Dos Felipes, uno protegido, otro protector
Miguel Ángel Granados Chapa
23 Nov. 08
Echado de la PFP por la comisión de honor y ahora bajo arraigo, Javier Herrera Valles parece sufrir represalias por atreverse a denunciar a García Luna
Felipe es el nombre que como testigo protegido adoptó el ex agente federal mexicano Alberto Pérez Guerrero, detenido en Estados Unidos y que en julio pasado, en declaración rendida en la embajada mexicana en Washington, ofreció la información que dio lugar a la Operación Limpieza, que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, y que ha incluido la detención de altos mandos de esa Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública.
El principal resultado de los informes dados por Felipe -y otros testigos protegidos, Jennifer y David- ha sido la detención de Noé Ramírez Mandujano, que hasta el 31 de julio pasado, y a partir del comienzo de la actual administración, fue subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, cargo en que reemplazó a José Luis Santiago Vasconcelos, muerto en el desplome aéreo del 4 de noviembre.
Ambos subprocuradores (el desaparecido lo era a la sazón de asuntos internacionales) habían causado baja simultáneamente en un movimiento que se explicaba superficialmente como una reestructuración administrativa de la PGR pero que ahora sabemos tenía un trasfondo que apenas se empieza a conocer. Santiago Vasconcelos permaneció fuera del aparato unas semanas hasta que se le asignó una tarea técnica de rango menor y funciones difusas. Ramírez Mandujano, en cambio, fue enviado a Viena, como representante mexicano ante la Oficina de la ONU contra la droga y el delito. A la hora de esa designación ya se sabía que altos mandos de la SIEDO habían sido cooptados por la delincuencia organizada, particularmente la banda de los Beltrán Leyva. Nos preguntamos si la información de los testigos protegidos ya había alcanzado entonces a Ramírez Mandujano, lo que explicaría su despido pero no la misión que se le asignó.
Su jefe durante 19 meses, el procurador Eduardo Medina Mora, describió anteayer, con pormenores, la conducta ilícita de su colaborador más importante en ese periodo. Dijo que Ramírez Mandujano pactó con el Cártel del Pacífico recibir 450 mil dólares cada mes "a cambio de proporcionar información de investigaciones y acciones tendientes a combatir a esa organización criminal". En la segunda reunión que el funcionario ahora caído en desgracia sostuvo con quienes así lo compraban, se hizo acompañar por Miguel Colorado y Fernando Rivera, que lo auxiliarían en su infidencia. Ambos funcionarios de la SIEDO fueron los primeros detenidos a partir del testimonio de Felipe.
Éste, por cierto, después de haber sido agente de la Interpol, pudo con toda sencillez hacerse contratar como agente policiaco al servicio de la embajada de Washington en México, cuya información filtraba también a los Beltrán Leyva, que lo reclutaron después de un breve regateo. Pérez Guerrero (es decir, Felipe) solicitó un pago de 50 mil dólares por mes, que se redujeron a 30 mil. El infidente ahora protegido tenía experiencia en tareas de esa índole, pagaderas en dólares. Según su propio dicho, Mario Arturo Velarde Martínez le entregó hace años 4 mil dólares por informes sobre actividades de Interpol, en que trabajaba entonces Felipe. El solicitante era secretario particular del director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, ahora secretario de Seguridad Pública. Velarde pasó de la AFI a la Policía Federal Preventiva cuando su jefe ascendió a miembro del gabinete. Fue "elemento con mando medio" en la división antidrogas hasta hace un mes en que se le hizo director general adjunto en la sección primera del Estado Mayor de esa corporación policiaca. A pesar de ese ascenso, hace una semana tramitó su baja y no se le ha vuelto a ver.
