Caciques en jauja: Roberto Zamarripa

TOLVANERA Caciques en jauja Roberto Zamarripa 23 Feb. 09 Un cacique sindical del transporte en Ixtapaluca aparece asesinado en la cajuela de una camioneta; un ex presidente municipal de Petatlán jura y perjura que no tiene asociación con el narcotráfico luego de que su hijo es detenido por el Ejército por sus presuntos vínculos criminales. Horas después al ex edil lo asesinan. Justo en Petatlán, frontera de Guerrero con Michoacán. De ahí es también Rogaciano Alba, cacique de caciques, actualmente prófugo, cuyos vínculos con el narco están acreditados en las declaraciones ministeriales y judiciales de la pomposa Operación Limpieza. Los ejemplos redundan en lo obvio pero que no deja de ser inquietante: el poder público regional, local, al servicio de las mafias. Las cuotas repartidas y los controles compartidos. Ya sea en el rubro del transporte -urbano o semiurbano-, en el regenteo del paso por las olvidadas vías de tren, en los impuestos paralelos, del mercado informal antes bajo la mano de los líderes de partido hoy con los de la última letra, en el dominio sobre los agricultores arrebatado o comprado a la CNC y anexas, en las posesiones de las tierras buenas y regulares, en la "expropiación" de las laderas porque la goma o la marihuana igual puede darse en las zonas donde el maíz ni pinta. Dime qué sindicato diriges y te diré con quién pactas. Cacique en el gremio, en el municipio, entre los ambulantes, jefes de la ilegalidad que empequeñecen las palabras del secretario Ruiz, presunto encargado de la relación con los factores de la economía. Debajo de la ñoñería de Ruiz -había una vez un Presidente narco- hay algo que late con certeza: la política partidista está infestada del poder mafioso y los líderes de las organizaciones partidistas poco o nada hacen por desentrañar la madeja de las complicidades y poco o nada están dispuestos a blindar sus candidaturas. Es el presente unido con el pasado. La liberación de José Antonio Zorrilla Pérez, el asesino del columnista Manuel Buendía, cierra el broche de las complicidades. La Dirección Federal de Seguridad (DFS), que Zorrilla dirigía, se convirtió en la oficina de coordinación de los cárteles del narcotráfico e incluso de ahí egresaron prominentes capos de las facciones de la mafia. Hoy, Zorilla, uno de los jefes de esas complicidades, anda suelto y con ganas de venganza. El sistema de partido único heredó a la maltrecha alternancia el sistema de complicidades que vulneró la procuración de justicia y la convivencia social. La guerra sucia de los setenta cometida en nombre de una política de Estado encumbró al final de la historia a jefes militares y policiacos vinculados con el narcotráfico. El encumbramiento de dos poderes omnímodos, ambos criminales, uno institucional, otro para o espejo del primero, acompañó el complejo proceso político que desembocó en la alternancia de poder partidista en el 2000 precedido de diversos cambios municipales y gubernamentales dos décadas antes. Los ejercicios democráticos atenuaron pero no eliminaron ese sistema de complicidades. Ahora que la alternancia ha sido frenada por gobiernos panistas decididos a mantener el statu quo de los cacicazgos, los poderes criminales encuentran el cobijo de siempre con un incentivo adicional: la diversidad democrática no encarece sino abarata la oferta de acuerdos siniestros. Hay partidos y políticos más baratos que otros. Hay ediles con mayor accesibilidad que otros. Y hay un miedo extendido que no conoce filias. En eso están los caciques que saben que el negocio se globaliza, se moderniza y si no se adentran en el peligro no obtienen las ganancias deseadas ni el mantenimiento de un poder que ya no se sostiene con una cuestionada legitimidad del voto. Para gobernar los municipios hay que pactar con los grupos criminales y para dirigir un sindicato hay que arreglarse no sólo con el patrón sino con las otras fuentes de enriquecimiento. Las cuotas sindicales ya no son suficientes. Los cacicazgos simbolizados en ostentosos relojes, autos costosos, trajes que valen un año de salario mínimo, genuflexiones indistintas ante presidentes populistas, tecnócratas o panistas (que combinan las dos previas), son ya no el germen de las complicidades criminales sino la zona devastadora de la convivencia civil. Ahí no sólo destruyen relaciones laborales racionales, sino entornos comunitarios, garantías de vivienda, transporte público, seguridad pública y derechos laborales. No son caciques indefensos. Medran, roen, horadan instituciones e implantan poderes paralelos todavía con la gracia presidencial. No hay Presidente narco. Hay una sociedad en la que ha enraizado un modo de hacer política, de hacer negocio, estrechamente vinculada con las lógicas criminales del narcotráfico. No hay Presidente narco. Hay un gobierno incapaz de desarticular las zonas del poder público contaminadas que dan cobijo a la sociedad criminal. Asesinos sueltos. Eso es peor, secretario Ruiz. Correo electrónico: tolvanera06@yahoo.com.mx

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