La confesión de Kessel
Ayer, en el contexto del foro empresarial México, cumbre de negocios, que se realiza en Monterrey, Nuevo León, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Georgina Kessel, dijo: “Alrededor de 70 por ciento de las actividades de Pemex (Petróleos Mexicanos) en exploración y producción ya las realizan otras empresas”. Tal aserto representa una confesión de ilegalidad, un reconocimiento de que la reforma petrolera recientemente aprobada, y aún no promulgada, simplemente busca regularizar una práctica ilícita, y una admisión de que el laberíntico proceso que condujo a su aprobación ha sido una simulación y una impostura del gobierno federal y de sus aliados en el Congreso.
Es necesario recordar que la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, aún vigente, afirma que “sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera (la cual) abarca (entre otras cosas) la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación”. Es decir, el gobierno actual y los precedentes han venido violando en forma deliberada y reiterada la Carta Magna y la ley reglamentaria –lo que conlleva una gravísima responsabilidad política–, y las reformas referidas han sido una mera forma de dar cobertura legal a una situación de facto a todas luces ilícita.
Por añadidura, la funcionaria dijo que las modificaciones pactadas por Los Pinos con las bancadas de Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y un sector del Partido de la Revolución Democrática “tienen los mismos objetivos” que la iniciativa abiertamente privatizadora que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, envió al Senado el 8 de abril. La pregunta obligada es, entonces, para qué se incluyeron en esas propuestas párrafos e incisos que entregaban segmentos enteros de la industria petrolera a consorcios particulares, a sabiendas de que habrían de enfrentar una fuerte oposición política, social y técnica, y por qué no se optó desde un principio por enviar una versión menos impresentable, como la que finalmente se aprobó. Sea cual fuere la respuesta, queda en el aire, tras las declaraciones de la titular de la Sener, una sensación de trampa, de simulación, de tomadura de pelo, como lo fue, desde un principio, el aserto gubernamental de que las iniciativas inicialmente ensayadas “no eran privatizadoras”.
Cabe preguntarse, por lo demás, qué explicación darán a sus bases y a sus electores los dirigentes y legisladores perredistas –Guadalupe Acosta Naranjo, Graco Ramírez, Carlos Navarrete y otros– que se sumaron con entusiasmo y “orgullo” a una maniobra que, ahora es meridianamente claro, apuntaba a legalizar una privatización que ya se venía dando en los hechos.
En cualquier forma, la escandalosa declaración de Kessel plantea una disyuntiva ineludible: o se emprende de inmediato un esclarecimiento de la sostenida ilegalidad en la que ha venido operando la industria petrolera (cuando menos, 70 por ciento de ella), o se concede la existencia de un poder público cínico, que sólo se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en las ceremonias de toma de protesta.
Es necesario recordar que la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, aún vigente, afirma que “sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera (la cual) abarca (entre otras cosas) la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación”. Es decir, el gobierno actual y los precedentes han venido violando en forma deliberada y reiterada la Carta Magna y la ley reglamentaria –lo que conlleva una gravísima responsabilidad política–, y las reformas referidas han sido una mera forma de dar cobertura legal a una situación de facto a todas luces ilícita.
Por añadidura, la funcionaria dijo que las modificaciones pactadas por Los Pinos con las bancadas de Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y un sector del Partido de la Revolución Democrática “tienen los mismos objetivos” que la iniciativa abiertamente privatizadora que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, envió al Senado el 8 de abril. La pregunta obligada es, entonces, para qué se incluyeron en esas propuestas párrafos e incisos que entregaban segmentos enteros de la industria petrolera a consorcios particulares, a sabiendas de que habrían de enfrentar una fuerte oposición política, social y técnica, y por qué no se optó desde un principio por enviar una versión menos impresentable, como la que finalmente se aprobó. Sea cual fuere la respuesta, queda en el aire, tras las declaraciones de la titular de la Sener, una sensación de trampa, de simulación, de tomadura de pelo, como lo fue, desde un principio, el aserto gubernamental de que las iniciativas inicialmente ensayadas “no eran privatizadoras”.
