoc Cárdenas (representados por Javier González Garza) e incluso de los tardíos vengadores de Rosario Robles (como el socarrón de Juan N. Guerra, quien al fin mostró por quién suspira) con lo más execrable de PRI (Beltrones, Emilio Gamboa, el góber precioso, Ulises Ruiz) y PAN (es decir, Calderón, Mouriño, Germán Martínez et al), invalida de antemano, sea cual sea, el resultado de los comicios que dentro de algunas semanas se llevarán a cabo en el PRD para nombrar a la nueva directiva de esa agencia de colocaciones.
Los legisladores perredistas, que en el curso de los meses anteriores hicieron posible tanto la entrega de las pensiones del ISSSTE a Elba Esther Gordillo como la reforma fiscal que no resolvió nada ni dejó contento a nadie, el gasolinazo que ya está causando estragos incluso en los bolsillos de los incondicionales del régimen, y la Ley Gestapo que al entrar en vigor, dentro de muy pronto, sentará las bases para la implantación de una dictadura policiaca, son los mismos que el jueves concretaron la designación de Valdés Zurita y de dos funcionarios de extrema derecha como nuevos consejeros del IFE.
Por absurdo e increíble que parezca, en el marco de la contienda interna del PRD ha cobrado forma la iniciativa de llevar a cabo una “marcha de la unidad” en la que se han comprometido a participar los candidatos de todas las corrientes, empezando por Jesús Ortega y Alejandro Encinas. Habría que preguntarles: ¿unidad para qué?, ¿unidad con Zavaleta y con González Garza, con Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta Naranjo, que no han hecho sino traicionar, una y otra vez, al movimiento social que los llevó al Poder Legislativo?
En su edición de pasado mañana, la revista El Chamuco publicará un detallado análisis de la Ley Gestapo que González Garza y Zavaleta aprobaron en San Lázaro y que, mediante modificaciones al artículo 16 de la Constitución, autorizará a cualquier ciudadano a arrestar a otro y llevarlo a la delegación más cercana en calidad de detenido, lo que abrirá la puerta a que surja una milicia paramilitar para “apoyar” a los cuerpos represivos en su incesante combate al crimen organizado o… a los movimientos sociales de oposición.
Esa misma Ley Gestapo dejará que las investigaciones de los delitos queden a cargo de la policía –pero léase bien: de cualquier policía, porque no habla específicamente de ninguna–, misma que, sin embargo, estará “bajo el mando” de los agentes del Ministerio Público. Y como bien observó el maestro Bernardo Bátiz en un análisis al respecto, “ya podemos imaginar que un Rambo de la AFI le rendirá cuentas a un pobre agente del Ministerio Público que se la vive sentado detrás de su escritorio”.
Ahora bien, si ese pobre agente del Ministerio Público se atreviera a obstaculizar las acciones de la policía durante una pesquisa, correría el riesgo de ser despedido y no tendría la mínima posibilidad de ser reinstalado en su puesto de trabajo, ni siquiera en caso de que demostrara ante las autoridades competentes que sus jefes lo corrieron sin motivo justificado. ¿Y eso por qué? Ah, pues porque así lo señala la Ley Gestapo en el inciso que reforma el artículo 123 constitucional.
Entiéndase: ni los agentes del MP ni los peritos al servicio del Poder Judicial podrán recuperar sus puestos de trabajo aunque los despidan injustificadamente. De este modo la Ley Gestapo garantizará que cuando tengan “bajo su mando” a los investigadores de la policía estarán obligados a ceñirse a lo que éstos les ordenen. Y si no, cuello (laboralmente hablando, claro está).
Celebremos entonces que Zavaleta, González Garza y 40 diputados chuchistas más hayan votado en favor de una ley como ésta que, además, permitirá que cualquier policía entre a nuestra casa en cualquier momento y con cualquier pretexto, y que si se le antoja nos mantenga incomunicados hasta por 40 días en un centro de arraigo, hasta que confesemos lo que se les pegue la gana.
Semejante monstruosidad no pasa, evidentemente, ni por las elecciones internas del PRD ni por nada que tenga que ver con el nuevo IFE de Manlio Fabio Beltrones y Felipe Calderón, pero no debe distraernos del objetivo central del momento, que es la organización de comités para la defensa del petróleo, como el que Claudia Sheimbaun convocará a formar el próximo viernes 15, en la ciudad de Monterrey, o como el que anteayer surgió en el Círculo de Estudios de Coapa, o como los que nacerán de hoy en ocho en las Fuentes Brotantes de Tlalpan y en el Ajusco Medio, y como los que muchos grupos más están construyendo por todo el país.
En realidad, nuestros representantes políticos no son nuestros: no sólo no son capaces de resolver los problemas que ellos mismos crean sino que, al manosearlos, los complican más y más. Todo se agrava, es cierto, pero en el fondo nada cambia: clausurada la vía electoral indefinidamente, los partidos pierden toda razón de ser. Esta es, más que ninguna otra, la hora de los grandes movimientos sociales.
No en vano, en estos momentos lo que está en el centro del escenario son precisamente varios movimientos sociales de considerable envergadura: el de los trabajadores que se oponen a la nueva Ley del ISSSTE es uno de ellos y alcanza ya una dimensión formidable. Otro es el de los campesinos y los sindicatos que exigen la renegociación del Tratado de Libre Comercio para frenar el ingreso de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo procedentes de Estados Unidos.
