Pugna en el FAP achicado: Granados Chapa

PLAZA PÚBLICA Pugna en el FAP achicado Miguel Ángel Granados Chapa 12 Dic. 08 El Frente Amplio Progresista ha sido reducido debido a la ruptura entre la nueva dirección del PRD, encabezada por Jesús Ortega, y López Obrador. La posibilidad de que el ex candidato presidencial, quien ha sido motor impulsor del PRD, abandone a su partido no puede descartarse Los partidos Convergencia y del Trabajo formalizaron anteayer su propósito de coaligarse para participar en las elecciones legislativas del inminente 2009. Pretenden conservar la denominación bajo la cual han actuado juntos desde hace dos años, Frente Amplio Progresista, FAP, aunque no será tan amplio, pues excluye al PRD, el principal partido en la coalición Por el Bien de Todos, que postuló a Andrés Manuel López Obrador y concluido el proceso electoral de 2006 se convirtió en el FAP. Los partidos dirigidos por Dante Delgado (aunque su presidente sea Luis Maldonado) y Alberto Anaya (aunque tenga una presidencia colectiva) están dando forma a su apuesta por sobrevivir en el enrarecido ambiente político que envuelve a los comicios venideros. En la etapa de la resistencia civil que comenzó hace dos años han manifestado a López Obrador un apoyo más visible y eficaz que el recibido de su propio partido, el PRD. Esperan, en cambio, que el dirigente político al que sostienen retribuya esa actitud orientando a sus seguidores a votar por los candidatos de la coalición y no por los del PRD, donde López Obrador se halla menos cómodo que nunca. Especialmente desde la elección del 16 de marzo y su turbulenta secuela, la frialdad en la relación de Nueva Izquierda, factor dominante en el perredismo formal, y López Obrador ha llegado a la congelación. Aunque Alejandro Encinas, el principal dirigente lopezobradorista en el PRD, anunció que no se marchará del partido y buscará reorientarlo en sentido diverso al que lo encamina su dirección formal encabezada por Jesús Ortega es de conjeturarse que esa decisión podría ser distinta al final del primer trimestre de 2009, cuando se elijan candidatos a las diputaciones. El propio López Obrador ha eludido definir si permanece en el partido que encabezó y lo hizo jefe de Gobierno del Distrito Federal. Dijo que cuando sea pertinente, en el momento procesal oportuno dirían los abogados, hará saber el rumbo que seguirá y en consecuencia el del movimiento que encabeza, al que por lo pronto desea mantener al margen de las querellas partidarias. No haber afirmado como algo inequívoco e incuestionable su permanencia en el PRD robustece la posibilidad de que emigre hacia una nueva fuerza política, que enaltezca su liderazgo en vez de quedarse en el partido que a diario le reprocha su modo actual de concebir y practicar la política. La campaña con que la nueva dirección perredista encabezada por Jesús Ortega, que sin hacerlo de modo explícito, contrasta el radicalismo de López Obrador con las buenas maneras que se han instaurado en ese partido es la evidencia de que la apuesta de Ortega es la contraria a la del achicado FAP. Su cálculo parece consistir en que la pérdida que significaría el retiro de López Obrador y los suyos sería compensada con creces con el ingreso al partido o por lo menos el voto de los moderados que se distancian de la actitud de su ex candidato presidencial. Nueva Izquierda se sentiría aliviada si se marchara López Obrador, creyente que de ese modo tira lastre pero ignorando o fingiendo ignorar que tira por la borda el motor que ha impulsado en los últimos lustros al PRD. Hay que recordar a los de memoria flaca que los momentos electorales fulgurantes del PRD han tenido a López Obrador como protagonista: en 1997 dirigió la campaña que además del gobierno capitalino logró para ese partido la mayor bancada de diputados en su historia, si bien menor a la que por influjo de su candidatura presidencial fue elegida hace dos años. La ruptura del inicial Frente Amplio Progresista fue gestándose simultáneamente a la fragorosa batalla interna en el PRD. La designación de Porfirio Muñoz Ledo como coordinador del Frente, una decisión alentada por López Obrador y por lo mismo objetada por Nueva Izquierda, marcó el principio de la fractura en ese frente. Sin ningún sentido de las proporciones, el presidente sustituto Guadalupe Acosta Naranjo, ese profeta menor que anunció la llegada del salvador del PRD Jesús Ortega; y también Carlos Navarrete pretendieron cuestionar a Muñoz Ledo y aun desautorizarlo. Desde ningún mirador, medidos con cualquier rasero, esos dirigentes de la nueva clase perredista pueden compararse al ex presidente del PRI y del PRD: padecen los mismos defectos que le atribuyen (su versatilidad política, sobre todo) y están lejos de las prendas que lo han tenido en los primeros planos de la vida pública mexicana por cerca de 40 años. El distanciamiento de la nueva dirección del PRD respecto del Frente y de López Obrador se ha vuelto riña vulgar, practicada del modo mezquino en que se estila la política de tono menor. Fueron echados de sus oficinas el propio Muñoz Ledo y miembros del gabinete del Presidente legítimo como lo consideró hace dos años la Convención Nacional Democrática. Los espacios desalojados se hallan en el edificio de Monterrey 50, que el PRD heredó del Partido Comunista (del que también heredó el registro partidario). Ese combate se expresa también en el intento de dejar al PT sin grupo legislativo en el Senado. En tiempos mejores de su relación, el PRD prestó tres senadores al Partido del Trabajo para que sus dos únicos miembros pudieran constituir una fracción legislativa, situación que requiere cinco miembros y de que se derivan importantes consecuencias materiales y políticas. Ahora la senadora Josefina Cota volverá al grupo perredista. Para impedir que el PT se quede sin representación en la Junta de Coordinación Política, más de un senador de la banca del PRD estaría dispuesto a transitar a la petista. Pero a diferencia de hace dos años lo haría a contrapelo de la mayoría del grupo, controlado por Nueva Izquierda, y enfrentaría en consecuencia eventuales sanciones. Cajón de Sastre Hace tres meses, el 14 y el 17 de septiembre, ocurrieron dos motines en el penal de La Mesa, en Tijuana, Baja California, que fueron reprimidos a sangre y fuego por las fuerzas estatales de seguridad pública. Lo hicieron con tal incompetencia en el manejo de las técnicas de contención que la policía debe dominar y con un exceso de fuerza que llegó a la saña, que ahora su jefe, el secretario Daniel de la Rosa Anaya, podría enfrentar dos procesos, uno de carácter penal y un juicio político instaurado en la legislatura local. Así lo recomienda la Procuraduría de los Derechos Humanos de aquella entidad, tras comprobar que los agentes al mando de De la Rosa torturaron y asesinaron a 24 reclusos. De hecho, quedó claro desde entonces que la rebelión de los internos se originó por el asesinato de un reo a manos de la policía estatal. Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

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