TERRORISMO
PABLO GÓMEZEl acto terrorista de Morelia es algo nuevo en México. Como tal, éste agrega al esquema del narcotráfico un elemento que resulta mucho más difícil de discernir. En realidad, es sorprendente que –si se confirma— el narcotráfico realice en México actos de terrorismo pues de suyo se sabe que es posible comprar a cualquier gobernante o policía pero no a todo un Estado del tamaño del mexicano. Atemorizar a tal Estado con actos de terror, por parte de delincuentes, parece una aspiración igualmente irrealizable. Pero ahí está el atentado del 15 de septiembre.
Esta situación ha dado pie a las especulaciones de costumbre. Se dice que no debe negociarse con los narcotraficantes –se entiende que por parte del Estado mexicano—como si tal cosa fuera posible. Así se hacen las polémicas inútiles. Por otro lado, se habla de unidad nacional como si se tratara de un asunto de seguridad de la nación y no del Estado nacional. No se dice, sin embargo, en qué consiste tal unidad y cómo debe expresarse.
Lo más grave consiste en el torneo de proyectos sobre el tema de la justicia. Parece que los políticos quieren competir en el terreno de la magia del aprendiz: nuevas leyes para combatir un fenómeno que no se entiende bien. Sin embargo, las leyes vigentes no se aplican mientras que la situación lleva a que el gobierno viole garantías y atropelle derechos humanos en aras de combatir a un enemigo que no lo es realmente pues se trata de delincuentes, quienes por más organizados y armados no dejan de buscar dinero y poder que traiga más dinero.
En la competencia política de respuestas sedicentemente preventivas y punitivas contra narcotraficantes y secuestradores, el poder recurre a la violación del Estado de derecho y se logra de tal forma uno de los objetivos de las bandas que se pretenden combatir: que el Estado no respete la ley en calles y carreteras, como no logra aplicarla en la persecución de las actividades de aquellos mismos delincuentes. Es un círculo vicioso: el delito lleva a la violación de la ley por parte de la autoridad mientras los delincuentes profundizan de tal suerte la falta de vigencia práctica de la legislación.
Los hechos terroristas como el de Morelia generan una gran presión social y una brutal urgencia de los órganos del poder para dar respuestas que acrediten el actuar de la autoridad. Pero por lo regular se trata de palos de ciego con tal de satisfacer un reclamo justo.
En la crisis de la clase política mexicana se ubica así un elemento relacionado con el funcionamiento de un Estado débil que ha sido afectado por la delincuencia organizada en un ambiente de sucesivas y sistemáticas violaciones de la ley, tanto por parte de los delincuentes –naturalmente—como de las autoridades encargadas de aplicar las normas vigentes.
Pensar en un Estado fuerte en los días que vivimos tendría que llevar a reformas democráticas muy profundas a través de las cuales la autoridad tenga ligas estrechas con el pueblo y los funcionarios del Estado asuman compromisos y responsabilidades exigibles. Parecería que el tema de la democracia no tiene conexión con la delincuencia organizada, pero qué equivocados están quienes así analizan el problema.
pgomez@milenio.comEsta situación ha dado pie a las especulaciones de costumbre. Se dice que no debe negociarse con los narcotraficantes –se entiende que por parte del Estado mexicano—como si tal cosa fuera posible. Así se hacen las polémicas inútiles. Por otro lado, se habla de unidad nacional como si se tratara de un asunto de seguridad de la nación y no del Estado nacional. No se dice, sin embargo, en qué consiste tal unidad y cómo debe expresarse.
Lo más grave consiste en el torneo de proyectos sobre el tema de la justicia. Parece que los políticos quieren competir en el terreno de la magia del aprendiz: nuevas leyes para combatir un fenómeno que no se entiende bien. Sin embargo, las leyes vigentes no se aplican mientras que la situación lleva a que el gobierno viole garantías y atropelle derechos humanos en aras de combatir a un enemigo que no lo es realmente pues se trata de delincuentes, quienes por más organizados y armados no dejan de buscar dinero y poder que traiga más dinero.
En la competencia política de respuestas sedicentemente preventivas y punitivas contra narcotraficantes y secuestradores, el poder recurre a la violación del Estado de derecho y se logra de tal forma uno de los objetivos de las bandas que se pretenden combatir: que el Estado no respete la ley en calles y carreteras, como no logra aplicarla en la persecución de las actividades de aquellos mismos delincuentes. Es un círculo vicioso: el delito lleva a la violación de la ley por parte de la autoridad mientras los delincuentes profundizan de tal suerte la falta de vigencia práctica de la legislación.
Los hechos terroristas como el de Morelia generan una gran presión social y una brutal urgencia de los órganos del poder para dar respuestas que acrediten el actuar de la autoridad. Pero por lo regular se trata de palos de ciego con tal de satisfacer un reclamo justo.
En la crisis de la clase política mexicana se ubica así un elemento relacionado con el funcionamiento de un Estado débil que ha sido afectado por la delincuencia organizada en un ambiente de sucesivas y sistemáticas violaciones de la ley, tanto por parte de los delincuentes –naturalmente—como de las autoridades encargadas de aplicar las normas vigentes.
Pensar en un Estado fuerte en los días que vivimos tendría que llevar a reformas democráticas muy profundas a través de las cuales la autoridad tenga ligas estrechas con el pueblo y los funcionarios del Estado asuman compromisos y responsabilidades exigibles. Parecería que el tema de la democracia no tiene conexión con la delincuencia organizada, pero qué equivocados están quienes así analizan el problema.
MILLONES DE CHIVOS, QUE RIDICULO.MATAN CIVILES Y LUEGO NOS PEGAN A TODOS, PINCHES PANISTAS.
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