Protestas de jóvenes, división del país
- IGNORAN O LES VALE MADRE QUE SUS VECINOS SE MUERAN O SUFRAN VIOLACION DE SUS DERECHOS HUMANOS, A ESO SE LLAMA "ACOMPLEJADOS" ... COMPLEJO DE INFERIORIDAD AUNQUE LO TENGAN TODO.
Ayer, en el contexto de la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2008, los jóvenes Andrés Leonardo Gómez Emilsson y Marco Virgilio Santiago Jiménez, de 18 y 24 años, respectivamente, fueron retenidos durante casi dos horas por elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP). El primero, ganador del referido galardón, llamó “espurio” al titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, mientras éste daba un discurso; poco después, el otro exclamó: “no hay libertad en este país”. Ambos estudiantes permanecieron incomunicados en oficinas de Palacio Nacional, sin que las autoridades dieran información respecto de su estado. Más tarde, por medio de un comunicado, la Presidencia de la República informó que los jóvenes habían sido trasladados al juzgado cívico 33 “por la probable realización de conductas que son sancionadas penal o administrativamente por la legislación vigente”, y declaró que no levantaría cargos contra ninguno.
Ciertamente, no es la primera ocasión en que algún joven estudiante confronta a los estamentos del poder político nacional: entre los antecedentes de este episodio puede mencionarse el reclamo lanzado por Lucía Morett Álvarez –la mexicana herida durante la incursión del ejército colombiano en Ecuador de marzo pasado– al ex presidente Ernesto Zedillo, durante un acto en Texcoco, por las políticas de contrainsurgencia emprendidas durante su administración; deben recordarse también la protesta protagonizada por un estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, en 2002, quien rompió un reconocimiento en presencia de Marta Sahagún, por el “oportunismo” de la fundación Vamos México; así como la de Carla Solares Romero, estudiante del Tecnológico de Monterrey que en 2005 increpó al presidente Vicente Fox con una cartulina en la que se leía: “se consumó el desafuero, no permitiremos que se consuma la democracia”, en alusión al proceso que enfrentó el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.
En el caso que se comenta, por añadidura, ha quedado en evidencia una reacción por lo menos excesiva e inadecuada del mando castrense a una protesta a todas luces inofensiva de dos jóvenes estudiantes. Al respecto, no puede pasarse por alto el contexto en que estos reclamos tienen lugar: una fractura política que recorre a la sociedad mexicana y que se originó, cabe recordarlo, a finales del foxismo, cuando la camarilla político-empresarial del país se empeñó en impedir por todos los medios –legales e ilegales– el triunfo de un proyecto alternativo de nación; fue agravada con el desaseo del proceso electoral del año antepasado y con la negativa sistemática del grupo que hoy detenta el poder por llevar a cabo un recuento total de los sufragios, lo que derivó en una presidencia impugnada y deficitaria en legitimidad, y se ha profundizado en los últimos meses a raíz de los intentos del actual gobierno por trasladar los sectores más redituables de Petróleos Mexicanos a manos de empresas privadas nacionales y –sobre todo– extranjeras. En ese sentido, el descontento manifestado ayer por ambos jóvenes es reflejo del sentir de un amplio sector de la sociedad ante la percepción de una democracia endeble y ante los estragos de un proyecto político-económico de corte antipopular, que ha generado profundas desigualdades sociales; obstaculiza el mejoramiento en calidad educativa; reduce dramáticamente las perspectivas de empleo y desarrollo profesional y cancela, por tanto, las perspectivas de movilidad social, y en función del cual se pretende, para colmo de males, privar al país de su riqueza más importante: la industria petrolera nacional.
Dado el clima político presente, no pueden descartarse nuevas protestas de este tipo. Es necesario, por tanto, que el actual gobierno atienda tales reclamos de manera adecuada y oportuna, por más incómodos que estos episodios le resulten, y por más que ello implique reconocer la magnitud de una fractura de carácter nacional que, hasta ahora, se ha empeñado en minimizar.
Ciertamente, no es la primera ocasión en que algún joven estudiante confronta a los estamentos del poder político nacional: entre los antecedentes de este episodio puede mencionarse el reclamo lanzado por Lucía Morett Álvarez –la mexicana herida durante la incursión del ejército colombiano en Ecuador de marzo pasado– al ex presidente Ernesto Zedillo, durante un acto en Texcoco, por las políticas de contrainsurgencia emprendidas durante su administración; deben recordarse también la protesta protagonizada por un estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, en 2002, quien rompió un reconocimiento en presencia de Marta Sahagún, por el “oportunismo” de la fundación Vamos México; así como la de Carla Solares Romero, estudiante del Tecnológico de Monterrey que en 2005 increpó al presidente Vicente Fox con una cartulina en la que se leía: “se consumó el desafuero, no permitiremos que se consuma la democracia”, en alusión al proceso que enfrentó el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.
En el caso que se comenta, por añadidura, ha quedado en evidencia una reacción por lo menos excesiva e inadecuada del mando castrense a una protesta a todas luces inofensiva de dos jóvenes estudiantes. Al respecto, no puede pasarse por alto el contexto en que estos reclamos tienen lugar: una fractura política que recorre a la sociedad mexicana y que se originó, cabe recordarlo, a finales del foxismo, cuando la camarilla político-empresarial del país se empeñó en impedir por todos los medios –legales e ilegales– el triunfo de un proyecto alternativo de nación; fue agravada con el desaseo del proceso electoral del año antepasado y con la negativa sistemática del grupo que hoy detenta el poder por llevar a cabo un recuento total de los sufragios, lo que derivó en una presidencia impugnada y deficitaria en legitimidad, y se ha profundizado en los últimos meses a raíz de los intentos del actual gobierno por trasladar los sectores más redituables de Petróleos Mexicanos a manos de empresas privadas nacionales y –sobre todo– extranjeras. En ese sentido, el descontento manifestado ayer por ambos jóvenes es reflejo del sentir de un amplio sector de la sociedad ante la percepción de una democracia endeble y ante los estragos de un proyecto político-económico de corte antipopular, que ha generado profundas desigualdades sociales; obstaculiza el mejoramiento en calidad educativa; reduce dramáticamente las perspectivas de empleo y desarrollo profesional y cancela, por tanto, las perspectivas de movilidad social, y en función del cual se pretende, para colmo de males, privar al país de su riqueza más importante: la industria petrolera nacional.
Dado el clima político presente, no pueden descartarse nuevas protestas de este tipo. Es necesario, por tanto, que el actual gobierno atienda tales reclamos de manera adecuada y oportuna, por más incómodos que estos episodios le resulten, y por más que ello implique reconocer la magnitud de una fractura de carácter nacional que, hasta ahora, se ha empeñado en minimizar.
Kikka Roja
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