- No se trata de una averiguación fiscal, sino de carácter político, dice el senador panista
- Denuncia Madero investigaciones financieras a él y otros legisladores
- Precisa que no acusa al IFE, pero le demanda aclarar si los coordinadores parlamentarios están incluidos en el concepto “políticamente expuestos”, lo que permitiría tal indagatoria
La Habana, 22 de enero. El presidente del Senado, Gustavo Madero, denunció aquí que él y su familia, así como otros legisladores, son investigados en sus operaciones financieras y bancarias, y no se trata de una averiguación fiscal, sino “de carácter político”, que en su caso concreto se inició al asumir la coordinación del PAN en Xicoténcatl.
Por la tarde, precisó que no acusa a las autoridades del Instituto Federal Electoral (IFE) de ese rastreo en sus finanzas personales, ni se siente perseguido político, pero les demandó aclarar si los coordinadores parlamentarios o los senadores en general están incluidos en el concepto “políticamente expuestos”, que es el que permitiría que sean indagados, con base en la reciente reforma constitucional en materia electoral.
Madero pidió también al IFE precisar cuál es el alcance de las investigaciones financieras a él y otros legisladores, y la motivación para poner en marcha esas acciones de vigilancia y supervisión a integrantes del Congreso de la Unión.
Aunque el IFE dio a conocer desde un día antes que los senadores no están siendo investigados como parte de las nuevas disposiciones electorales que buscan impedir que aflore financiamiento ilegal en las campañas políticas, la polémica llegó hasta aquí, donde los legisladores iniciaron una visita oficial a Cuba.
Además de Madero, el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, reconoció que también él y sus hermanos padecen el “acoso” de las autoridades hacendarias desde hace mucho tiempo. Dijo que lo extraño es que los legisladores del partido en el poder también pasen por ello, porque ese tipo de rastreo se ha aplicado siempre a los disidentes, pero consideró que a nadie debe extrañar que el IFE aplique las normas derivadas de la reciente reforma constitucional en materia electoral, que permitieron la eliminación del secreto bancario y fiscal en el caso de actividades de campaña de partidos políticos y candidatos.
A su juicio, es una lástima que el IFE “se haya echado para atrás por temor al Senado”, ya que lo mejor es que todos los actores políticos sean investigados a fin de impedir que llegue dinero “ilegal”, incluso proveniente del narcotráfico, a las campañas políticas. Insistió en que nadie debe oponerse, porque “el que nada debe, nada teme”.
En entrevista aparte, Madero dijo que él no está en contra de la transparencia, pero en el caso de las investigaciones sobre los recursos económicos de los senadores es necesario que el instituto defina quiénes son los sujetos políticamente expuestos, porque la disposición legal existe, pero depende del alcance que le quiera otorgar la autoridad electoral.
Expuso enseguida que él tiene conocimiento de seguimientos puntuales en las operaciones financieras de algunos senadores y ha habido ya incidentes de supervisión o de registros y, en su caso particular, “ha habido formatos distintos en materia de transacciones financieras que no aplican a cualquier cliente, ya que solicitan información distinta”.
Es ello, concluyó, lo que lo lleva a pensar que hay un seguimiento “diferente, especial”, en su caso, a partir sobre todo de que fue nombrado coordinador de los senadores del PAN. Insistió en que no lo ve mal y “lo único que yo estoy pidiendo es que el Instituto Federal Electoral nos aclare si estamos o no en ese supuesto, si estamos sujetos o no a ese seguimiento: yo en lo particular, como coordinador panista, todos los senadores o si es como miembros de un partido político”.
El Instituto Federal Electoral (IFE) no pretende ni tiene facultades para supervisar o auditar cuentas bancarias de los legisladores, sostuvo el consejero presidente del organismo, Leonardo Valdés Zurita. Lo que se convino con los partidos políticos, aclaró, es que remitieran sus listas de personas “políticamente expuestas” para que el instituto hiciera entrega de ésta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sólo en el caso de que esta instancia detectara “la presencia de actividades en las que se pueda presumir que haya intervención de recursos del crimen organizado o de actividades ilícitas se harán las denuncias correspondientes, pero sería la secretaría”, dijo.
