Moreira, dictador cerril
Miguel Ángel Granados Chapa
5 Dic. 08
El gobernador de Coahuila no controla al Poder Legislativo. Es el Poder Legislativo. Ordenó a los diputados no aprobar una reforma constitucional. Y ahora dispuso que inicien otra, en pro de la pena de muerte
Como ocurría en los años del pleno autoritarismo priista, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, es el Poder Legislativo. No lo controla, simplemente lo asume, lo ejerce. Ordena a los diputados qué hacer. Y procede sin el mínimo respeto a los legisladores. Anuncia, como acto propio, lo que harán los presuntos representantes populares, y éstos cumplen mecánicamente la instrucción del gobernador.
Así ocurrió en septiembre del año pasado, durante la ronda de aprobación de la reforma constitucional en materia de elecciones. Sin saber bien a bien de qué se trataba, anticipó que la legislatura local, su legislatura, votaría en contra de las enmiendas que entraron en vigor hace poco más de un año, cuya médula prohíbe la propaganda política pagada en radio y televisión. Los 20 diputados priistas hicieron bueno el pronóstico del gobernador. El Congreso local de Coahuila fue el único órgano legislativo local que se opuso a la magna reforma de la Constitución en materia electoral.
En estos días, de nuevo Moreira volvió a ser legislador, a imponer a sus diputados una discutible posición, ahora ante la pena de muerte. En agosto pasado, al calor de la indignación generalizada por el secuestro y el asesinato de Fernando Martí, el peculiar gobernador coahuilense habló por primera vez del tema. Lo hizo con propósitos electorales, pues el 19 de octubre hubo elecciones para renovar la Cámara de diputados, turno en que el PRI arrasó a sus contendientes. Una vez más ganó las 20 curules de mayoría, de modo que a partir de enero, cuando rindan protesta los nuevos diputados, Moreira estará en situación de ordenarles cuanta ocurrencia lo asalte, como lo ha hecho con la legislatura que se va.
Precisamente en vísperas de que concluya su periodo, los diputados priistas que tan fielmente interpretan el sentir de su jefe el gobernador, aprobaron presentar una iniciativa de reforma constitucional para restablecer la pena de muerte. Como el presidente de la República, y los senadores y diputados federales en lo individual, las legislaturas estatales, como cuerpos deliberantes, gozan del derecho de iniciar leyes. Esa atribución es la que el Congreso de Coahuila está ejerciendo: el martes aprobó la iniciativa, que presentará la próxima semana a la Cámara de Diputados. Para el caso de que ese proyecto se convirtiera en texto constitucional, Moreira tiene ya esbozada la reforma a la legislación penal local que permitiría privar de la vida a los secuestradores que maten a sus víctimas.
Con anticipación carente de fundamento, y para alimentar las tendencias autoritarias en su entidad, Moreira dice que en Coahuila ya no se discute si se establece la pena de muerte sino que ahora se trata de saber cómo se aplicará. Con demagogia vulgar dice que no se ha determinado si a quienes merezcan la pena capital "los fusilamos, los degollamos, los ahorcamos o les aplicamos una medida light, la inyección letal". Con irresponsable ligereza habló de cómo realizar las eventuales ejecuciones cuando ni siquiera se ha enviado la iniciativa al Congreso federal, donde su promoción no contará con el asentimiento general.
Después de varias décadas de no practicarla, y de que había sido suprimida de todos los códigos penales, el federal y los locales, hace precisamente tres años, en diciembre de 2005, el sistema jurídico abolió la pena de muerte, mediante reformas a los artículos 14 y 22, que el legislador coahuilense (es decir, Moreira) pretende modificar de nuevo en sentido contrario. Ignorante si no sabe que tal regresión es imposible, o demagogo si a sabiendas de tal imposibilidad la impulsa, Moreira expresa los impulsos elementales de una sociedad que reclama seguridad y considera que la justicia del Estado ha de equipararse a la venganza privada y que es todavía posible aplicar la ley del talión, la del ojo por ojo y diente por diente. En su campaña en pro de la supresión de la vida, Moreira apela a sentimientos cerriles, primitivos. Encuentra contradictorio que al despenalizar el aborto "se mate a inocentes" y haya en cambio reparos para ejecutar a secuestradores asesinos: si te matan a un hijo, pregunta insolente e imperativo, ¿no querrías que mataran a quien te hizo ese daño?
