Inopinadamente, sin explicación alguna, el dictamen senatorial sobre la ley de fomento a la lectura y al libro fue retirado del orden del día el jueves pasado. Figuraba en primer lugar en el capítulo de dictámenes a discusión, y la mesa directiva dio lugar a otros puntos de la agenda. Se presume, y es necesario que así ocurra, para que posiciones ajenas al proceso legislativo no interfieran en él, que el pleno de Xicoténcatl lo conozca y apruebe esta semana.
Se trata de la respuesta legislativa al veto formulado por el presidente Vicente Fox el 1 de septiembre del 2006. La ley había sido aprobada en el Senado el 16 de marzo de ese año y en la Cámara de Diputados el 26 de abril siguiente, en ambas oportunidades con gran número de votos a favor y ninguno en contra (y en San Lázaro con apenas cinco abstenciones). El Ejecutivo centró sus observaciones en una disposición crucial para alentar la lectura y la difusión y uso del libro, el precio único, objetado por la Comisión de Competencia Económica en términos que hizo suyos la Presidencia y a los que da puntual y contundente respuesta el dictamen aplazado sin razón aparente, salvo la persistencia, extemporánea, indebida e impropia de la propia Comisión que hizo valer sus argumentos y a la que corresponde en este momento mantenerse ajena al trabajo de los legisladores.
El dictamen, formulado sin oposición en las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos, con opinión favorable de la de cultura, rebate los argumentos del Ejecutivo. El mercado editorial no es un mercado eficiente como dicen las observaciones presidenciales, sino al contrario. Su funcionamiento lastima a “los consumidores que adquieren sus libros de manera directa por las prácticas dominantes y de discriminación de precios de ciertos agentes económicos… La disminución artificial de precios que se ofertan en las grandes librerías y en las más de 3 mil tiendas de autoservicio y departamentales, ha contribuido al cierre de las librerías tradicionales, impiden el desarrollo de nuevos puntos de venta que acerquen el libro al lector potencial… La perspectiva en el mediano plazo es que habrá menor variedad de títulos editados o importados y los consumidores verán reducidas las opciones de lectura a las obras que garanticen mayores márgenes de utilidad, haciendo a un lado aquellos libros que representan un riesgo para quien edita, distribuye o vende”.
El dictamen combate la observación presidencial de que el precio único configura una práctica monopólica relativa, entre otras razones porque no la ejercen “agentes que tienen un poder sustancial en el mercado relevante que les permite fijar precios unilateralmente; fijar un precio único para cada edición impresa en México o importada será extensivo a todos los editores e importadores, no un acto reservado a los agentes con la capacidad descrita en la” ley federal de competencia económica, cuyos criterios y terminología fueron utilizados para ejercer el veto.
Por otro lado, argumenta el dictamen, fijar el precio único materializa “el derecho patrimonial de los autores respecto de sus obras literarias en el contexto de la Ley Federal del Derecho de Autor y con base en los privilegios que establece la Constitución para el ejercicio de los derechos autorales”. Y justifica el que se exceptúen del precio único las ventas al Estado, ya que éste ha de dar cumplimiento a la función social de la educación. También rebaten los senadores la comparación entre el precio único y el máximo previsto en las leyes, porque derivan de “elementos normativos diferentes”.
Como han hecho los promotores de esta medida básica para estimular la lectura, las comisiones recuerdan que “numerosos países han optado por el modelo del precio único en su legislación, entre ellos España (cuya industria editorial ocupa el cuarto lugar en las exportaciones de aquel país y representa el principal competidor en el mercado hispano del libro), Francia, Alemania, Argentina, Austria, Dinamarca, Grecia, Holanda, Hungría, Noruega, Suiza, Portugal y Japón… La tendencia normativa hacia el precio único es expresión de la necesidad de establecer bases que confieran sustentabilidad a toda la cadena del libro, desde el autor hasta el lector potencial y no que el mercado esté centrado únicamente en los principios de la competencia en precios”.
Los dictaminadores no pueden dejar de referirse al consenso que el precio único ha suscitado en los eslabones de la cadena productiva: “Este consenso ha sido manifiesto en el marco tanto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como en la reciente Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, en las que se ha solicitado a los legisladores… ‘que se promueva, defienda y vote a favor de la ley, convencidos de que ayudará a que haya mayor competencia, mejores precios para todos, más libros al alcance de todos, más diversos y que todo esto contribuya a un país mejor informado, mejor preparado para la democracia y para los retos del futuro’. Dicho mensaje fue suscrito por la Asociación de libreros mexicanos, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Alianza de Editores Mexicanos Independientes, la Sociedad General de Escritores de México…”.
