Diputados piden revisar la autonomía del instituto para evitar excesos
Insisten en que la decisión de ganar más que el Presidente era para cumplir con la ley
Ante ola de indignación, consejeros del IFE dan marcha atrás en la aprobación de megasalario
Las fuertes críticas vertidas desde sectores políticos y sociales a la determinación de la Junta General Ejecutiva del Instituto federal Electoral (IFE) de aprobar un incremento de 46 por ciento a las percepciones de los consejeros habrían precipitado anoche una reconsideración sobre la viabilidad política de la decisión. En este contexto, anoche la mayoría de los consejeros acordaron anunciar este mediodía que darían marcha atrás en sus pretensiones de ganar como ministros de la Corte, esto es 333 mil pesos, pero sin admitir que la decisión haya sido ilegal. La alerta sobre las repercusiones de la determinación se dio desde la sesión misma de la Junta General Ejecutiva, cuando el contralor general, Gregorio Guerrero, lanzó fuertes críticas sobre los alcances de la decisión que finalmente adoptó la junta –presidida por el consejero presidente, Leonardo Valdés– de hacer efectiva una disposición constitucional –que nunca había sido aplicada, a pesar de su existencia– según la cual los salarios de los consejeros estarán homologados a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Ayer por la tarde, a las oficinas de Valdés llegó la carta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en la que se exhorta a los consejeros a no hacer válida la decisión. Con el paso del tiempo, las reuniones entre consejeros fueron incrementándose bajo la premisa de que analizarían una decisión de la Junta General Ejecutiva, hasta que por la noche algunos reconocieron que la situación comenzaba a hacerse insostenible y decidieron dar marcha atrás a una decisión que irritó incluso a los trabajadores de base del propio instituto, que este año recibirán un aumento no mayor a 6 por ciento. Durante el día, los alcances del aumento se tradujeron en una danza de cifras que en un escueto comunicado de prensa ubicó en 46 por ciento. Oficialmente, el tabulador indica que los consejeros electorales ganaban –antes del aumento– 44 mil 435 pesos de salario base, más 192 mil 197 pesos de compensación garantizada, lo que arroja un total de percepciones brutas de 236 mil 633 pesos. Dichas cifras no incluyen aguinaldo, bonos electorales y otras prestaciones.
Algunos consejeros, bajo cierta interpretación, reconocieron que con compensaciones y bonos las percepciones podrían llegar a 333 mil pesos. Con otras consideraciones respecto del impacto en ciertos rubros y compensaciones, con la decisión de la Junta General Ejecutiva, el aumento, según algunas fuentes, ubicaría en 290 mil pesos brutos y 220 mil pesos netos el salario de los consejeros, y otros aseguraron que la decisión de la junta no era un aumento directo al salario, sino que por la vía de entrega de bonos se iba a incrementar el ingreso de los consejeros.
–¿Van a ganar más que el presidente de la República?
–Sí, vamos a ganar más dinero que el presidente de la República, porque los ministros de la Corte ganan más que él –respondió el consejero electoral Virgilio Andrade, a manera de justificación del aumento salarial que se adjudicaron la víspera. A lo largo del día, los cuestionamientos de diversos sectores se hicieron sentir. Desde temprano, Valdés percibió el rechazo a la decisión y evitó a toda costa abordar el tema, al punto de salir prácticamente corriendo de un acto paradójicamente llamado de acompañamiento ciudadano. La mayor parte de los consejeros respondieron que analizarían los alcances de una decisión que, según dijeron, no tomaron ellos. Hubo otros, como Alfredo Figueroa, que subrayaron no haber participado en la decisión y que estudiarían las posibilidades legales de adoptar una decisión personal en sentido contrario.
–¿Es un buen momento para el aumento salarial, en medio de una crisis económica?
–Sí, con la ley siempre es un buen momento para cumplirla –respondió el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar.
–Hace muchos años que no se cumplía esta disposición.
–Pero ya se está cumpliendo. Cumplir con la ley y la Constitución es siempre un deber –añadió. Las cifras proporcionadas por unos consejeros no cuadraban con otras. Andrade dijo que el aumento anual implicaría pasar de 2 millones 700 mil pesos a 3 millones 900 mil, esto es, un incremento de 1.2 millones. Más allá de la diversidad de cifras proporcionadas por uno u otro consejero, hubo una unificación de los que se atrevieron a hablar: la decisión es legal y constitucional.
