- Aprovecharon la toma de tribunas para legislar “al vapor”
- Se apresta el FAP a contrarrestar efectos de los albazos de PRI y PAN
Andrea Becerril y Roberto Garduño
En los últimos días del periodo de sesiones que recientemente concluyó, mientras el Frente Amplio Progresista (FAP) mantuvo tomadas las tribunas ambas cámaras, PAN y PRI aprovecharon la ausencia de la oposición para dar dos albazos y aprobar sin discusión reformas que incluso vulneran la Constitución. Es el caso de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyas modificaciones fueron aprobadas con toda celeridad en recintos alternos para permitir que el gobierno de Felipe Calderón pueda comprar insumos y maquinaria directamente en el extranjero, así como celebrar contratos y licitaciones en otros países, con base en las leyes que rijan en éstos.
El FAP presentará por ello una acción de inconstitucionalidad, con el argumento de que priístas y panistas impusieron su mayoría para aprobar una reforma que pasa por encima de principios marcados en la Carta Magna.
En San Lázaro, Ruth Zavaleta avaló los madruguetes e incluso, en el caso de las reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, maniobró para que legisladores perredistas se presentaran para lograr el quórum. Sin importar el movimiento de resistencia civil contra la privatización de Pemex, mientras diputados del FAP se mantuvieron 16 días en el salón de plenos de San Lázaro, Zavaleta presidió las cuatro sesiones realizadas en la sede alterna con el argumento de que estaba obligada a la imparcialidad y al cumplimiento de la ley. Con su aval, la mancuerna PRI-PAN aprobó sin oposición una voluminosa agenda en la improvisada tribuna del auditorio del Edificio E del Palacio Legislativo.
En el Senado, en tanto, se llevaron a cabo tres sesiones en dos sedes alternas: una en el edificio de Donceles y dos más en la Torre del Caballito, en la que se aprobaron 55 dictámenes para modificar leyes financieras fiscales, ambientales, civiles, penales, en materia de salud y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. La toma de la tribuna del Senado se inició el 10 de abril, justo cuando se discutía la autorización para que Felipe Calderón viajara a Estados Unidos, del 21 al 23 de abril. La salida del Ejecutivo a Nueva Orleáns y Texas se aprobó con la mayoría de los legisladores perredistas, petistas y de Convergencia instalados en el pleno.
A los coordinadores del PAN y del PRI en San Lázaro les urgía que se aprobara también en la Cámara de Diputados, y para ello contaron con apoyo de (Ruth) Zavaleta. El 15 de abril se alcanzó con dificultad el quórum, pero fue suficiente para que Calderón pudiera irse de viaje.
Pero el primer albazo vino dos días después, el 17 de abril, cuando PAN y PRI, junto con PVEM, Nueva Alianza y Alternativa aprobaron reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La propuesta abre paso a que el gobierno mexicano compre directamente o celebre contratos en el extranjero, bajo las leyes de la nación con la que se lleve a cabo la operación correspondiente. La iniciativa tuvo un trato más que especial, ya que se dictaminó con mucha prisa, sin incluir las más de diez propuestas que sobre ese tema están en comisiones. El albazo se repitió cinco días después en el Senado, ya que esa reforma se aprobó en la sede alterna de la Torre del Caballito el 22 de abril por PAN, PRI y PVEM. El otro madruguete se dio con la modificación a los artículos 37, 106, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 132 y 134 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al aprobar ambas cámaras sin mayor discusión esos cambios propuestos por René Arce, del PRD; Federico Döring, del PAN, y la priísta María de los Ángeles Moreno. No obstante, esta última aprobación del pleno alterno, que requirió de diputados de Nueva Izquierda para alcanzar el quórum, será impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el PRD mediante una acción de inconstitucionalidad.
Las prisas con que senadores de PRI y PAN aprobaron las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral estuvieron a punto de que no pasaran en la Cámara de Diputados. Al final, en San Lázaro las votaron también, aunque hubo la intención de regresarlas para remitirlas a un periodo extraordinario.
El FAP presentará por ello una acción de inconstitucionalidad, con el argumento de que priístas y panistas impusieron su mayoría para aprobar una reforma que pasa por encima de principios marcados en la Carta Magna.
En San Lázaro, Ruth Zavaleta avaló los madruguetes e incluso, en el caso de las reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, maniobró para que legisladores perredistas se presentaran para lograr el quórum. Sin importar el movimiento de resistencia civil contra la privatización de Pemex, mientras diputados del FAP se mantuvieron 16 días en el salón de plenos de San Lázaro, Zavaleta presidió las cuatro sesiones realizadas en la sede alterna con el argumento de que estaba obligada a la imparcialidad y al cumplimiento de la ley. Con su aval, la mancuerna PRI-PAN aprobó sin oposición una voluminosa agenda en la improvisada tribuna del auditorio del Edificio E del Palacio Legislativo.
En el Senado, en tanto, se llevaron a cabo tres sesiones en dos sedes alternas: una en el edificio de Donceles y dos más en la Torre del Caballito, en la que se aprobaron 55 dictámenes para modificar leyes financieras fiscales, ambientales, civiles, penales, en materia de salud y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. La toma de la tribuna del Senado se inició el 10 de abril, justo cuando se discutía la autorización para que Felipe Calderón viajara a Estados Unidos, del 21 al 23 de abril. La salida del Ejecutivo a Nueva Orleáns y Texas se aprobó con la mayoría de los legisladores perredistas, petistas y de Convergencia instalados en el pleno.
A los coordinadores del PAN y del PRI en San Lázaro les urgía que se aprobara también en la Cámara de Diputados, y para ello contaron con apoyo de (Ruth) Zavaleta. El 15 de abril se alcanzó con dificultad el quórum, pero fue suficiente para que Calderón pudiera irse de viaje.
Pero el primer albazo vino dos días después, el 17 de abril, cuando PAN y PRI, junto con PVEM, Nueva Alianza y Alternativa aprobaron reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La propuesta abre paso a que el gobierno mexicano compre directamente o celebre contratos en el extranjero, bajo las leyes de la nación con la que se lleve a cabo la operación correspondiente. La iniciativa tuvo un trato más que especial, ya que se dictaminó con mucha prisa, sin incluir las más de diez propuestas que sobre ese tema están en comisiones. El albazo se repitió cinco días después en el Senado, ya que esa reforma se aprobó en la sede alterna de la Torre del Caballito el 22 de abril por PAN, PRI y PVEM. El otro madruguete se dio con la modificación a los artículos 37, 106, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 132 y 134 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al aprobar ambas cámaras sin mayor discusión esos cambios propuestos por René Arce, del PRD; Federico Döring, del PAN, y la priísta María de los Ángeles Moreno. No obstante, esta última aprobación del pleno alterno, que requirió de diputados de Nueva Izquierda para alcanzar el quórum, será impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el PRD mediante una acción de inconstitucionalidad.
Las prisas con que senadores de PRI y PAN aprobaron las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral estuvieron a punto de que no pasaran en la Cámara de Diputados. Al final, en San Lázaro las votaron también, aunque hubo la intención de regresarlas para remitirlas a un periodo extraordinario.
Kikka Roja
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