Escribió, sin embargo, una carta al diario Reforma, para desmentir los señalamientos del testigo protegido: "Es de esperarse que un delincuente como Felipe, que se siente hundido ante la secuela de actos delictivos que ejecutó en perjuicio de la sociedad mexicana, pretenda imputar supuestos actos delictivos para disminuir su condena dentro o fuera del país, a funcionarios rectos y honestos como lo es el suscrito". Quizá porque la PGR no duda que lo sea, no ha iniciado acción alguna en su contra, a diferencia de lo hecho respecto de otros funcionarios del entorno de García Luna, que desde la semana pasada están arraigados. Se trata de Rodolfo de la Guardia, ex director de Despliegue Regional de la AFI y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de la Interpol, detenidos a partir de la información de Felipe.
Otros jefes y miembros de las corporaciones al mando de García Luna se hallan también arraigados. Los agentes de la división antidrogas de la PFP Jorge Cruz, Fidel Hernández y Edgar Bayardo fueron detenidos a raíz de la captura de El Rey Zambada, a quien servían. El propio jefe interino de esa corporación, Gerardo Garay, está bajo arraigo por semejantes razones. Como si no escarmentara, o porque eso busca, García Luna designó en su lugar a Rodrigo Esparza Cristerna, procesado en 1993 cuando era delegado de la PGR en Sinaloa (aunque su caso fue sobreseído por irregularidades formales) por "actuar contra la justicia" a favor de Joaquín Guzmán, El Chapo.
El que García Luna se atreva a dar ese paso muestra el poderío que le otorga la protección presidencial de que disfruta. La reportera Anabel Hernández ha puesto en negro sobre blanco (en su libro Los cómplices del presidente, que está recientemente en circulación) datos de una relación que permite al secretario de Seguridad Pública no inquietarse de las denuncias del Felipe protegido mientras tenga de su parte al Felipe protector.
En víspera de la integración del nuevo gobierno, un grupo de generales en activo se reunió en un elegante restaurante de Polanco con Juan Camilo Mouriño, ya apuntado entonces como el influyente jefe de la Oficina de la Presidencia que sería a partir de unos días más. El propósito de los militares del más alto rango era "desenmascarar al entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna", al que temían se designara director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). "Les preocupaba... la vertiente relacionada con la protección a secuestradores, pero mucho más la relacionada con la protección al cártel de Sinaloa. Para el delicado encuentro que iban a sostener con Mouriño iban bien pertrechados. Las áreas de inteligencia militar habían hecho su trabajo. Se afirma que le presentaron a Juan Camilo una serie de fotografías en las que aparecía el equipo cercano a García Luna -el que hoy controla a la Secretaría de Seguridad Pública- acompañado de narcotraficantes del cártel de Sinaloa, entre ellos los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva.
"También le habrían presentado la transcripción de llamadas telefónicas entre el grupo de García Luna y narcotraficantes mientras pactaban y cobraban. Su petición era que esa información llegara a manos del (próximo) presidente de la República. Los generales querían prevenir a Calderón...".
La advertencia fue desoída, a pesar de lo cual fue reiterada más tarde nada menos que por el propio general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, quien habría dicho tener más "información sobre el involucramiento de Genaro García Luna con el crimen organizado". Se lo habría comunicado a José Antonio Ortega, el abogado ultraderechista que representa los intereses y las posiciones del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y al cardenal arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval. Merced a su vínculo con el Episcopado, Ortega pudo añadir a la reportera Hernández que el presidente de la Conferencia episcopal, "don Carlos Aguiar... le había denunciado (al Presidente) las corruptelas de García Luna, no me dijo cuáles, y que tuvo que pagar un costo político por su denuncia".
