La inconstitucionalidad del proyecto petrolero de Calderón ha sido puesto de relieve en dos debates llenos de ironías, indirectas, ataques, arengas, malentendidos y hasta buen humor. Pero el asunto más o menos claro es que existe un área exclusiva de operación del Estado llamado petróleo y que no puede ser reducido al objeto, es decir al petróleo mismo que se encuentra en el subsuelo, sino que es un área de la economía, o sea, la industria petrolera. Claro, esto es así siempre que se admita la vigencia del artículo 25 en relación con el 28 de la Constitución.
El planteamiento privatizador es aparentemente pueril pero, en verdad, por completo interesado. Se dice que el artículo 27 habla sólo de explotación de petróleo y no menciona la refinación, por lo que el gobierno podría contratar a transnacionales para que le refinen el crudo dentro del país. ¿Por qué no se contrata a Pemex? Aquí ya no hay respuesta “jurídica”.
El petróleo es la industria petrolera, como lo dijo Sergio García Ramírez y como la generalidad de los mexicanos lo ha considerado desde antes de la expropiación. El debate sobre la palabra explotación (de petróleo) es por completo falso y, por tanto, el postulado de que el gobierno puede hacer contratos de refinación (“interpretando” la Carta Magna) es tan bueno como un billete de dos pesos.
El área estratégica exclusiva llamada petróleo en la Constitución iba a poder abrirse a inversiones privadas con el proyecto de Miguel de la Madrid (3 de diciembre de 1982), pero la Cámara de Diputados cambió el texto. El entonces Presidente había propuesto: “El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas definidas en esta Constitución. Para un mejor cumplimiento de sus fines, la ley precisará formas de participación social en estas áreas, conservando el Estado en todo tiempo el control sobre su conducción.” La Cámara aprobó otra cosa: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.”
Así, el Legislativo no sólo rechazó la “participación social” (léase bonos en poder de personas con o sin derechos “corporativos”) en los organismos encargados de áreas estratégicas exclusivas sino que, además, agregó que el gobierno federal será el propietario de tales organismos. El plan de De la Madrid era impulsar las privatizaciones. Las empezó a hacer. Salinas, Zedillo y Fox las continuaron, pero el petróleo quedó formalmente cerrado. Ahora, Calderón lo quiere abrir a las inversiones privadas, es decir, proseguir la obra de sus antecesores.
García Ramírez preguntó ayer en el Senado si las privatizaciones han hecho mejor a México, si ahora hay más justicia y riqueza social que antes. Una pregunta del todo pertinente, sobre todo cuando hablamos del producto más caro del mundo.
El planteamiento privatizador es aparentemente pueril pero, en verdad, por completo interesado. Se dice que el artículo 27 habla sólo de explotación de petróleo y no menciona la refinación, por lo que el gobierno podría contratar a transnacionales para que le refinen el crudo dentro del país. ¿Por qué no se contrata a Pemex? Aquí ya no hay respuesta “jurídica”.
El petróleo es la industria petrolera, como lo dijo Sergio García Ramírez y como la generalidad de los mexicanos lo ha considerado desde antes de la expropiación. El debate sobre la palabra explotación (de petróleo) es por completo falso y, por tanto, el postulado de que el gobierno puede hacer contratos de refinación (“interpretando” la Carta Magna) es tan bueno como un billete de dos pesos.
El área estratégica exclusiva llamada petróleo en la Constitución iba a poder abrirse a inversiones privadas con el proyecto de Miguel de la Madrid (3 de diciembre de 1982), pero la Cámara de Diputados cambió el texto. El entonces Presidente había propuesto: “El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas definidas en esta Constitución. Para un mejor cumplimiento de sus fines, la ley precisará formas de participación social en estas áreas, conservando el Estado en todo tiempo el control sobre su conducción.” La Cámara aprobó otra cosa: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.”
Así, el Legislativo no sólo rechazó la “participación social” (léase bonos en poder de personas con o sin derechos “corporativos”) en los organismos encargados de áreas estratégicas exclusivas sino que, además, agregó que el gobierno federal será el propietario de tales organismos. El plan de De la Madrid era impulsar las privatizaciones. Las empezó a hacer. Salinas, Zedillo y Fox las continuaron, pero el petróleo quedó formalmente cerrado. Ahora, Calderón lo quiere abrir a las inversiones privadas, es decir, proseguir la obra de sus antecesores.
García Ramírez preguntó ayer en el Senado si las privatizaciones han hecho mejor a México, si ahora hay más justicia y riqueza social que antes. Una pregunta del todo pertinente, sobre todo cuando hablamos del producto más caro del mundo.
pgomez@milenio.com
Kikka Roja
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