- La incertidumbre rodea a la sobreviviente del bombardeo contra las FARC en Ecuador
- Retorna a México Lucía Morett luego de medio año de virtual asilo en Nicaragua
- La PGR mantiene en la indefinición el caso de la universitaria, señala el abogado Hugo Rosas
Blanche Petrich (Enviada)
Managua, 2 de diciembre. Lucía Andrea Morett Álvarez, la única sobreviviente del grupo de cinco jóvenes mexicanos que se encontraban en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador atacado por el ejército de Colombia el 1º de marzo pasado –los otros cuatro murieron en el bombardeo– regresa este miércoles a México, poniendo punto final a seis meses y medio de virtual asilo en este país.
Dos diputados –José Antonio Almazán e Isidro Pedraza– y un senador, Silvano Aureoles Cornejo, todos del Partido de la Revolución Democrática, volaron esta noche a la capital nicaragüense para acompañar a Morett y a sus padres en el viaje de regreso a la ciudad de México. También participan en el grupo Édgar Sánchez, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y el abogado Hugo Rosas de León, del área jurídica de la oficina de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien ha trabajado en la defensa legal de la universitaria frente a la demanda penal por “terrorismo internacional” que interpusieron en su contra Guillermo Velazco Arzac y Antonio Sánchez Ortega en abril pasado.
Ataque relámpago
En el ataque relámpago al campamento de las FARC, en el que según se demostró posteriormente participó el Pentágono, murieron más de 20 colombianos, entre ellos el segundo jefe de las FARC, Raúl Reyes, cuatro mexicanos –Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Fernando Franco, Juan González del Castillo y Soren Ulises Avilés, y un ecuatoriano. Sólo sobrevivieron tres mujeres, Morett Álvarez y dos jóvenes colombianas, Doris Torres Bohórquez y Martha Pérez Gutiérrez.
Rosas de León estima que “sí hay un riesgo latente” de que las autoridades mexicanas pretendan actuar contra Lucía Morett, “aunque no se le ha notificado que tenga calidad de indiciada” en la averiguación previa que existe en la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. “Hay un estado de incertidumbre jurídica, ya que se sabe que está denunciada y la instrucción no ha sido cerrada, a pesar de que no se ha probado ningún elemento que sostenga las acusaciones de los demandantes.” La Procuraduría General de la República (PGR) dio entrada el 18 de abril a la denuncia contra Lucía y otras 13 personas, entre ellas la propia senadora Ibarra de Piedra, por considerar que forman parte de una estructura de apoyo “o núcleo” de apoyo a las FARC y que, por tanto, son responsables de delitos de “narcotráfico y terrorismo”.
Mientras, en Ecuador, donde Lucía se recuperaba de las heridas sufridas en el ataque de Sucumbíos, una franja selvática fronteriza al departamento del Putumayo colombiano, el fiscal de Sucumbíos y Orellana, Wirmar Gonzabay, opositor al gobierno de Rafael Correra, inició también una investigación en contra de las tres sobrevivientes “por atentar contra el Estado”, en la línea impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe, intentando demostrar que los universitarios mexicanos “no eran unos angelitos”, como expresó el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos. Ante esta presión, el embajador de Nicaragua en Ecuador y Perú, Tomás Borge –antiguo líder de la revolución sandinista y aliado del presidente Daniel Ortega–, ofreció a la familia Morett la protección de su gobierno. En este contexto y en medio de una fuerte polémica interna, Lucía Morett viajó a Managua y se acogió a la protección oficial. Semanas después, el gobierno de Ortega envió un avión militar a Ecuador para trasladadar a Managua a las otras dos sobrevivientes.
Rosas promovió ese mismo mes un juicio de amparo en favor de Morett Álvarez que finalmente no se concedió. “Este fallo es explicable porque la PGR no ha emitido ninguna orden de aprehensión en su contra y porque la acusada no tiene calidad de indiciada. Pero al mismo tiempo, se corrobora que no existe ningún elemento en su contra. Al no cerrar el caso, la procuraduría mantiene la denuncia en un estado de indefinición. Ahí radica el riesgo para Lucía”, explicó el defensor. A mediados del año, los padres de Lucía, Jorge Morett y María de Jesús Álvarez, pudieron reunirse brevemente con el procurador general Eduardo Medina Mora. “Lo que nos dijo es que no tenían nada contra nuestra hija... por el momento. Esa ambigüedad por supuesto que nos preocupa mucho”, señalan. El regreso de Lucía ocurre después de casi un año de ausencia. A fines de enero de 2008 emprendió un viaje a Quito con cuatro compañeros y amigos. Iban estar fuera poco más de un mes. El 1º de marzo los perdió. Este miércoles regresa sin Verónica, sin Soren ni Fernando ni Juan.
