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El Ejecutivo promueve la violación constitucional y el Legislativo lo sigue
Con máscaras de los presidentes de Estados Unidos, George W. Bush; de México, Felipe Calderón, y del ex mandatario Vicente Fox, una decena de manifestantes protestaron ayer frente a la sede del Foro Económico Mundial sobre América Latina. Militantes del PRD en Quintana Roo habían anunciado a fines de la semana pasada que organizarán protestas en contra de la reforma para el sector energético que Calderón propuso al Congreso Foto: José Luis López Soto
Antes de entrar en acción y ejercer como tales, todos los legisladores se comprometen a “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión”. El inquilino de Los Pinos hace lo propio, al igual que los gobernadores y sus respectivos gabinetes.
Si no cumplen con ese requisito, si no asumen tal compromiso (que algunos limitan a simple protocolo), legalmente no entran en funciones. Así lo hicieron, a finales de agosto de 2006, los 500 diputados y los 128 senadores; así, el inquilino de Los Pinos, los gobernadores y sus gabinetes, y tras responsabilizarse cada uno de ellos fue apercibido con aquello de “si no lo hacen así, que la nación se los demande”.
Muchos y variados son los pendientes que la nación tiene que reclamarle a su clase política, cada día más apartada de las necesidades y urgencias de los mexicanos que por ellos votaron, pero en el candente momento político que vive el país hoy más que nunca debe exigírsele que cumpla cabalmente con aquello de “guardar y hacer guardar” la Constitución.
Al igual que los legisladores, el inquilino de Los Pinos se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución, pero ahora abiertamente la viola al “invitar”, por llamarlo de alguna forma, a diputados y senadores a que aprueben su “reforma” petrolera, la cual, a su vez, viola la carta magna al promover cambios a una ley secundaria que debe fundamentarse en el precepto constitucional. En síntesis, el Ejecutivo promueve la violación constitucional y el Legislativo parece estar dispuesto a seguirlo en su afán.
Así, no es posible debatir la iniciativa calderonista por ser abiertamente violatoria de la Constitución. Debatir, sí, una reforma real y constitucional para fortalecer a Pemex, y no al gran capital, nacional y extranjero, asociado al inquilino de Los Pinos.
Demasiado ha pagado ya el país por la serie de barbaridades cometidas en 25 años por el grupo en el poder. Aprobar la “reforma” calderonista sería avalar que el petróleo mexicano y su industria tengan el mismo destino y consecuencias de la banca, carreteras, aeropuertos, líneas aéreas, ferrocarriles, satélites, acereras, ingenios azucareros, telecomunicaciones y tantos otros sectores y empresas otrora del Estado, es decir, un creciente costo para las finanzas públicas, creación de monopolios privados, nula contribución al desarrollo nacional y fastuosas fortunas para unos cuantos.
No se trata de darle la razón al FAP, sino de otorgársela a la historia reciente del país y sus abominables resultados. Si los legisladores con sus propios estudios y análisis, no entienden de qué se trata, cuál es el marco legal al que deben atenerse y de qué tamaño es el riesgo, entonces nada tienen que hacer donde están, pero la nación y los mexicanos no tienen por qué pagar, una vez más, por sus carencias e incumplimientos.
En este sentido, la Cámara de Diputados por medio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, recién sacó del horno un estudio sobre la Evolución y prospectiva de la industria petrolera mexicana (abril de 2008), en el que subraya el marco constitucional que debe respetarse en materia petrolera, del cual recalca los siguientes elementos:
“La base jurídica de la industria petrolera mexicana se encuentra en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir del decreto de expropiación petrolera, el presidente Cárdenas envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, con el propósito de elevar a rango constitucional la exclusividad de la nación en materia petrolera, eliminando el régimen de concesiones.
“Así, el artículo 27 constitucional establece el concepto de exclusividad de la nación en materia petrolera y señala que ‘…corresponde a la nación el dominio de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos….
“En diciembre de 1939 se presenta la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en materia de petróleo, y en mayo de 1941, bajo la presidencia de Ávila Camacho, se deroga y se presenta una nueva que abrió las puertas al capital privado en el ramo del petróleo, y no fue sino hasta noviembre de 1958, con la nueva ley promulgada por el presidente Ruiz Cortines, que se derogó la contrarreforma de Ávila Camacho y restituyó la legalidad constitucional.
“No obstante que en el propio artículo 27 se reconoce la figura de la concesión, también limita dicha figura en su párrafo sexto al señalar que ‘…Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva…’, es decir, el mismo artículo 27 constitucional establece la primacía del concepto de exclusividad de la nación en materia petrolera”.
Más que oportuno es que los legisladores se den una vuelta por el citado estudio, y más que obligado que cumplan el compromiso asumido al tomar posesión del cargo.
