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■ Gasolineras Mouriño, un (mal) ejemplo
■ Convenios cierran paso a extranjeros
■ Pero españoles operan franquicias
■ Pemex debería rescindir 31 licencias
Pemex debería revisar su relación contractual con las empresas distribuidoras de gasolina de la familia Mouriño en el sureste del país y, consecuentemente, rescindirla, pues en el modelo de convenio que la paraestatal realiza con particulares en materia de franquicias establece con claridad y sin excepciones que esos negocios están reservados para sociedades integradas por mexicanos, con absoluta exclusión de extranjeros en cualquier modalidad. Tal estipulación ha sido larga y ostentosamente violada cuando menos por el ciudadano español Carlos Mouriño Atanes, padre de Juan Camilo, y probablemente por el hijo del primero y hermano del segundo, Carlos Mouriño Terrazo, quien ha desempeñado funciones directivas en las surtidoras de combustible a pesar de que siempre se ha asumido como español y nunca como mexicano (a menos que también le hayan fabricado un expediente patito de conversión ciudadana del que hasta ahora no ha informado a nadie).
El “Contrato de franquicia para estación de servicio” que deben celebrar Pemex Refinación y los interesados en esos negocios estipula en el apartado 2.4 de la sección “Declaraciones” de ambas partes y, más delante, con la misma redacción, en el numeral 6.2 de la cláusula sexta, referida a las “obligaciones de las partes”, el compromiso del aspirante a franquiciatario de que la suya “es una sociedad de nacionalidad mexicana y cuenta en sus estatutos sociales con cláusulas de exclusión de extranjeros, de conformidad con los artículos segundo y sexto de la Ley de Inversión Extranjera, por lo que no cuenta con participación accionaria y/o social extranjera, ni es administrada directa ni indirectamente, ni tiene participación como socios o accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades con cláusulas de admisión de extranjeros. La inversión extranjera no podrá participar en la sociedad directamente ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación, inversión neutra o cualquier acto, por virtud del cual se le otorgue control o participación alguna”. En la siguiente “Declaración”, la 2.5 de esos contratos, se determina que el buscador de franquicias “no ha celebrado u otorgado antes de la fecha de firma de este contrato o durante la vigencia de la misma, ningún mandato o poder a favor de extranjero(s), mediante el cual se comprometa el patrimonio, los derechos y obligaciones relacionados con el presente Contrato de Franquicia Pemex”.
Pues bien, dado que de manera pública y notoria se sabe, por declaraciones de ellos mismos, que la fuente original del enriquecimiento del español Carlos Mouriño Atanes y de sus hijos hispanos han sido las mencionadas franquicias (actualmente tienen 31 estaciones de gasolina en el sureste del país), procedería aplicar lo establecido en “Causales de rescisión”, cláusula decimasexta, numeral 10, donde se menciona que “sin necesidad de declaración judicial” alguna ni “previa aplicación de penas convencionales”, los convenios pueden ser cancelados si el franquiciatario permite “directa o indirectamente la participación accionaria y/o social extranjera o incumpla de cualquier forma la obligación pactada en el numeral 6.2 de la cláusula sexta del presente contrato”.
La indagación sobre la manera en que los españoles Mouriño se hicieron de concesiones o franquicias para gasolineras es importante porque, hasta hace años, esos beneficios se obtenían mediante procesos frecuentemente relacionados con la corrupción política. Luego, cuando se abrió la posibilidad de que cualquier interesado pudiese instalar una estación de combustibles mediante franquicias, se establecieron reglas que, como se ve, fueron expresa y constantemente violadas. Añádase el hecho conocidísimo de que las gasolineras del Grupo Energético del Sureste suelen dar litros de a 900 mililitros (merma mayor al 0.56 por ciento) y se tendrá una visión empresarial muy distante a la idílica e infantil que difundió en días pasados el entrampado secretario de Gobernación. Otro punto de necesario esclarecimiento es el relacionado con la muy difundida función del español Mouriño Atanes como recaudador y aportador de fondos para la campaña de Vicente Fox y, antes, de candidatos presidenciales priístas, incluido el históricamente derrotado Francisco Labastida Ochoa; recuérdese que, según las disposiciones vigentes, está prohibido a los extranjeros participar en actividades políticas mexicanas.
Y, ya que de probanzas legales se trata, la Federación Campechana de Jóvenes sin Acciones de Empresas Familiares por Abandonar (para Sacrificarse por la Patria) pregunta al Niño Héroe de Madrid, Juan Camilo Mouriño Terrazo, en dónde hizo su servicio militar nacional o dónde hay constancia de que no le hubiera tocado cumplir con esa obligación cívica ciertamente más enfadosa (y por tanto más meritorio su cumplimiento) que dejar a la familia en Campeche (para deambular en el DF por antros y fiestas varias), renunciar a acciones de empresas familiares (que siempre encontrarán manera de retribuir sesgadamente a aquel de sus miembros que ofrendaron a la patria como servidor público) y la monserga de vivir entre chilangos cuando la comodidad pleonásticamente campechana es más sabrosa.
