Se tambalea el caso contra Noé Ramírez, consideran en SIEDO
Gustavo Castillo García
Aparecen anomalías en la Operación Limpieza. En las últimas semanas han surgido datos contradictorios sobre las fechas y los detalles de los supuestos implicados con el cártel de Sinaloa que ponen en riesgo la investigación contra el ex fiscal anticrimen Noé Ramírez Mandujano, revelaron funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
De acuerdo con la información obtenida, entre las inconsistencias de la investigación resalta que a Ramírez Mandujano se le vincula con el crimen organizado desde 2007, y a Fernando Rivera Hernández, ex director general adjunto de inteligencia en la coordinación técnica de la SIEDO; a Miguel Ángel Colorado González, coordinador general técnico de esa subprocuraduría, así como a los agentes federales de investigación Jorge Alberto Zavala, Antonio Mejía Robles y Francisco Javier Jiménez Sánchez (prófugo) se les imputa proporcionar información al grupo de los hermanos Beltrán Leyva desde 2004.
En tanto, Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó el 27 de octubre en conferencia de prensa, primero, que Rivera Hernández “al menos en el último año y medio (es decir desde abril de 2007), como se ha podido acreditar conforme a investigaciones” proporcionó dicha información.
“Se tiene conocimiento de que (…) Colorado González también proporcionó información ministerial de las investigaciones ordenadas por el fiscal de la SIEDO” desde la misma fecha, abundó.
Mientras, Marisela Morales, actual titular de la SIEDO, refirió en esa misma conferencia que en esa subprocuraduría “se iniciaron investigaciones a partir de operativos frustrados y de una declaración formal (de un testigo protegido del gobierno de Estados Unidos) en la que se manifestó que en la SIEDO había servidores públicos que entregaban información desde 2004 al cártel de Sinaloa”.
En el mismo acto, el procurador aseguró: “la red ha sido desarticulada; desde luego, seguimos trabajando en la profundización de la investigación (...) para determinar si hay otros servidores públicos involucrados en conductas de esa naturaleza y no hemos, obviamente, cerrado la investigación correspondiente”.
Más detenciones
Pero la “red”, como el funcionario la llamó, no estaba desarticulada; las declaraciones de los testigos protegidos, que ya suman seis, la mayor parte ex agentes federales, llevaron a la detención y posterior arraigo de dos ex directores de Interpol, Rodolfo de la Guardia García y Ricardo Gutiérrez Vargas, a quienes se sindica de proporcionar dicha información desde 2004.
En el caso de Ramírez Mandujano, el pasado 21 de noviembre se dio a conocer su detención y posterior arraigo.
De acuerdo con las versiones obtenidas, el ex subprocurador habría sido sacado de una reunión de agregados de la PGR y llevado a la oficina de Medina Mora, para informarle que era investigado por la SIEDO.
Ramírez Mandujano desayunó el 19 de noviembre en un restaurante de la Zona Rosa y, según algunas personas que lo vieron, se comprometió a sostener una reunión horas más tarde; sin embargo, ese día partió de la oficina de Medina Mora escoltado por agentes federales directo a la SIEDO para declarar y ya no salir.
Según las fuentes consultadas, la defensa de Ramírez Mandujano ha aportado información al Ministerio Público Federal que desacredita que se pudiera haber encontrado con miembros del cártel de Sinaloa en las fechas que declaró el testigo protegido para acordar que recibiría 450 mil dólares mensuales a cambio de protección.
Asimismo, a pesar de las declaraciones de Medina Mora de que “la investigación que realizó el Ministerio Público Federal y que permitió detectar precisamente estas infiltraciones, estas malas conductas apartadas de la normatividad por parte de ministerios públicos, de fiscales, de agentes federales de investigación y de personal de apoyo”, en calidad de agente del Ministerio Público y mando de la SIEDO, únicamente se tiene sujeto a investigación a Ramírez Mandujano.