Las rebanadas del pastel
Un “inexperto” como Fernando del Paso lo sintetiza de forma contundente: “es, pues, la historia, y no la histeria, la que nos proporciona razones más que suficientes para desconfiar de nuestra asociación con cualquier empresa extranjera” (La Jornada, 15 de abril)... Memoria a modo: ¿quién llegó a Los Pinos por medio de una feroz campaña de odio, división y cizaña? Ah, pero a Felipe Calderón ya se le olvidó.
Si no cumplen con ese requisito, si no asumen tal compromiso (que algunos limitan a simple protocolo), legalmente no entran en funciones. Así lo hicieron, a finales de agosto de 2006, los 500 diputados y los 128 senadores; así, el inquilino de Los Pinos, los gobernadores y sus gabinetes, y tras responsabilizarse cada uno de ellos fue apercibido con aquello de “si no lo hacen así, que la nación se los demande”.
Muchos y variados son los pendientes que la nación tiene que reclamarle a su clase política, cada día más apartada de las necesidades y urgencias de los mexicanos que por ellos votaron, pero en el candente momento político que vive el país hoy más que nunca debe exigírsele que cumpla cabalmente con aquello de “guardar y hacer guardar” la Constitución.
Al igual que los legisladores, el inquilino de Los Pinos se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución, pero ahora abiertamente la viola al “invitar”, por llamarlo de alguna forma, a diputados y senadores a que aprueben su “reforma” petrolera, la cual, a su vez, viola la carta magna al promover cambios a una ley secundaria que debe fundamentarse en el precepto constitucional. En síntesis, el Ejecutivo promueve la violación constitucional y el Legislativo parece estar dispuesto a seguirlo en su afán.
Así, no es posible debatir la iniciativa calderonista por ser abiertamente violatoria de la Constitución. Debatir, sí, una reforma real y constitucional para fortalecer a Pemex, y no al gran capital, nacional y extranjero, asociado al inquilino de Los Pinos.
Demasiado ha pagado ya el país por la serie de barbaridades cometidas en 25 años por el grupo en el poder. Aprobar la “reforma” calderonista sería avalar que el petróleo mexicano y su industria tengan el mismo destino y consecuencias de la banca, carreteras, aeropuertos, líneas aéreas, ferrocarriles, satélites, acereras, ingenios azucareros, telecomunicaciones y tantos otros sectores y empresas otrora del Estado, es decir, un creciente costo para las finanzas públicas, creación de monopolios privados, nula contribución al desarrollo nacional y fastuosas fortunas para unos cuantos.
No se trata de darle la razón al FAP, sino de otorgársela a la historia reciente del país y sus abominables resultados. Si los legisladores con sus propios estudios y análisis, no entienden de qué se trata, cuál es el marco legal al que deben atenerse y de qué tamaño es el riesgo, entonces nada tienen que hacer donde están, pero la nación y los mexicanos no tienen por qué pagar, una vez más, por sus carencias e incumplimientos.
En este sentido, la Cámara de Diputados por medio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, recién sacó del horno un estudio sobre la Evolución y prospectiva de la industria petrolera mexicana (abril de 2008), en el que subraya el marco constitucional que debe respetarse en materia petrolera, del cual recalca los siguientes elementos:
“La base jurídica de la industria petrolera mexicana se encuentra en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir del decreto de expropiación petrolera, el presidente Cárdenas envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, con el propósito de elevar a rango constitucional la exclusividad de la nación en materia petrolera, eliminando el régimen de concesiones.
“Así, el artículo 27 constitucional establece el concepto de exclusividad de la nación en materia petrolera y señala que ‘…corresponde a la nación el dominio de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos….
“En diciembre de 1939 se presenta la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en materia de petróleo, y en mayo de 1941, bajo la presidencia de Ávila Camacho, se deroga y se presenta una nueva que abrió las puertas al capital privado en el ramo del petróleo, y no fue sino hasta noviembre de 1958, con la nueva ley promulgada por el presidente Ruiz Cortines, que se derogó la contrarreforma de Ávila Camacho y restituyó la legalidad constitucional.
“No obstante que en el propio artículo 27 se reconoce la figura de la concesión, también limita dicha figura en su párrafo sexto al señalar que ‘…Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva…’, es decir, el mismo artículo 27 constitucional establece la primacía del concepto de exclusividad de la nación en materia petrolera”.
Más que oportuno es que los legisladores se den una vuelta por el citado estudio, y más que obligado que cumplan el compromiso asumido al tomar posesión del cargo.
Las rebanadas del pastel
Un “inexperto” como Fernando del Paso lo sintetiza de forma contundente: “es, pues, la historia, y no la histeria, la que nos proporciona razones más que suficientes para desconfiar de nuestra asociación con cualquier empresa extranjera” (La Jornada, 15 de abril)... Memoria a modo: ¿quién llegó a Los Pinos por medio de una feroz campaña de odio, división y cizaña? Ah, pero a Felipe Calderón ya se le olvidó.
Kikka Roja
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