Cabe preguntarse, por lo demás, qué explicación darán a sus bases y a sus electores los dirigentes y legisladores perredistas –Guadalupe Acosta Naranjo, Graco Ramírez, Carlos Navarrete y otros– que se sumaron con entusiasmo y “orgullo” a una maniobra que, ahora es meridianamente claro, apuntaba a legalizar una privatización que ya se venía dando en los hechos.
En cualquier forma, la escandalosa declaración de Kessel plantea una disyuntiva ineludible: o se emprende de inmediato un esclarecimiento de la sostenida ilegalidad en la que ha venido operando la industria petrolera (cuando menos, 70 por ciento de ella), o se concede la existencia de un poder público cínico, que sólo se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en las ceremonias de toma de protesta.
- Los nuevos contratos permiten hacer pagos adicionales y en efectivo, aclara Kessel
- En manos privadas, 70% de la exploración y producción de crudo
- La reforma aprobada hace posible garantizar la seguridad energética y el abasto, afirma
- No se concederá propiedad sobre hidrocarburos ni utilidades compartidas a contratistas
Ampliar la imagen Miguel Alemán y la secretaria de Energía, Georgina Kessel, ante los participantes en la Cumbre de Negocios que se celebra en Monterrey Foto: La Jornada
Monterrey, NL, 10 de noviembre. Empresas privadas realizan 70 por ciento de las actividades que constitucionalmente son responsabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) en las áreas de exploración y producción, reveló este lunes la secretaria de Energía, Georgina Kessel. En un foro empresarial la funcionaria anticipó que los contratos que firmará el gobierno federal con compañías privadas, al amparo de la reforma aprobada el mes pasado por todos los partidos políticos representados en las dos cámaras del Congreso, incluirán la posibilidad de “hacer un pago adicional” al contratista privado, en función del éxito del proyecto.
Petróleos Mexicanos, añadió Kessel, contratará en mejores condiciones servicios que hoy ya son prestados por empresas particulares, pero aseguró que las firmas recibirán sólo remuneraciones en efectivo acordes con los estándares de la industria en el mundo. Oradora en la Cumbre de Negocios organizada por el ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, la funcionaria federal sostuvo que la reforma aprobada por el Congreso hace posible garantizar la seguridad energética y el abasto de combustible a mediano plazo, además de que permitirá elevar la producción a 3 millones de barriles diarios de crudo, unos 300 mil barriles más que el ritmo actual. Después de la reforma aprobada el mes pasado en el Congreso, se creará un régimen especial de contrataciones para la industria petrolera, afirmó Kessel. Sostuvo que el paquete de leyes votado por diputados y senadores tiene los mismos objetivos que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal en abril. La reforma aprobada para Pemex, aseguró, crea un sistema de licitaciones públicas, por regla general por medio de contratos, con flexbilidad para modificar los proyectos, lo que va a permitir, según su criterio, “adquirir nueva tecnología o incorporar tecnología que resulte viable”.
Se refirió también a los incentivos que recibirán las compañías privadas que acepten realizar obras para Pemex y que, según lo declarado por los legisladores que votaron las iniciativas, no recibirán participación alguna de la producción de crudo.
Kessel aseguró que los contratos –cuyas versiones todavía no se hacen públicas– establecen para las empresas una remuneración siempre en efectivo y de acuerdo con prácticas internacionales; en las cláusulas se establece la posibilidad de penalizar al contratista por incumplimiento, y también se deja abierta la probabilidad de que Pemex realice pagos adicionales, también en efectivo, en función del éxito del proyecto y del desempeño del contratista. “Esto es importante, porque si se nos entrega un pozo produciendo con anticipación, Pemex se beneficia, y para incentivar que el contratista entregue con anticipación, también se podrá beneficiar de esa mayor productividad del pozo por entrar en operación antes de tiempo”, afirmó. Los esquemas de contratación también establecen que las remuneraciones sean siempre en efectivo; que no se conceda propiedad sobre los hidrocarburos; que no se suscriban contratos de producción ni haya esquemas de utilidades compartidas.