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Dos diputados –José Antonio Almazán e Isidro Pedraza– y un senador, Silvano Aureoles Cornejo, todos del Partido de la Revolución Democrática, volaron esta noche a la capital nicaragüense para acompañar a Morett y a sus padres en el viaje de regreso a la ciudad de México. También participan en el grupo Édgar Sánchez, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y el abogado Hugo Rosas de León, del área jurídica de la oficina de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien ha trabajado en la defensa legal de la universitaria frente a la demanda penal por “terrorismo internacional” que interpusieron en su contra Guillermo Velazco Arzac y Antonio Sánchez Ortega en abril pasado.
Ataque relámpago
En el ataque relámpago al campamento de las FARC, en el que según se demostró posteriormente participó el Pentágono, murieron más de 20 colombianos, entre ellos el segundo jefe de las FARC, Raúl Reyes, cuatro mexicanos –Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Fernando Franco, Juan González del Castillo y Soren Ulises Avilés, y un ecuatoriano. Sólo sobrevivieron tres mujeres, Morett Álvarez y dos jóvenes colombianas, Doris Torres Bohórquez y Martha Pérez Gutiérrez.
Rosas de León estima que “sí hay un riesgo latente” de que las autoridades mexicanas pretendan actuar contra Lucía Morett, “aunque no se le ha notificado que tenga calidad de indiciada” en la averiguación previa que existe en la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. “Hay un estado de incertidumbre jurídica, ya que se sabe que está denunciada y la instrucción no ha sido cerrada, a pesar de que no se ha probado ningún elemento que sostenga las acusaciones de los demandantes.” La Procuraduría General de la República (PGR) dio entrada el 18 de abril a la denuncia contra Lucía y otras 13 personas, entre ellas la propia senadora Ibarra de Piedra, por considerar que forman parte de una estructura de apoyo “o núcleo” de apoyo a las FARC y que, por tanto, son responsables de delitos de “narcotráfico y terrorismo”.
Mientras, en Ecuador, donde Lucía se recuperaba de las heridas sufridas en el ataque de Sucumbíos, una franja selvática fronteriza al departamento del Putumayo colombiano, el fiscal de Sucumbíos y Orellana, Wirmar Gonzabay, opositor al gobierno de Rafael Correra, inició también una investigación en contra de las tres sobrevivientes “por atentar contra el Estado”, en la línea impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe, intentando demostrar que los universitarios mexicanos “no eran unos angelitos”, como expresó el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos. Ante esta presión, el embajador de Nicaragua en Ecuador y Perú, Tomás Borge –antiguo líder de la revolución sandinista y aliado del presidente Daniel Ortega–, ofreció a la familia Morett la protección de su gobierno. En este contexto y en medio de una fuerte polémica interna, Lucía Morett viajó a Managua y se acogió a la protección oficial. Semanas después, el gobierno de Ortega envió un avión militar a Ecuador para trasladadar a Managua a las otras dos sobrevivientes.
Rosas promovió ese mismo mes un juicio de amparo en favor de Morett Álvarez que finalmente no se concedió. “Este fallo es explicable porque la PGR no ha emitido ninguna orden de aprehensión en su contra y porque la acusada no tiene calidad de indiciada. Pero al mismo tiempo, se corrobora que no existe ningún elemento en su contra. Al no cerrar el caso, la procuraduría mantiene la denuncia en un estado de indefinición. Ahí radica el riesgo para Lucía”, explicó el defensor. A mediados del año, los padres de Lucía, Jorge Morett y María de Jesús Álvarez, pudieron reunirse brevemente con el procurador general Eduardo Medina Mora. “Lo que nos dijo es que no tenían nada contra nuestra hija... por el momento. Esa ambigüedad por supuesto que nos preocupa mucho”, señalan. El regreso de Lucía ocurre después de casi un año de ausencia. A fines de enero de 2008 emprendió un viaje a Quito con cuatro compañeros y amigos. Iban estar fuera poco más de un mes. El 1º de marzo los perdió. Este miércoles regresa sin Verónica, sin Soren ni Fernando ni Juan.
Que se regrese a las FARC a chingar a su madre pinche vieja guerrillera, la deberian de encarcelar por terrorista.
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