Javier González Garza
7 Mar. 09
En los últimos días hemos estado dando un debate alrededor de los salarios. La tentativa que realizaron la mayoría de los consejeros del Instituto Federal Electoral para aumentar casi al doble sus ingresos se contuvo, pero ello ha replanteado una discusión pendiente.
En efecto, la Constitución establece que la retribución de los consejeros sería igual a la prevista para los ministros de la Corte. Ello no debería asustar a nadie si los sueldos de los ministros fueran racionalmente dignos y justos. El sueldo nominal de los ministros es de alrededor de 34 mil 500 pesos mensuales, sin embargo esa cifra no fue un referente para los consejeros electorales. Todos sabemos que los ministros ganan cuando menos 10 veces esa cantidad. Para nadie es raro ya que los salarios de funcionarios estén integrados por varios componentes, lo que es una defraudación a la ciudadanía y a instituciones como el ISSSTE y Hacienda.
Su sueldo se ve completado con compensaciones, gratificaciones, apoyos, primas, bonos, ayudas, estímulos, asignaciones adicionales y otros ingresos extraordinarios, además de prestaciones como seguros, gastos de alimentación, gasolinas, celulares, automóviles y demás. Ni hablar de los fideicomisos, que con recursos públicos se han instituido en la propia Corte y en otras dependencias; además de las pensiones que se autoasignan. Todo ello los lleva a ser los ministros mejor pagados del planeta.
Esto no debería ser extraño si los salarios de los ministros fueran consistentes con los demás salarios del país, es decir, si los salarios mínimos fuesen también los mejor pagados del mundo. Suena a broma pero es una tragedia que el salario mínimo legal sea aproximadamente de mil 500 pesos al mes, un diferencial de más de 20 mil por ciento.
La Constitución se ha violentado por años sin que los ministros se incomoden, pues en ella se señala que los salarios mínimos: "deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos". Evidentemente los 52 pesos diarios no alcanzan para eso.
La cuestión central en toda esta discusión es la discrecionalidad y abuso con que actúan algunos "servidores públicos" que al llegar al poder y ejercer un presupuesto sin control se autoasignan recursos sorprendentes que les permiten enriquecerse en corto tiempo. Sus intereses personales se imponen al interés público.
Durante décadas se ha construido una oligarquía burocrática que cobra altísimos salarios, tiene increíbles prestaciones y hace uso patrimonial de los recursos del Estado sabiendo que hay una nula rendición de cuentas y total impunidad. Ello es reflejo de lo intacto que permanece el viejo régimen con instituciones políticas inoperantes. Es la cultura de la impunidad y la corrupción.
Se ha dicho que a esos funcionarios se les paga por su capacidad, para que no tengan tentaciones de corrupción y se comprometan sólo con el país. En la inmensa mayoría de los casos no es así. Esas designaciones son hechas por amiguismos y lealtades, por recomendaciones y complicidades, casi nunca tienen que ver con los méritos o vocación de servicio público.
El uso de información privilegiada con fines de enriquecimiento es otro abuso al que se han habituado por décadas. Funcionarios que ganan más que primeros ministros europeos ocupan su encargo para beneficiarse ellos mismos, a sus amigos o a sus patrones. Existen asombrosos ejemplos, como en diciembre de 1994 cuando unos pocos compraron millones de dólares baratos con información privilegiada; luego la obscena propuesta llamada Fobaproa, mediante la cual unos pocos se enriquecieron mientras generaciones enteras de mexicanos pagaremos sus "errores"; están ahí las grandes privatizaciones como las carreteras; las Afores, TV Azteca, Telmex y casos escandalosos como ISOSA y Grupo Energético del Sureste, por mencionar algunos.
Se debe legislar de inmediato en varios rubros. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos debe desaparecer por irreformable e inútil, esos salarios deben ser establecidos por el Congreso. Debemos legislar en torno a los salarios máximos para evitar pagos exorbitantes y detener las ofensivas autoasignaciones, nadie debe ganar más que el titular del Ejecutivo.
Frente a la crisis hemos propuesto disminuir 10 por ciento los salarios de los servidores públicos de mayor jerarquía en los tres Poderes de la Unión y organismos autónomos. Con esos recursos deberíamos universalizar la ayuda económica a adultos mayores en todo el país desde ahora. Es ofensivo para nuestro pueblo mantener o incrementar esos privilegios cuando cada día miles de mexicanos pierden su empleo. Debemos dar una clara señal de que queremos corregir esa absurda situación.