El que sigue creciendo, por su parte, es el que respalda al gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador y que cuenta ya con más de dos millones de personas “credencializadas”. Está también el que se prepara a rechazar las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Y no es menos importante, aunque sí el más reciente, el que se organiza para impedir la entrega de yacimientos petrolíferos del país a empresas particulares.
Ninguna de esas luchas, hasta donde se alcanza a ver, está vinculada con las plataformas electorales de los partidos políticos ni cifra sus esperanzas en los comicios de julio del año entrante, para diputados y senadores, ni mucho menos en los presidenciales de 2012. La dinámica política del país es otra y las corrientes del Partido de la Revolución Democrática, que se medirán en una elección interna dentro de algunas semanas, juegan a que ni nos oyen, pero tampoco nos ven.
La descarada alianza de los seguidores de Jesús Ortega (coordinados por Ruth Zavaleta) y de Cuauhtémoc Cárdenas (representados por Javier González Garza) e incluso de los tardíos vengadores de Rosario Robles (como el socarrón de Juan N. Guerra, quien al fin mostró por quién suspira) con lo más execrable de PRI (Beltrones, Emilio Gamboa, el góber precioso, Ulises Ruiz) y PAN (es decir, Calderón, Mouriño, Germán Martínez et al), invalida de antemano, sea cual sea, el resultado de los comicios que dentro de algunas semanas se llevarán a cabo en el PRD para nombrar a la nueva directiva de esa agencia de colocaciones.
Los legisladores perredistas, que en el curso de los meses anteriores hicieron posible tanto la entrega de las pensiones del ISSSTE a Elba Esther Gordillo como la reforma fiscal que no resolvió nada ni dejó contento a nadie, el gasolinazo que ya está causando estragos incluso en los bolsillos de los incondicionales del régimen, y la Ley Gestapo que al entrar en vigor, dentro de muy pronto, sentará las bases para la implantación de una dictadura policiaca, son los mismos que el jueves concretaron la designación de Valdés Zurita y de dos funcionarios de extrema derecha como nuevos consejeros del IFE.
Por absurdo e increíble que parezca, en el marco de la contienda interna del PRD ha cobrado forma la iniciativa de llevar a cabo una “marcha de la unidad” en la que se han comprometido a participar los candidatos de todas las corrientes, empezando por Jesús Ortega y Alejandro Encinas. Habría que preguntarles: ¿unidad para qué?, ¿unidad con Zavaleta y con González Garza, con Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta Naranjo, que no han hecho sino traicionar, una y otra vez, al movimiento social que los llevó al Poder Legislativo?
En su edición de pasado mañana, la revista El Chamuco publicará un detallado análisis de la Ley Gestapo que González Garza y Zavaleta aprobaron en San Lázaro y que, mediante modificaciones al artículo 16 de la Constitución, autorizará a cualquier ciudadano a arrestar a otro y llevarlo a la delegación más cercana en calidad de detenido, lo que abrirá la puerta a que surja una milicia paramilitar para “apoyar” a los cuerpos represivos en su incesante combate al crimen organizado o… a los movimientos sociales de oposición.
Esa misma Ley Gestapo dejará que las investigaciones de los delitos queden a cargo de la policía –pero léase bien: de cualquier policía, porque no habla específicamente de ninguna–, misma que, sin embargo, estará “bajo el mando” de los agentes del Ministerio Público. Y como bien observó el maestro Bernardo Bátiz en un análisis al respecto, “ya podemos imaginar que un Rambo de la AFI le rendirá cuentas a un pobre agente del Ministerio Público que se la vive sentado detrás de su escritorio”.
Ahora bien, si ese pobre agente del Ministerio Público se atreviera a obstaculizar las acciones de la policía durante una pesquisa, correría el riesgo de ser despedido y no tendría la mínima posibilidad de ser reinstalado en su puesto de trabajo, ni siquiera en caso de que demostrara ante las autoridades competentes que sus jefes lo corrieron sin motivo justificado. ¿Y eso por qué? Ah, pues porque así lo señala la Ley Gestapo en el inciso que reforma el artículo 123 constitucional.
Entiéndase: ni los agentes del MP ni los peritos al servicio del Poder Judicial podrán recuperar sus puestos de trabajo aunque los despidan injustificadamente. De este modo la Ley Gestapo garantizará que cuando tengan “bajo su mando” a los investigadores de la policía estarán obligados a ceñirse a lo que éstos les ordenen. Y si no, cuello (laboralmente hablando, claro está).
Celebremos entonces que Zavaleta, González Garza y 40 diputados chuchistas más hayan votado en favor de una ley como ésta que, además, permitirá que cualquier policía entre a nuestra casa en cualquier momento y con cualquier pretexto, y que si se le antoja nos mantenga incomunicados hasta por 40 días en un centro de arraigo, hasta que confesemos lo que se les pegue la gana.
Semejante monstruosidad no pasa, evidentemente, ni por las elecciones internas del PRD ni por nada que tenga que ver con el nuevo IFE de Manlio Fabio Beltrones y Felipe Calderón, pero no debe distraernos del objetivo central del momento, que es la organización de comités para la defensa del petróleo, como el que Claudia Sheimbaun convocará a formar el próximo viernes 15, en la ciudad de Monterrey, o como el que anteayer surgió en el Círculo de Estudios de Coapa, o como los que nacerán de hoy en ocho en las Fuentes Brotantes de Tlalpan y en el Ajusco Medio, y como los que muchos grupos más están construyendo por todo el país.
Kikka Roja
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