Se sabía ya que Calderón ha sido impermeable a estas revelaciones, y que protegía a García Luna. Se lo dijo en marzo el subprocurador Juan de Dios Castro a un comandante de la PFP, Javier Herrera Valles, cuando quiso disuadirlo de presentar ante el Presidente una denuncia sobre su colaborador. Ahora Herrera Valles está arraigado, en lo que parece una represalia por su denuncia, y después de haber sido echado de la PFP por la comisión de honor encabezada por Garay, ahora arraigado también, y en que participó Luis Cárdenas Palomino, amigo de García Luna.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
kikka-roja.blogspot.com/
Felipe es el nombre que como testigo protegido adoptó el ex agente federal mexicano Alberto Pérez Guerrero, detenido en Estados Unidos y que en julio pasado, en declaración rendida en la embajada mexicana en Washington, ofreció la información que dio lugar a la Operación Limpieza, que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, y que ha incluido la detención de altos mandos de esa Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública.
El principal resultado de los informes dados por Felipe -y otros testigos protegidos, Jennifer y David- ha sido la detención de Noé Ramírez Mandujano, que hasta el 31 de julio pasado, y a partir del comienzo de la actual administración, fue subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, cargo en que reemplazó a José Luis Santiago Vasconcelos, muerto en el desplome aéreo del 4 de noviembre.
Ambos subprocuradores (el desaparecido lo era a la sazón de asuntos internacionales) habían causado baja simultáneamente en un movimiento que se explicaba superficialmente como una reestructuración administrativa de la PGR pero que ahora sabemos tenía un trasfondo que apenas se empieza a conocer. Santiago Vasconcelos permaneció fuera del aparato unas semanas hasta que se le asignó una tarea técnica de rango menor y funciones difusas. Ramírez Mandujano, en cambio, fue enviado a Viena, como representante mexicano ante la Oficina de la ONU contra la droga y el delito. A la hora de esa designación ya se sabía que altos mandos de la SIEDO habían sido cooptados por la delincuencia organizada, particularmente la banda de los Beltrán Leyva. Nos preguntamos si la información de los testigos protegidos ya había alcanzado entonces a Ramírez Mandujano, lo que explicaría su despido pero no la misión que se le asignó.
Su jefe durante 19 meses, el procurador Eduardo Medina Mora, describió anteayer, con pormenores, la conducta ilícita de su colaborador más importante en ese periodo. Dijo que Ramírez Mandujano pactó con el Cártel del Pacífico recibir 450 mil dólares cada mes "a cambio de proporcionar información de investigaciones y acciones tendientes a combatir a esa organización criminal". En la segunda reunión que el funcionario ahora caído en desgracia sostuvo con quienes así lo compraban, se hizo acompañar por Miguel Colorado y Fernando Rivera, que lo auxiliarían en su infidencia. Ambos funcionarios de la SIEDO fueron los primeros detenidos a partir del testimonio de Felipe.
Éste, por cierto, después de haber sido agente de la Interpol, pudo con toda sencillez hacerse contratar como agente policiaco al servicio de la embajada de Washington en México, cuya información filtraba también a los Beltrán Leyva, que lo reclutaron después de un breve regateo. Pérez Guerrero (es decir, Felipe) solicitó un pago de 50 mil dólares por mes, que se redujeron a 30 mil. El infidente ahora protegido tenía experiencia en tareas de esa índole, pagaderas en dólares. Según su propio dicho, Mario Arturo Velarde Martínez le entregó hace años 4 mil dólares por informes sobre actividades de Interpol, en que trabajaba entonces Felipe. El solicitante era secretario particular del director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, ahora secretario de Seguridad Pública. Velarde pasó de la AFI a la Policía Federal Preventiva cuando su jefe ascendió a miembro del gabinete. Fue "elemento con mando medio" en la división antidrogas hasta hace un mes en que se le hizo director general adjunto en la sección primera del Estado Mayor de esa corporación policiaca. A pesar de ese ascenso, hace una semana tramitó su baja y no se le ha vuelto a ver.
