Gran movimiento social, única vía para evitar la venta de Pemex: investigador
Desmiente especialista de la UAM estimaciones oficiales sobre el valor de los gasoductos
Emir Olivares, Georgina Saldierna y José A. Román
En forma paralela a la discusión que se desarrolla en el Senado de la República sobre la iniciativa energética del presidente Felipe Calderón, en otros ámbitos se organizan foros sobre ese tema. De manera relevante la academia ha organizado foros de discusión y ayer, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el investigador Maximino Ortega aseguró que la única vía para detener la iniciativa calderonista es con un gran movimiento social. A su vez, el diputado federal por el PRD Ramón Félix Pacheco señaló que el plan de acción del Frente Amplio Progresista (FAP) está apenas en marcha, por lo que si PRI y PAN mantienen la postura de aprobar la reforma, existe la disposición de tomar, una vez más, las tribunas del Congreso de la Unión.
Indicó que el planteamiento de Calderón Hinojosa significa “un despojo brutal” a la nación, porque implicaría la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex). También integrante de la Comisión de Energía, señaló que Pemex tiene un superávit primario de 451 mil millones de pesos que alcanzan para la exploración y la edificación de refinerías, e incluso para el pago de los Pidiregas de este año, que por intereses suman 31 mil millones de pesos y 72 mil millones de capital. En tanto, en la Cámara de Diputados el legislador del PRI Jorge Estefan Chiriac informó que la iniciativa enviada ayer por el jefe del Ejecutivo federal acerca del régimen fiscal de Pemex se dictaminará hasta que se conozca el resultado de las otras cinco propuestas enviadas por Los Pinos.
A su vez, Javier González Garza, coordinador de los diputados del PRD, manifestó que como resultado de los debates que iniciaron el martes en el Senado ya puede obtenerse una primera conclusión sobre la propuesta energética de Calderón Hinojosa: es inconstitucional. Consideró que las expresiones del dirigente del PAN, Germán Martínez, contra los “sumos pontífices de los hidrocarburos”, sólo reflejan que aquél llegó a la discusión con los guantes puestos, ante la falta de argumentos. Ayer hablaron también sobre este tema representantes de la Iglesia católica. Los obispos de las diócesis de Celaya, Lázaro Pérez Jiménez, y de Cuernavaca, Florencio Olvera Ochoa, indicaron que en el debate sobre la reforma energética los partidos políticos y los especialistas deben abandonar sus posiciones ideológicas y anteponer los intereses nacionales. Por otra parte, calificaron de positiva la convocatoria del Congreso para el diálogo sobre el tema energético, que es vital para el desarrollo del país. Expresaron su confianza en que los legisladores retomen las propuestas que se presenten en los 70 días de deliberaciones, por el bien del país y de los mexicanos. El obispo Olvera reconoció que el plebiscito es una posibilidad que tampoco debe ser descartada por los legisladores.
En la UAM, el investigador Luis Kato Maldonado hizo hincapié en que si las reformas son aprobadas, la infraestructura petrolera, en especial la red de gasoductos, pasará a manos privadas. Con base en un proyecto de investigación que realizó el año pasado, desmintió las proyecciones de Pemex de que 60 por ciento de los gasoductos tienen un valor igual a cero, ya que esa red vale en la actualidad 20 mil millones de dólares, con vida útil de 45 a 50 años, por lo que los aproximadamente 9 mil kilómetros de ductos “deben ser parte de la estrategia del gobierno para incrementar la presencia de la paraestatal”.
Indicó que el planteamiento de Calderón Hinojosa significa “un despojo brutal” a la nación, porque implicaría la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex). También integrante de la Comisión de Energía, señaló que Pemex tiene un superávit primario de 451 mil millones de pesos que alcanzan para la exploración y la edificación de refinerías, e incluso para el pago de los Pidiregas de este año, que por intereses suman 31 mil millones de pesos y 72 mil millones de capital. En tanto, en la Cámara de Diputados el legislador del PRI Jorge Estefan Chiriac informó que la iniciativa enviada ayer por el jefe del Ejecutivo federal acerca del régimen fiscal de Pemex se dictaminará hasta que se conozca el resultado de las otras cinco propuestas enviadas por Los Pinos.
A su vez, Javier González Garza, coordinador de los diputados del PRD, manifestó que como resultado de los debates que iniciaron el martes en el Senado ya puede obtenerse una primera conclusión sobre la propuesta energética de Calderón Hinojosa: es inconstitucional. Consideró que las expresiones del dirigente del PAN, Germán Martínez, contra los “sumos pontífices de los hidrocarburos”, sólo reflejan que aquél llegó a la discusión con los guantes puestos, ante la falta de argumentos. Ayer hablaron también sobre este tema representantes de la Iglesia católica. Los obispos de las diócesis de Celaya, Lázaro Pérez Jiménez, y de Cuernavaca, Florencio Olvera Ochoa, indicaron que en el debate sobre la reforma energética los partidos políticos y los especialistas deben abandonar sus posiciones ideológicas y anteponer los intereses nacionales. Por otra parte, calificaron de positiva la convocatoria del Congreso para el diálogo sobre el tema energético, que es vital para el desarrollo del país. Expresaron su confianza en que los legisladores retomen las propuestas que se presenten en los 70 días de deliberaciones, por el bien del país y de los mexicanos. El obispo Olvera reconoció que el plebiscito es una posibilidad que tampoco debe ser descartada por los legisladores.
En la UAM, el investigador Luis Kato Maldonado hizo hincapié en que si las reformas son aprobadas, la infraestructura petrolera, en especial la red de gasoductos, pasará a manos privadas. Con base en un proyecto de investigación que realizó el año pasado, desmintió las proyecciones de Pemex de que 60 por ciento de los gasoductos tienen un valor igual a cero, ya que esa red vale en la actualidad 20 mil millones de dólares, con vida útil de 45 a 50 años, por lo que los aproximadamente 9 mil kilómetros de ductos “deben ser parte de la estrategia del gobierno para incrementar la presencia de la paraestatal”.
Kikka Roja
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