Mientras tanto, Juan Camilo, el apoderado legal de la empresa de transportaciones políticas Ivancar-Bucareli, huía ayer hacia delante a toda velocidad. Pronunció discurso en circunstancias propicias para el esclarecimiento, la puntualización o el deslinde y prefirió la evasión, consolidando la percepción de que no sabe cómo salir del atolladero de conflictos de intereses en que ha sido (feli)pillado. Por su parte, los panistas, divididos, aprobaban en el Senado y reculaban en San Lázaro respecto a una comisión legislativa propuesta para investigar los negocios del ¿todavía? favorito de Los Pinos. Y, con Germánico Martínez equiparando a Mouriño con René Bejarano en un artículo periodístico, ¡hasta mañana, mientras Javier Lozano ha entregado, gulp, las primeras propuestas de reforma en materia laboral!
El “Contrato de franquicia para estación de servicio” que deben celebrar Pemex Refinación y los interesados en esos negocios estipula en el apartado 2.4 de la sección “Declaraciones” de ambas partes y, más delante, con la misma redacción, en el numeral 6.2 de la cláusula sexta, referida a las “obligaciones de las partes”, el compromiso del aspirante a franquiciatario de que la suya “es una sociedad de nacionalidad mexicana y cuenta en sus estatutos sociales con cláusulas de exclusión de extranjeros, de conformidad con los artículos segundo y sexto de la Ley de Inversión Extranjera, por lo que no cuenta con participación accionaria y/o social extranjera, ni es administrada directa ni indirectamente, ni tiene participación como socios o accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades con cláusulas de admisión de extranjeros. La inversión extranjera no podrá participar en la sociedad directamente ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación, inversión neutra o cualquier acto, por virtud del cual se le otorgue control o participación alguna”. En la siguiente “Declaración”, la 2.5 de esos contratos, se determina que el buscador de franquicias “no ha celebrado u otorgado antes de la fecha de firma de este contrato o durante la vigencia de la misma, ningún mandato o poder a favor de extranjero(s), mediante el cual se comprometa el patrimonio, los derechos y obligaciones relacionados con el presente Contrato de Franquicia Pemex”.
Pues bien, dado que de manera pública y notoria se sabe, por declaraciones de ellos mismos, que la fuente original del enriquecimiento del español Carlos Mouriño Atanes y de sus hijos hispanos han sido las mencionadas franquicias (actualmente tienen 31 estaciones de gasolina en el sureste del país), procedería aplicar lo establecido en “Causales de rescisión”, cláusula decimasexta, numeral 10, donde se menciona que “sin necesidad de declaración judicial” alguna ni “previa aplicación de penas convencionales”, los convenios pueden ser cancelados si el franquiciatario permite “directa o indirectamente la participación accionaria y/o social extranjera o incumpla de cualquier forma la obligación pactada en el numeral 6.2 de la cláusula sexta del presente contrato”.
La indagación sobre la manera en que los españoles Mouriño se hicieron de concesiones o franquicias para gasolineras es importante porque, hasta hace años, esos beneficios se obtenían mediante procesos frecuentemente relacionados con la corrupción política. Luego, cuando se abrió la posibilidad de que cualquier interesado pudiese instalar una estación de combustibles mediante franquicias, se establecieron reglas que, como se ve, fueron expresa y constantemente violadas. Añádase el hecho conocidísimo de que las gasolineras del Grupo Energético del Sureste suelen dar litros de a 900 mililitros (merma mayor al 0.56 por ciento) y se tendrá una visión empresarial muy distante a la idílica e infantil que difundió en días pasados el entrampado secretario de Gobernación. Otro punto de necesario esclarecimiento es el relacionado con la muy difundida función del español Mouriño Atanes como recaudador y aportador de fondos para la campaña de Vicente Fox y, antes, de candidatos presidenciales priístas, incluido el históricamente derrotado Francisco Labastida Ochoa; recuérdese que, según las disposiciones vigentes, está prohibido a los extranjeros participar en actividades políticas mexicanas.
Y, ya que de probanzas legales se trata, la Federación Campechana de Jóvenes sin Acciones de Empresas Familiares por Abandonar (para Sacrificarse por la Patria) pregunta al Niño Héroe de Madrid, Juan Camilo Mouriño Terrazo, en dónde hizo su servicio militar nacional o dónde hay constancia de que no le hubiera tocado cumplir con esa obligación cívica ciertamente más enfadosa (y por tanto más meritorio su cumplimiento) que dejar a la familia en Campeche (para deambular en el DF por antros y fiestas varias), renunciar a acciones de empresas familiares (que siempre encontrarán manera de retribuir sesgadamente a aquel de sus miembros que ofrendaron a la patria como servidor público) y la monserga de vivir entre chilangos cuando la comodidad pleonásticamente campechana es más sabrosa.
Mientras tanto, Juan Camilo, el apoderado legal de la empresa de transportaciones políticas Ivancar-Bucareli, huía ayer hacia delante a toda velocidad. Pronunció discurso en circunstancias propicias para el esclarecimiento, la puntualización o el deslinde y prefirió la evasión, consolidando la percepción de que no sabe cómo salir del atolladero de conflictos de intereses en que ha sido (feli)pillado. Por su parte, los panistas, divididos, aprobaban en el Senado y reculaban en San Lázaro respecto a una comisión legislativa propuesta para investigar los negocios del ¿todavía? favorito de Los Pinos. Y, con Germánico Martínez equiparando a Mouriño con René Bejarano en un artículo periodístico, ¡hasta mañana, mientras Javier Lozano ha entregado, gulp, las primeras propuestas de reforma en materia laboral!
Kikka Roja
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