Ante la crisis alimentaria mundial, el gobierno federal anunció ayer la eliminación de los aranceles para las importaciones de maíz, trigo, arroz y soya, la reducción impositiva a la leche en polvo procedente del extranjero y una cuota fija para la importación de frijol libre de arancel; asimismo, exime de impuestos las importaciones de fertilizantes y abonos, abre créditos para pequeños productores agrícolas e incrementa el reparto de dinero entre las familias más pobres. Tales medidas generaron el inmediato rechazo de organizaciones sindicales y agrarias, que las calificaron de meros paliativos o incluso de demagogia presidencial de cara a los procesos electorales previstos para el año entrante.
En efecto, las propuestas formuladas ayer por Felipe Calderón Hinojosa eluden el problema principal de la crisis que, en el caso de México, es la pérdida de la autosuficiencia alimentaria debida a la aplicación de las políticas neoliberales aún en vigor. Lejos de ser una solución, la exención o reducción de impuestos favorecerá a los exportadores extranjeros de alimentos, a los grandes distribuidores e intermediarios privados, y ahondará la alarmante postración del agro mexicano.
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y con especial énfasis a raíz de la entrada en vigor de la cláusula de ese instrumento trilateral que libera de toda limitación el comercio de granos, se ha insistido en la acuciante necesidad de fortalecer la producción mexicana y de protegerla de importaciones baratas que, si bien tienden a frenar los precios a corto plazo, a la larga resultan desastrosas para el abasto popular. Las voces de advertencia correspondientes han resultado, a fin de cuentas, atinadas, y en la actual circunstancia pueden avizorarse en toda su crudeza las trágicas implicaciones de haber permitido la destrucción del campo en aras de un fundamentalismo del libre comercio.
No menos trágico resulta el empecinamiento actual en mantener al Estado fuera de eslabones fundamentales de la producción agraria, como la fabricación de fertilizantes, la fijación de precios de garantía y las cadenas de abasto popular. Por su parte, el asistencialismo –de inequívocos tintes electoreros y de control, para colmo– inaugurado con los programas salinistas y mantenido desde entonces con distintos nombres es un mero atenuante circunstancial de la miseria, pero en nada contribuye a combatir la extendida pobreza que se abate sobre los campesinos sobrevivientes del abandono gubernamental, del entusiasmo privatizador, del desmantelamiento de instituciones, como la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), y de la destrucción de ejidos propiciada por las reformas al artículo 27 constitucional.
Ante la carestía alimentaria mundial, el país debe fijarse como objetivo necesario, e incluso prioritario, recuperar las capacidades productivas del agro, incluso a costa de subsidios, que son vistos como tabú desde la óptica económica antinacional del grupo en el poder y que, sin embargo, constituyen instrumentos regulares de política agraria en Estados Unidos, en la Unión Europea y en naciones asiáticas como Japón. En tales países y regiones se entiende que la producción alimentaria es un factor de soberanía y hasta de seguridad nacional por el cual debe pagarse un precio. A la larga, dejar las necesidades de abasto de la población a los vaivenes del libre mercado internacional, sobre todo en el caso de países pobres, como el nuestro, acaba siendo mucho más caro y coloca a los gobiernos ante una disyuntiva lamentable: destinar porciones exorbitantes de sus recursos a la adquisición de alimentos foráneos o dejar que segmentos enteros de la población sean víctimas del hambre, como ha ocurrido en África a raíz de la sustitución de cultivos alimenticios básicos por plantaciones orientadas a la agroexportación que, en principio y a corto plazo, parecen más rentables.
En suma, resulta impostergable que la administración calderonista corrija la ausencia de política alimentaria y la desatención a los productores agrícolas nacionales, especialmente los de maíz y frijol, y que, aunque sea en este terreno, sea capaz de formular estrategias dotadas de visión nacional.
En efecto, las propuestas formuladas ayer por Felipe Calderón Hinojosa eluden el problema principal de la crisis que, en el caso de México, es la pérdida de la autosuficiencia alimentaria debida a la aplicación de las políticas neoliberales aún en vigor. Lejos de ser una solución, la exención o reducción de impuestos favorecerá a los exportadores extranjeros de alimentos, a los grandes distribuidores e intermediarios privados, y ahondará la alarmante postración del agro mexicano.
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y con especial énfasis a raíz de la entrada en vigor de la cláusula de ese instrumento trilateral que libera de toda limitación el comercio de granos, se ha insistido en la acuciante necesidad de fortalecer la producción mexicana y de protegerla de importaciones baratas que, si bien tienden a frenar los precios a corto plazo, a la larga resultan desastrosas para el abasto popular. Las voces de advertencia correspondientes han resultado, a fin de cuentas, atinadas, y en la actual circunstancia pueden avizorarse en toda su crudeza las trágicas implicaciones de haber permitido la destrucción del campo en aras de un fundamentalismo del libre comercio.
No menos trágico resulta el empecinamiento actual en mantener al Estado fuera de eslabones fundamentales de la producción agraria, como la fabricación de fertilizantes, la fijación de precios de garantía y las cadenas de abasto popular. Por su parte, el asistencialismo –de inequívocos tintes electoreros y de control, para colmo– inaugurado con los programas salinistas y mantenido desde entonces con distintos nombres es un mero atenuante circunstancial de la miseria, pero en nada contribuye a combatir la extendida pobreza que se abate sobre los campesinos sobrevivientes del abandono gubernamental, del entusiasmo privatizador, del desmantelamiento de instituciones, como la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), y de la destrucción de ejidos propiciada por las reformas al artículo 27 constitucional.
Ante la carestía alimentaria mundial, el país debe fijarse como objetivo necesario, e incluso prioritario, recuperar las capacidades productivas del agro, incluso a costa de subsidios, que son vistos como tabú desde la óptica económica antinacional del grupo en el poder y que, sin embargo, constituyen instrumentos regulares de política agraria en Estados Unidos, en la Unión Europea y en naciones asiáticas como Japón. En tales países y regiones se entiende que la producción alimentaria es un factor de soberanía y hasta de seguridad nacional por el cual debe pagarse un precio. A la larga, dejar las necesidades de abasto de la población a los vaivenes del libre mercado internacional, sobre todo en el caso de países pobres, como el nuestro, acaba siendo mucho más caro y coloca a los gobiernos ante una disyuntiva lamentable: destinar porciones exorbitantes de sus recursos a la adquisición de alimentos foráneos o dejar que segmentos enteros de la población sean víctimas del hambre, como ha ocurrido en África a raíz de la sustitución de cultivos alimenticios básicos por plantaciones orientadas a la agroexportación que, en principio y a corto plazo, parecen más rentables.
En suma, resulta impostergable que la administración calderonista corrija la ausencia de política alimentaria y la desatención a los productores agrícolas nacionales, especialmente los de maíz y frijol, y que, aunque sea en este terreno, sea capaz de formular estrategias dotadas de visión nacional.
Kikka Roja
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