Debemos también legislar sobre pensiones vitalicias, fideicomisos, conflicto de intereses, rendición de cuentas y también la ratificación del gabinete por el Congreso de la Unión. Ése sería un inicio para desmantelar la gran corrupción y poner al interés público por delante de cualquier interés privado.
kikka-roja.blogspot.com/
En efecto, la Constitución establece que la retribución de los consejeros sería igual a la prevista para los ministros de la Corte. Ello no debería asustar a nadie si los sueldos de los ministros fueran racionalmente dignos y justos. El sueldo nominal de los ministros es de alrededor de 34 mil 500 pesos mensuales, sin embargo esa cifra no fue un referente para los consejeros electorales. Todos sabemos que los ministros ganan cuando menos 10 veces esa cantidad. Para nadie es raro ya que los salarios de funcionarios estén integrados por varios componentes, lo que es una defraudación a la ciudadanía y a instituciones como el ISSSTE y Hacienda.
Su sueldo se ve completado con compensaciones, gratificaciones, apoyos, primas, bonos, ayudas, estímulos, asignaciones adicionales y otros ingresos extraordinarios, además de prestaciones como seguros, gastos de alimentación, gasolinas, celulares, automóviles y demás. Ni hablar de los fideicomisos, que con recursos públicos se han instituido en la propia Corte y en otras dependencias; además de las pensiones que se autoasignan. Todo ello los lleva a ser los ministros mejor pagados del planeta.
Esto no debería ser extraño si los salarios de los ministros fueran consistentes con los demás salarios del país, es decir, si los salarios mínimos fuesen también los mejor pagados del mundo. Suena a broma pero es una tragedia que el salario mínimo legal sea aproximadamente de mil 500 pesos al mes, un diferencial de más de 20 mil por ciento.
La Constitución se ha violentado por años sin que los ministros se incomoden, pues en ella se señala que los salarios mínimos: "deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos". Evidentemente los 52 pesos diarios no alcanzan para eso.
La cuestión central en toda esta discusión es la discrecionalidad y abuso con que actúan algunos "servidores públicos" que al llegar al poder y ejercer un presupuesto sin control se autoasignan recursos sorprendentes que les permiten enriquecerse en corto tiempo. Sus intereses personales se imponen al interés público.
Durante décadas se ha construido una oligarquía burocrática que cobra altísimos salarios, tiene increíbles prestaciones y hace uso patrimonial de los recursos del Estado sabiendo que hay una nula rendición de cuentas y total impunidad. Ello es reflejo de lo intacto que permanece el viejo régimen con instituciones políticas inoperantes. Es la cultura de la impunidad y la corrupción.
Se ha dicho que a esos funcionarios se les paga por su capacidad, para que no tengan tentaciones de corrupción y se comprometan sólo con el país. En la inmensa mayoría de los casos no es así. Esas designaciones son hechas por amiguismos y lealtades, por recomendaciones y complicidades, casi nunca tienen que ver con los méritos o vocación de servicio público.
El uso de información privilegiada con fines de enriquecimiento es otro abuso al que se han habituado por décadas. Funcionarios que ganan más que primeros ministros europeos ocupan su encargo para beneficiarse ellos mismos, a sus amigos o a sus patrones. Existen asombrosos ejemplos, como en diciembre de 1994 cuando unos pocos compraron millones de dólares baratos con información privilegiada; luego la obscena propuesta llamada Fobaproa, mediante la cual unos pocos se enriquecieron mientras generaciones enteras de mexicanos pagaremos sus "errores"; están ahí las grandes privatizaciones como las carreteras; las Afores, TV Azteca, Telmex y casos escandalosos como ISOSA y Grupo Energético del Sureste, por mencionar algunos.
Se debe legislar de inmediato en varios rubros. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos debe desaparecer por irreformable e inútil, esos salarios deben ser establecidos por el Congreso. Debemos legislar en torno a los salarios máximos para evitar pagos exorbitantes y detener las ofensivas autoasignaciones, nadie debe ganar más que el titular del Ejecutivo.
Frente a la crisis hemos propuesto disminuir 10 por ciento los salarios de los servidores públicos de mayor jerarquía en los tres Poderes de la Unión y organismos autónomos. Con esos recursos deberíamos universalizar la ayuda económica a adultos mayores en todo el país desde ahora. Es ofensivo para nuestro pueblo mantener o incrementar esos privilegios cuando cada día miles de mexicanos pierden su empleo. Debemos dar una clara señal de que queremos corregir esa absurda situación.
Debemos también legislar sobre pensiones vitalicias, fideicomisos, conflicto de intereses, rendición de cuentas y también la ratificación del gabinete por el Congreso de la Unión. Ése sería un inicio para desmantelar la gran corrupción y poner al interés público por delante de cualquier interés privado.
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