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martes, 3 de junio de 2008

Alejandro Encinas Rodríguez: HAMBRUNA: 1 y 2

Hambruna
Alejandro Encinas Rodríguez
20 de mayo de 2008

El incremento en los precios de los alimentos en el mundo ha puesto en evidencia el fracaso de la política agropecuaria instrumentada durante las últimas décadas por los gobiernos neoliberales, y tira por la borda las tesis que implicaron el desmantelamiento productivo del campo mexicano. Con una enorme dosis de dogmatismo y sigilo de grandes negocios, la tecnocracia nacional sostuvo durante años que para mantener tasas bajas de inflación era necesario importar alimentos baratos del exterior; que no importaba incrementar nuestra dependencia alimentaria dada la disponibilidad de productos en el mercado internacional, y que no era rentable mantener una política de estímulos y subsidios en un campo que carecía de niveles de competitividad frente a sus homólogos de América del Norte.

La realidad ha mostrado el equívoco de estas medidas: los alimentos se han incorporado al mercado de futuros y a la especulación internacional; la crisis internacional de alimentos a obligado a los países productores a priorizar su abasto, manteniendo altos niveles de subsidio a sus productores; en tanto que el campo mexicano se encuentra incapaz de responder en el corto plazo para garantizar el abasto de alimentos en el país. Estamos ante un serio problema que va más allá de la especulación de inversionistas que buscan la ganancia rápida, pues como lo ha señalado Jacques Diouf, director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, son diversos los factores que han conducido a esta situación: la caída en la producción debido al cambio climático; niveles de existencias sumamente bajos; un mayor nivel de consumo en economías emergentes, como China e India; altos costos de energía y transporte; y, sobre todo, la demanda cada vez mayor para la producción de biocombustibles.

En ese sentido, la FAO ha insistido en que el aumento mundial de la producción de biocombustibles amenaza el acceso a los productos alimenticios de las poblaciones pobres, ya que su producción se hace en detrimento de los cultivos de plantas comestibles utilizando las reservas de agua, desviando tierras y capitales, lo que origina un aumento en los precios de los alimentos, poniendo en riesgo el acceso a los víveres de los sectores menos favorecidos. Esta situación ha alentado el alza de precios. De acuerdo con datos de la FAO, entre marzo de 2007 y marzo de 2008 el precio del trigo aumentó 130%, la soya 87%, el arroz 74% y el maíz 31%.

El mismo Banco Mundial advirtió que la duplicación en los precios durante los tres últimos años podría hundir más en la miseria a 100 millones de personas, lo que significaría, de acuerdo con la Cepal, que en América Latina más de 84.2 millones de personas vivirán en la indigencia. En México las expectativas no son distintas. Los resultados dados a conocer por INEGI, Conapo y Sedesol en la presentación del estudio Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005 dan cuenta de que uno de cada tres habitantes de estas ciudades vive en situación de pobreza alimentaria y poco más de la mitad vive en pobreza patrimonial.

Es decir, 5 millones de habitantes de las grandes ciudades no gana lo suficiente para pagar su alimento diario, poco más de 10 millones no satisfacen sus necesidades de educación y salud, y poco más de 20 millones no satisfacen sus necesidades de vivienda, transporte y vestido. Situación que se agrava en el medio rural. Esta emergencia reclama una renovación urgente del campo mexicano, lo que implica formular una política de Estado que revitalice al sector agropecuario —en la agricultura comercial y en la de autoconsumo—, que permita garantizar la seguridad alimentaria del país y deje atrás la falsa ilusión de las ventajas comparativas que ha llevado a niveles de riesgo el abasto de alimentos a la población.

aencinas@economia.unam.mx
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM

Hambruna (2)
Alejandro Encinas Rodríguez
3 de junio de 2008

Una de las principales causas de la actual crisis alimentaria es el destino que se ha dado a los alimentos para producir biocombustibles, término que se utiliza para denominar cualquier tipo de combustible que se derive de la biomasa, es decir, de organismos recientemente vivos o de sus desechos metabólicos.

