Anemia y anomia: Agustín Basave Benitez

Anemia y anomia Agustín Basave 16-Feb-2009 En un Estado ideal las demandas sociales no llegarían a la calle. Las desigualdades serían menores, la corrupción mínima y los mecanismos legales suficientes para procesar cualquier reclamación, por lo que los conflictos entre grupos de la sociedad se resolverían cabalmente por cauces institucionales. No serían necesarios, pues, plantones o marchas, y en consecuencia tampoco habría choques entre policías y manifestantes. Pero ese Estado ideal no existe en ninguna parte del mundo, y menos en México. Nuestro país padece de anemia estatal, una enfermedad causada por la infección autócrata y la hemorragia neoliberal, cuyos síntomas son una gran debilidad, palpitaciones de injusticia, taquicardia de corrupción y depresión o disfuncionalidad de leyes e instituciones. Cuando hablo del Estado hablo de la sociedad políticamente organizada. Incluyo, pues, a los mexicanos y a nuestra cultura de reglas no escritas. El problema no ha sido provocado sólo por los gobernantes sino también por los gobernados que prefirieren una “normatividad” informal que se aplique discrecionalmente y con la que no todos sepamos a qué atenernos. Esa sublegalidad está intrínsecamente vinculada a la anemia y se llama anomia. El diccionario de la Real Academia la define como “ausencia de ley”, o un “conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”. La definición es precisa. Aunque no se haya adueñado por completo de México, la anomia permea buena parte de la vida nacional. Hace tiempo escribí en este espacio que nuestros gobiernos están atrapados entre la lenidad y la represión. Me refería, desde luego, a la forma en que suelen responder a las manifestaciones populares que infringen la ley. O toleran cualquier exceso o recurren a una violencia desmedida que pisotea derechos fundamentales. No se nos da el justo medio: son muy raros los enfrentamientos en que se restablece el orden mediante el empleo profesional —medido, justo— de la fuerza pública. Y son más raros aun los casos en que los desmanes se persiguen con estricto apego a la legalidad, sin hacerse de la vista gorda o abusar de los recursos punitivos. Ambas cosas son resultado de la anomia: si la ley está ausente se puede caer lo mismo en la anarquía que en la arbitrariedad autoritaria. Ejemplos de autoridades temerosas que han permitido todo tipo de desórdenes abundan, y un ejemplo reciente y lamentable de coerción excesivamente violenta y de castigo judicial desproporcionado es el caso del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. No, no defiendo la salvaje golpiza a un policía ni las demás tropelías de los macheteros. Pero también repruebo que fuera la venganza la que guiara su detención y la ejemplaridad infundada la que dictara la sentencia a su líder. Para ponerlos a disposición de un Ministerio Público era absolutamente inadmisible e innecesario vejar hombres y violar mujeres, y los 112 años de prisión a Ignacio del Valle fue una pena ominosamente desmedida y contraproducente. Si lo que se pretendía era mandar la señal de cero tolerancia, lo que se logró fue enviar el mensaje de cero equidad: ¿cómo justificar el hecho de que se reprendan con mucha mayor dureza los delitos de un luchador social que los crímenes de muchos secuestradores o narcotraficantes y de tantos políticos y empresarios corruptos? ¿Y cómo explicar que en Atenco hubo grave violación de las garantías individuales pero que no está claro quiénes son los responsables que pagarán por ello? Para un Estado como el nuestro es difícil ejercer el monopolio de la violencia legítima frente a movimientos sociales. Con los niveles de desigualdad que tenemos, con cuerpos policiacos pésimamente preparados y con el temor de los gobiernos a la sublevación y su propensión a responder a las protestas con blandura o con severidad exageradas, los conflictos sólo pueden crecer y multiplicarse. Algo de esquizofrenia hay en esto, como en tantos otros aspectos de nuestro comportamiento, incluida la actitud de la mayoría de los mexicanos frente a los pobres. Los margina y los compadece, los trata con desprecio y compasión, los ve con irritación y remordimiento. Los zahiere con la mayor de las adversidades y pretende compensarlos, ya que no con un mejor nivel de vida al menos con indulgencia con respecto a la aplicación de la ley ante sus expresiones de inconformidad. Pero cuidado. La injusticia social no se combate sin normas; no podremos edificar una sociedad justa mientras prevalezca la mentalidad de desprecio por la legalidad y la institucionalidad. La mezcla de desigualdad y sublegalidad es un coctel molotov. Y si se le agrega el ingrediente del crimen organizado, la bomba es mucho más destructiva. El fenómeno de “los tapados”, jóvenes regiomontanos marginados que reciben dinero de narcos para bloquear calles con barricadas y exigir la salida del Ejército, ya mostró su potencial corrosivo en Colombia. La pauperización de la criminalidad es tan grave como la criminalización de la pobreza. Si continúa la entronización de los cárteles de la droga en comunidades enteras, financiando obras públicas, generando empleos y sacando a la gente de la miseria, nuestro tejido social sufrirá una descomposición peligrosísima. Eso ya ocurre en varias partes del país, y ocultarlo o diluirlo en eufemismos sólo ayuda a extender la anomia. No en balde el otro significado que la Academia da a la palabra es “trastorno del lenguaje que impide llamar a las cosas por su nombre”. abasave@prodigy.net.mx La pauperización de la criminalidad es tan grave como la criminalización de la pobreza. Si continúa la entronización de los cárteles de la droga en comunidades enteras, sacando a la gente de la miseria, nuestro tejido social sufrirá una descomposición peligrosísima.

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