A su vez, el consejero electoral Virgilio Andrade aseveró que “el IFE nunca ha vigilado cuentas bancarias, a menos de que haya una denuncia, que haya auditorías o una situación donde exista vinculación directa de una operación irregular de los partidos. Ahí tendríamos condiciones para romper el secreto bancario por mandato constitucional”.
En respuesta a las versiones surgidas desde el Senado de la República sobre la inminencia de que se auditarían las cuentas de sus integrantes, Valdés Zurita precisó que el IFE envió solamente el contenido del acuerdo por el que se fijaron las bases del blindaje de las campañas electorales. Indicó que ayer por la mañana se comunicó con algunos senadores para informarles sobre los alcances del acuerdo.
–¿Nadie puede darse por sorprendido?
–No, por supuesto que no. Todos los funcionarios públicos sabemos, desde que protestamos el cargo, que somos personas políticamente expuestas, que cuadramos en esa definición –de la Secretaría de Hacienda–, pues nuestras cuentas bancarias son debidamente supervisadas.
A su vez, Andrade explicó que más allá que este esquema se haya incorporado en el acuerdo entre el IFE y los partidos políticos, aprobado el pasado 22 de diciembre para el blindaje de las campañas, éste ya había sido utilizado desde 2005, en el sentido de que se había turnado a Hacienda el listado de las personas políticamente expuestas de los partidos.
“El IFE les pide las listas a los partidos políticos, éstos remiten los nombres de sus dirigentes, sus titulares de finanzas a nivel nacional, quienes vayan a ser sus candidatos o cualquier otra persona que ellos consideren que es relevante dentro de su militancia y dentro de la clase política que ellos lideran; eso es de la definición desprendida del reglamento de fiscalización”.
–¿Tienen listas de partidos?
–En el momento en el que llegan se remiten a la Unidad de Inteligencia Financiera. El sistema financiero tiene vigilancia de los movimientos irregulares en general, pero especialmente de personas políticamente expuestas y ese seguimiento es permanente –concluyó.
Por la tarde, precisó que no acusa a las autoridades del Instituto Federal Electoral (IFE) de ese rastreo en sus finanzas personales, ni se siente perseguido político, pero les demandó aclarar si los coordinadores parlamentarios o los senadores en general están incluidos en el concepto “políticamente expuestos”, que es el que permitiría que sean indagados, con base en la reciente reforma constitucional en materia electoral.
Madero pidió también al IFE precisar cuál es el alcance de las investigaciones financieras a él y otros legisladores, y la motivación para poner en marcha esas acciones de vigilancia y supervisión a integrantes del Congreso de la Unión.
Aunque el IFE dio a conocer desde un día antes que los senadores no están siendo investigados como parte de las nuevas disposiciones electorales que buscan impedir que aflore financiamiento ilegal en las campañas políticas, la polémica llegó hasta aquí, donde los legisladores iniciaron una visita oficial a Cuba.
Además de Madero, el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, reconoció que también él y sus hermanos padecen el “acoso” de las autoridades hacendarias desde hace mucho tiempo. Dijo que lo extraño es que los legisladores del partido en el poder también pasen por ello, porque ese tipo de rastreo se ha aplicado siempre a los disidentes, pero consideró que a nadie debe extrañar que el IFE aplique las normas derivadas de la reciente reforma constitucional en materia electoral, que permitieron la eliminación del secreto bancario y fiscal en el caso de actividades de campaña de partidos políticos y candidatos.
A su juicio, es una lástima que el IFE “se haya echado para atrás por temor al Senado”, ya que lo mejor es que todos los actores políticos sean investigados a fin de impedir que llegue dinero “ilegal”, incluso proveniente del narcotráfico, a las campañas políticas. Insistió en que nadie debe oponerse, porque “el que nada debe, nada teme”.
