jorge carrasco araizaga
México, D.F. (apro).- La aprobación del Plan Mérida por el Congreso estadunidense resultará en dividendos políticos para el gobierno de Felipe Calderón, pero en importantes costos para el país, sobre todo para las Fuerzas Armadas. Con el paquete de asistencia, que oscilará entre 350 y 400 millones de dólares en equipo y tecnología, regresará la certificación de Washington a la actuación de México en materia de narcotráfico. Desaparecida a principios del sexenio foxista, la revisión del gobierno estadunidense se reeditará con el pretexto de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo de Estados Unidos deberán velar por el respeto de los derechos humanos en México en el combate al narcotráfico. Pero ahora con un componente más delicado. Los principales beneficiados con la entrega de los recursos serán el Ejército y la Marina, lo que significa que los militares mexicanos tendrán que rendir cuentas a Washington de la manera en que utilicen esa ayuda.
El proyecto original negociado entre los gobiernos de George Bush y Calderón consideraba para este año la entrega de ayuda por 500 millones de dólares. El pasado 15 de mayo, la Cámara de Representantes (Cámara de Diputados) aprobó que el paquete fuera de 400 millones, pero el pasado jueves 22 el Senado lo fijó en 350 millones. Ambas Cámaras tendrán que ponerse de acuerdo en los próximos días. Pero en todo caso, de acuerdo con las proyecciones originales, las Fuerzas Armadas mexicanas aparecen como las que se quedarán con la mayor parte de los recursos. Esto significa que el secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván, y el de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza –los principales aliados de Calderón en su estrategia contra el narcotráfico– serán los primeros en rendir cuentas a Estados Unidos.
El plan surgió en enero de 2007 por iniciativa de los congresistas estadunidenses Silvestre Reyes y Henry Cuéllar, y no como propuesta de Calderón Hinojosa a Bush durante su encuentro en Mérida a fines de ese año, como lo promocionó aquí el gobierno mexicano. El proyecto original, el de los congresistas estadunidenses, era mucho más ambicioso que lo que se consiguió ahora, previos recortes en ambas Cámaras. Consideraba recursos anuales por 170 millones de dólares entre 2008 y 2012; es decir, 850 millones en total, y no los mil 400 millones que Bush buscó inicialmente en el Congreso para los próximos tres años. El paquete quedó mucho más disminuido al menos para su primer año, pero en todo caso serán las Fuerzas Armadas las que captarán más recursos. El Ejército recibirá helicópteros, entrenamiento y capacitación para su mantenimiento, escáneres y otros instrumentos de inspección. La Marina, aviones de vigilancia y capacitación.
La PGR, Secretaría de Seguridad Pública federal, Instituto Nacional de Migración, Comunicaciones y Transportes, Hacienda –a través de Aduanas y de la Unidad de Inteligencia Financiera–, Cisen y Salud también tendrán que dar informes a Estados Unidos. Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la llamada sociedad civil están consideradas como receptores de la ayuda.
El principal objetivo estadunidense lo clarificó el presidente del Comité Judicial del Senado, el senador demócrata Patrick Leahy, quien consideró fundamental que la Casa Blanca reporte cada tres meses al Congreso sobre la ayuda. Los reportes, desde luego, se harán con información que proporcione el gobierno de Calderón. Dijo el senador: “Por años hemos entrenado a las fuerzas policiales de México y Centroamérica, y es bien sabido que algunos de ellos han terminado trabajando para los cárteles de la droga”. Además, siguió, “es un hecho que las fuerzas militares y policiales de México y Centroamérica tienen un largo historial de violaciones a los derechos humanos”. Bajo esa perspectiva, que iguala a los militares mexicanos con los centroamericanos, Calderón aceptó colocar a las Fuerzas Armadas bajo la vigilancia estadunidense por una limitada ayuda que no se compara con los millones de dólares que cada año gasta México en seguridad. (23 de mayo de 2008)
El proyecto original negociado entre los gobiernos de George Bush y Calderón consideraba para este año la entrega de ayuda por 500 millones de dólares. El pasado 15 de mayo, la Cámara de Representantes (Cámara de Diputados) aprobó que el paquete fuera de 400 millones, pero el pasado jueves 22 el Senado lo fijó en 350 millones. Ambas Cámaras tendrán que ponerse de acuerdo en los próximos días. Pero en todo caso, de acuerdo con las proyecciones originales, las Fuerzas Armadas mexicanas aparecen como las que se quedarán con la mayor parte de los recursos. Esto significa que el secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván, y el de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza –los principales aliados de Calderón en su estrategia contra el narcotráfico– serán los primeros en rendir cuentas a Estados Unidos.
El plan surgió en enero de 2007 por iniciativa de los congresistas estadunidenses Silvestre Reyes y Henry Cuéllar, y no como propuesta de Calderón Hinojosa a Bush durante su encuentro en Mérida a fines de ese año, como lo promocionó aquí el gobierno mexicano. El proyecto original, el de los congresistas estadunidenses, era mucho más ambicioso que lo que se consiguió ahora, previos recortes en ambas Cámaras. Consideraba recursos anuales por 170 millones de dólares entre 2008 y 2012; es decir, 850 millones en total, y no los mil 400 millones que Bush buscó inicialmente en el Congreso para los próximos tres años. El paquete quedó mucho más disminuido al menos para su primer año, pero en todo caso serán las Fuerzas Armadas las que captarán más recursos. El Ejército recibirá helicópteros, entrenamiento y capacitación para su mantenimiento, escáneres y otros instrumentos de inspección. La Marina, aviones de vigilancia y capacitación.
La PGR, Secretaría de Seguridad Pública federal, Instituto Nacional de Migración, Comunicaciones y Transportes, Hacienda –a través de Aduanas y de la Unidad de Inteligencia Financiera–, Cisen y Salud también tendrán que dar informes a Estados Unidos. Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la llamada sociedad civil están consideradas como receptores de la ayuda.
El principal objetivo estadunidense lo clarificó el presidente del Comité Judicial del Senado, el senador demócrata Patrick Leahy, quien consideró fundamental que la Casa Blanca reporte cada tres meses al Congreso sobre la ayuda. Los reportes, desde luego, se harán con información que proporcione el gobierno de Calderón. Dijo el senador: “Por años hemos entrenado a las fuerzas policiales de México y Centroamérica, y es bien sabido que algunos de ellos han terminado trabajando para los cárteles de la droga”. Además, siguió, “es un hecho que las fuerzas militares y policiales de México y Centroamérica tienen un largo historial de violaciones a los derechos humanos”. Bajo esa perspectiva, que iguala a los militares mexicanos con los centroamericanos, Calderón aceptó colocar a las Fuerzas Armadas bajo la vigilancia estadunidense por una limitada ayuda que no se compara con los millones de dólares que cada año gasta México en seguridad. (23 de mayo de 2008)
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
Kikka Roja
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