Con oportunismo electoral semejante al de Moreira, el Partido Verde Ecologista de México propone en el ámbito federal el restablecimiento de la pena de muerte. No ha dado los pasos formales en esa dirección, como ya lo hizo el supremo legislador coahuilense, porque al hacerlo haría evidente su incongruencia: sus bancadas en el Senado y la Cámara en la anterior legislatura votaron por suprimirla, como lo hicieron todos los grupos parlamentarios.
Como integrante de la comunidad internacional es imposible que México vuelva atrás en el camino de respetar la vida aun de los delincuentes más peligrosos. Conforme a compromisos internacionales explícitos, un Estado que elimina la pena de muerte no puede restablecerla. La Convención Americana de Derechos Humanos, que promueve restricciones cada vez más estrechas a la pena de muerte, se basa en el principio de progresividad, es decir de impedir la reversión de objetivos logrados.
Dado que no sólo controla sino que en rigor de verdad usurpa las facultades legislativas de la Cámara local, Moreira puede ser calificado de dictador, ya que uno de los rasgos definitorios de la dictadura es la fusión en uno solo de las atribuciones de dos poderes. Es, además, un político cerril, es decir, incivilizado.
Cajón de Sastre
Desde Saltillo, una lectora que se identifica lamenta el cierre de Palabra, el diario del Grupo Reforma. Dice que llegó a preguntarse "cómo es que todavía daba la batalla teniendo todo en contra o al menos combatiendo entre factores que no estaba a su alcance controlar". Por ejemplo, "la sociedad y la prensa son 'gobiernistas'. Al cien por ciento. La sociedad depende en gran parte del gobierno para subsistir y el 99 por ciento de la prensa, igual... Saltillo está lleno de periódicos (ratoneros) que se desgañitan en (nauseabundas) alabanzas al gobernador en turno... Por estas latitudes han olvidado que los gobernantes y políticos son servidores de los ciudadanos. Palabra lo recordaba constantemente. Ahora, ¿quién va a exigir? ¿Quién va a pedir cuentas a quien está obligado a rendirlas? ¿Quién será la voz de los pocos ciudadanos disidentes?".
Como ocurría en los años del pleno autoritarismo priista, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, es el Poder Legislativo. No lo controla, simplemente lo asume, lo ejerce. Ordena a los diputados qué hacer. Y procede sin el mínimo respeto a los legisladores. Anuncia, como acto propio, lo que harán los presuntos representantes populares, y éstos cumplen mecánicamente la instrucción del gobernador.
Así ocurrió en septiembre del año pasado, durante la ronda de aprobación de la reforma constitucional en materia de elecciones. Sin saber bien a bien de qué se trataba, anticipó que la legislatura local, su legislatura, votaría en contra de las enmiendas que entraron en vigor hace poco más de un año, cuya médula prohíbe la propaganda política pagada en radio y televisión. Los 20 diputados priistas hicieron bueno el pronóstico del gobernador. El Congreso local de Coahuila fue el único órgano legislativo local que se opuso a la magna reforma de la Constitución en materia electoral.
En estos días, de nuevo Moreira volvió a ser legislador, a imponer a sus diputados una discutible posición, ahora ante la pena de muerte. En agosto pasado, al calor de la indignación generalizada por el secuestro y el asesinato de Fernando Martí, el peculiar gobernador coahuilense habló por primera vez del tema. Lo hizo con propósitos electorales, pues el 19 de octubre hubo elecciones para renovar la Cámara de diputados, turno en que el PRI arrasó a sus contendientes. Una vez más ganó las 20 curules de mayoría, de modo que a partir de enero, cuando rindan protesta los nuevos diputados, Moreira estará en situación de ordenarles cuanta ocurrencia lo asalte, como lo ha hecho con la legislatura que se va.