Tampoco el contratista tendrá derecho de preferencia para la adquisición de petróleo y derivados. “El control de la actividad se mantiene en manos del Estado en todas las actividades, bajo el nuevo sistema de contratación”, aseveró. El sistema de contratación derivado de la reforma aprobada el mes pasado permite ampliar la capacidad de operación de Pemex a través de la contratación de servicios, manifestó. Los mecanismos derivados de los cambios que realizó el Congreso harán posible ordenar una práctica de contratación “que ya se realiza hoy: alrededor de 70 por ciento de las actividades de Pemex en exploración y producción ya la realizan otras empresas, pero con un esquema extremadamente rígido que no permite, como sí lo hace la reforma, obtener bienes y servicios para Pemex”.
Petróleos Mexicanos, añadió Kessel, contratará en mejores condiciones servicios que hoy ya son prestados por empresas particulares, pero aseguró que las firmas recibirán sólo remuneraciones en efectivo acordes con los estándares de la industria en el mundo. Oradora en la Cumbre de Negocios organizada por el ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, la funcionaria federal sostuvo que la reforma aprobada por el Congreso hace posible garantizar la seguridad energética y el abasto de combustible a mediano plazo, además de que permitirá elevar la producción a 3 millones de barriles diarios de crudo, unos 300 mil barriles más que el ritmo actual. Después de la reforma aprobada el mes pasado en el Congreso, se creará un régimen especial de contrataciones para la industria petrolera, afirmó Kessel. Sostuvo que el paquete de leyes votado por diputados y senadores tiene los mismos objetivos que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal en abril. La reforma aprobada para Pemex, aseguró, crea un sistema de licitaciones públicas, por regla general por medio de contratos, con flexbilidad para modificar los proyectos, lo que va a permitir, según su criterio, “adquirir nueva tecnología o incorporar tecnología que resulte viable”.
Se refirió también a los incentivos que recibirán las compañías privadas que acepten realizar obras para Pemex y que, según lo declarado por los legisladores que votaron las iniciativas, no recibirán participación alguna de la producción de crudo.
Kessel aseguró que los contratos –cuyas versiones todavía no se hacen públicas– establecen para las empresas una remuneración siempre en efectivo y de acuerdo con prácticas internacionales; en las cláusulas se establece la posibilidad de penalizar al contratista por incumplimiento, y también se deja abierta la probabilidad de que Pemex realice pagos adicionales, también en efectivo, en función del éxito del proyecto y del desempeño del contratista. “Esto es importante, porque si se nos entrega un pozo produciendo con anticipación, Pemex se beneficia, y para incentivar que el contratista entregue con anticipación, también se podrá beneficiar de esa mayor productividad del pozo por entrar en operación antes de tiempo”, afirmó. Los esquemas de contratación también establecen que las remuneraciones sean siempre en efectivo; que no se conceda propiedad sobre los hidrocarburos; que no se suscriban contratos de producción ni haya esquemas de utilidades compartidas.
Tampoco el contratista tendrá derecho de preferencia para la adquisición de petróleo y derivados. “El control de la actividad se mantiene en manos del Estado en todas las actividades, bajo el nuevo sistema de contratación”, aseveró. El sistema de contratación derivado de la reforma aprobada el mes pasado permite ampliar la capacidad de operación de Pemex a través de la contratación de servicios, manifestó. Los mecanismos derivados de los cambios que realizó el Congreso harán posible ordenar una práctica de contratación “que ya se realiza hoy: alrededor de 70 por ciento de las actividades de Pemex en exploración y producción ya la realizan otras empresas, pero con un esquema extremadamente rígido que no permite, como sí lo hace la reforma, obtener bienes y servicios para Pemex”.
Kikka Roja
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