En entrevista aparte, Madero dijo que él no está en contra de la transparencia, pero en el caso de las investigaciones sobre los recursos económicos de los senadores es necesario que el instituto defina quiénes son los sujetos políticamente expuestos, porque la disposición legal existe, pero depende del alcance que le quiera otorgar la autoridad electoral.
Expuso enseguida que él tiene conocimiento de seguimientos puntuales en las operaciones financieras de algunos senadores y ha habido ya incidentes de supervisión o de registros y, en su caso particular, “ha habido formatos distintos en materia de transacciones financieras que no aplican a cualquier cliente, ya que solicitan información distinta”.
Es ello, concluyó, lo que lo lleva a pensar que hay un seguimiento “diferente, especial”, en su caso, a partir sobre todo de que fue nombrado coordinador de los senadores del PAN. Insistió en que no lo ve mal y “lo único que yo estoy pidiendo es que el Instituto Federal Electoral nos aclare si estamos o no en ese supuesto, si estamos sujetos o no a ese seguimiento: yo en lo particular, como coordinador panista, todos los senadores o si es como miembros de un partido político”.
- Nunca se ha hecho a menos que haya denuncia, sostiene Andrade
- Carecemos de facultades para auditar o supervisar cuentas bancarias: Valdés
El Instituto Federal Electoral (IFE) no pretende ni tiene facultades para supervisar o auditar cuentas bancarias de los legisladores, sostuvo el consejero presidente del organismo, Leonardo Valdés Zurita. Lo que se convino con los partidos políticos, aclaró, es que remitieran sus listas de personas “políticamente expuestas” para que el instituto hiciera entrega de ésta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sólo en el caso de que esta instancia detectara “la presencia de actividades en las que se pueda presumir que haya intervención de recursos del crimen organizado o de actividades ilícitas se harán las denuncias correspondientes, pero sería la secretaría”, dijo.
A su vez, el consejero electoral Virgilio Andrade aseveró que “el IFE nunca ha vigilado cuentas bancarias, a menos de que haya una denuncia, que haya auditorías o una situación donde exista vinculación directa de una operación irregular de los partidos. Ahí tendríamos condiciones para romper el secreto bancario por mandato constitucional”.
En respuesta a las versiones surgidas desde el Senado de la República sobre la inminencia de que se auditarían las cuentas de sus integrantes, Valdés Zurita precisó que el IFE envió solamente el contenido del acuerdo por el que se fijaron las bases del blindaje de las campañas electorales. Indicó que ayer por la mañana se comunicó con algunos senadores para informarles sobre los alcances del acuerdo.
–¿Nadie puede darse por sorprendido?
–No, por supuesto que no. Todos los funcionarios públicos sabemos, desde que protestamos el cargo, que somos personas políticamente expuestas, que cuadramos en esa definición –de la Secretaría de Hacienda–, pues nuestras cuentas bancarias son debidamente supervisadas.
A su vez, Andrade explicó que más allá que este esquema se haya incorporado en el acuerdo entre el IFE y los partidos políticos, aprobado el pasado 22 de diciembre para el blindaje de las campañas, éste ya había sido utilizado desde 2005, en el sentido de que se había turnado a Hacienda el listado de las personas políticamente expuestas de los partidos.
“El IFE les pide las listas a los partidos políticos, éstos remiten los nombres de sus dirigentes, sus titulares de finanzas a nivel nacional, quienes vayan a ser sus candidatos o cualquier otra persona que ellos consideren que es relevante dentro de su militancia y dentro de la clase política que ellos lideran; eso es de la definición desprendida del reglamento de fiscalización”.
–¿Tienen listas de partidos?
–En el momento en el que llegan se remiten a la Unidad de Inteligencia Financiera. El sistema financiero tiene vigilancia de los movimientos irregulares en general, pero especialmente de personas políticamente expuestas y ese seguimiento es permanente –concluyó.
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