Las fuentes también mencionaron que el despido de 35 agentes del Ministerio Público ocurrió no por la llamada Operación Limpieza, sino como parte de la restructuración que en la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud se propuso que encabezara Marisela Morales, actual titular de la SIEDO, tras descubrir el gobierno de Estados Unidos que la subprocuraduría había sido infiltrada por el narcotráfico.
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De acuerdo con la información obtenida, entre las inconsistencias de la investigación resalta que a Ramírez Mandujano se le vincula con el crimen organizado desde 2007, y a Fernando Rivera Hernández, ex director general adjunto de inteligencia en la coordinación técnica de la SIEDO; a Miguel Ángel Colorado González, coordinador general técnico de esa subprocuraduría, así como a los agentes federales de investigación Jorge Alberto Zavala, Antonio Mejía Robles y Francisco Javier Jiménez Sánchez (prófugo) se les imputa proporcionar información al grupo de los hermanos Beltrán Leyva desde 2004.
En tanto, Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó el 27 de octubre en conferencia de prensa, primero, que Rivera Hernández “al menos en el último año y medio (es decir desde abril de 2007), como se ha podido acreditar conforme a investigaciones” proporcionó dicha información.
“Se tiene conocimiento de que (…) Colorado González también proporcionó información ministerial de las investigaciones ordenadas por el fiscal de la SIEDO” desde la misma fecha, abundó.
Mientras, Marisela Morales, actual titular de la SIEDO, refirió en esa misma conferencia que en esa subprocuraduría “se iniciaron investigaciones a partir de operativos frustrados y de una declaración formal (de un testigo protegido del gobierno de Estados Unidos) en la que se manifestó que en la SIEDO había servidores públicos que entregaban información desde 2004 al cártel de Sinaloa”.
En el mismo acto, el procurador aseguró: “la red ha sido desarticulada; desde luego, seguimos trabajando en la profundización de la investigación (...) para determinar si hay otros servidores públicos involucrados en conductas de esa naturaleza y no hemos, obviamente, cerrado la investigación correspondiente”.
Más detenciones
Pero la “red”, como el funcionario la llamó, no estaba desarticulada; las declaraciones de los testigos protegidos, que ya suman seis, la mayor parte ex agentes federales, llevaron a la detención y posterior arraigo de dos ex directores de Interpol, Rodolfo de la Guardia García y Ricardo Gutiérrez Vargas, a quienes se sindica de proporcionar dicha información desde 2004.
En el caso de Ramírez Mandujano, el pasado 21 de noviembre se dio a conocer su detención y posterior arraigo.
De acuerdo con las versiones obtenidas, el ex subprocurador habría sido sacado de una reunión de agregados de la PGR y llevado a la oficina de Medina Mora, para informarle que era investigado por la SIEDO.
Ramírez Mandujano desayunó el 19 de noviembre en un restaurante de la Zona Rosa y, según algunas personas que lo vieron, se comprometió a sostener una reunión horas más tarde; sin embargo, ese día partió de la oficina de Medina Mora escoltado por agentes federales directo a la SIEDO para declarar y ya no salir.
Según las fuentes consultadas, la defensa de Ramírez Mandujano ha aportado información al Ministerio Público Federal que desacredita que se pudiera haber encontrado con miembros del cártel de Sinaloa en las fechas que declaró el testigo protegido para acordar que recibiría 450 mil dólares mensuales a cambio de protección.
Asimismo, a pesar de las declaraciones de Medina Mora de que “la investigación que realizó el Ministerio Público Federal y que permitió detectar precisamente estas infiltraciones, estas malas conductas apartadas de la normatividad por parte de ministerios públicos, de fiscales, de agentes federales de investigación y de personal de apoyo”, en calidad de agente del Ministerio Público y mando de la SIEDO, únicamente se tiene sujeto a investigación a Ramírez Mandujano.
Las fuentes también mencionaron que el despido de 35 agentes del Ministerio Público ocurrió no por la llamada Operación Limpieza, sino como parte de la restructuración que en la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud se propuso que encabezara Marisela Morales, actual titular de la SIEDO, tras descubrir el gobierno de Estados Unidos que la subprocuraduría había sido infiltrada por el narcotráfico.
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