–¿No le parece inmoral?
–Es constitucional, y lo que es constitucional y legal no puede ser inmoral –dijo Gómez Alcántar. A su vez, el consejero Arturo Sánchez señaló que no es una decisión inmoral, se trata simplemente de una decisión conforme a la ley, mismo sentido en el que hablaron Benito Nacif y Marco Antonio Baños. La medida podría finalmente quedar anulada hoy al mediodía, aunque algunos consejeros insisten en el elevado aumento.
Ayer por la tarde, a las oficinas de Valdés llegó la carta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en la que se exhorta a los consejeros a no hacer válida la decisión. Con el paso del tiempo, las reuniones entre consejeros fueron incrementándose bajo la premisa de que analizarían una decisión de la Junta General Ejecutiva, hasta que por la noche algunos reconocieron que la situación comenzaba a hacerse insostenible y decidieron dar marcha atrás a una decisión que irritó incluso a los trabajadores de base del propio instituto, que este año recibirán un aumento no mayor a 6 por ciento. Durante el día, los alcances del aumento se tradujeron en una danza de cifras que en un escueto comunicado de prensa ubicó en 46 por ciento. Oficialmente, el tabulador indica que los consejeros electorales ganaban –antes del aumento– 44 mil 435 pesos de salario base, más 192 mil 197 pesos de compensación garantizada, lo que arroja un total de percepciones brutas de 236 mil 633 pesos. Dichas cifras no incluyen aguinaldo, bonos electorales y otras prestaciones.
Algunos consejeros, bajo cierta interpretación, reconocieron que con compensaciones y bonos las percepciones podrían llegar a 333 mil pesos. Con otras consideraciones respecto del impacto en ciertos rubros y compensaciones, con la decisión de la Junta General Ejecutiva, el aumento, según algunas fuentes, ubicaría en 290 mil pesos brutos y 220 mil pesos netos el salario de los consejeros, y otros aseguraron que la decisión de la junta no era un aumento directo al salario, sino que por la vía de entrega de bonos se iba a incrementar el ingreso de los consejeros.
–¿Van a ganar más que el presidente de la República?
–Sí, vamos a ganar más dinero que el presidente de la República, porque los ministros de la Corte ganan más que él –respondió el consejero electoral Virgilio Andrade, a manera de justificación del aumento salarial que se adjudicaron la víspera. A lo largo del día, los cuestionamientos de diversos sectores se hicieron sentir. Desde temprano, Valdés percibió el rechazo a la decisión y evitó a toda costa abordar el tema, al punto de salir prácticamente corriendo de un acto paradójicamente llamado de acompañamiento ciudadano. La mayor parte de los consejeros respondieron que analizarían los alcances de una decisión que, según dijeron, no tomaron ellos. Hubo otros, como Alfredo Figueroa, que subrayaron no haber participado en la decisión y que estudiarían las posibilidades legales de adoptar una decisión personal en sentido contrario.
–¿Es un buen momento para el aumento salarial, en medio de una crisis económica?
–Sí, con la ley siempre es un buen momento para cumplirla –respondió el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar.
–Hace muchos años que no se cumplía esta disposición.
–Pero ya se está cumpliendo. Cumplir con la ley y la Constitución es siempre un deber –añadió. Las cifras proporcionadas por unos consejeros no cuadraban con otras. Andrade dijo que el aumento anual implicaría pasar de 2 millones 700 mil pesos a 3 millones 900 mil, esto es, un incremento de 1.2 millones. Más allá de la diversidad de cifras proporcionadas por uno u otro consejero, hubo una unificación de los que se atrevieron a hablar: la decisión es legal y constitucional.
–¿No le parece inmoral?
–Es constitucional, y lo que es constitucional y legal no puede ser inmoral –dijo Gómez Alcántar. A su vez, el consejero Arturo Sánchez señaló que no es una decisión inmoral, se trata simplemente de una decisión conforme a la ley, mismo sentido en el que hablaron Benito Nacif y Marco Antonio Baños. La medida podría finalmente quedar anulada hoy al mediodía, aunque algunos consejeros insisten en el elevado aumento.
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