Por otro lado, el dictamen concede razón a las observaciones del Ejecutivo sobre la estructura y aun redacción de la ley, y respecto de algunas facultades del Consejo Nacional para el Fomento del Libro y la Lectura , y propone las enmiendas pertinentes.
Se trata de la respuesta legislativa al veto formulado por el presidente Vicente Fox el 1 de septiembre del 2006. La ley había sido aprobada en el Senado el 16 de marzo de ese año y en la Cámara de Diputados el 26 de abril siguiente, en ambas oportunidades con gran número de votos a favor y ninguno en contra (y en San Lázaro con apenas cinco abstenciones). El Ejecutivo centró sus observaciones en una disposición crucial para alentar la lectura y la difusión y uso del libro, el precio único, objetado por la Comisión de Competencia Económica en términos que hizo suyos la Presidencia y a los que da puntual y contundente respuesta el dictamen aplazado sin razón aparente, salvo la persistencia, extemporánea, indebida e impropia de la propia Comisión que hizo valer sus argumentos y a la que corresponde en este momento mantenerse ajena al trabajo de los legisladores.
El dictamen, formulado sin oposición en las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos, con opinión favorable de la de cultura, rebate los argumentos del Ejecutivo. El mercado editorial no es un mercado eficiente como dicen las observaciones presidenciales, sino al contrario. Su funcionamiento lastima a “los consumidores que adquieren sus libros de manera directa por las prácticas dominantes y de discriminación de precios de ciertos agentes económicos… La disminución artificial de precios que se ofertan en las grandes librerías y en las más de 3 mil tiendas de autoservicio y departamentales, ha contribuido al cierre de las librerías tradicionales, impiden el desarrollo de nuevos puntos de venta que acerquen el libro al lector potencial… La perspectiva en el mediano plazo es que habrá menor variedad de títulos editados o importados y los consumidores verán reducidas las opciones de lectura a las obras que garanticen mayores márgenes de utilidad, haciendo a un lado aquellos libros que representan un riesgo para quien edita, distribuye o vende”.
El dictamen combate la observación presidencial de que el precio único configura una práctica monopólica relativa, entre otras razones porque no la ejercen “agentes que tienen un poder sustancial en el mercado relevante que les permite fijar precios unilateralmente; fijar un precio único para cada edición impresa en México o importada será extensivo a todos los editores e importadores, no un acto reservado a los agentes con la capacidad descrita en la” ley federal de competencia económica, cuyos criterios y terminología fueron utilizados para ejercer el veto.
Por otro lado, argumenta el dictamen, fijar el precio único materializa “el derecho patrimonial de los autores respecto de sus obras literarias en el contexto de la Ley Federal del Derecho de Autor y con base en los privilegios que establece la Constitución para el ejercicio de los derechos autorales”. Y justifica el que se exceptúen del precio único las ventas al Estado, ya que éste ha de dar cumplimiento a la función social de la educación. También rebaten los senadores la comparación entre el precio único y el máximo previsto en las leyes, porque derivan de “elementos normativos diferentes”.
Como han hecho los promotores de esta medida básica para estimular la lectura, las comisiones recuerdan que “numerosos países han optado por el modelo del precio único en su legislación, entre ellos España (cuya industria editorial ocupa el cuarto lugar en las exportaciones de aquel país y representa el principal competidor en el mercado hispano del libro), Francia, Alemania, Argentina, Austria, Dinamarca, Grecia, Holanda, Hungría, Noruega, Suiza, Portugal y Japón… La tendencia normativa hacia el precio único es expresión de la necesidad de establecer bases que confieran sustentabilidad a toda la cadena del libro, desde el autor hasta el lector potencial y no que el mercado esté centrado únicamente en los principios de la competencia en precios”.
Los dictaminadores no pueden dejar de referirse al consenso que el precio único ha suscitado en los eslabones de la cadena productiva: “Este consenso ha sido manifiesto en el marco tanto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como en la reciente Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, en las que se ha solicitado a los legisladores… ‘que se promueva, defienda y vote a favor de la ley, convencidos de que ayudará a que haya mayor competencia, mejores precios para todos, más libros al alcance de todos, más diversos y que todo esto contribuya a un país mejor informado, mejor preparado para la democracia y para los retos del futuro’. Dicho mensaje fue suscrito por la Asociación de libreros mexicanos, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Alianza de Editores Mexicanos Independientes, la Sociedad General de Escritores de México…”.
Por otro lado, el dictamen concede razón a las observaciones del Ejecutivo sobre la estructura y aun redacción de la ley, y respecto de algunas facultades del Consejo Nacional para el Fomento del Libro y la Lectura , y propone las enmiendas pertinentes.
Kikka Roja
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