Precisamente en vísperas de que concluya su periodo, los diputados priistas que tan fielmente interpretan el sentir de su jefe el gobernador, aprobaron presentar una iniciativa de reforma constitucional para restablecer la pena de muerte. Como el presidente de la República, y los senadores y diputados federales en lo individual, las legislaturas estatales, como cuerpos deliberantes, gozan del derecho de iniciar leyes. Esa atribución es la que el Congreso de Coahuila está ejerciendo: el martes aprobó la iniciativa, que presentará la próxima semana a la Cámara de Diputados. Para el caso de que ese proyecto se convirtiera en texto constitucional, Moreira tiene ya esbozada la reforma a la legislación penal local que permitiría privar de la vida a los secuestradores que maten a sus víctimas.
Con anticipación carente de fundamento, y para alimentar las tendencias autoritarias en su entidad, Moreira dice que en Coahuila ya no se discute si se establece la pena de muerte sino que ahora se trata de saber cómo se aplicará. Con demagogia vulgar dice que no se ha determinado si a quienes merezcan la pena capital "los fusilamos, los degollamos, los ahorcamos o les aplicamos una medida light, la inyección letal". Con irresponsable ligereza habló de cómo realizar las eventuales ejecuciones cuando ni siquiera se ha enviado la iniciativa al Congreso federal, donde su promoción no contará con el asentimiento general.
Después de varias décadas de no practicarla, y de que había sido suprimida de todos los códigos penales, el federal y los locales, hace precisamente tres años, en diciembre de 2005, el sistema jurídico abolió la pena de muerte, mediante reformas a los artículos 14 y 22, que el legislador coahuilense (es decir, Moreira) pretende modificar de nuevo en sentido contrario. Ignorante si no sabe que tal regresión es imposible, o demagogo si a sabiendas de tal imposibilidad la impulsa, Moreira expresa los impulsos elementales de una sociedad que reclama seguridad y considera que la justicia del Estado ha de equipararse a la venganza privada y que es todavía posible aplicar la ley del talión, la del ojo por ojo y diente por diente. En su campaña en pro de la supresión de la vida, Moreira apela a sentimientos cerriles, primitivos. Encuentra contradictorio que al despenalizar el aborto "se mate a inocentes" y haya en cambio reparos para ejecutar a secuestradores asesinos: si te matan a un hijo, pregunta insolente e imperativo, ¿no querrías que mataran a quien te hizo ese daño?
Con oportunismo electoral semejante al de Moreira, el Partido Verde Ecologista de México propone en el ámbito federal el restablecimiento de la pena de muerte. No ha dado los pasos formales en esa dirección, como ya lo hizo el supremo legislador coahuilense, porque al hacerlo haría evidente su incongruencia: sus bancadas en el Senado y la Cámara en la anterior legislatura votaron por suprimirla, como lo hicieron todos los grupos parlamentarios.
Como integrante de la comunidad internacional es imposible que México vuelva atrás en el camino de respetar la vida aun de los delincuentes más peligrosos. Conforme a compromisos internacionales explícitos, un Estado que elimina la pena de muerte no puede restablecerla. La Convención Americana de Derechos Humanos, que promueve restricciones cada vez más estrechas a la pena de muerte, se basa en el principio de progresividad, es decir de impedir la reversión de objetivos logrados.
Dado que no sólo controla sino que en rigor de verdad usurpa las facultades legislativas de la Cámara local, Moreira puede ser calificado de dictador, ya que uno de los rasgos definitorios de la dictadura es la fusión en uno solo de las atribuciones de dos poderes. Es, además, un político cerril, es decir, incivilizado.
Cajón de Sastre
Desde Saltillo, una lectora que se identifica lamenta el cierre de Palabra, el diario del Grupo Reforma. Dice que llegó a preguntarse "cómo es que todavía daba la batalla teniendo todo en contra o al menos combatiendo entre factores que no estaba a su alcance controlar". Por ejemplo, "la sociedad y la prensa son 'gobiernistas'. Al cien por ciento. La sociedad depende en gran parte del gobierno para subsistir y el 99 por ciento de la prensa, igual... Saltillo está lleno de periódicos (ratoneros) que se desgañitan en (nauseabundas) alabanzas al gobernador en turno... Por estas latitudes han olvidado que los gobernantes y políticos son servidores de los ciudadanos. Palabra lo recordaba constantemente. Ahora, ¿quién va a exigir? ¿Quién va a pedir cuentas a quien está obligado a rendirlas? ¿Quién será la voz de los pocos ciudadanos disidentes?".
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
kikka-roja.blogspot.com/
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