Escribió, sin embargo, una carta al diario Reforma, para desmentir los señalamientos del testigo protegido: "Es de esperarse que un delincuente como Felipe, que se siente hundido ante la secuela de actos delictivos que ejecutó en perjuicio de la sociedad mexicana, pretenda imputar supuestos actos delictivos para disminuir su condena dentro o fuera del país, a funcionarios rectos y honestos como lo es el suscrito". Quizá porque la PGR no duda que lo sea, no ha iniciado acción alguna en su contra, a diferencia de lo hecho respecto de otros funcionarios del entorno de García Luna, que desde la semana pasada están arraigados. Se trata de Rodolfo de la Guardia, ex director de Despliegue Regional de la AFI y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de la Interpol, detenidos a partir de la información de Felipe.
Otros jefes y miembros de las corporaciones al mando de García Luna se hallan también arraigados. Los agentes de la división antidrogas de la PFP Jorge Cruz, Fidel Hernández y Edgar Bayardo fueron detenidos a raíz de la captura de El Rey Zambada, a quien servían. El propio jefe interino de esa corporación, Gerardo Garay, está bajo arraigo por semejantes razones. Como si no escarmentara, o porque eso busca, García Luna designó en su lugar a Rodrigo Esparza Cristerna, procesado en 1993 cuando era delegado de la PGR en Sinaloa (aunque su caso fue sobreseído por irregularidades formales) por "actuar contra la justicia" a favor de Joaquín Guzmán, El Chapo.
El que García Luna se atreva a dar ese paso muestra el poderío que le otorga la protección presidencial de que disfruta. La reportera Anabel Hernández ha puesto en negro sobre blanco (en su libro Los cómplices del presidente, que está recientemente en circulación) datos de una relación que permite al secretario de Seguridad Pública no inquietarse de las denuncias del Felipe protegido mientras tenga de su parte al Felipe protector.
En víspera de la integración del nuevo gobierno, un grupo de generales en activo se reunió en un elegante restaurante de Polanco con Juan Camilo Mouriño, ya apuntado entonces como el influyente jefe de la Oficina de la Presidencia que sería a partir de unos días más. El propósito de los militares del más alto rango era "desenmascarar al entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna", al que temían se designara director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). "Les preocupaba... la vertiente relacionada con la protección a secuestradores, pero mucho más la relacionada con la protección al cártel de Sinaloa. Para el delicado encuentro que iban a sostener con Mouriño iban bien pertrechados. Las áreas de inteligencia militar habían hecho su trabajo. Se afirma que le presentaron a Juan Camilo una serie de fotografías en las que aparecía el equipo cercano a García Luna -el que hoy controla a la Secretaría de Seguridad Pública- acompañado de narcotraficantes del cártel de Sinaloa, entre ellos los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva.
"También le habrían presentado la transcripción de llamadas telefónicas entre el grupo de García Luna y narcotraficantes mientras pactaban y cobraban. Su petición era que esa información llegara a manos del (próximo) presidente de la República. Los generales querían prevenir a Calderón...".
La advertencia fue desoída, a pesar de lo cual fue reiterada más tarde nada menos que por el propio general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, quien habría dicho tener más "información sobre el involucramiento de Genaro García Luna con el crimen organizado". Se lo habría comunicado a José Antonio Ortega, el abogado ultraderechista que representa los intereses y las posiciones del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y al cardenal arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval. Merced a su vínculo con el Episcopado, Ortega pudo añadir a la reportera Hernández que el presidente de la Conferencia episcopal, "don Carlos Aguiar... le había denunciado (al Presidente) las corruptelas de García Luna, no me dijo cuáles, y que tuvo que pagar un costo político por su denuncia".
Se sabía ya que Calderón ha sido impermeable a estas revelaciones, y que protegía a García Luna. Se lo dijo en marzo el subprocurador Juan de Dios Castro a un comandante de la PFP, Javier Herrera Valles, cuando quiso disuadirlo de presentar ante el Presidente una denuncia sobre su colaborador. Ahora Herrera Valles está arraigado, en lo que parece una represalia por su denuncia, y después de haber sido echado de la PFP por la comisión de honor encabezada por Garay, ahora arraigado también, y en que participó Luis Cárdenas Palomino, amigo de García Luna.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
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