Economía popular indefensa
Por si hicieran falta signos de la difícil situación que millones de mexicanos enfrentan y habrán de epadecer en los próximos meses, ayer el Banco de México (BdeM) informó que la inflación en el país, medida a tasa anual, creció 5.78 por ciento en octubre, el nivel más alto de ese indicador en los últimos siete años. Tal incremento, sin embargo, y a pesar de que de suyo constituye un factor preocupante si se toma en cuenta que los salarios en el mismo periodo sólo aumentaron 4.5 por ciento, no deja de ser un dato cosmético: a fin de cuentas, algunos de los productos alimenticios básicos han acusado, en los últimos 12 meses, alzas que superan el 100 por ciento, y este escenario de carestía, ofensivo para la economía popular en general, castiga particularmente a los sectores más pobres de la población, que son los que destinan mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos.
La circunstancia descrita tiene un telón de fondo que orilla al desaliento: a tono con el panorama internacional, las expectativas de desarrollo de la economía nacional se han constreñido a niveles ínfimos –el BdeM y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coinciden en que el producto interno bruto crecerá alrededor de 1.7 por ciento en el tercer trimestre de este año, la cifra más baja desde 2003, y esa tendencia se mantendrá para el año entrante–; en tanto, la tasa de desempleo en el país se ubicó en septiembre en su nivel más alto de los últimos cuatro años (4.25 por ciento), y se prevé que el flujo de remesas –que constituyen, según lo señalado en la Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, un paliativo para la pobreza alimentaria– continúe descendiendo como consecuencia de la constricción en la economía de Estados Unidos.
El gobierno federal, de manera incomprensible y como si no fuera consciente de la realidad nacional, se mantiene empecinado en la aplicación de medidas que, en la circunstancia actual, tienden a agravar la de por sí apremiante situación de una buena porción de la sociedad mexicana. Es significativa, al respecto, la entrada en vigor, para hoy, del vigésimo sexto gasolinazo del año, así como los constantes aumentos denunciados por miles de usuarios en sus tarifas de electricidad –de los cuales se dio cuenta el pasado martes en estas páginas–, que llegan a rondar el 200 por ciento, como resultado de la política gubernamental de retiro de los subsidios para los consumidores domésticos.
Por lo demás, la industria petrolera nacional, que supuestamente debiera fungir como la palanca del desarrollo del país, atraviesa por una situación complicada dados los bajos niveles en los precios internacionales del crudo: la mezcla mexicana cerró ayer a 44.13 dólares por barril, cifra muy por debajo de la prevista en el presupuesto para el año entrante. Adicionalmente, no acaba de dispersarse el riesgo de la privatización de Petróleos Mexicanos: ésta pudiera presentarse ahora bajo el signo de la asignación de áreas o bloques exclusivos a empresas trasnacionales y ante la renuencia de las instancias legislativas de incorporar una prohibición expresa en ese sentido, como lo demanda el Movimiento Ciudadano en Defensa del Petróleo.
La acuciante indefensión que hoy enfrenta la economía popular requeriría de medidas inmediatas orientadas a garantizar el acceso de la población a la alimentación, a la salud y a una vida digna. Para ello sería necesario, por ejemplo, reformular una política salarial sobre la base del precio de la canasta básica, reactivar mecanismos de bienestar social que ayuden a paliar los efectos de la crisis, redirigir el gasto público hacia la construcción de infraestructura y la creación de empleos, y poner en marcha los motores de la economía y el mercado internos. Pero la insistencia de las recientes administraciones en mantener una política económica de corte impopular, la reducción sostenida del Estado tanto en tamaño como en facultades y la fe ciega en un modelo económico que ha demostrado su inviabilidad, provocan que, al día de hoy, amplias franjas de la sociedad se encuentren sumidas en la incertidumbre, la zozobra y la pobreza.
La circunstancia descrita tiene un telón de fondo que orilla al desaliento: a tono con el panorama internacional, las expectativas de desarrollo de la economía nacional se han constreñido a niveles ínfimos –el BdeM y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coinciden en que el producto interno bruto crecerá alrededor de 1.7 por ciento en el tercer trimestre de este año, la cifra más baja desde 2003, y esa tendencia se mantendrá para el año entrante–; en tanto, la tasa de desempleo en el país se ubicó en septiembre en su nivel más alto de los últimos cuatro años (4.25 por ciento), y se prevé que el flujo de remesas –que constituyen, según lo señalado en la Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, un paliativo para la pobreza alimentaria– continúe descendiendo como consecuencia de la constricción en la economía de Estados Unidos.
El gobierno federal, de manera incomprensible y como si no fuera consciente de la realidad nacional, se mantiene empecinado en la aplicación de medidas que, en la circunstancia actual, tienden a agravar la de por sí apremiante situación de una buena porción de la sociedad mexicana. Es significativa, al respecto, la entrada en vigor, para hoy, del vigésimo sexto gasolinazo del año, así como los constantes aumentos denunciados por miles de usuarios en sus tarifas de electricidad –de los cuales se dio cuenta el pasado martes en estas páginas–, que llegan a rondar el 200 por ciento, como resultado de la política gubernamental de retiro de los subsidios para los consumidores domésticos.
Por lo demás, la industria petrolera nacional, que supuestamente debiera fungir como la palanca del desarrollo del país, atraviesa por una situación complicada dados los bajos niveles en los precios internacionales del crudo: la mezcla mexicana cerró ayer a 44.13 dólares por barril, cifra muy por debajo de la prevista en el presupuesto para el año entrante. Adicionalmente, no acaba de dispersarse el riesgo de la privatización de Petróleos Mexicanos: ésta pudiera presentarse ahora bajo el signo de la asignación de áreas o bloques exclusivos a empresas trasnacionales y ante la renuencia de las instancias legislativas de incorporar una prohibición expresa en ese sentido, como lo demanda el Movimiento Ciudadano en Defensa del Petróleo.
La acuciante indefensión que hoy enfrenta la economía popular requeriría de medidas inmediatas orientadas a garantizar el acceso de la población a la alimentación, a la salud y a una vida digna. Para ello sería necesario, por ejemplo, reformular una política salarial sobre la base del precio de la canasta básica, reactivar mecanismos de bienestar social que ayuden a paliar los efectos de la crisis, redirigir el gasto público hacia la construcción de infraestructura y la creación de empleos, y poner en marcha los motores de la economía y el mercado internos. Pero la insistencia de las recientes administraciones en mantener una política económica de corte impopular, la reducción sostenida del Estado tanto en tamaño como en facultades y la fe ciega en un modelo económico que ha demostrado su inviabilidad, provocan que, al día de hoy, amplias franjas de la sociedad se encuentren sumidas en la incertidumbre, la zozobra y la pobreza.
Kikka Roja
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