A la par del impulso que ha tomado la producción de biocombustibles, se ha presentado un debate el que sus defensores han insistido en que éstos permitirán mitigar el uso de hidrocarburos y sustituirlos paulatinamente; que se trata de combustibles menos dañinos al ambiente; que si bien pueden generar riesgos, presentan oportunidades de desarrollo en las zonas rurales y fortalecen la seguridad energética para los países y hogares. Lo cierto es que al igual que los hidrocarburos, los biocombustibles, pese a ser una fuente de energía renovable, tienen impactos ambientales negativos, tanto en materia de contaminación atmosférica como en la destrucción de espacios naturales para crear plantaciones, para las que se utilizan grandes cantidades de fertilizante y agua.

Pero el mayor impacto se da en la competencia entre producir alimentos o producir biocombustibles, lo que ha traído consigo desabasto, disminución en las reservas y aumento en los precios de la comida. Por ejemplo, en Argentina destinar la producción de pastos para biocombustibles ha ocasionado el aumento de precios en la carne; en España se incrementó el precio del pan tras el aumento en el precio de la harina, y en México, la compra de maíz para la producción de biocombustibles en Estados Unidos subió el precio de la tortilla. Otro riesgo que se presenta es que la promoción en gran escala de una energía que dependa de monocultivos intensivos puede llevar al dominio de ese sector por unos pocos gigantes de la energía agrícola, mientras los pequeños productores no obtendrían mayor beneficio.

Es el caso, como señala el Grupo ETC en el estudio Ingeniería genética extrema, de las empresas Syngenta, Monsanto, Dupont, Dow, Bayer y Basf, que producen cultivos transgénicos y que cuentan con sembradíos para la producción de etanol y biodiesel, que mantienen convenios comerciales con Cargill, Archer, Daniel Midland y Bunge and Born, transnacionales que dominan el comercio de granos. Al mismo tiempo, la expansión de los monocultivos a gran escala ha llevado a la destrucción de bosques, selvas y vida silvestre; encarece los precios de la tierra y de los alimentos e impacta en las comunidades rurales que son expulsadas de sus tierras para dar lugar a las plantaciones, como ha denunciado en Brasil Amigos de la Tierra. De esta forma, la producción de biocombustibles amenaza la posibilidad de garantizar la alimentación de las personas. Por ejemplo: se requieren 200 kilogramos de maíz para producir 50 litros de etanol y llenar un tanque de automóvil, lo que sería suficiente para alimentar a una persona durante un año. A ello se suma, de acuerdo con el coordinador de la Conabio, José Sarukhán Kérmez, que producir un litro de etanol necesita entre 1.3 y 1.5 litros de gasolina al emplear tractores, fertilizantes y agua, proceso en el que se consumen combustibles fósiles.

Existe además un rendimiento diferenciado en el tipo de cultivos para producir biocombustibles. De acuerdo con el BID, para producir 16 mil 500 millones de litros de etanol al año, Brasil utiliza cerca de 2.7 millones de hectáreas (la mitad de caña de azúcar), que representa 0.5% de su área agrícola cultivada, producción suficiente para reemplazar casi la mitad de la gasolina en ese país. Por su parte, Estados Unidos necesita, para la misma cantidad de etanol, casi 6 millones de hectáreas, que representan 3.5% del área total agrícola y 15% del área cultivada con maíz, con lo que llega a sustituir apenas 2.5% de su consumo de gasolina.

La situación es grave y afecta severamente a la población vulnerable en los países en desarrollo; en nuestro país son ya más de 18 millones los mexicanos que viven en condiciones de pobreza alimentaria. Por ello, como lo ha propuesto el Consejo Económico Mundial de Naciones Unidas, es necesario reconsiderar el desvío de cosechas agrícolas para producir biocombustibles, a fin de no poner en peligro la seguridad alimentaria, pues el aumento en la demanda de biocombustibles produce escasez e incremento en los precios de los alimentos y otros cultivos.

aencinas@economia.unam.mx
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM



Kikka Roja

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