Juventud y desempleo
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de la mitad de los desempleados del país –cifra que asciende a un millón 593 mil personas– está constituida por jóvenes de entre 14 y 29 años. Asimismo, un tercio de la población desocupada tiene estudios de bachillerato o educación superior. A la luz de estos datos, puede obtenerse el perfil general de una franja mayoritaria del desempleo en México: gente joven, en edad productiva y con un nivel de escolaridad por encima de la media nacional.
Lo anterior da cuenta, en primer lugar, de la profunda desatención gubernamental que padecen los jóvenes mexicanos, así como de la falta de compromiso de las autoridades económicas, educativas y laborales para proveer alternativas de futuro y desarrollo atractivas para ese sector de la población. Es evidente también el desplome de dos de las principales ofertas políticas del actual titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, quien en campaña prometió ser el “presidente del empleo” y aseguró que los jóvenes serían una parte troncal de sus programas de gobierno. En particular, el multipublicitado programa de generación del primer empleo, cuyo objetivo es, supuestamente, promover la contratación de jóvenes mediante la entrega de estímulos fiscales a las empresas –la exención de cuotas del Seguro Social, en particular–, ha resultado un rotundo fracaso: al parecer, el programa no resulta atractivo para los empleadores, pues incluso sin la erogación mencionada se mantienen una serie de obligaciones y gastos, como el pago de aguinaldo y vacaciones, que se rehúsan a absorber. Por añadidura, la política fiscal que ha adoptado el gobierno –condescendiente con los capitales financieros y los dueños de las grandes fortunas, agresiva con los pequeños contribuyentes y los sectores productivos– merma la creación de plazas laborales.
La falta de oportunidades para gran parte de la población joven y preparada en México es consistente con el modelo económico impuesto en el país desde hace más de dos décadas. En efecto, la globalización económica neoliberal exige que los llamados países en vías de desarrollo, como el nuestro, funjan como proveedores de mano de obra barata, y para ello resulta prescindible la formación académica. No obstante, la caída de la inversión extranjera en México evidencia que el modelo ha fallado incluso en esa premisa fundamental.
Por lo demás, la circunstancia hace obligatorio preguntarse hacia dónde se canaliza esa vasta porción de la población –mayoritaria en términos demográficos– que no encuentra acomodo ni horizontes de desarrollo personal. Al respecto, las estadísticas ofrecen una respuesta alarmante: las opciones parecen reducirse a la economía informal, donde más de la mitad de los jóvenes obtienen su primer trabajo; la emigración nacional e internacional –más de 200 mil abandonan el país año con año, según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas– y las actividades delictivas –cuatro de cada 10 delincuentes del fuero federal son jóvenes, de acuerdo con el propio Inegi–.
Este desalentador panorama se complementa con la precaria situación que enfrentan muchos de los que logran ingresar al sector formal: raquíticos salarios, condiciones insalubres, jornadas extenuantes y nulos horizontes de superación. Bajo la estructura económica actual, en suma, el trabajo digno y bien remunerado parece ya no ser un derecho y con frecuencia se convierte en un privilegio.
Lo anterior da cuenta, en primer lugar, de la profunda desatención gubernamental que padecen los jóvenes mexicanos, así como de la falta de compromiso de las autoridades económicas, educativas y laborales para proveer alternativas de futuro y desarrollo atractivas para ese sector de la población. Es evidente también el desplome de dos de las principales ofertas políticas del actual titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, quien en campaña prometió ser el “presidente del empleo” y aseguró que los jóvenes serían una parte troncal de sus programas de gobierno. En particular, el multipublicitado programa de generación del primer empleo, cuyo objetivo es, supuestamente, promover la contratación de jóvenes mediante la entrega de estímulos fiscales a las empresas –la exención de cuotas del Seguro Social, en particular–, ha resultado un rotundo fracaso: al parecer, el programa no resulta atractivo para los empleadores, pues incluso sin la erogación mencionada se mantienen una serie de obligaciones y gastos, como el pago de aguinaldo y vacaciones, que se rehúsan a absorber. Por añadidura, la política fiscal que ha adoptado el gobierno –condescendiente con los capitales financieros y los dueños de las grandes fortunas, agresiva con los pequeños contribuyentes y los sectores productivos– merma la creación de plazas laborales.
La falta de oportunidades para gran parte de la población joven y preparada en México es consistente con el modelo económico impuesto en el país desde hace más de dos décadas. En efecto, la globalización económica neoliberal exige que los llamados países en vías de desarrollo, como el nuestro, funjan como proveedores de mano de obra barata, y para ello resulta prescindible la formación académica. No obstante, la caída de la inversión extranjera en México evidencia que el modelo ha fallado incluso en esa premisa fundamental.
Por lo demás, la circunstancia hace obligatorio preguntarse hacia dónde se canaliza esa vasta porción de la población –mayoritaria en términos demográficos– que no encuentra acomodo ni horizontes de desarrollo personal. Al respecto, las estadísticas ofrecen una respuesta alarmante: las opciones parecen reducirse a la economía informal, donde más de la mitad de los jóvenes obtienen su primer trabajo; la emigración nacional e internacional –más de 200 mil abandonan el país año con año, según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas– y las actividades delictivas –cuatro de cada 10 delincuentes del fuero federal son jóvenes, de acuerdo con el propio Inegi–.
Este desalentador panorama se complementa con la precaria situación que enfrentan muchos de los que logran ingresar al sector formal: raquíticos salarios, condiciones insalubres, jornadas extenuantes y nulos horizontes de superación. Bajo la estructura económica actual, en suma, el trabajo digno y bien remunerado parece ya no ser un derecho y con frecuencia se convierte en un privilegio.
Kikka Roja
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